26 ex presidentes firmantes de las declaraciones de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron la alteración al orden constitucional en Venezuela y Nicaragua. En un escrito publicado este martes, la agrupación alertó sobre el deterioro de la separación de poderes en ambas naciones.
En el caso de Venezuela, destacaron que el presidente Nicolás Maduro no reconoce a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y afecta su trabajo a través de su influencia al Tribunal Supremo de Justicia.
“Nicolás Maduro, con apoyo de un TSJ compuesto al margen de las normas constitucionales, desconoce el ejercicio de la misma Asamblea y de sus competencias constitucionales. Igualmente, irrespeta el instituto democrático de la inmunidad de los diputados, manteniéndoles bajo acoso permanente de las autoridades judiciales, militares y policiales”, declararon.
Sobre Nicaragua, rechazaron la suspensión de 28 legisladores de su Parlamento: “Mediante una colisión entre la Corte Suprema y Electoral, controlados por partidarios del Ejecutivo, procuran una intervención a la oposición (Partido de Liberación Independiente) a cuyo efecto se le revoca a su líder, Eduardo Montealegre; acto seguido, designándose como sustituto a un tercero de la simpatía del régimen, además de despojar de sus escaños en el Parlamento a 28 diputados”.
Esta es la reproducción del escrito:
DECLARACIÓN SOBRE LOS ATENTADOS A LOS PARLAMENTOS DE NICARAGUA Y VENEZUELA
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hacemos constar nuestra preocupación y elevamos nuestra palabra de alerta ante la opinión pública internacional, los distintos gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, por las alteraciones graves que hoy sufren los ordenamientos constitucionales y democráticos de Nicaragua y Venezuela.
Durante la Cumbre de las Américas realizada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno entonces reunidos advirtieron que, “las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas”, a cuyo efecto y de manera previa declararon que, “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre”.
Dicha Cláusula Democrática, como se sabe, da origen a la Carta Democrática Interamericana, adoptada por unanimidad de los Estados miembros de la OEA el 11 de septiembre del mismo año, con vistas, justamente, a un dato de la realidad, como lo fuera la disolución del Congreso peruano el 5 de abril de 1992 por parte de un presidente civil, electo mediante votación popular democrática, Alberto Fujimori.
Atrás queda, por ende, el parteaguas histórico entre dictaduras militares o regímenes de facto y gobiernos de elección popular que, apuntalados sobre su legitimidad de origen, esta vez y durante sus ejercicios, algunos prosternan los elementos esenciales de la democracia y sus componentes fundamentales, entre otros, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, el respeto por la separación e independencia de los poderes públicos, el principio de la alternabilidad democrática, y el pluralismo político.
En el caso de Venezuela, luego de la elección popular de su actual Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro, con apoyo de un Tribunal Supremo de Justicia cuya composición se obtiene al margen de las normas constitucionales y en vísperas de instalarse el nuevo parlamento con su mayoría calificada de oposición, desconoce el ejercicio por la misma Asamblea y de sus competencias constitucionales. Igualmente, irrespeta el instituto democrático de la inmunidad de los diputados, manteniéndoles bajo acoso permanente de las autoridades judiciales, militares y policiales. Y a renglón seguido, dirigentes fundamentales del oficialismo, negados a la solución electoral, pacífica y democrática de dicha crisis institucional como la humanitaria que se le sobrepone, mediante el ejercicio de un referendo popular revocatorio, que es derecho humano y político constitucionalmente tutelado, piden del Poder Electoral y del Poder Judicial ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como partido que reúne y representa a las distintas fuerzas políticas de la oposición democrática.
Paralelamente y en coincidencia, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, aliado político del presidente venezolano Maduro, transita la misma línea de comportamiento. Ya en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en el año 2011 en ese país, la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) lamentó el deterioro observado respecto de elecciones anteriores, especialmente en lo relativo a la neutralidad e independencia del Consejo Supremo Electoral. Ahora, en la antesala del proceso eleccionario que tendrá lugar en noviembre próximo estamos siendo testigos de varios hechos alarmantes.
Mediante una colusión entre la Corte Suprema y el mencionado Electoral, controlados por partidarios de su gobierno, procura la intervención del partido de oposición que le sirve contrapeso democrático – el Partido de Liberación Independiente, a cuyo efecto se le revoca a su líder, Eduardo Montealegre, la representación legal de éste; y, acto seguido, designándose como sustituto a un tercero de la simpatía del régimen, son despojados de sus escaños en el parlamento 28 diputados – propietarios y suplentes – militantes de dicha agrupación; ello, por contestar contra los actos señalados y mediar el propósito evidente – con el despojo de las referidas representaciones populares – de consolidar una hegemonía de partido en Nicaragua.
Ocurre, así, junto al atentado de la separación de poderes, que es elemento esencial de la democracia, una desfiguración abierta del principio democrático de elecciones auténticas y competitivas, con vistas a los citados comicios presidenciales que habrán de celebrarse el venidero mes de noviembre y al quedar neutralizada la principal fuerza política opositora.
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de esta declaración, por ende, al recordar que la democracia también exige del ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, es decir, sin fraude a la ley o alteración del principio democrático inexcusable que manda medios legítimos para fines legítimos y viceversa, pide del Consejo Permanente de la OEA y del Secretario General, Luis Almagro, así de la Unión Europea y la opinión internacional mantenerse su vigilancia crítica frente a estas graves alteraciones al orden democrático y constitucional; y para que se dispongan los medios necesarios y efectivos para la normalización de la democracia en dichos países, por ser derecho de los pueblos que los gobiernos de los Estados han de garantizar, según los términos de la citada Carta Democrática.
1ro. de agosto de 2016.
Óscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón H., México
Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Fernando de la Rúa, Argentina
Vicente Fox, México
Eduardo Frei, Chile
César Gaviria Trujillo, Colombia
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado L., Ecuador
Luis Alberto La Calle, Uruguay
Jamil Mahuad, Ecuador
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Gustavo Noboa Bejarano, Ecuador
Andrés Pastrana A., Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica
Alejandro Toledo, Perú
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Álvaro Uribe Vélez, Colombia
Juan Carlos Wasmosy M., Paraguay
