Inseguridad

A EUDOMAR EUCLIDES QUIJADA UGAS lo aprehendió la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta del estado Miranda y posteriormente apareció como una de las víctimas de la masacre realizada por funcionarios de ese organismo en Fuerte Tiuna la madrugada del pasado sábado 8 de septiembre.

Así lo denunciaron familiares de Quijada Ugas en la morgue de Bello Monte.

Giancarlo Espinoza Ugas, dijo que a su hermano de Eudomar lo detuvieron en un operativo el viernes en Santa Cruz y luego de buscarlo por todas partes se enteraron que el cadáver estaba en Bello Monte.

Según Espinoza, Quijada Ugas de 24 años trabajaba en una charcutería de Petare. Era oriundo de Güiria, estado Sucre, y no tenía hijos. Estuvo preso en Carúpano dos años por robo de teléfono, “pero se había regenerado y tenía tenía cuatro en la capital laborando”, indicó.

“En el informe pusieron que la causa de la muerte fue enfrentamiento, cómo va a haber enfrentamiento, si lo detuvieron en Santa Cruz y apareció en Fuerte Tiuna”, cuestionó.

Integrantes de la familia sostienen que Quijada Ugas no tenía relación con ninguna de las ocho víctimas ni con 23 detenidos que arrojó el operativo del FAES en los edificios ubicados en la institución militar. “No sabemos cómo fue a parar allá”.

Quijada Ugas vivía con amigos en Santa Cruz del Este y formaba parte de una familia de seis hermanos.

Familiares ya hicieron la denuncia en el Cicpc y no descartan organizarse con el resto de los afectados por la masacre para introducir un reclamo en la Fiscalía General de la República.

@franzambranor | 

El 87 % de la población venezolana vive en la pobreza y el 61 % en pobreza extrema, según afirmó este jueves el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia.

AL MENOS OCHO PERSONAS FUERON ASESINADAS  en una incursión del grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que se llevó a cabo el sábado en horas de la madrugada en el urbanismo Ciudad Tiuna, ubicado en el principal fuerte militar del país, en el sur de la ciudad de Caracas.

Entre las víctimas del operativo se encuentra Jhonny Heriberto Blanco de 37 años de edad, y padre de nueve hijos, quien trabajaba como gruero. Familiares indicaron que aproximadamente a las 4:00 de la madrugada llegaron comisiones de las FAES de la PNB y sacaron del apartamento ubicado en el piso 13 del edificio 33, a la esposa de Blanco y a su hija de 13 años de edad, a quienes montaron en un vehículo y se las llevaron. Mientras madre e hija eran ruleteadas, los funcionarios mataron a Blanco.

Los familiares denunciaron que el apartamento fue desalojado por los funcionarios policiales, por lo que la esposa de Blanco, con dos meses de embarazo, y sus nuevre hijos quedaron en la calle, además los funcionarios policiales se habrían llevado el vehículo del gruero y dinero en efectivo que tenía guardado.

Señalan que el hombre fue muerto en su apartamento y arrastrado por las escaleras hasta la planta baja, “lo sabemos por el rastro de sangre que dejó”.

En la acción policial además resultaron muertos, MartínAlfonso Sulbarán Rengifo apodado “El Catire”, Eudomar Euclides Quijada (24), José Gregorio Pantoja, (Goyo), dos ciudadano indocumentados y otros dos hombres identificados bajo los alias de “Bachaco” y “El Viejo”.

A pesar de que el reporte policial señala que fueron ocho los fallecidos en la operación, otra minuta, esta de la Guardia Nacional Bolivariana, indica que serían nueve las personas muertas.

500 policías madrugaron a vecinos del urbanismo

Según el reporte policial en la operación participaron unos 500 funcionarios policiales, quienes luego de activar inhibidores de señal telefónica, tomaron el urbanismo y allanaron al menos 1.200 viviendas. Además fueron retenidas 240 personas que fueron verificadas a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) que contienen la data de las personas requeridas por tribunales y organismos de seguridad.

En la operación se habrían detenido a 23 personas por delitos vinculados con tráfico de drogas, porte de armas, formar parte de bandas, entre otros. También fueron recuperadas nueve armas de fuego, se colectaron dos artefactos explosivos de fabricación artesanal, se incautaron cinco kilogramos de drogas y se recuperaron siete vehículos que se encontraban solicitados, así como otros cuatro vehículos que estaban parcialmente desvalijados.

Las cifras rojas del FAES

La Fuerza de Acciones Especiales de la PNB es el organismo policial más letal del país, sólo en Caracas acumula al menos un total de 213 personas ultimadas entre mayo de 2017 y julio de 2018 de acuerdo con los datos recopilados por el Monitor de Víctimas.

Según estos datos la Policía Nacional Bolivariana habría participado en el homicidio de al menos 393 personas en el período señalado, de ellos 181 personas murieron en casos que fueron denunciados por familiares como ejecuciones policiales y 180 en presuntos enfrentamientos con los funcionarios del organismo.

En el año 2017 la PNB dejó 199 víctimas, mientras que a cuatro meses de finalizar 2018, el número de muertes vinculadas al cuerpo policial asciende a 194.

Vale destacar que en ese mismo período cuatro funcionarios del policiales murieron durante el servicio.

Durante el período analizado, el 56,5% de las personas muertas a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana tenían entre 16 y 29 años, lo que se traduce en 222 víctimas.

La mayoría de las víctimas de la violencia policial son de escasos recursos, tal como se observa al analizar el detalle de sus profesiones u oficios, 239 de ellas tenían oficios de bajo nivel de formación, 70 estaban desempleados o no se conocía su oficio, ocho eran estudiantes y solo dos eran profesionales.

Esto además se ve ratificado al observar que el 86% de las muertes se produjeron en las parroquias más pobres de Caracas: El Valle, Sucre, Petare, San Juan, Santa Rosalía, Antímano, El Paraíso, Caricuao, La Vega, Coche, Macarao y El Junquito, en total 336 jóvenes de escasos recursos murieron en esas zonas.

Al analizar el lugar donde ocurrieron los homicidios, se observa que 331 ocurrieron en el municipio Libertador, mientras que 62 sucedieron en el estado Miranda.

Un dato importante que arrojan las estadísticas de los homicidios perpetrados por la PNB, es que la mayoría de los casos fueron en horas de la mañana, específicamente 252 de las muertes, 64% sucedieron entre las 4 de la madrugada y las 11 de la mañana. El 43,5% de estas muertes se produjeron en un lapso de cuatro horas comprendidas entre las 4 y las 8 de la mañana.

@carlos_dhoy

DE UNA PUÑALADA EN LA CABEZA asesinaron la madrugada del viernes 31 de agosto a Kleyller Yhonnankerlin Pineda Jaimes de 13 años de edad en las inmediaciones de Puente Baloa en Petare.

Su tío Antony Jaimes aseguró en la morgue de Bello que el cadáver de la menor de edad fue arrojado al río Guaire. Kleyller vivía con su familia en el barrio José Félix Ribasm, era la segunda de cinco hermanos y cursaba primer año de bachillerato.

“No sabemos qué pasó, ella era una niña tranquila, no tenía enemigos, sus padres tampoco, estamos aguardando por la autopsia a ver qué dice”.

Familiares no descartan el robo porque las pertenencias de Kleyller no fueron localizadas en las adyacencias del transitado puente.

“Hicimos la denuncia en el Cicpc y aparentemente ya tienen identificado a la persona que lo hizo”, dijo Jaimes.

En junio de este año, Runrunes reportó el asesinato de Yonjaiverson Ríos, un niño en condición de calle de apenas 11 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue arrojado igualmente a las riberas de El Guaire.

Yonjaiverson también pereció por arma blanca y uno de los impactos lo recibió en la cabeza.

Según cifras de Monitor de Víctimas, 136 personas menores de 20 años han sido asesinadas en el área metropolitana entre enero y julio de 2018 y 40 pertenecen al sexo femenino.

En el municipio Sucre del estado Miranda fueron asesinados 29 de los 136 fallecidos, 8 de las víctimas eran mujeres.

@franzambranor

El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los delincuentes continúan imponiendo su ley

@javiermayorca

La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.

El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.

Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector, Oswaldo Rafael Silva.

Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente. Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus empleados y gerentes por esa vía.

Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.

Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en cada ocasión.

Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido casi inalterada.

En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6% en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.

La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.

Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.

Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces, esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita, otro sector del mismo municipio barloventeño.

El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.

Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia en la zona, al igual que el resto de las policías.

Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en 2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.

Breves

*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez, porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional, anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo delató. Poco después, tuvo que salir del país.

*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo 50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012 son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún permanecen intactos.

Las autoridades aseguran que las cifras de delitos están en declive

Autoridades anuncian un descenso en la cifras de homicidios en un país que vive un fuerte proceso migratorio que está impactando en toda la subregión. Millones de venezolanos han emigrado, lo que sumado al cambio de hábitos del venezolano, ha reducido  el número de víctimas potenciales que hay en las calles

@carlos_dhoy

EL MINISTRO DE INTERIOR JUSTICIA Y PAZ, Néstor Reverol, informó el pasado 30 de junio que la tasa de homicidios en Venezuela había disminuido 26% y los secuestros habían caído 54%. También anunció que los delitos, en general, se habían reducido 27%. Todo esto durante el primer semestre del año 2018 y en comparación con el año anterior.

El anuncio del titular de la cartera de Interior Justicia y Paz fue seguido, casi un mes más tarde, por el del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, quien el 25 de julio especificaba que en el primer semestre del año se habían registrado 6.561 homicidios, 25,9% menos que en el mismo período de 2017 cuando se registraron 7.784.

Los voceros oficiales, incluso, informaron sobre algunas de las supuestas causas del descenso de los delitos. Para el ministro Reverol, una de ellas es la activación del Frente Preventivo, instancia que a través de jornadas de formación, deporte y recreación en todo el territorio nacional habría contribuido al descenso de los índices de criminalidad. Para el director del Cicpc se debió al “trabajo en conjunto del Cicpc con otros organismos policiales”.

A pesar del júbilo de las autoridades, a juicio de especialistas la reducción de los delitos podría responder más a situaciones coyunturales, que a políticas oficiales. “Prácticamente no existe una política gubernamental dirigida a atender el tema de la inseguridad, más allá de la represión y la ‘mano dura’ que se ha venido implementando”, señala la sociólogo y especialista en violencia Verónica Zubillaga.

“Una reducción de las cifras de un delito en un período de tiempo debe tener una explicación, sobre todo cuando no hay una política oficial que justifique tal disminución”, agrega el penalista y criminólogo Luis Izquiel.

Keymer Ávila, también criminólogo, agrega que es necesario interpretar el fenómeno de esa reducción desde una perspectiva amplia. “Los delitos no caen porque sí. Si la sociedad cambia, los delincuentes se adaptan a esos cambios, y eso puede producir alteraciones en las faltas que se cometen”.

Más de 8 mil jóvenes venezolanos han muerto en los operativos policiales iniciados con las OLP

Una matanza sistemática

Zubillaga considera que la reducción de las cifras de homicidios y otros delitos puede ser una consecuencia de la “matanza sistemática” que ha venido ocurriendo en el país en los últimos tres años a manos de los cuerpos policiales.

“Desde que comenzaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015, se ha aplicado una política vedada de mano dura bajo la cual las fuerzas policiales han ejecutado o asesinado a un número importante de jóvenes que son calificados como sospechosos para las autoridades”.

Explica que, de acuerdo con las cifras suministradas en el año 2016 por de la Fiscal General de la República exiliada en Colombia, Luisa Ortega Díaz, ese año 4.600 personas murieron a manos de fuerzas policiales.

En un mensaje emitido el 27 de diciembre de 2017, el ministro Néstor Reverol afirmó que ese año al menos 4.200 personas murieron bajo el concepto de enfrentamiento con las fuerzas policiales. recordó Ávila.

“Se trata de, al menos, 8.800 asesinatos de jóvenes residentes de barrios en supuestos enfrentamientos con la policía”, calculó Zubillaga.

“Tras años de matanza sistemática sería obvio concluir que las cifras de homicidios y otros delitos hayan tenido una disminución, al haber menos presuntos delincuentes”, asegura la investigadora.

Ávila señala que sería temerario adjudicar exclusivamente a las políticas de mano dura alguna reducción en los homicidios, y agrega que esas políticas podrían ser un instrumento de legitimación de futuras masacres y que continúe en marcha la tendencia general de los últimos años y el incremento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

«No se puede celebrar ni aupar que el Estado acabe con la vida con el argumento de defenderla», concluye Ávila.

Cinco integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos por autoridades peruanas cuando planificaban un asalto a un banco en Lima

La delincuencia que migró

De acuerdo con Zubillaga, hay un fenómeno que aún no ha podido ser cuantificado y que también podría tener incidencia en las cifras: la migración de criminales, bien sea individualmente o en bandas organizadas. “Lo que vimos con los cinco miembros del Tren de Aragua detenidos en Perú seguramente se repetirá. Tenemos una población que participaba en crimen organizado que ha emigrado, eso también puede tener un efecto”.

Izquiel se suma a la opinión de que entre las razones de la supuesta reducción de los delitos se encuentra la agudización de la crisis que ha multiplicado la diáspora venezolana.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, (Acnur) calcula que hay 1,5 millones de venezolanos refugiados en diversos países desde el año 2014, pero la falta de datos oficiales sobre el fenómeno migratorio nacional hace que solo se cuente con cifras variables obtenidas a través de organismos internacionales.

Para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), serían 2,3 millones de migrantes. Otros estudios y encuestas establecen que entre 4 millones y 6 millones de personas habrían cruzado las fronteras desde el año 1999, cuando el expresidente Hugo Chávez llegó al poder.

Izquiel calcula que si 4 millones de venezolanos emigraron, sería aproximadamente 15% de la población. “Se trata de una cantidad importante de venezolanos que no pueden ser objeto de delitos o cometerlos”.

Agrega que, aun cuando inicialmente la migración venezolana era casi exclusivamente de profesionales, el deterioro de las condiciones socioeconómicas hizo que pronto el éxodo se masificara. “Gente de todas las clases sociales comenzó a huir del país y, entre esa masa humana, también emigró una importante cantidad de delincuentes que no solo huyen de la crisis, sino que también escapan de la policía y buscan nuevos horizontes hacia donde expandir sus actividades criminales”.

Esta última migración es la que Izquiel considera ha tenido más impacto en las cifras nacionales de inseguridad, a la vez que ha afectado la seguridad en los países hacia donde migraron los delincuentes.

“Esto no quiere decir que el delito va a desaparecer. Puede caer durante un período pero si no se toman medidas para recuperar los espacios para la sociedad civil, si no se invierte en educación, en cultura, deportes, recreación, más temprano que tarde el espacio que dejaron libre los delincuentes serán llenados por otras bandas”, concluye Izquiel.

Cambio de hábitos

El criminólogo Keymer Ávila agrega que “la reducción de crímenes no ocurre de manera espontánea. Como todo fenómeno, tiene sus causas”.

Explica que en los últimos años el venezolano ha experimentado evidentes cambios en sus hábitos, alteraciones que han sido consecuencia de la dinámica económica del país que pueden haber afectado las cifras de inseguridad.

“En un período de menos de dos años hemos tenido las protestas ocurridas durante casi todo el año 2017, falta de efectivo, fallas eléctricas, escasez de alimentos y de combustible, crisis del transporte público, hiperinflación, desempleo, inseguridad y saqueos, entre otras calamidades. Eso cambió muchos nuestros hábitos, la gente prácticamente está encerrada en sus casas, solo sale para ir al trabajo, comprar comida y regresar», señala.

El venezolano no tiene vida nocturna y la vida social se reduce a las horas del día, lo que sumado a todos los cambios vividos en los últimos años «provocaron cambios en los hábitos que pueden haber generado una reducción de los delitos a unas horas y el incremento en otras”.

Agrega que a eso hay que sumarle el hecho de que el venezolano hoy en día es mucho más precavido que antes. “Es posible que haya menos delitos porque porque hay menos víctimas potenciales en las calles”, indica Izquiel.

ELIBETH PULIDO TIENE UN AÑO ESPERANDO que se haga justicia en la muerte de su hijo, José Daniel Bruzual Pulido, pero hasta ahora sus esperanzas parecen desvanecerse puesto que el expediente ni siquiera ha llegado a manos del fiscal 127º, Yendry Hernández designado en la investigación.

Pulido presume que no existe expediente relacionado con ese homicidio ocurrido la mañana del 22 de agosto de 2017.

Recuerda que ese día salió muy temprano a trabajar mientras que José Daniel, quien era electricista, se quedó en la vivienda con sus dos hijos, de 4 y 2 años de edad. Ambos quedaron a su cargo luego de la separación de la madre de los niños.

Desde que ocurrió el homicidio Pulido ha estado pendiente del avance de la investigación pero aparentemente ésta estaría como el primer día. En vista de que todo parece haber quedado en el olvido para las autoridades envió una comunicación al fiscal 127º pidiéndole que adelante la pesquisa y se practiquen las diligencias inherentes para determinar la identidad de los autores del homicidio cometido en su casa del callejón Rondón de Santa Rosalía, en La Bandera.

De acuerdo a lo que ella pudo observar cuando regresó a su domicilio una vez que los vecinos la llamaron porque en la vivienda se escuchaban disparos y el llanto de sus dos nietos, los autores de la muerte del segundo de sus tres hijos fueron funcionarios de las FAES de PNB, los hombres vestían de civil, llevaban chalecos antibalas color negro y llegaron en unidades policiales.

“A un año de ocurrido no han detenido a los responsables y el tiempo transcurrido juega en contra de la obtención de oportuna justicia”, señala un párrafo de la comunicación dirigida al fiscal.

Pulido además acudió a la Defensoría del Pueblo a plantear su situación y en ese despacho, le manifestaron que sin expediente no podían hacer nada. Por eso ella se pregunta “porqué no hay expediente a un año de lo ocurrido”.

Ahora recuerda que cuando ese día retornó a su casa los policías no le permitieron entrar. Ya el cadáver de su hijo, de 25 años de edad, se lo habían llevado envuelto en una sábana.

La esposa del coronel de la GNB

La muerte del hijo de Pulido ocurrió la mañana del 22 de agosto, en la madrugada de ese día las FAES habían ultimado, en supuestos enfrentamientos, a tres hombres y dos mujeres los presuntos responsables del secuestro de la esposa del coronel de la GNB, Alirio Cruz Ortega, que fue liberada a las 6:00 am. Había sido plagiada la noche anterior en su camioneta Ford Escape en El Cementerio.

Mediante rastreo telefónico la policía científica logró la ubicación de los presuntos implicados y hasta allá llegaron las comisiones de las FAES

Dos de los implicados fallecieron en un tiroteo en una casa del barrio Bruzual de El Valle y las mujeres murieron en una vivienda del barrio San Antonio de la misma parroquia.

Los vecinos le contaron a Pulido que cuando las Fuerzas Armadas Especiales de PNB llegaron al callejón Rondón, José Daniel estaba asomado al balcón y los policías le pidieron que bajara y él se negó por lo que los hombres entraron a la vivienda, lo sometieron y lo golpearon.

Al niño de 4 años lo interrogaron y le preguntaron donde guardaban la pistola de su papá. El pequeño subió con los policías al segundo piso y pensando que se referían al arma de fuego de la pareja de su abuela, que es escolta, les mostró la parte alta del escaparate.

A esa hora el guardaespaldas estaba trabajando y se había llevado el arma de fuego. Sin embargo a José Daniel lo obligaron a arrodillarse y le hicieron el disparo. Luego los policías simularon el enfrentamiento haciendo disparos en las paredes de la casa.

Pulido indicó que mientras eso ocurría a su nieto menor lo encerraron en un cuarto y le pusieron el televisor a todo volumen para que no escuchara lo que ocurría.

Al hijo mayor de José Daniel lo sacaron de la residencia y obligatoriamente tuvo que ver el cadáver de su papá lo cual lo afectó porque ahora se asusta y llora cuando oye ruidos o cuando ve policías.

Elibeth Pulido se pregunta porque a su hijo lo implicaron en ese secuestro cuando su vivienda está ubicada muy distante de los dos sectores de El Valle donde hubo los enfrentamientos con las cuatro personas que presuntamente  implicadas en el plagio.

Expresó que es difícil pensar que José Daniel hubiese dejado solos a sus dos hijos en la casa para participar en un plagio sin tomar en cuenta el riesgo que corrían los pequeños.

A todo lo ocurrido se agrega que los funcionarios policiales cargaron con comida, pertenencias y dinero en efectivo de la familia.

CINCO PERSONAS RESULTARON MUERTAS DURANTE una serie de operaciones emprendidas por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en distintos sectores de la ciudad de Caracas durante la madrugada de este lunes 27 de agosto.

Las operaciones las llevó a cabo la división de Casos Especiales del organismo policial y se realizaron en los sectores Los Guayabitos del municipio Baruta, en Plan de Manzano, parroquia Sucre del municipio Libertador, en la calle Bruzual de la parroquia El Valle y en Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

En la primera operación se llevó a cabo en el sector Los Guayabitos, de la carretera Baruta, Cortada del Guayabo, lugar en el que se habría producido un enfrentamiento entre funcionarios policiales, y presuntos delincuentes.

En el enfrentamiento resultaron muertos dos hombres quienes no portaban documentos que permitiera identificarlos.

A pesar de ello, los funcionarios policiales lograron identificar a uno de los muertos como “Leíto cara e pizza”, mientras que el otro fallecido será identificado en la morgue de Bello Monte a través del procedimiento conocido como necrodactilia. Las autoridades policiales presumen que ambos hombres integren la banda de “El 70” de El Valle.

Otro operativo se llevó a cabo en la carretera vieja Caracas La Guaira, sector Plan de Manzano. Allí murió José Ramón Díaz Argotte, alias “Nariz”.

Según la versión policial, los funcionarios realizaban labores de búsqueda de los presuntos integrantes de la banda de “El Nariz”. cuando se encontraban en la calle La Línea, del sector La Ceiba, los uniformados observaron a una persona sospechosa a quien dieron la voz de alto, al parecer el hombre les hizo frente disparando contra la comisión En el tiroteo, el sospechoso recibió varios impactos de bala, fue trasladado hasta un hospital cercano, donde se registró su deceso.

Por otra parte en un operativo de saturación policial que se llevó a cabo en la parte alta del barrio Bruzual, calle 18, final callejón Padrón de la parroquia El Valle, funcionarios de la PNB se enfrentaron a un hombre identificado como Carlos José Echezuría Echezuría de 30 años de edad.

En el tiroteo, Echezuría Echezuría, resultó muerto, al verificar su identidad, los funcionarios detectaron que era conocido bajo el alias de “El Carlitos”, buscado por los delitos de homicidio y apropiación indebida.

Finalmente las acciones policiales concluyeron en la vereda 2, sectror 2 de Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

Allí murió Reiber Alberto Caraballo Rivero, alias “Reiber” quien había sido denunciado por vecinos de ser un azote.

Los funcionarios relatan en su informe que cuando llegaron al lugar, observaron a un ciudadano, quien intentó escapar de la comisión policial ingresando a una vivienda, desde la cual disparó a los uniformados, en respuesta los funcionarios se enfrentaron y a los pocos minutos lograron dominar la situación, hiriendo mortalmente a Caraballo Rivero, quien falleció cuando era trasladado a un centro de salud capitalino.

393 asesinatos en manos de la PNB en 15 meses

En el período comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2018 un total de 393 personas resultaron muertas en operaciones policiales realizadas por la PNB, lo que representa el 19,7% del total de los registros del mismo período que ascendieron a 1.992 decesos.

Del total de muertes en las que la participaron funcionarios de Polinacional, en 361 de las muertes el deceso se produjo, según la versión policial por enfrentamiento, sin embargo la versión de familiares destaca que 50,1% de esos casos las muertes se produjeron bajo la figura de la ejecución, en total se trató de 181 muertes que fueron denunciadas como casos de presuntos asesinatos perpetrados por funcionarios policiales. En 180 casos las muertes se produjeron en supuestos enfrentamientos con uniformados, en la mayoría de los casos los funcionarios eran del cuerpo táctico de la PNB.

En 15 casos las circunstancias en las que se produjo el deceso de las víctimas no había sido determinado ni por las autoridades policiales, ni por familiares de las víctimas, en 7 casos, la muerte se produjo como consecuencia de que las víctimas quedaron atrapadas en la línea de fuego. Cuatro murieron en casos de ajustes de cuentas, tres en robos. Las tres muertes restantes se corresponden a un muerto como consecuencia de la violencia política del año 2017, una riña y un caso de enfrentamiento entre bandas.