MAGALLY HUGGINS, PSICÓLOGA SOCIAL, especialista en criminología y profesora universitaria, cree que “el camino del duelo hay que transitarlo y enfrentarlo. Asumirlo es un derecho de las víctimas”.
La experta reconoce que las personas que han perdido hijos, hermanos, esposos, experimentan un dolor paralizante e intenso. Lo cierto es que ese dolor nunca desaparece, solo cambia, y para sobrellevar las pérdidas y el sufrimiento, la ayuda psicológica oportuna, es necesaria.
En efecto, la atención psicosocial de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos puede entenderse, en términos generales, como un proceso de acompañamiento, individual, familiar o comunitario, orientado a afrontar las consecuencias de un posible impacto traumático y a promover el bienestar y el apoyo emocional y social de la persona.
El objetivo del acompañamiento psicosocial es apoyar a la víctima en el proceso de duelo y mitigar el impacto físico, mental y emocional que tiene la pérdida del ser querido. Eso significa que la víctima pueda sentirse segura, tener esperanzas y opciones de vida. Que recobre el sentido de espiritualidad, sus creencias y relaciones personales. Que vuelva a encontrarle significado al mundo, que pueda tener apoyo, protección y capacidad de planear y resistir con fortaleza y determinación.
.Desde la experiencia de COFAVIC es muy importante que las víctimas reconozcan la perspectiva social e identifiquen el contexto en el cual se le han violado sus derechos humanos, de manera tal que quienes se ven afectados o afectadas, puedan trascender su dimensión individual e inicien un proceso de implicación y participación en la reducción de factores que incidan en el incremento de la violencia y la impunidad.
El abordaje psicosocial debe hacerse considerando las necesidades y demandas concretas de cada persona afectada y tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelve. Es importante establecer un vínculo de confianza y de apoyo entre el profesional y la víctima y evitar a toda costa la re-victimización. Es decir, el principio de toda intervención es no hacer daño, por eso es necesario evitar que la atención produzca situaciones negativas para la vida de la persona o la exposición a nuevas experiencias estresantes, muchas de ellas motivadas por la criminalización y estigmatización que a veces fomentan los cuerpos policiales e instituciones responsables de impartir justicia.
En Cofavic creemos en la importancia de que las víctimas reciban una atención integral, de allí que ofrezcamos asesoramiento psico-jurídico, cuyo principal objetivo es fortalecer a las víctimas y potenciarlos como sujetos de derechos y actores sociales claves en la transformación de sus realidades. Es un enfoque que busca articular los objetivos de apoyo desde el Derecho y de la Psicología, es una herramienta de trabajo que puede ser incorporada a cualquier litigio y empleada dentro de las instituciones públicas, por abogados litigantes, así como por organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Lo psico-jurídico establece nuevas estrategias para la superación de la impunidad, en la medida que se apoya en el bienestar emocional de las víctimas, los denunciantes y de quienes participan como testigos y peritos dentro del proceso de litigio, al tiempo que acompaña psicosocial y emocionalmente a la persona afectada.
Desde esta perspectiva, los procesos judiciales no deberían realizarse a espaldas de las víctimas, sino que ellas deben ser consideradas en sus derechos y necesidades. Y es allí, donde el acompañamiento psico-jurídico se enfoca en cómo las víctimas se apropian de sus casos, exigen y cómo se generan nuevos procesos para la superación de la impunidad y el daño emocional.
Desde nuestra experiencia, bajo esta perspectiva de trabajo, los familiares y víctimas se transforman en figuras protagónicas, donde las mismas se destacan por tomar las decisiones pertinentes que puedan contribuir a una investigación justa, transparente e independiente. Las víctimas dejan de ser sujetos inactivos que están solamente para la consulta o transmisión de información dentro de la interlocución con los organismos encargados de hacer justicia, para convertirse en una pieza fundamental que contribuye a la investigación.
En COFAVIC creemos que el acompañamiento psico-jurídico no solo es una estrategia para evitar procesos de revictimización, sino que también contribuye a fortalecer a las víctimas como sujetos de derechos. Asimismo, es un apoyo clave que permite que las víctimas identifiquen otras acciones de exigibilidad moral y social, como aquellas que promueven una cultura de la memoria que reivindique la dignidad de las personas asesinadas o desaparecidas o de aquellas víctimas de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. Adicionalmente, estas acciones marcan un precedente para la no repetición de los crímenes.
Magally Huggins, psicóloga social, especialista en criminología y profesora universitaria, cree que “el camino del duelo hay que transitarlo y enfrentarlo. Asumirlo es un derecho de las víctimas”.
La experta reconoce que las personas que han perdido hijos, hermanos, esposos, experimentan un dolor paralizante e intenso. Lo cierto es que ese dolor nunca desaparece, solo cambia, y para sobrellevar las pérdidas y el sufrimiento, la ayuda psicológica oportuna, es necesaria.
En efecto, la atención psicosocial de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos puede entenderse, en términos generales, como un proceso de acompañamiento, individual, familiar o comunitario, orientado a afrontar las consecuencias de un posible impacto traumático y a promover el bienestar y el apoyo emocional y social de la persona.
El objetivo del acompañamiento psicosocial es apoyar a la víctima en el proceso de duelo y mitigar el impacto físico, mental y emocional que tiene la pérdida del ser querido. Eso significa que la víctima pueda sentirse segura, tener esperanzas y opciones de vida. Que recobre el sentido de espiritualidad, sus creencias y relaciones personales. Que vuelva a encontrarle significado al mundo, que pueda tener apoyo, protección y capacidad de planear y resistir con fortaleza y determinación.
Desde la experiencia de COFAVIC es muy importante que las víctimas reconozcan la perspectiva social e identifiquen el contexto en el cual se le han violado sus derechos humanos, de manera tal que quienes se ven afectados o afectadas, puedan trascender su dimensión individual e inicien un proceso de implicación y participación en la reducción de factores que incidan en el incremento de la violencia y la impunidad.
El abordaje psicosocial debe hacerse considerando las necesidades y demandas concretas de cada persona afectada y tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelve. Es importante establecer un vínculo de confianza y de apoyo entre el profesional y la víctima y evitar a toda costa la re-victimización. Es decir, el principio de toda intervención es no hacer daño, por eso es necesario evitar que la atención produzca situaciones negativas para la vida de la persona o la exposición a nuevas experiencias estresantes, muchas de ellas motivadas por la criminalización y estigmatización que a veces fomentan los cuerpos policiales e instituciones responsables de impartir justicia.
En Cofavic creemos en la importancia de que las víctimas reciban una atención integral, de allí que ofrezcamos asesoramiento psico-jurídico, cuyo principal objetivo es fortalecer a las víctimas y potenciarlos como sujetos de derechos y actores sociales claves en la transformación de sus realidades. Es un enfoque que busca articular los objetivos de apoyo desde el Derecho y de la Psicología, es una herramienta de trabajo que puede ser incorporada a cualquier litigio y empleada dentro de las instituciones públicas, por abogados litigantes, así como por organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Lo psico-jurídico establece nuevas estrategias para la superación de la impunidad, en la medida que se apoya en el bienestar emocional de las víctimas, los denunciantes y de quienes participan como testigos y peritos dentro del proceso de litigio, al tiempo que acompaña psicosocial y emocionalmente a la persona afectada.
Desde esta perspectiva, los procesos judiciales no deberían realizarse a espaldas de las víctimas, sino que ellas deben ser consideradas en sus derechos y necesidades. Y es allí, donde el acompañamiento psico-jurídico se enfoca en cómo las víctimas se apropian de sus casos, exigen y cómo se generan nuevos procesos para la superación de la impunidad y el daño emocional.
Desde nuestra experiencia, bajo esta perspectiva de trabajo, los familiares y víctimas se transforman en figuras protagónicas, donde las mismas se destacan por tomar las decisiones pertinentes que puedan contribuir a una investigación justa, transparente e independiente. Las víctimas dejan de ser sujetos inactivos que están solamente para la consulta o transmisión de información dentro de la interlocución con los organismos encargados de hacer justicia, para convertirse en una pieza fundamental que contribuye a la investigación.
En COFAVIC creemos que el acompañamiento psico-jurídico no solo es una estrategia para evitar procesos de revictimización, sino que también contribuye a fortalecer a las víctimas como sujetos de derechos. Asimismo, es un apoyo clave que permite que las víctimas identifiquen otras acciones de exigibilidad moral y social, como aquellas que promueven una cultura de la memoria que reivindique la dignidad de las personas asesinadas o desaparecidas o de aquellas víctimas de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. Adicionalmente, estas acciones marcan un precedente para la no repetición de los crímenes.
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En la semana que culminó, funcionarios policiales cometieron dos errores que terminaron con el asesinato de víctimas inocentes. El primer “traspié” ocurrió durante un operativo realizado el viernes en la plaza Madariaga de El Paraíso, en el municipio Libertador; el segundo, en un supuesto enfrentamiento con oficiales del FAES de la Policía Nacional el miércoles, en el sector Las Cumbres, Ciudad Tablitas, Antímano.
El ingeniero eléctrico Alfredo Johan Parucho Cárdenas, de 32 años, nunca imaginó que trasladarse desde Quebrada Seca, sector 3 de Guarenas, en el municipio Zamora —de donde es oriundo— hasta el sector caraqueño de El Paraíso, en el municipio Libertador para comprar unos cauchos “porque en Guarenas son más caros”, según relató su esposa, le iba a costar la vida.
Parucho Cárdenas, quien laboraba como ingeniero supervisor en la sede de Corpoelec de Guarenas, llegó al mediodía a El Paraíso y se instaló en una cauchera, pero en el sitio donde se estacionó no había los neumáticos que su vehículo necesitaba, por lo que uno de los trabajadores de la empresa, identificado como Jonathan José Guánchez González, le dijo al hombre que le haría el favor de acompañarlo a otro establecimiento para comprarlos y luego montarlos.
Cuando Parucho y Guánchez González iban caminando por la altura de la plaza Madariaga, se encontraron con un operativo organizado por funcionarios adscritos a la División Contra Bandas del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los efectivos reconocieron a Guánchez, le obligaron a arrodillarse y le dispararon en el sitio.
El susto invadió el cuerpo de Parucho Cárdenas, lo que hizo que corriera de forma automática, pero los efectivos frenaron su paso de un disparo en la espalda. Ya herido, prosiguieron a quitarle la vida dándole un tiro en el pecho, lo que hizo que muriera en el lugar. Sus familiares dieron más detalles: “Al ver que habían matado a un inocente, procedieron a armar una escena y luego dijeron que había caído en un enfrentamiento. Lo trasladaron al Pérez Carreño y lo calificaron como no identificado, cuando en su billetera tenía todos sus papeles, hasta el carnet de Corpoelec”.
El ingeniero de la central hidroeléctrica dejó huérfano a un infante de 11 años y un puesto en la delegación de Guarenas que había ocupado por casi diez años. La esposa de la víctima, con frustración, declaró: “No he colocado ni colocaré la denuncia porque la justicia en el país no existe. A mi esposo, quien no era ningún delincuente, lo asesinaron unos funcionarios. ¿A dónde hemos llegado? Solo me queda la resignación, porque a mi esposo nadie me lo va a regresar. Simplemente le dejo todo a Dios”.
Sigue leyendo esta nota de Daisy Galaviz en El Pitazo
Estamos a milímetros de convertirnos abiertamente en un régimen dictatorial, que de manera oficial se consumará en pocos días al instalarse la fraudulenta asamblea nacional constituyente.
En las últimas semanas, el régimen de Nicolás Maduro, a través de sus cuerpos represivos ha dejado todas sus costuras a la vista al perpetrar los peores crímenes de lesa humanidad. El horrendo crimen del adolescente Fabián Urbina, de apenas 17 años de edad, durante la convocatoria opositora del lunes, a manos de la sangrienta Guardia Nacional Bolivariana, llena otra vez de luto a la nación.
Es posible que este horrendo asesinato haya sido planificado por una mente malévola en las más altas jerarquías del poder, de esas que piensan que cualquier sangre derramada es justificable para mantener el proyecto de destrucción nacional.
Las muertes durante las jornadas de protestas que comenzaron el 1° de abril pretenden atemorizar al pueblo, que se ha declarado en desobediencia civil y está decidido a no abandonar las calles hasta lograr un cambio de gobierno, mientras que gran parte de la sociedad es presa del terror desplegado por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, los escuadrones paramilitares conocidos como “colectivos” y los funcionarios armados hasta los dientes que se encargan con extrema crueldad de los allanamientos.
La cabeza vergonzosa de esos especímenes cabalga sobre los generales Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y Benavides Torres, convertidos en peones de uno de los más serviles espectáculos jamás conocidos por los venezolanos.
A su manera, el régimen, para sobrevivirse a sí mismo, está centralizando el terror y la impunidad. Una represalia masiva como la ejecutada en los edificios multifamiliares Los Verdes, en El Paraíso, donde habitan más de 5.000 personas, a las que pretenden exponer como conspiradoras y subversivas, pone al descubierto un poder supremamente inmoral, lanzado al ruedo de la represión desaforada y que es capaz de todo tipo de vejámenes a la dignidad humana, de cometer las peores vilezas –incluso contra los animales–, de arrasar y destrozar los bienes y la propiedad de indefensos ciudadanos, que para defenderse solo cuentan con la certidumbre de su sufrimiento.
Un reclamo social.
Una vez que salgamos del narco-gobierno presidido por Nicolás Maduro habrá que analizar muy bien el destino que tendrá ese contaminado componente de la Guardia Nacional Bolivariana, integrado en gran parte por narcotraficantes, secuestradores, criminales y delincuentes de la peor ralea. El gobierno necesita a sus fanáticos e incondicionales, símbolos vivos de la violencia.
Después de la extinción política del “madurismo” hay que plantear entonces la misión que debe cumplir la GNB y cómo la va a cumplir; también de toda la Fuerza Armada Nacional, para adecuarla a los nuevos tiempos en los cuales no será concebible una conducta tan aberrante como la que viene arrastrando, para que tenga verdadera legitimidad de desempeño.
Una vez que la sociedad civil pueda redefinir la verdadera función que debe asumir la FANB, a través –incluso– de un referéndum consultivo, se irá desalojando todo ese odio estimulado por el resentimiento chavista en las líneas de pensamiento de muchos uniformados. La reestructuración a fondo del componente militar es una batalla trascendente que los civiles tenemos que comenzar porque es hoy un reclamo social.
Considerando el impacto que la falta de independencia de poderes ha tenido en el país, Transparencia Venezuela presenta el libro: “Muchas instituciones, un jefe”, que reúne 15 ensayos que abordan en profundidad los riesgos que implican para la democracia, la justicia, los derechos humanos, la economía, el voto y la lucha anticorrupción que el control total de las instituciones del Estado esté en manos del Ejecutivo Nacional y del Presidente de la República en específico.
El libro describe las graves consecuencias que ha generado la falta de independencia de los poderes y que tal situación ha devenido en la ruptura del orden constitucional, la falta de acceso a la justicia, la violación de los derechos humanos, la paz y la cohesión social. Además hace que prevalezca la impunidad de los que controlan el Estado y propicia la corrupción.
El primer ensayo, es una entrevista realizada al sociólogo Ramón Piñango, sobre el impacto de la falta de separación de poderes en las instituciones de Venezuela y la democracia. Le sigue el ensayo de Ricardo Sucre Heredia, politólogo y comunicador, que realiza una aproximación a la división de poderes y cómo se viven los derechos políticos, con referencia al voto.
José Ignacio Hernández, abogado y doctor en derecho administrativo, se refiere al Poder Judicial en Venezuela que califica como el menos riesgoso de los poderes siempre y cuando exista separación de poderes. Yorelis Acosta, psicóloga clínico, especialista en intervención psicosocial y magíster en psicología social, aborda la percepción del sistema normativo y la desconfianza institucional y sus implicaciones psicosociales.
A continuación, Francisco Martínez Montero, politólogo, abogado y magíster en psicología social se refirió en su ensayo a la separación de poderes y los derechos humanos en Venezuela. Arturo Peraza, sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, abogado y doctor en ciencias políticas escribió sobre el impacto de la crisis en la ética ciudadana y social.
También, Maruja Dagnino, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad se refiere a que la libertad exige desmontar el lenguaje oficial; asimismo, Francine Jâcome, antropóloga y directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, trata el tema del impacto de la debilidad de la separación de poderes en el sector seguridad y defensa.
Roberto Briceño León, sociólogo, doctor en ciencias y director del Centro de Investigaciones Laboratorio de Ciencias Sociales, escribe sobre la estafa de las promesas de seguridad personal y acceso a la justicia en la Revolución Bolivariana. Mercedes De Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, narra en su ensayo cómo la Contraloría General de Venezuela se ha alejado totalmente de su función, permitiendo una dilapidación de los recursos públicos sin precedentes.
Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de la consultora Ecoanalítica, explica cómo en una economía sana importan los contrapesos en los poderes. Isabel Pereira, sociólogo, directora de COPRE y CEDICE, presenta un trabajo sobre el impacto en la empresa privada de la relación de subordinación entre los poderes públicos.
Dafne Gil, urbanista y presidente de la consultora de innovación Grupo Crea, aborda la innovación: Ángel y demonio. La ciudad, escenario de todas las innovaciones; y la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela desarrolla cómo la débil separación de los poderes públicos afecta al sector estudiantil en Venezuela.
El libro cuenta también con la participación de Andrew Mac Devitt, consultor independiente de investigación en las áreas de gobernanza, medidas anticorrupción, análisis de políticas y medición de riesgo de corrupción.
El evento se realizará el viernes 2 de junio en la sala Experimental del Centro Cultural Chacao, con la participación de varios de los autores del libro.
La historia de la justicia transicional deja clara varias premisas: los procesos son únicos para cada contexto; toma años reconstruir un país; no todos los culpables de violaciones de DD.HH. son llevados ante la justicia y no todas las víctimas reciben compensación; y un proceso mal conducido puede llevar a “transiciones regresivas”, es decir, una que en pocos años deje el país peor que como estaba
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley
EN EL FRAGOR DE LA LUCHA POLÍTICA que hoy libran los venezolanos, el humo de tanta lacrimógena impide ver qué hay más allá de la indignación que produce la represión. El horizonte venezolano actual se parece a la línea que antaño confundieron con un gran abismo.
Nadie sabe cómo y cuándo acabará esta fase política que el gobierno de Maduro se ha empeñado en equiparar con una guerra. La única certeza es que cuando culmine vendrá un proceso de reconstrucción de la vida democrática, del aparato productivo y de esa cosa misteriosa que llaman tejido social.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés), define el proceso como un “esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”.
Una aclaratoria le sigue a la definición: “Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.
La justicia transicional no es una receta mágica para reconstruir un país, al contrario, el ICTJ enfatiza que es imprencindible la voluntad política de las partes en conflicto para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos y lograr que las políticas se traduzcan en acciones.
Justicia transicional en cinco pasos
Las estrategias de justicia transicional deben entenderse como un componente de la construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el estado de Derecho, dice el ICTJ.
Si bien las experiencias y resultados varían en cada contexto, la revisión de los procesos vividos tras el fin del régimen Nazi, las transiciones en Europa del este, las de América Central y las del cono sur del continente, sumadas a las provenientes de naciones africanas, han permitido definir un conjunto de pasos que se suceden de manera más o menos fija en todos los casos.
Primer paso: Comisión de la verdad
“La búsqueda de la verdad tiene dos enemigos: el proceso natural de la amnesia y el proceso intencional del negacionismo para borrar las huellas. Ambos pueden conducir a repetir los errores del pasado. El caso peruano es muy importante porque esa comisión realizó un trabajo extraordinario de documentación y verificación con expertos. Una comisión de esta naturaleza debe partir de un gran consenso nacional, integrada por gente con total independencia de criterio que produzca informes objetivos”, explica el doctor Fernando Fernández, abogado especialista en Derecho Penal Internacional.
El ICTJ afirma que las comisiones ofrecen a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios pueden contribuir a refutar mentiras oficiales y mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos.
El organismo reseña que el testimonio de las víctimas en Sudáfrica permitió demostrar que la tortura era tolerada oficialmente y que se dio de manera extendida y sistemática. Las comisiones de Chile y Argentina refutaron la mentira según la cual los opositores al régimen militar habían huido de esos países o se habían escondido, y lograron establecer que los opositores habían sido desaparecidos y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de una política oficial.
El rol de los medios de comunicación en la construcción de la “memoria histórica” también es relevante, explica Fernández. “Documentar e investigar lo más exhaustivamente posible ayuda a construir esa memoria histórica. Si los hechos no se fijan de manera clara quedarán después a juicio de los opinadores. Sobre todo cuando hay atrocidades, siempre habrá gente de bando y bando disputando qué fue lo que realmente pasó. Esa documentación puede servir en juicios futuros y es lo que posibilita el famoso <<prohibido olvidar>>”.
Segundo paso: Enjuiciamientos
“Enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos es un componente crítico de cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar confianza en ellas”, describe el ICTJ.
En contextos de extrema polarización política puede haber intentos de equiparar la justicia con la venganza. “Los juicios no deben verse como expresiones de un deseo social de retaliación”, argumenta la psicóloga social y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles.
“Hay que recordar que se trata de procesos complicados en el sentido de que puede haber cambios políticos que exigen que para que ocurran no haya justicia transicional, y también al revés, cambios políticos que solo se dan si hay un proceso de justicia que recomponga la unidad del país. El núcleo está en que cualquier proceso tiene que ser consensuado porque de otro modo la justicia no se percibe como tal sino como la justicia del vencedor. La justicia transicional no es la justicia del vencedor como tampoco es la de las víctimas”, argumenta Capriles.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior comparte esa visión: “Hay que distinguir entre la justicia y la venganza. El objetivo de un nuevo gobierno en ninguna manera puede ser la retaliación sino la recomposición del estado de Derecho y acabar con la impunidad. Hoy la comunidad internacional condena el gobierno de Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso”.
Tercer paso: Reparación o compensación de las víctimas
El ICTJ explica que en conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), la asistencia psicológica (consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (monumentos, memoriales y días de conmemoración nacional).
Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas? Esa definición es crucial y compleja, explica Fernández. “En Alemania, tras el fin del nazismo hubo 3 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Sabes lo que significa procesar 3 millones de casos? Al final solo cerca de 95.000 casos recibieron condena porque se pudieron probar. Una premisa de este tipo de procesos es que ni todo el mundo es tan criminal como a veces se piensa y no todos son tan inocentes como creen”.
Fernández suelta otra premisa que parece repetirse independientemente del contexto: “Las víctimas puede que perdonen, pero jamás olvidan”. Como ejemplo, el jurista apunta que pasaron más de 70 años para juzgar y condenar a varios miembros del partido Nazi.
Cita el caso Oskar Groening. “Este es un buen ejemplo porque se trata de un viejito de 94 años que fue condenado recientemente a 4 años de cárcel, 71 años después de los juicios de Nuremberg. Él había sido contador dentro del campo de Auschwitz. Llevaba un registro de cuántas prendas de vestir había en las maletas de los judíos, del dinero que llevaban, e incluso de los dientes de oro que les extraían. Él no mató a nadie ni dio órdenes de matar pero fue testigo de todo eso y las víctimas se acordaban del rol que jugó. En el juicio se defendió diciendo que él había sido una minúscula tuerca de un engranaje que era muy grande y que él no podía controlarlo; el juez le respondió que esa tuerca, junto a un millón de tuercas más, hizo posible todo un mecanismo. Esto da una idea de que los procesos de justicia transicional pueden durar toda la vida”, relata Fernández.
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En el contexto venezolano conviven casos de presos políticos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y discriminación laboral por razones políticas, entre otros. Fernández refiere que la jurisprudencia internacional ha sentado precedentes de compensación para muchas de esas categorías. Cita, por ejemplo, la “interrupción del proyecto de vida”, categoría empleada para calcular el lucro cesante de aquellos injustamente despedidos.
Con relación el tema económico, Capriles acota un aspecto clave para el manejo de las compensaciones: la capacidad financiera de los Estados. En Alemania y en Argentina las reparaciones económicas implicaron cuantiosas sumas de dinero. El contexto venezolano probablemente impondría recuperar la capacidad productiva antes de iniciar un eventual proceso de reparación monetaria de las víctimas.
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“Resulta imperioso cambiar, y en algunos casos abolir, aquellas instituciones responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos recién establecidos tienen una responsabilidad principal en esta tarea”, refiere el ICTJ.
“La restitución de la justicia ordinaria debe ser el primer objetivo de un proceso de justicia transicional; luego, deberá crear mecanismos para todos aquellos casos que no entren dentro de la justicia ordinaria. Precisamente el gran drama en el que estamos nosotros es que ha habido una violación masiva de la Constitución desde hace años”, argumenta Capriles.
Dar inicio a un proceso de justicia transicional funge a la vez como una señal política y moral. “El mensaje es que tiene que lograrse la restitución del estado de Derecho. Esto implica que los presuntos culpables deben pasar por un proceso justo. Hay que evitar el efecto de retaliación y la persecución de quien participó en el gobierno saliente. Por eso es una señal política importante. No se trata de castigar a todos. Los sospechosos de delitos deben ser juzgados con todas las garantías”, explica la psicóloga social.
Mecanismos como los que alude Capriles ya están siendo trabajados dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hay al menos tres proyectos en estudio y Fernández es proponente de uno de ellos. “La legislación venezolana actual tiene dos huecos. En primer lugar están las constantes reformas que ha hecho el chavismo al Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, carecemos de una ley para los crímenes de jurisdicción internacional, es decir, los tipificados en el Estatuto de Roma”, explica el jurista.
En 2016, Fernández presentó ante la Comisión de Política Interior de la AN un proyecto de código para subsanar este vacío legal. “Ese es, en mi opinión, la estructura más sólida y actualizada para abordar este tema”, argumenta. Señala que el Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) incorpora los crímenes y delitos de lesa humanidad. “Si crímenes como la persecución política contra los empleados públicos se quisieran llevar a juicio, ahorita no hay una ley para hacerlo”, explica Fernández.
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La mora del estado venezolano con esa legislación es de larga data. “Aunque podría parecerlo, el avance jurídico no obedece a un tema coyuntural. Se trata de una deuda del Estado desde que Venezuela firmó el Estatuto de Roma. Cada país signatario debe adaptar o crear una legislación interna que la vincule con los tratados internacionales. Nosotros no tenemos esa legislación y parte de nuestra misión desde la Asamblea es saldar esas deudas legislativas”, afirma la diputada.
Solórzano aclara que “en el futuro, instrumentos como estos van a ser imprescindibles para garantizar que quienes vamos a estar en el ejercicio del poder sepamos que no podemos violar impunemente los derechos humanos. Por eso esta ley no obedece a una coyuntura sino que la hacemos con miras al futuro. Evidentemente, en un contexto como el actual cobra mayor interés por la necesidad de justicia frente a la grave crisis y las masivas violaciones de derechos humanos”.
Paso 5: Reconciliación
El ICTJ explica que “el concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia (…); si se entiende la reconciliación de esta manera, entonces debe rechazarse con justa razón”.
La reconciliación dentro del marco de la justicia transicional debería tener como norte “la estabilidad de la nación para que esta pueda seguir su camino de manera democrática sin mayores traumas. Eso pasa por salir de la polarización extrema y que cada venezolano pueda seguir con su proyecto de vida. También que quienes se fueron sientan que puedan regresar pues Venezuela es otra vez un país donde vale la pena vivir”, argumenta Fernández.
La justicia transicional se mueve en varios planos paralelamente: jurídico, político, económico y social. “La palabra transición implica que las partes van a tener que conciliar y por lo tanto ninguna de las dos va a estar plenamente satisfecha. Eso de por sí ya es un reto y hay que encontrar un terreno común”, explica Capriles.
Experiencias como la de Sudáfrica tras décadas de Apartheid demuestran que restaurar eso que se ha llamado tejido social es un proceso lento y complejo. La psicóloga social sostiene que “ninguna sociedad ha manejado perfectamente un período de transición justamente por los retos que encarna restaurar la justicia, la confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos. Los venezolanos no vamos a ser la excepción. Un aspecto importante es que cada país ha manejado estos procesos de cambio a su manera y con su propia lógica”.
Capriles agrega que “lo peor que puede hacerse es juzgar lo que va a pasar por lo que está pasando. En este momento estamos en la cresta de la ola de la crisis y por supuesto hay un discurso exacerbado pues estamos en plena lucha política. No podemos adelantarnos y saber cuál será el clima una vez que la crisis pase. Hay que confiar que cuando pase, eso de por sí ayudará a ver con más claridad el panorama”.
Una respuesta revela que sí hay luz al final del túnel de la polarización y la legítima indignación que sienten los venezolanos. La dio Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, en un foro que reunió a familiares de varios presos políticos venezolanos. Le preguntaron qué esperaba de la lucha que viene librando desde que su hermano está injustamente preso: “Que nunca más alguien pase por lo que mi hermano está pasando”.
Factor clave para el éxito: el rol de los dirigentes políticos
La presidenta de la Comisión de Política Interior afirma que “lo primero que debemos hacer desde la política es explicarle a los ciudadanos que sus derechos los tiene que hacer respetar. Que no son una concesión sino un asunto completamente ganado y que el Estado está en la obligación de garantizarlos. Las protestas de la gente en la calle demuestran, aunque sea de manera inconsciente, que los venezolanos entienden este principio”.
“Lo segundo es que quienes ejercemos la política debemos entender que garantizar los derechos humanos es parte intrínseca de nuestro rol, de lo contrario, lo que tendremos son dictadores en el poder que es lo que ocurre hoy en Venezuela”, dice Solórzano.
La diputada sostiene que el discurso de la dirigencia política va a ser fundamental en la conducción “emocional” de una transición. “Hablo por mí, frente a todos los atropellos el discurso no puede ser de odio, si eso ocurre nos habremos convertido en lo que denunciamos”.
El ICTJ enfatiza que “la justicia transicional mira tanto hacia el futuro como al pasado. Una de las razones por las cuales se enfrentan los abusos del pasado es para garantizar que no se repitan. El riesgo de caer en lo que se conoce como una “transición regresiva” es real y en Venezuela hay al menos dos precedentes.
“En los años 90 se llegó a pensar que no había nada peor que la democracia venezolana y se planteó una transición en la cual muchos creyeron. 18 años después queda en evidencia que se trató de una transición regresiva porque no hubo un plan de mejorar lo malo sino que se instaló un modelo peor del que existía”, argumenta Fernández.
Capriles trae a la memoria otro caso. “Nosotros sufrimos un proceso muy complicado de transición a la democracia. Apenas instalada comenzó la insurgencia guerrillera inspirada en la Revolución Cubana. Esa lucha armada no cesó de manera modélica sino que se hizo mediante decisiones políticas y funcionó en la medida en que permitió la incorporación de esos sectores a la vida política, pero no podemos dejar de ver que, mucho de lo que ha sido el chavismo deviene de ese proceso que en los años 60 no se cerró adecuadamente. Se hizo una especie de borrón y cuenta nueva. Es importante que un nuevo proceso de transición permita dar una discusión acerca de los factores políticos, sociales y económicos que nos trajeron hasta acá”.
Que los venezolanos navegan aguas turbulentas suena a obviedad. Quizás lo novedoso esté en conocer experiencias internacionales de justicia transicional que demuestran que el temido horizonte no es el precipicio que conduce al fin del mundo, sino un camino hacia un territorio nuevo cuya construcción dependerá de cada ciudadano.
Los políticos de oposición presos, las detenciones arbitrarias y la impunidad marcaron la situación en Venezuela en 2016, bajo estado de excepción y en medio de una escasez creciente de alimentos y medicinas, destacó Amnistía Internacional en su informe 2016 informe.
A continuación reproducimos el capítulo Venezuela del informe:
El gobierno declaró el estado de excepción y lo prorrogó cuatro veces. La mayoría de las personas sospechosas de ser responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas de 2014 todavía no habían comparecido ante la justicia. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. Las sobrevivientes de violencia de género se enfrentaban a considerables obstáculos para acceder a la justicia. Buscando su descrédito, se lanzaban frecuentes campañas de discriminación contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que también sufrían agresiones e intimidación. Se siguió encarcelando a personas críticas con el gobierno y a miembros de la oposición política. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
El 15 de enero, el presidente Maduro declaró el estado de excepción y emergencia económica, que se mantuvo todo el año. La declaración estableció disposiciones que podían restringir la labor de la sociedad civil y de las ONG, al permitir, por ejemplo, que las autoridades revisaran acuerdos firmados entre organizaciones nacionales y entidades jurídicas con empresas o instituciones con sede en el extranjero. Las autoridades no proporcionaron información sobre los resultados de la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en 2015. La mayoría de las sentencias y de las órdenes sobre Venezuela dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no se habían cumplido al terminar el año.
La escasez de alimentos y medicamentos se intensificó de manera alarmante, lo que desató protestas en todo el país. En julio, el ejecutivo anunció un nuevo régimen de trabajo temporal obligatorio en virtud del cual las personas empleadas en los sectores público y privado podían ser transferidas a empresas estatales de producción de alimentos, lo que constituiría trabajo forzado.
En octubre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos declaró que varios relatores especiales habían tenido dificultades para visitar el país porque el gobierno no les concedía los permisos pertinentes.
En noviembre, Venezuela se sometió por segunda vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. El hecho de que más del 60% de los jueces ocupara su cargo de manera temporal hacía temer que pudieran ser vulnerables a las presiones políticas. En contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos, se juzgaba a civiles ante tribunales militares. Las fuerzas policiales se negaban a cumplir las órdenes de puesta en libertad dictadas por los tribunales.
El Tribunal Supremo de Justicia limitó drásticamente mediante resoluciones las facultades de la Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, lo que entorpecía la capacidad de diputados y diputadas para representar a los pueblos indígenas. El Tribunal Supremo también anuló una declaración parlamentaria sobre la no discriminación relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, y una declaración que pedía el cumplimiento de las decisiones adoptadas por las organizaciones intergubernamentales.
IMPUNIDAD
La retirada del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (efectiva desde 2013) continuó privando del acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
A pesar de que en diciembre dos funcionarios fueron declarados culpables del asesinato de Bassil Da Costa y Geraldine Moreno, cometido durante las protestas de 2014, fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales del homicidio de otras 41 personas —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— y de tortura y otros malos tratos a manifestantes durante las protestas. Entre las personas sospechosas había miembros de las fuerzas de seguridad. La información proporcionada por la fiscal general durante el examen periódico universal reveló que nueve funcionarios habían sido declarados culpables de diversos delitos, y que otros 18 estaban siendo investigados, pese a que el año anterior se habían iniciado 298 investigaciones. Con todo, los únicos datos oficiales publicados por el Ministerio Público fueron los relativos a la sentencia condenatoria de un hombre por el asesinato en 2014 de Adriana Urquiola, cometido en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.
Según un informe del Ministerio Público presentado al Parlamento en enero, en 2015 se recibieron más de 11.000 denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, pero durante el año sólo se habían iniciado 77 juicios. Nadie había comparecido ante la justicia por el homicidio de ocho miembros de la familia Barrios ni por las amenazas e intimidaciones que otras personas de esa misma familia venían sufriendo desde 1998 en el estado Aragua. Alcedo Mora Márquez, empleado de la Secretaría de Gobierno del estado Mérida y líder comunitario de la zona, desapareció en febrero de 2015. Antes de su desaparición había denunciado la conducta indebida de funcionarios locales.
En marzo, 28 mineros y mineras desaparecieron en el estado Bolívar; en octubre, el Ministerio Público presentó un informe que revelaba que había hallado los cadáveres de estas personas y había determinado quiénes eran los responsables de su desaparición. Se presentaron cargos de asesinato, robo y “privación de libertad” contra 12 personas.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Se denunció repetidamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en la represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos. En junio, Jenny Ortiz Gómez murió por varios disparos en la cabeza durante una operación policial de mantenimiento del orden público. El presunto responsable fue acusado de homicidio intencional y uso indebido de arma de fuego.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el año se registraron aproximadamente 590 manifestaciones al mes. La mayoría estaban relacionadas con demandas de derechos económicos, sociales y culturales, en particular con el acceso a alimentos, salud y vivienda.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo blanco de ataques e intimidación por parte de los medios de comunicación estatales y de alto cargos gubernamentales.
En abril, Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue, una vez más, víctima de amenazas e insultos al ser pirateadas sus cuentas de correo electrónico y redes sociales tras la publicación de una entrevista en la que denunciaba la violencia en el sistema penitenciario.
En mayo, mientras atendía a personas heridas durante una manifestación en el estado Mérida, Rigoberto Lobo Puentes, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, recibió disparos de perdigones en la cabeza y la espalda efectuados por unos agentes de policía. Los agentes siguieron disparándole tras meterse él en su automóvil. En junio, los abogados Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos, miembros de la ONG Foro Penal Venezolano, fueron atacados por un grupo de encapuchados que destrozaron el parabrisas y los espejos retrovisores laterales del automóvil en el que viajaban por el estado Táchira. Raquel Sánchez resultó gravemente herida al ser golpeada en la cabeza cuando salía del vehículo.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las cárceles seguían teniendo graves problemas de hacinamiento, y las condiciones de vida de la población reclusa —incluido el acceso a alimentos y la salud— empeoraron, a pesar del anuncio sobre nuevos centros de detención. La presencia de armas en posesión de los reclusos seguía siendo un problema que las autoridades no controlaron. Según el OVP, durante el primer semestre del año la población reclusa superaba en un 190% la capacidad máxima de los centros penitenciarios. Varias ONG locales también denunciaron la situación crítica en los centros de detención preventiva.
En marzo, 57 personas resultaron heridas en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, entre ellas cuatro reclusos, un funcionario de prisiones y el director de la cárcel.
En agosto, siete personas murieron y varias resultaron heridas por la explosión de granadas durante un motín en el Centro
Penitenciario de Aragua. En octubre, varios reclusos fueron desalojados de la Penitenciaría General de Venezuela tras semanas de enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana que, presuntamente, hizo uso excesivo de la fuerza.
La Defensoría del Pueblo anunció una propuesta para reducir el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Según el informe anual presentado por la Defensoría ante el Parlamento, 22.759 personas se hallaban detenidas en espera de juicio en dependencias policiales, lo que provocaba hacinamiento y la propagación de enfermedades y violencia.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Al concluir el año, el abogado Marcelo Crovato seguía bajo arresto domiciliario. Había sido recluido sin juicio en abril de 2014 y sometido a arresto domiciliario en 2015 por defender a los residentes en cuyas viviendas las autoridades habían irrumpido durante unas protestas. Las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria todavía no se habían aplicado al terminar el año. Entre ellas había decisiones relativas a los casos de Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, dos destacados líderes opositores al gobierno.
En junio, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, dos activistas que apoyaban al partido de oposición Voluntad Popular, fueron detenidos cuando se dirigían desde la capital, Caracas, al estado Portuguesa para ayudar a organizar actividades electorales. En agosto, Gabriel San Miguel fue puesto en libertad tras una gestión del gobierno de España, y Francisco Márquez fue liberado en octubre.
Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara fueron transferidos en tres ocasiones a centros de detención considerados peligrosos, lo que suscitó preocupación por su vida e integridad física. Ambos habían sido declarados culpables de instigación pública, intimidación pública con artefactos explosivos y agavillamiento (conspiración para delinquir) durante las protestas de
2014.
Los miembros de la oposición Coromoto Rodríguez, Yon Goicoechea, Alejandro Puglia y José Vicente García fueron arrestados en mayo, agosto, septiembre y octubre, respectivamente, en circunstancias que constituían detención arbitraria. Coromoto
Rodríguez y Alejandro Puglia fueron puestos en libertad en octubre. En septiembre fueron detenidos Andrés Moreno Febres-Cordero, Marco Trejo, James Mathison y César Cuellar y, a pesar de ser civiles, comparecieron ante un tribunal militar por participar en la producción de un vídeo del partido político Primero Justicia en el que se había criticado al gobierno. Marco Trejo y Andrés Moreno Febres-Cordero fueron liberados en noviembre.
PRESOS Y PRESAS DE CONCIENCIA
Se siguió encarcelando a personas que se oponían políticamente al gobierno. En julio, una corte de apelaciones desestimó un recurso contra la pena de cárcel impuesta al preso de conciencia Leopoldo López, sin considerar la ausencia de pruebas fehacientes que respaldaran los cargos en su contra ni las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena, que socavaron gravemente el derecho del acusado a un juicio justo. Leopoldo López había sido condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de personas se hallaban detenidas por razones políticas.
En noviembre fue excarcelado Rosmit Mantilla, preso de conciencia y activista que defendía los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Llevaba encarcelado desde 2014. Al concluir el año, seguían sin estar claras las circunstancias y las condiciones de su liberación.
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Seguía sin disponerse de datos oficiales recientes sobre el número de homicidios. El Observatorio Venezolano de Violencia informó de que el país tenía la segunda tasa de homicidios más alta de América. En enero, el Ministerio Público informó de que se habían iniciado investigaciones sobre la muerte de 245 personas ocurrida en presuntos enfrentamientos armados con agentes durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), concebida por el gobierno y llevada a cabo en julio de 2015 por las fuerzas de seguridad para abordar los altos índices de delincuencia. La elevada cifra de bajas civiles apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales.
El 15 de octubre, 12 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente en la región de Barlovento, estado Miranda, durante una operación de seguridad de la OLP. El 28 de noviembre se encontraron sus cadáveres en dos fosas comunes clandestinas. Según el Ministerio Público, 18 miembros de las fuerzas armadas fueron detenidos por su presunta participación en la masacre.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por los informes de abusos cometidos por el ejército contra los pueblos indígenas establecidos en la Guajira, estado Zulia, en la frontera con Colombia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades continuaron señalando a medios de comunicación y periodistas que mantenían una postura crítica respecto al gobierno.
En marzo, David Natera Febres, director del periódico regional Correo del Caroní, fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa por publicar reportajes sobre la corrupción. La sentencia todavía no se había aplicado al terminar el año.
En junio, 17 periodistas y profesionales de los medios de comunicación que cubrían las protestas en Caracas por la escasez de alimentos sufrieron agresiones y el robo de sus equipos. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, sin resultado alguno.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
La aplicación de la legislación de 2007 que penalizaba la violencia de género continuaba siendo lenta debido a la falta de recursos; al concluir el año las víctimas de este tipo de violencia que necesitaban protección todavía no disponían de casas refugio.
Las estadísticas del Ministerio Público indicaban que en 2015 se habían recibido 121.168 denuncias de violencia por motivos de género. Se iniciaron actuaciones penales en 19.816 casos y se dictaron medidas de protección civil, como órdenes de alejamiento, en menos de la mitad de los casos. Según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 96% de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en condena.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES
En mayo, la Asamblea Nacional aprobó declarar el 17 de mayo “Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.
En agosto, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio Público acordaron que las personas transgénero podrían expresar libremente su identidad de género en la fotografía de sus documentos de identificación. Con todo, no hubo avances en la legislación para garantizar la igualdad de derechos, como ofrecer la posibilidad de que una persona cambiara el nombre, el género y otros datos en los documentos oficiales a fin de que se ajustaran a la identidad de género, o tipificar como delito los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
El acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, era cada vez más limitado debido a la escasez de medicamentos. El aborto continuaba penalizado en todos los casos, salvo cuando la vida de la mujer o la niña estuviera en peligro.
Según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el índice de mortalidad materna en el país era de 95 por cada 100.000 nacimientos vivos, una cifra significativamente superior a la media regional de 68 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. El uso de métodos anticonceptivos era del 70% para los métodos tradicionales y del 64% para los modernos; la media regional era del 73% y el 67%, respectivamente.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
No se cumplían las disposiciones legales para garantizar y regular la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Hubo denuncias de criminalización de defensores y defensoras de los derechos indígenas y de los derechos ambientales. Suscitaba preocupación el impacto que podrían tener sobre las tierras indígenas y sobre el medio ambiente los grandes proyectos mineros en la región meridional de Venezuela conocida como el Arco Minero. La aprobación para la puesta en marcha de proyectos se concedía sin consultar con las comunidades indígenas de la zona ni obtener su consentimiento libre, previo e informado.
DERECHO A LA SALUD: FALTA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
La crisis económica y social en el país siguió empeorando. Ante la falta de estadísticas oficiales, agencias privadas e independientes, como el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), informaron de que desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2016 había habido una inflación del 552% en los productos alimentarios, lo que dificultaba enormemente a la población la compra de alimentos, incluso cuando los encontraban. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 12,1% de la población comía únicamente dos veces al día o menos. La Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición estimaba que el 25% de los niños y niñas padecían malnutrición.
La encuesta sobre condiciones de vida llevada a cabo por tres importantes universidades reveló que el 73% de los hogares del país sufrían pobreza de ingresos en 2015, mientras que los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística situaban esa cifra en el 33,1%.
La negativa del gobierno a aceptar ayuda internacional para responder a la crisis humanitaria y proporcionar medicamentos exacerbaba la crítica situación de la atención médica. La deficiente situación de los servicios de salud pública dio lugar a un aumento de enfermedades prevenibles y tratables como la malaria y la tuberculosis. Algunas ONG como la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA) y varias asociaciones profesionales estimaron la escasez de medicamentos de elevado precio en un 75% y la de medicamentos esenciales en un 90%.
El vocabulario político gubernamental no sólo es pobre, dada la torpeza politológica de quienes se expresan en nombre del Poder Ejecutivo Nacional. También es confuso por la ambigüedad conceptual en la que se apoya la oratoria oficialista. Términos como “patria”, “pueblo”, “imperialismo”, “democracia” y “soberanía”, entre otros igualmente propios de profusas acepciones, además de puntuales implicaciones, son víctimas de la más vulgar y rastrera interpretación. Interpretación ésta que suele acomodarse en función del sectarismo que, en medio de las coyunturas, copa la casi totalidad de la escena política, económica y social acentuando la crisis de Estado que tiene asfixiada a Venezuela. Por supuesto, gracias al precario pero malintencionado apoyo de un tribunal supremo de justicia empeñado en alterar preceptos constitucionales deformando así el discurrir jurídico y legal de la nación.
A propósito de lo ocurrido a consecuencia del trabajo de investigación llevado adelante por un equipo de periodistas y acuciosos analistas del canal internacional de noticias CNN (en español), el cual evidencia la participación protagónica del alto funcionario que hoy funge como vicepresidente ejecutivo de Venezuela, bien cabe esta disertación. La misma pone de manifiesto la alevosa manipulación de la cual es objeto, particularmente, el término “patria” por quienes hablan desde el gobierno central en defensa de cuanto ilícito y arbitrariedad ordenan y se permiten cometer en el contexto de la impunidad que caracteriza al actual régimen.
La otra acusación, es la pronunciada desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta implicó nuevamente al personaje de marras como “narcotraficante” en virtud de su “destacada participación en el narcotráfico internacional”. Asimismo, a quien inculparon de testaferro por “proporcionar asistencia material, auxilio financiero de apoyo a actividades de narcotráfico internacional” actuando en representación del aludido funcionario venezolano. Todo ello fue motivo suficiente para que el alto gobierno venezolano reaccionara de la manera como lo ha venido haciendo. O sea, asumiendo procedimientos cuya inconsistencia argumentativa revelan el temor que hay en su seno por lo embrollada que tan vergonzosa situación representa para el gobierno venezolano. O al verse “en la picota” por causa de razones derivadas de procesos de denuncia o de imputación que tendrán, seguramente, serias repercusiones penales internacionales.
El comunicado que ante tan grave situación preparó el gobierno venezolano, describe que dicha denuncia “constituye un golpe político (…)” No obstante cabe observar que este reconocimiento es crudamente franco pues lleva a recordar aquel axioma jurídico según el cual “a confesión de parte, relevo de prueba”. Y como esto quiere decir que quien confiesa algo, libera a la contraparte de tener que probarlo, puede inferirse que justa y ciertamente ello “constituyó un golpe político (…)” que zarandeó al gobierno con toda la fuerza posible. Pero debe entenderse que dicho garrotazo, no fue “contra la institucionalidad democrática” tal lo refiere el comunicado del oficialismo. Realmente fue contra la manera alevosa de gobernar que terminó sucumbiendo al país al llevarlo a la ruindad provocada por la corrupción amparada y reivindicada. Quizás, como modo de lucha revolucionaria.
Pareciera que el gobierno central, o cree estar exento de toda acusación que pueda recaer sobre alguno de sus funcionarios del más alto rango militar o autoridad política, o es que se hace el incomprendido o el remolón ante denuncias o imputaciones derivadas del curso de cualquier investigación seria sobre algún desviado comportamiento de gente vinculada al proceso gubernamental. De todo esto, no es difícil dar cuenta del craso problema en que ha caído el gobierno venezolano. Al punto que transpira miedo cuando se lee que “con esta agresión gravísima pretende vulnerarse la esfera soberana del Estado venezolano y violentarse el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad, y a los Derechos Humanos del vicepresidente de la República”. ¿O pudiera pensarse que este venezolano con nombre libanés, está inmaculado sólo por detentar el cargo que el dedo presidencial le ha conferido? ¿O acaso el régimen olvidó el principio de igualdad que reza la Constitución y sobre el cual se cimienta la democracia que tanto se pregona desde la praxis proselitista, aunque sin resultado alguno? ¿O es que el régimen no ha advertido de que a pesar de arremeter permanentemente contra el imperialismo, los bienes incautados por el gobierno federal norteamericano a este rojo personaje están precisamente en pleno territorio imperial? ¿Cuál es entonces la diferencia entre un imperialismo diligente para encubrir delitos propios, y de un imperialismo “opresor” que apalea la revolución bolivariana?
El pronunciamiento del gobierno norteamericano expuesto por vía del Departamento del Tesoro, tanto como por intercesión del resultado de la investigación llevada por CNN, responde a la necesidad de hacer del conocimiento público los problemas políticos y económicos que han pasmado y retrasado el desarrollo de Venezuela. De hecho, el gobierno estadounidense está en todo su derecho de elevar su protesta cuando alguna acción delictiva interfiera su dinámica social. Es un asunto de soberanía nacional que para nada vulnera el Derecho Internacional Público. Por lo contrario, es un deber portador de toda legitimidad y necesidad acusar con fines penales cualquier acto delictivo que constituya un ultraje a los principios políticos sobre los cuales se fundamenta la democracia.
Más que la intención de valerse de ciertas estrategias que pretendieron un amarre amañado entre el gobierno venezolano y el nuevo presidente norteamericano en aras de mantener la pretendida reivindicación del poderío islámico, la situación reventó por dónde algunos no calcularon. Ahora con el ocioso cuento de que lo acontecido “carece de la más mínima legalidad internacional (…)” y de que ello apuntó a “vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano (…)”, el régimen busca enredar -todavía más- las realidades. Sobre todo, porque estos tinglados configuran la base dialéctica de su política gubernamental, por demás camorrista y traicionera.
Por ello, los discursos y declaraciones del alto gobierno tienen como finalidad la grosera manipulación de la opinión pública. Revuelven todo lo posible apoyándose en la utilización de un léxico no sólo rabioso. Más que eso, en convencionalismos o términos cuya amplitud enciclopédica permite la inserción de ideas carentes de la necesaria resolución conceptual. Es el mecanismo que mejor ha dado resultado a todo proyecto político de tipo populista-autoritario. Por eso cualquier declaratoria o manifiesto de intención despótica o totalitaria, consigue en esos convencionalismos la forma más expedita de exaltar emociones en ilusos, furibundos y serviles. Términos como “institucionalidad democrática” o “igualdad soberana”. O como el reseñado por el aludido documento del régimen, cuando señala que es “una grave afectación y agresión contra nuestra Patria”. Pero exactamente, nada es así. Aunque esto si deja ver la manipulación dialéctica a que términos así, son expuestos. Por eso puede hablarse de una “patria” manoseada.
