hambre

DURANTE UNA alocución con representantes de la Organización de las Naciones Unidas este sábado, Nicolás Maduro prometió que con el nuevo“Plan de la Patria”, culminará con la pobreza y el hambre en Venezuela.

«Son 17 objetivos, como ‘el fin de la pobreza’, segundo tema ‘hambre cero’, tercer objetivo ‘salud y bienestar’, cuarto objetivo ‘educación de calidad’, ‘igualdad de género’, ‘saneamiento de aguas’, ‘energía asequible y no contaminante’, trabajo decente y crecimiento económico», dijo.

Indicó que este lunes 14 de enero acudirá a la asamblea nacional constituyente para presentar su plan y prometió cajas Clap con mayor regularidad.

«Este año debe cada 15 días llegarle a cada quien su caja, seguir estabilizando, los mercados y lo demás, con la ayuda de la FAOV, se estabilizará, todo es sistema de mercados y abastos, tener la logística para atender todas las escuelas, todos los días, pido apoyo en el sistema de alimentación, junto a la ONU».

El representante de la ONU, Peter grohmann, dijo que es importante contar con datos en el área económica para poder monitorear un eventual progreso.

«Hay temas urgentes, en salud, educación y protección, es un reto importante que debemos trabajar en común, sabemos todo lo que estamos pasando y debemos saber llevarlo a algo sostenible».

LOS MARABINOS LLEGAN AL DIA MUNDIAL de la alimentación, promovido por la ONU este año con el lema Hambre Cero, con una realidad alarmante: 74,5% de los hogares reportan que, alguna vez en los últimos tres meses, tanto adultos como niños sintieron hambre pero no comieron.

Este dato revelador es uno de los resultados más destacados de la Encuesta sobre la Seguridad Alimentaria en la ciudad de Maracaibo realizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) a principios de septiembre, tomando como referencia la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA).

Esta escala establece los diversos grados de inseguridad alimentaria, donde el grado más leve se evidencia en la preocupación por el acceso a los alimentos, el moderado se manifiesta en restricciones en la variedad, calidad y raciones de los alimentos, y el grado más severo es el hambre. La aplicación del cuestionario de la ELCSA por parte de Codhez en 800 hogares del municipio Maracaibo evidencia que no solo han sido sacrificadas la calidad y la cantidad de alimentos en los hogares marabinos sino que también hay hambre.

En más de la mitad de los hogares marabinos los adultos comen solo una vez al día.

54% de los hogares marabinos informaron que los adultos comieron una vez al día en los últimos tres meses, en 39,1% comieron 2 o más veces al día, y en 6,9% dejaron de comer durante todo un día. Los estratos D y E son los que más reportan haber comido solo una vez al día, y también, los que menos reportan que logran alimentarse dos o más veces por día.

Los niños no escapan a esta grave crisis, pero en alguna medida han sido protegidos por sus padres: en 62,9% de los hogares se respondió que los niños comieron 2 o más veces al día, mientras que en 29,6% solo comieron una vez al día, y en 7,5% dejaron de comer durante todo un día.

La preocupación por la falta de alimentos es generalizada

En términos generales, las familias marabinas consideran que la alimentación es su principal preocupación de los últimos tres meses: sea por escasez (21,9%), mala alimentación (7,1%) o alto costo (7%). En suma, en 36% de los hogares la preocupación sobre estos problemas está por encima de otros tan graves como los servicios públicos, la economía, la inseguridad y la escasez de medicinas.

Por falta de dinero u otros recursos, el 75,8% de los hogares encuestados reportó haberse quedado sin alimentos en los últimos tres meses, siendo su alto costo (54,6%) y la escasez (24,5%) las razones que más afectan a las familias de Maracaibo cuando necesitan comprar alimentos.

El 76% de los hogares encuestados manifestó que ni adultos ni niños tuvieron una alimentación adecuada. Con respecto a los niños, la tasa de respuestas afirmativas es particularmente alta en todos los estratos: E (83%), D (81,5%), A-B (54,5%), y C (42,4%).

En resumen, en la capital zuliana se evidencia la inseguridad alimentaria en sus diversos grados, y el más severo se presenta fundamentalmente en los estratos D y E que carecen de los medios para asegurarse una alimentación adecuada.

Las proteínas no llegan a la mesa de los hogares marabinos

80,4% de los adultos y 79,7% de los niños marabinos manifestaron tener una alimentación basada en poca variedad de alimentos durante los últimos tres meses. Esto se evidencia en los alimentos que reportan consumir con frecuencia, donde los resultados son los siguientes: en el desayuno, queso (28,2%), margarina (19%), y arepa (18,7%); en el almuerzo, arroz (26,2%), pasta (14,3%), y verduras (12%); y en la cena, queso (26,3%), arepa (21%), y margarina (17%).

Las carnes de pollo (8,4%) y de res (8,1%), así como los granos (8,3%), apenas aparecen reportados con alguna frecuencia en el almuerzo, una situación preocupante considerando la importancia de la ingesta de proteínas para una alimentación saludable.

Ante esta preocupante realidad que se vive en el municipio Maracaibo, desde Codhez aprovechamos este día de la alimentación para reiterar que el Estado venezolano debe diseñar políticas que atiendan urgentemente a las poblaciones más vulnerables a la inseguridad alimentaria con asesoramiento técnico de expertos en el área.

Los datos enunciados con anterioridad se obtuvieron a través de una encuesta realizada a 800 hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos A-B, C, D y E en las 18 parroquias que conforman el municipio Maracaibo, entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2018. 

Los resultados de esta investigación en materia de alimentación se difundirán cada semana durante el mes de octubre, y la presentación final del estudio tendrá lugar en la Feria de Derechos Humanos a realizarse los días 7, 8 y 9 de noviembre en Maracaibo.

Con información de Codhez

Nacieron en 2013, cuando la crisis alimentaria se agravó en Venezuela. Tienen 5 años, están desnutridos, y el daño provocado a su salud es irreparable. Estas son las historias de los niños que crecen en desventaja por nacer en medio de la emergencia humanitaria que vive el país

El Pitazo en alianza con CONNECTAS recorrió ocho ciudades y, con ellas, ocho realidades distintas. Estas son las historias de los niños que crecen en desventaja por nacer en medio de la emergencia humanitaria que vive el país.

La Generación del Hambre muestra el resultado de malas políticas económicas que terminan repercutiendo en lo más íntimo de las vidas humanas; el hambre, como
problema; la desnutrición, como tragedia. Las historias que la componen son el resultado de un trabajo periodístico exhaustivo, el retrato de una situación
completamente indeseable: neveras vacías, llantos, platos sobre la mesa como una hoja en blanco, un estómago que no se llena ni parece que fuera a llenarse nunca.

Son niños los que retratamos, pues es durante los primeros 5 años de vida cuando una alimentación adecuada es más importante, y el resultado es entristecedor: ocho niños cuyo futuro parece marcado antes de tiempo por daños irreversibles, y uno que no llegó a ver un mañana mejor.

El mayor esfuerzo estuvo dirigido a humanizar el dato, a no quedarnos con la pura cifra, sino traducir el hambre, ese ardor en el estómago, a historias vivas y tangibles, cada una en un contexto diferente, como una muestra del sufrimiento humano, y a lo que éste puede llegar.

La selección de las historias se realizó de manera que abordaran las distintas regiones del país, pretendiendo con ello hacer el retrato no de una zona específica, sino del país entero, o cuando menos de una gran parte de este.

Es importante recalcar que los resultados que presentamos en esta investigación, pese a que arropan el período 2013-2018, no refieren únicamente a las malas políticas llevadas a cabo por el presidente venezolano Nicolás Maduro, sino que son la consecuencia inevitable de años previos de la mala gestión de Hugo Chávez. Siendo así, pues, el hambre parece ser el rubro que se sembró años atrás en Venezuela, y que hoy estamos cosechando.

He aquí la prueba, tantas veces ignorada, de la emergencia humanitaria, negada por el gobierno venezolano, presentada aquí a través de una recopilación de datos nunca antes analizados en conjunto, y que nos llevan claramente a un responsable.

Otra gran parte del esfuerzo estuvo dirigida precisamente en esa dirección: conseguir cifras en un país que las oculta, recopilar información, consultar a especialistas y establecer una línea clara entre causas y consecuencias, pasando por la investigación y lo narrativo, juntando el dato con el testimonio.

Conozca cada una de las historias AQUÍ

LA SEMANA PASADA FUI A UNA REUNIÓN. Cuando me bajé, en la acera al lado de mi carro había un muchacho registrando la basura de un edificio de apartamentos y comiendo con fruición lo que encontraba. Tenía un verdadero desorden a su alrededor, pues ya había abierto varias bolsas. Me siento desolada cada vez que veo a alguien hurgando los desechos de otros para poder alimentarse. Yo no tenía nada que ofrecerle y sentí que para él sería embarazoso que me lo quedara viendo y peor aún, que le hablara. ¿Qué podría decirle que no supiera?… “Vamos a salir de esto, no te preocupes”… ”No comas de la basura que te puede hacer daño”… No tenía dinero en efectivo para darle y después de dudar qué hacer, seguí mi camino y entré a la reunión.

De inmediato recordé la comida podrida de PDVAL. Miles de toneladas de comida que se perdieron dentro de containers que nadie reclamó. Ahora se sabe que la compraron vencida, porque salía más barata, para que unos sinvergüenzas hicieran los negocios de sus vidas, a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Recordé también cómo los altos representantes del gobierno negaron que aquello fuera cierto. Después de que les fue imposible tapar el sol con un dedo, dijeron que era una maniobra de “la derecha”. Hasta que tres de los principales gerentes fueron detenidos. Puro show, porque todos fueron liberados y dos de ellos regresaron a sus cargos. Sólo en Venezuela. Cada persona que muere de hambre en nuestro país tiene la impronta de aquellos delincuentes. Asesinos, vende patria. Me entra un fresquito al saber que ya hay algunos detenidos en los Estados Unidos, sólo espero que sigan haciendo lo que la “justicia” venezolana ha sido incapaz.

Cuando salí de la reunión, caminé de nuevo por la acera. Ya no estaba el muchacho y todo estaba nítidamente recogido. Aquella bolsa recogida decía mucho más que cualquier otra cosa. El muchacho que estaba comiendo basura había tenido una casa donde le habían enseñado a no ensuciar, a que la calle es una extensión de nuestros hogares. Pensé en su mamá. Pensé que merecía un futuro que aquí, en lo inmediato, no iba a tener. Y deseé que se fuera para otro país. Me monté en el carro, pero no pude arrancar: no veía nada, porque las lágrimas no me lo permitían. ¿Hasta cuándo, carajo, hasta cuándo?

@cjaimesb

AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2018 LOS SAQUEOS e intentos de saqueos disminuyeron al mínimo, una tendencia a la baja desde los abultados números a comienzos de año.  En enero la realidad era otra. Había hambre y pocos escrúpulos. Tan solo el 11 de enero el diputado Carlos Paparoni denunció que un grupo de personas ingresó a la Hacienda Miraflores en Palmarito, estado Mérida, y mató al menos 300 reses. “La crisis del hambre está golpeando muy duro”, lamentó el parlamentario entonces.

Ese mes de enero hubo un total de 160 saqueos, según el registro de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. Se trata del 72% de todos los saqueos ocurridos durante 2018 (222), hasta el mes de octubre. Además, hubo 40 intentos de saqueo de los 55 registrados durante todo los primeros 10 meses de 2018, también 72%.

Los eventos comenzaron a partir del 18 de diciembre cuando el pernil prometido por el gobierno nacional no llegó. Es más, las cajas de CLAP no aparecían por la comarca. En Bolívar, al cierre de 2017, hubo cuatro días de protesta continua por falta de comida, incluyendo saqueos el mismo 25 de diciembre. También en Nueva Esparta unas 300 personas cargaron con tres toneladas de embutidos en Porlamar. Con la llegada de 2018 la conflictividad no disminuyó.

«En enero pegó mucho el desabastecimiento, la falta de efectivo, la falta de productos, todos factores que influyeron en que se vieran esos hechos delictivos», recuerda Vito Venceslao, primer vicepresidente de Consecomercio. «La preocupación del país hizo que la gente se volcara a la calle a ver cómo conseguían los productos que no llegaba por la distribución del gobierno», suma el también abogado al insistir en que «el gobierno ha acaparado todo el sistema de distribución y comercialización de productos básicos como harina, mantequilla, azúcar, aceite, pollo, carne; y viendo que no llegaba la gente se lanzaba a la calle.

Aunque los comerciantes no descartan que haya habido eventos incitado por bandas organizadas, insisten en que «quien tiene la culpa es el gobierno nacional, que controla, dicta normas, saca leyes, controla la economía y los precios» causando distorsiones. Entonces, Consecomercio estimaba que el desabastecimiento de alimentos alcanzaba el 80% a escala nacional

Ya en febrero de 2018 el dato bajó hasta 12 saqueos y cinco intentos en todo el país, una disminución de 92% con respecto al mes anterior. En marzo hubo un repunte hasta 23 y luego se estabilizó a la baja llegando a cero en mayo y en octubre.

En Consecomercio apuntan que la caída en ese tipo de delitos está influida por la migración. Venceslao opina que el éxodo masivo está conformado mayormente por «los estratos más necesitados, los que más sufren la debacle económica, gente de escasos recursos que vende lo que tiene para irse y ver cómo resuelve afuera».

Pero también sostiene que el gobierno nacional ha tratado de solventar la escasez en las cadenas de distribución habituales con entrega de las cajas CLAP. «Llevan productos a las zonas más necesitadas, aunque sea desatendiendo otras». Ello, a pesar de que «la distribución de esas cajas y bolsas CLAP no es eficiente para solventar la problemática del consumo de alimentos y productos de primera necesidad, pues no llega como se promete». Pero algo es algo.

Según datos de la Oficina para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en 2017 había en Venezuela 3,7 millones de personas subalimentadas. Aún no se cuenta con datos sobre 2018, pero un reporte de Cáritas Venezuela, divulgado el 14 de septiembre, registra que entre abril y junio de este año, la proporción de niños desnutridos pasó de 78% a 65%. Alrededor de las elecciones presidenciales de mayo, entre bonos y cajas CLAP, el indicador de desnutrición aguda bajó: abril (14,1%), mayo (11,7%) y junio (10,5%), para repuntar en julio hasta 13,5%. Para el estudio, Cáritas evalúo un total de 1.446 niños menores de cinco años en siete estados del país.

En paralelo, el desabastecimiento de alimentos en Venezuela promedió 67% en los primeros seis meses de 2018, según datos oficiales de Ministerio de Alimentación a los que tuvo acceso el portal Banca y Negocios, con productos como la leche en polvo desaparecida en 97% al mes de junio de 2018 o el pollo y 82% de escasez en el mismo mes. El dato no incluye las despensas distribuidas a través de los CLAP ni ha sido confirmado por las autoridades, siendo que desde 2013 se suspendió la difusión del índice de abastecimiento nacional.

El objetivo de los saqueos ha sido negocios de venta de alimentos. Los registros de El Termómetro de la Calle indican que el 56% de los eventos ha ocurrido en comercios y tiendas, seguido de camiones que transportan alimentos (8%), supermercados y panaderías (6,3%, en cada caso), además de galpones o centros de acopio (4%). Los supermercados y mercados mayoristas han protagonizado los intentos de saqueo durante el año, hasta octubre de 2018, con 21% y 18% respectivamente.

«Más que todo tiene que ver con comida. Ocurre más en abastos, supermercados, mercados municipales en las regiones, panaderías, charcuterías…», enumera el vicepresidente de Consecomercio. Durante el año se registraron cuatro casos de saqueos a fincas o granjas, misma cantidad que en abastos, carnicerías y licorerías.

Los focos de conflicto han estado en Bolívar (53) y Guárico (54), que juntos acumulan el 49% del total nacional. Les siguen Zulia y Trujillo, donde los casos suman el 23%. Mérida y Sucre continúan la tabla con siete saqueos en cada caso hasta llegar a Miranda que registro tres eventos. El estado Bolívar también encabeza la lista de intentos, junto a Anzoátegui, con siete casos cada uno.

«En esa entidad influye mucho lo alejado de las zonas y la poca producción que hay de alimentos. En Bolívar hay problemas de gobernabilidad, de vialidad, no hay cómo producir pero tampoco llegan los productos, no hay acceso a bienes o servicios», retrata Vito Venceslao. «En Guárico también pasa eso, con un alto índice de delincuencia. Por allá las gandolas tienen que viajar escoltadas y cuando van vacías de regreso ruedan con las puertas abiertas para que sepan que no llevan nada», agrega.

El primer vicepresidente de Consecomercio admite que el gobierno nacional «ha tomado algunos correctivos», pero no son suficientes. La actuación del Estado, de hecho, ha quedado registrada en el 43,2% de los intentos de saqueos ocurridos durante los primeros 10 meses del año, 24 veces.

En ese sentido, la Guardia Nacional es la que ha tenido más trabajo, con 11 intervenciones, lo que representa 45,8% del total, seguida de las operaciones conjuntas (GN junto a Policía Nacional Bolivariana o cuerpos estadales) ocurridas en 5 oportunidades y cuatro veces que las policías regionales fueron las que respondieron. En tres oportunidades hubo presencia de los órganos de seguridad, pero los reportes de prensa no especifican cual. Destaca que en una oportunidad, participó un cuerpo parapolicial. Fue en el estado Zulia el 5 de enero durante un saqueo a un galpón de Pdval en Los Puertos de Altagracia.

En el caso de los saqueos el porcentaje es un poco más alto: 59,9% de los saqueos han resultado en el accionar de las fuerzas de seguridad. Siguiendo la tendencia, la Guardia Nacional respondió en el 81% de los casos (108 veces), seguida por las policías regionales (15) y los grupos parapoliciales (5). La Policía Nacional Bolivariana apenas entró en acción una vez.

«Aquí estamos a la suerte y a la buena de Dios. Contra este tipo de hechos vandálicos, es imposible que podamos nosotros defendernos o protegernos. La turba de gente que viene en contra del comercio de turno es imposible de controlar, la violación a las puertas, santamarías y ventanas es inevitable. El comerciante trata de tener más seguridad, blindando el local, contratando personal privado, pero eso ahora se hace muy costoso. Y contar con las policías es casi nulo porque pocos efectivos policiales», explica Vito Venceslao.

Añade que la hiperinflación ha hecho que no se pueda contar con pólizas de seguro que se activen cuando ocurran los eventos. «Hay quienes hacen de tripas corazón, busca créditos y lo pueden hacer, pero en general es inviable comprarlas para saqueos». No es lo único que es impagable. Dice el representante gremial que la crisis de servicios públicos ahonda los problemas. «Cuando hay apagones se contribuye a que haya problemas, sin contar que muchos equipos se dañan y repararlos es imposible o muy costoso».

Y cuando un saqueo ocurre, no hay quien indemnice. Ni siquiera cuando el gobierno lo promete. «No cumple. No solo a lo largo de este año. Recordemos que en 2016 en Bolívar hubo saqueos (cuando se anunció la desmonetización del billete de 100 bolívares) y nadie fue indemnizado, ni tampoco se otorgaron los créditos prometidos. El gobierno debería estar consciente de resarcir daños e indemnizar para que se abran las puertas y continúe operando, porque la realidad es que cuando un comercio es saqueado, el local cierra o quiebra».

El diputado Luis Lippa, miembro de una comisión especial de la Asamblea Nacional para abordar el desabastecimiento de alimentos, dijo el 14 de noviembre que este año se va producir 70% menos comida que en 2017. Mientras, Fedecámaras advirtió en agosto que imponer precios «acordados» incidiría en la ausencia de comida pues no se cubrían ni siquiera los costos de producción. Tres meses después de aquellos anuncios, la hiperinflación demostró inviables los montos fijados por el Ejecutivo.

Si bien la represión por parte de los cuerpos de seguridad contra quienes protestan durante 2018 no tiene comparación con la violencia generada en las manifestaciones de 2017, hay una variante fundamental: este año los cuerpos de seguridad obviaron la queja política casi completamente para concentrarse en dispersar, prohibir y reprimir las quejas de índole social.

De las 4.228 protestas ocurridas en 2018, hasta el 15 de septiembre, 269 han sido reprimidas por organismos de seguridad del Estado, el 6,36%. Los reclamos por comida, referidos a escasez o a problemas en la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron las más atacadas. De las 290 protestas registradas durante el período, 59 fueron respondidas con violencia (20,3%).

Le siguen las manifestaciones por problemas en el suministro eléctrico, con 57 de 434 protestas reprimidas (13,1%), y luego las de índole político con 9,9% del total; es decir, 36 de 363.

Las cifras, aportadas por El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, son solo números que reflejan lo que Jonnys Urrieta y su hermano vivieron en carne propia cuando la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y PoliLara arremetieron contra su comunidad con golpes y perdigones para intentar llevarse a Jonnys a “quién sabe dónde”.

Yogore, un caserío del municipio Morán en el estado Lara, es el asentamiento donde viven los Urrieta y en el que toda la comunidad vivió el terror el pasado 24 de abril. Ese día, funcionarios de la PNB agredieron a los vecinos que habían trancado la vía Barquisimeto-Quíbor que conecta con El Tocuyo desde el día anterior a las 6:00 PM, para reclamar que tenían más de tres meses sin recibir la bolsa de alimentos del programa social del Estado.

“Estábamos protestando desde la tarde anterior y como a las 6 de la mañana llegaron los policías, dijeron ‘¿tú eres Jonnys?’ y trataron de llevarme preso. La comunidad lo impidió, pero el más agredido fue mi hermano, que le dieron un tiro de perdigones de goma en las dos piernas y le hicieron 38 puntos de sutura por las perforaciones. A mí, además de golpearme, me robaron un bolso donde tenía los sellos del Consejo Comunal, del CLAP y de la Ubch de la que soy vocero principal”, cuenta Urrieta.

En la zona “la policía actuó con saña y rabia”, relata Lisbeth Rodríguez, otra de las vecinas de Yogore. Afirma que “ellos (la PNB) golpeaban a todo el mundo, las mujeres también fueron agredidas, mi sobrina estaba embarazada y le dieron una cachetada… La policía nunca había actuado así, ellos mismos decían que traían orden de la Almirante. Ella, la gobernadora (Carmen Meléndez) y que fue la que los mandó”.

Le represión le costó a Jonnys mucho más que moretones y el mal recuerdo. Enfrentarse a los cuerpos de seguridad fue una marca que sirvió para que posteriormente le quitaran la coordinación del programa Manos a la Siembra, con el que trabajaba en seis escuelas del municipio larense.

Hoy, en Yogore las neveras siguen vacías y las cajas CLAP que llegan tienen gusanos y productos en mal estado, tal como lo denuncian sus vecinos. Pero ellos no han vuelto a las calles a reclamar. “El pueblo de Yogore es de los más fuertes y no dudo que pronto vamos a volver a salir”, dice Elizabeth Rodríguez, otra de las mujeres que presenció aquella mañana de violencia y persecución.

“Sin guardar las apariencias”

De acuerdo a la data de El Termómetro de la Calle, es la Guardia Nacional (GNB) el ejecutor de la mayor cantidad de acciones violentas para disuadir protestas en todo el país. El cuerpo castrense es responsable de casi el 45% de las acciones represoras registradas. Le sigue la PNB con el 16%, las policías regionales (12,6%) y operaciones conjuntas entre varias cuerpos del Estado (8,9%). Destaca la enorma participación que tienen grupos parapoliciales (colectivos, civiles armados), que incluso llegan a operar en conjunto con uniformados.

Al respecto, Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que no solamente los uniformados son represores. “Una práctica común ha sido la de reprimir en conjunto cuerpos de seguridad con civiles armados, también llamados colectivos paramilitares, para pretender zafar al Estado de responsabilidad directa. Sin embargo, en los operativos de seguridad como los de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se reprime a los más pobres en los barrios sin mucho protocolo de guardar las apariencias”.

Patiño explica que la de este año es “una represión más selectiva”, a diferencia de la de 2017, cuando “hubo una rebelión popular y era más generalizada”. El balance de Provea al respecto refiere que los cuerpos de seguridad han incumplido con la tarea de brindar entornos seguros a los manifestantes. Provea ha documentado en apenas seis meses y medio (de enero a julio de 2018) el asesinato de quince personas en protestas por alimentos y/o servicios públicos, de los cuales al menos seis son responsabilidad “clara” de agentes de la fuerza pública.

De acuerdo a Provea, 14 de las víctimas fatales que dejaron de saldo las protestas del primes semestre de 2018, murieron por impactos de bala, y una por el golpe de un objeto contundente. “Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia, 215 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. En cinco años y medio de gobierno, Maduro acumula la más alta cifra de personas muertas en protestas desde el año 1990”, expone el balance de la organización.

Entre los casos documentados por Provea está el del joven José Alberto Materán Valero, de 19 años, asesinado el pasado 9 de enero por un impacto de bala durante una protesta por alimentos en la población de Guanare, (Portuguesa), que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. En esa manifestación también resultó herido de bala César Antonio Torres Fernández.

Otro de los casos que resalta del informe de Provea es el de Anderson Luis Oliveros Núñez, un menor de 15 años asesinado el 23 de abril mientras participaba en una protesta contra la interrupción del servicio eléctrico en la Circunvalación 3, cercano al barrio La Antena, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Oliveros fue impactado por una bala presuntamente disparada por un conductor que transitaba por el sector.

Todos estos fallecimientos se dieron en el contexto de reclamos de índole social, motivados por fallas en el servicio de agua, de luz o por falta de alimentos. Patiño asegura que la represión, más que algún patrón, responde a la intolerancia a la crítica y la disidencia del gobierno de Nicolás Maduro.

“Históricamente en Venezuela predominan las protestas sociales, laborales, por servicios públicos y de ese tipo, salvo en 2014 y en la rebelión de 2017 cuyos ciclos de protestas fueron políticos. En 2018 la crisis económica y social obliga a los ciudadanos a manifestar por sus derechos, pero aisladamente, sin conducción política la cual está muy debilitada. En consecuencia, al predominar la protesta social, esta es reprimida”, opina Patiño.

En este contexto, El Termómetro de la Calle precisa que las entidades federales con mayor represión hasta el momento son el Distrito Capital, con 54 protestas atacadas, Barinas con 33 y Zulia con 30.

La ley es letra muerta

El artículo 68 de la Constitución venezolana establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. La Carta Magna contiene al menos dos artículos más que respaldan el derecho a protestas sin permiso previo y pacíficamente.

Pero, “¿qué pasa cuando a uno le quitan ese derecho? Uno se queda en el aire porque te quitan esa posibilidad de quejarte, de que los demás se enteren que algo está mal”. El cuestionamiento lo hace Henry Mayora, un abuelo agredido el pasado 1 de septiembre en una protesta en la avenida Urdaneta, en pleno centro de Caracas, cuando funcionarios de la PNB lo empujaron, halaron y agredieron verbalmente.

“Estamos allí y dejábamos pasar ambulancias y emergencias. La protesta era muy buena y a las 12 y media los policías se pusieron un poco torpes, nos pidieron abrir la calle y le dijimos que no abriríamos hasta que llegara Sudeban. Estábamos protestando porque nos engañaron, porque dijeron que abrirían los bancos para los pensionados ese sábado y fue mentira, pero en lugar de ayudarnos a resolver, nos empujaron y patearon y hasta se burlaron de nosotros. Entonces, ¿a qué tiene uno derecho en este país si ni quejarse puede?”, se pregunta Mayora.

El hambre creció en 2017 en América Latina y el Caribe hasta afectar a unos 39 millones de personas debido a la desaceleración económica en Sudamérica, marcada especialmente por el caso de Venezuela, explicó este martes la ONU.