Jhonatan Rodríguez

El fallecimiento Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito en el estado Apure, comprueba la violación a los derechos humanos en las que está incurriendo el Gobierno, ya que esta esta ha ocurrido por la falta de atención médica.

En el caso de García se informó que sufrió un ACV y luego no recibió la atención especializada correspondiente. Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, denunció que además de haber puesto en riesgo la vida del concejal, ahora se viola el principio de confidencialidad, al señalarse una supuesta complicación con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Toxoplasmosis.

“El TSJ está violando el principio de confidencialidad porque toda persona que ha contraído VIH está protegida por la Ley de Promoción y Protección de Personas con VIH y sus Familiares, promulgada por Nicolás Maduro el 30 de diciembre de 2014. Es decir, el mismo Gobierno viola la ley que aprueba” indicó Rodríguez.

«Es indignante y deplorable que el Gobierno pretenda justificar con una enfermedad como el VIH, la muerte de una persona que le adversa. En el supuesto que hubiese tenido VIH, que por cierto no consta, porque no dejaron hacer la autopsia, según lo denunció la familia, expone al escarnio público el entorno de Carlos García y eso está tipificado en la referida ley» enfatizó Rodríguez.

Insiste que es evidente que el Gobierno está utilizando el VIH como un arma para desacreditar al adversario político, porque en realidad en Venezuela no hay antirretrovirales, y los pocos que han llegado se encuentran retenidos y no son distribuidos a las regiones. Además, el Ministro de Salud, Luis López, no ha firmado las órdenes de compra para 2018, lo que indica que la escasez seguirá prolongándose porque los fármacos demoran aproximadamente de 4 a 6 meses en llegar al país.

“No hay fármacos para infecciones oportunistas, no hay fórmulas lácteas, no hay reactivos ni para diagnóstico (ELISA) ni para control (CD4 y Carga viral), y esto significa que alrededor de 90% de las personas que toman antirretrovirales desconocen cómo va respondiendo su organismo al tratamiento lo que no garantiza mejorar su condición. Ante esto, la conclusión es que la vida de los venezolanos está en peligro y el Gobierno no está haciendo su trabajo que es garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación, y a la atención médica” manifestó Rodríguez.

Usuarios del programa de VIH del sistema público de salud, están denunciando cambios intempestivos en el suministro de su tratamiento, y de acuerdo a lo que han podido investigar de manera extraoficial la razón es la imposibilidad de seguir importando algunos antirretrovirales por falta de recursos.

La advertencia la hicieron personas afectadas a través de la Organización StopVIH, pues saben que son informaciones fidedignas que les puede perjudicar su salud. Al respecto Jhonatan Rodríguez, presidente de StopVIH, manifestó su preocupación, pues con estas arbitrariedades se está poniendo en riesgo la vida de los usuarios.

El caso es que trascendió que no se indicarán los antirretrovirales Complera, Dolutegravir, y Reyataz, serán excluidos de los esquemas de tratamientos para personas con VIH en Venezuela, desconociéndose hasta el momento qué pasará con las personas que ya están utilizando esos fármacos, pues el Ministerio de Salud ya ha cambiado el esquema de tratamiento a otros pacientes. Es de destacar que desde principios de este año, usuarios del antirretroviral Viraday también reportan fallas en el suministro de dicho fármaco.

“Es urgente que el Gobierno a través del Programa Nacional de Sida, el Comité Nacional de Resistencia, el Instituto Nacional de Higiene y demás autoridades de salud reconozcan la situación y tomen medidas con urgencia que permitan el acceso de las personas con VIH a los servicios de salud para diagnóstico, atención, control y tratamiento de la infección por VIH”, dijo Rodríguez alarmado por las presuntas decisiones que se estuvieran tomando en el Ministerio para la Salud.

Recordó que la situación no solo afecta a las personas que han contraído el VIH que toman antirretrovirales, sino a la población entera ya que al no haber reactivos para la detección de la infección, ni para la realización de test de resistencia, ni para las pruebas de control –CD4 y carga viral– como se registra desde el 2015, los tratamientos pueden ser menos efectivos y por tanto la relación con parejas queda expuesta a riesgo y la epidemia pudiera estar fuera de control.