gobierno

Latinoamérica concentra una parte muy pequeña  de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000 personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.

De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, catorce de los veinte países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe.  Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.

Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.

Un patrón que se repite

Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.

Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.

Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.

Operativos violentos

Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.

Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.

Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.

Urge una reforma

La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.

En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.

Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.

En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.

@fabicrisci17 

Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

antoniomonagas@gmail.com

DESDE QUE EL HOMBRE advirtió que su libertad fundamentaba su razón de vida, comprendió que el mundo constituía un asombroso ámbito de oportunidades que de aprovecharse, se convertía en el espacio necesario donde su movilidad habría de corresponderse con sus anhelos y sueños. Por eso, la libertad es vista con recelo no más por quienes la tiranizan, que por quienes la mancillan. Y el ejercicio del poder autoritario, se presta para vilipendiarla, humillarla y ultrajarla. Es el modo de cómo actúan las tiranías. Es decir, aplastando las oportunidades y posibilidades que animan e incitan oportunidades.

Lo que vive Venezuela, en tanto país cuya sociedad se encuentra subyugada por la barbarie propia de un sistema político autoritario que ha relegado las libertades, es un problema mayúsculo.

Sin embargo, debajo de lo que encubren las apariencias, y dado los anuncios de los cuales se vale el gobierno para forjar la imagen de un país distinto (democrático) al que en verdad se corresponde con el actual, o sea un país asfixiado por la crisis política y económica, puede inferirse que Venezuela ha sido arrastrada hasta el borde de una grave consternación. Pero deberá reconocerse que el país ya comenzó a corroerse sin que muchos puedan evitarlo. En consecuencia, la incredulidad, al lado de antivalores, se ha apoderado de buena parte de la población. Tanto que en su fuente, se estimula la diáspora que, como fenómeno social y económico, caracteriza tristemente al país.

En el fragor de tanta calamidad, el país ha caído en un hueco tan inexpugnable que no hay posibilidad cierta de tener una idea precisa de la sustracción provocada por el alto índice de corrupción llevada a cabo en todos los niveles de la administración pública. Y para lo cual, la represión, la violencia y la compulsión, han sido instrumentos ajustados al desorden casi instituido como accesorio del socialismo forjado por la pretendida revolución bolivariana.

De manera que al final del camino recorrido, puede verse un gobierno que no gobierna pues anda trastabillando en su paso “de vencedores”. Escasamente se mantiene con el apoyo del sector militar, de bandas armadas y hordas de prosélitos incultos política y cívicamente. Este barullo de situaciones y condiciones, ha permitido al régimen establecer una cruenta cacería de personalidades cuya valiente actitud democrática busca opacar a costa de lo que sea.

Encima de todo, el país ya no cuenta con la oposición que en otrora supo crispar a un régimen cuyo resentimiento fue razón para menguar todo lo que estuviese a su alcance. De ahí que arrasó con derechos y libertades. La oposición, fue desarticulada y provocó su  división. Aunque lo actuado, arrojó la sensación de una oposición fatigada o vendida al mejor postor.

Esto causó un significativo daño a la imagen de un país que se vio en la vanguardia de los estamentos que hablan en nombre de lo que define el desarrollo nacional. Ahora Venezuela luce en ruinas. Tanto es el estado de conmoción y abatimiento que muestra, que busca la compasión mundial a manera de hallar en la economía y política externa, los elementos capaces de reimpulsar la dinámica social venezolana.

Todo da cuenta de lecturas que parecieran sacrificar el objetivo de reconstruir el país sobre cimientos de sólida consistencia. De ahí el país luce una economía bastante devastada, como pocas veces habría sucedido en el siglo decimonónico. Hoy, la miseria está arrasando a la sociedad civil. Y con ella, toda posibilidad de consolidar una tiranía que ha venido alcanzado cierta sustentabilidad. Aunque discrecionalmente, pero sin pausa alguna que interfiera su temeridad y su velocidad de saboteo, capacidad de chantaje y de extorsión.

El caso Venezuela si bien semeja un laboratorio de ciencias sociales, desde el cual pudiera recomponerse la teoría política apuntándole a lo inverso o contrario de los procesos que motivan al ser humano a progresar en consonancia con variables que determinan el desarrollo humano al lado  del desarrollo económico y social, es un claro ejemplo de lo patético y contraproducente. Que además, entrado el tercer decenio del siglo XXI, puede advertirse como la antípoda de realidades de empuje solidario y decisivo. Y ocurre sólo en un contexto tan enrarecido política y socialmente, que puede advertirse fácilmente por cuanto se halla bajo condiciones determinadas por lo contradictorio que perfila cualquier torcida realidad. Porque también se caracteriza cuando, en maléfica complicidad con actores de la alta política, se tiene contradictoria o paradójicamente estructurado: un gobierno que no gobierna

@AliasMalula

EL GOBIERNO DE MADURO HA AGRAVADO todos los problemas en Venezuela, especialmente los de la salud y la alimentación, esta última, escasa e inadecuada, a pesar de que vivimos en un país bien dotado por la naturaleza para producir en abundancia.

Los gobiernos de Chávez y Maduro se las ingeniaron para acabar con el aparato productivo en desmedro de agricultores, ganaderos e industriales. Cinco millones de hectáreas –aproximadamente– han sido expropiadas por los dos mandatarios depredadores e incapaces, pues su único objetivo ha sido favorecer la corrupción a través de la importación de alimentos.

Nadie debería olvidar los escándalos en Mercal y en Pdval (Pudreval) hace unos años –con la putrefacción de toneladas de comestibles y el reempaque de leche vencida–, manejos en los que siempre estuvieron los cubanos. Los responsables de la corrupción y el empobrecimiento del país también hay que buscarlos en Cuba, país que ha venido actuando como un agente de importación financiada por los venezolanos; el gran negocio era importar para congestionar los puertos donde se pudría la comida que hacía falta para alimentar a los venezolanos.

Recientemente una red de corrupción ha sido vinculada al comercio de los CLAP, a través de empresas fantasmas que obtuvieron contratos para la compra y venta de los productos importados que contienen las cajas y se venden a través del carnet de la patria. Las bolsas de comida no bastan para subsistir sino para engañar al hambre; tampoco existe un reparto equitativo de artículos a través de unos Clap que no evitan la desnutrición, la anemia ni la muerte de los más débiles, niños y ancianos.

La Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro no es más que otra falacia, el gobierno es maestro en el arte del engaño, nadie cree el cuento de que las sanciones son las culpables de que el pueblo no tenga medicinas ni comida. Encovi, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela, indica que “6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso en el último año (2017) por el hambre”.

El verdadero legado del comandante Chávez ha sido la miseria y el hambre, y con Maduro se desató la hambruna, expresada en legiones de personas que rebuscan en la basura para tener algo con qué alimentarse. La carne y el pollo quedaron para el recuerdo. Miles de niños se encuentran desnutridos, sus padres no pueden enviarlos a la escuela porque no tienen qué darles de comer.

Es por eso que resulta obsceno ver a la pareja presidencial sucumbir a la tentación de la carne en un festín, en uno de los restaurantes más famosos de Estambul, ostentando el lujo expresado en el banquete, con habanos personalizados, Rolex incluidos, que dejan pálidos a los lingoticos de papel emitidos para incautos por el BCV. El show de Maduro con el chef Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, revela un espíritu caníbal que devora cual un heliogábalo trozos de carne semicruda, mientras hay un pueblo hambriento y humillado que sobrevive a las penurias como un animal herido.

Maduro no se siente culpable por el cruel espectáculo de la miseria en Venezuela, transmitido por todas las cadenas y medios internacionales. No le importa en lo más mínimo. Lo más asombroso ha sido su respuesta al regresar de China, a donde fue a pedir plata para pagar las deudas y celebrarlo luego en la bacanal turca: ante el video que se volvió viral, despachó el bochornoso asunto enviando emocionados saludos al carnicero que por unas horas estuvo al servicio de su megalomanía. El gobernante disfruta del botín mientras en la comunidad internacional se barajan las opciones para derrocar finalmente a la dictadura.

Fedenaga: Carne ya está siendo distribuida al valor impuesto por el Gobierno

Actualmente en los mercados de Venezuela los cortes de carne están siendo distribuidos al valor impuesto por el Estado, entre Bs.S90 y 80 (9 y 8 millones del viejo cono monetario), teniendo un punto intermedio de Bs.S 85, reseña eluniversal.com.

Según lo aseveró el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín, quien indicó además que hay tres estados exceptuados en la distribución y venta de carne, pues las vacas permanecen confiscadas por los gobiernos regionales de Barinas, Guárico y Apure, aseguró el ganadero.

“En esos estados se reportan matanzas de animales, pero no dejan salir el producto porque persisten en cobrar un diezmo que cada vez que se van a sacar las reses tienen que pagar un porcentaje superior al 10%”, denunció Chacín.

Indicó que en el estado Zulia, en los últimos días llevaron más de 1.500 animales al matadero y se están reportando matanzas en la mayoría de los desolladeros del país, la carne está básicamente en los frigoríficos para su despacho. (Banca y Negocios)

Venezuela participará en feria de Shangai con «más de 500 exportadores»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que más de 500 exportadores venezolanos asistirán a la Feria Mundial del Comercio en Shangai, China, a realizarse del 5 al 10 de noviembre, en la que el gigante asiático ofertará oportunidades de negocios por más 20 mil millones de dólares en compras de bienes y servicios.

Durante una rueda de prensa, este martes, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado anunció que la próxima semana sostendrán una reunión con todos los empresarios para afinar detalles sobre la participación de Venezuela en el evento.

Indicó que la ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Yomana Koteich, se encuentra en China trabajando los detalles de la logística para el establecimiento del stand que tendrá la nación en la feria.

“Es la feria de comercial más grande del mundo. China tiene 1.400 millones de habitantes, además tiene el mercado interno más grande y poderoso del mundo. Venezuela ya está articulada a ese mercado. Llevaremos a ese evento toda la oferta exportable de nuestro país”, resaltó. (Banca y Negocios)

Títulos de Ahorro Oro Soberano podrán adquirirse de manera digital

La comercialización de certificados del Plan de Ahorro Oro podrá ser adquirida desde este lunes de manera digital a través del portal web https//oro.extra.bcv.org.ve, en el que se encontrará disponible el sistema de custodia del mencionado instrumento.

Según la Convocatoria N° 3 “Título de Ahorro Oro Soberano”, publicada en el portal web del Banco Central de Venezuela (BCV), la adquisición de los certificados, en sus dos presentaciones de 1,5 y 2,5 gramos, podrá realizarse de manera electrónica desde este lunes 17 de septiembre en el horario comprendido de 09:00am a 04:00 pm.

El registro consiste en ingresar a la página antes mencionada y proceder al registro de sus datos personales, realizar la solicitud de compra del título de ahorro de su preferencia y luego efectuar la instrucción de pago.

Al finalizar el procedimiento podrán ser recibidos los certificados emitidos en las 48 horas siguientes a la inscripción. (Banca y Negocios)

Maduro: Venezuela exportará 1 millón de barriles de petróleo a China

Venezuela elevará su producción petrolera para exportar un millón de barriles diarios “solo a China”, anunció el presidente de la República, Ncolás Maduro en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.

“Hoy vendrá el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China​ (CNPC), Wang Dongjin  para concretar el plan que elevará la producción petrolera exportando a esta hermana nación, a 1 millón de barriles”, dijo el mandatario nacional.

“Firmamos acuerdos en petróleo, para el financiamiento del crecimiento de la producción petrolera con esta nueva meta, lo que quiere decir, que habrá financiamiento para el crecimiento de la producción petrolera que tanto necesita Venezuela”,  expresó el Mandatario. (Descifrado)

Cendas: Canasta básica familiar de agosto superó los 20.817 bolívares soberanos

El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Óscar Meza, informó este martes que el precio de la canasta básica familiar de agosto 2018 se ubicó en Bs.S. 20.817 (Bs.F 2.081.712.965) lo que representa un incremento de Bs.S. 9.244 (Bs.F 924.460.114), con respecto a julio.

“Si ese salario nuevo hubiese existido en el mes de agosto, se iban a requerir 6.5 salarios mínimos nuevos para cubrir el precio de la canasta alimentaria y 12 salarios de Bs.S 1.800 para cubrir el costo de la canasta básica”, dijo durante una entrevista realizada por Unión Radio.

Asimismo, precisó que que “este gobierno liquidó las prestaciones sociales, porque no valen absolutamente nada”. (Descifrado)

@ajmonagas

EN MEDIO DE LA DESTRUCCIÓN ORGANIZADA DEL PAÍS, proceso ésta emplazado por el alto gobierno mediante arbitrariedad consensuada y otras atenciones de disfrazada alcahuetería, la ciudadanía pasó a un segundo plano. O mejor dicho, al último lugar en la escala de socialización referida por la teoría social y la pedagogía actual. En Venezuela, según la actitud demostrada individual y colectivamente, ya no queda espacio para situar la ciudadanía a instancia de lo que su importancia demanda y requiere. Contrario a todo dictamen cultural, la ciudadanía dejó de comprenderse como proceso social que compromete el hecho político. Incluso, más allá de las circunstancias que suscriben las realidades sobre las cuales se traza el devenir de una comunidad que busca registrar sus decisiones y hechos en los anales de la historia contemporánea.

Las realidades hablan por sí solas. La descomposición social, en complicidad con el desarreglo de la política y el desorden de la economía, pervirtieron las prioridades del desarrollo nacional. El obsceno y oneroso costo de la vida, se tradujo en deterioro de la calidad de vida. Este problema incitó una fuerza tan descomunal de hechos, que rayaron en graves consecuencias de toda índole. La calidad de vida, como concepto referido al bienestar en todas las expresiones del desarrollo humano, comenzó a verse arrinconado por la incidencia de circunstancias dominadas por intereses propios de una denigrante politiquería.

De nada valieron discursos y compromisos afirmados a través de declaraciones públicas o manifiestos escritos a nombre de convencionalismos tan manidos como “patria”, “soberanía”, “socialismo”, “revolución”, “democracia” o “ protagonismo del pueblo”. La brecha que se abrió entre la palabra pronunciada o escrita y las realidades o praxis, ha sido descomunal. Además, la magnitud del desastre que se dio en el cauce de tan enorme y aterradora fisura, no ha sido de fácil cotejo con anteriores coyunturas que igualmente pusieron en riesgo expectativas de vida del venezolano. Al menos, nunca, en la medida como se ha visto por estos tiempos de tan contradictorio siglo XXI.

El alto gobierno ha demostrado que poco sabe de ciudadanía. Quizás, porque como condición, no está comprendida entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que invoca la Constitución Nacional sancionada en 1999. Escasamente, para la Carta Magna, la ciudadanía quedó precariamente establecida en su artículo 39 cuando explica que “quienes no estén sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil (…), ejercen la ciudadanía. En consecuencia, son titulares de derecho y deberes políticos”. O sea, la ciudadanía queda reducida a un estado de derecho sin que para ello tenga alguna importancia las implicaciones sociales, culturales, emocionales, psicológicas y políticas que comprometen la construcción y el ejercicio de la ciudadanía.

Otras leyes que pudieran complementar la ciudadanía como práctica de afabilidad, concordia, solidaridad y respeto, tales como la Ley de educación o la LOPNNA, no dicen más que escuetas definiciones que si bien pudieran exaltar y exhortar debidas conductas de socialización, no tienen el empuje conceptual ni operativo para llevar adelante lo que implica la noción de ciudadanía y sus derivaciones.

La ciudadanía pareciera haber quedado para regular y evaluar consideraciones de razón teorética. Ni siquiera los aislados esfuerzos de construir ciudadanía desarrollados por reconocidas organizaciones privadas, han sido suficiente para construir ciudadanía en un país que fácilmente desvió el curso que forjaron precursores y libertadores. Igualmente, connotados hombres y mujeres al servicio de valores y principios a partir de los cuales vale comprometer la idealización de un “país posible” y su alcance integral.

Por consiguiente, construir ciudadanía, en tanto que constituye un acto en el que el imaginario juega con la posibilidad construir el andamiaje necesario sobre el cual han de erigirse factores, razones, recursos, hechos y propósitos, se convirtió en un objetivo de dificultoso establecimiento. Y es que ese proceso, descansa en la capacidad de interactuar que cada venezolano debería y podría desarrollar a fin de asentir lazos de afecto, adhesión y respeto entre personas. Indistintamente de que entre estos venezolanos exista o no consideraciones hacia el otro, tanto como una relación de amistad o compañerismo. Asimismo, que se establezca el respeto para con la normativa sobre la cual se cimienta el Estado.

Sólo así, será posible lograr que estas personas se sientan como sujetos que participan en un proceso de reconstrucción de realidades. Pero, en igualdad de derechos y deberes como miembros de la sociedad dentro de la cual conviven, coexisten y cohabitan. Todo ello, en un contexto determinado por espacios públicos que, en su conjunto, definen el perfil de una comunidad afianzada en la concordia y acuerdos que incita el concepto y praxis de ciudadanía. De lo contrario, poco nada tendría sentido al momento de confirmar lo que compromete el valor e importancia de disfrutar las realidades que se hacen día a día desde el ámbito de una ciudad, de un país. Pues entonces, quedaría preguntarse: ¿para qué ciudadanía?

El pasado 11 de septiembre, Conatel envió una notificación al periodista Roberto Deniz en la que prohibía a este y otros tres comunicadores del portal Armando.Info difundir información sobre Alex Naín Saab Morán, a quien se vincula en varias investigaciones del medio con irregularidades en la importación de alimentos en el país. Runrun.es reproduce para nuestros lectores la siguiente entrega que forma parte de esa investigación, respaldada en nuestra convicción de defender el derecho de los ciudadanos a estar informados y como apoyo al trabajo de los medios independientes amparado en los artículos 57 y 59 de la Constitución de Venezuela que prohíben la censura previa.

En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio.

Hace tan solo cinco meses, el 6 de abril de 2018, una carta de Group Grand Limited llegó al despacho del entonces presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el Mayor General (Aviación) Giuseppe Yoffreda Yorio. En la misiva, la empresa pedía al ente estatal responsable de las importaciones públicas la “cesión de derechos financieros correspondientes al contrato número CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje Yatirim A.S, constituida en Estambul, Turquía.

Como ha revelado Armando.Info en varios reportajes, Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, es una de las fachadas jurídicas detrás de las que se parapetean los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y con la cual el binomio de socios se ha hecho casi omnipresente en un negocio: proveer al principal programa social del Gobierno de Nicolás Maduro, el de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Como se verá, Mulberry Proje Yatirim A.S. es otra pieza de la misma trama.

Concebidos inicialmente por el Gobierno para funcionar como grupos de producción en la base que, a la manera de las células partidistas, asegurarían la oferta de alimentos, los Clap han quedado restringidos en la práctica a la intermitente y clientelar distribución de cajas y bolsas con productos de la canasta básica importados desde varios países. Así se han convertido en una fuente de negociados para un puñado de empresarios. Para los sectores populares, en cambio, son una de las pocas alternativas para paliar la crónica escasez de alimentos que atraviesa Venezuela.

La carta de Group Grand Limited a Corpovex venía firmada por Andreína Fuentes Mazzei, en su rol de representante legal. Pero sucede que Fuentes Mazzei también ha servido durante años como ejecutiva de Fondo Global de Construcción en Caracas, que hace parte de un conglomerado homónimo con sedes en Colombia, España, Ecuador y la isla mediterránea de Malta.  Fue con el sombrero de Fondo Global de Construcción que el dueto de Alex Saab y Alvaro Pulido inició su trayectoria, todavía ascendente hoy, como contratistas del chavismo al lograr en noviembre de 2011 el acuerdo para levantar un proyecto de vivienda social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.

La conexión de Fuentes Mazzei con Group Grand Limited no es el único indicio de que la cesión de la deuda desde esa compañía a la turca Mulberry Proje Yatirim fue una operación endogámica, prácticamente incestuosa, entre empresas emparentadas. O lo que es lo mismo: de Saab-Pulido a Saab-Pulido.

A Mulberry Proje Yatirim la representa Betsy Desirée Mata Pereda, quien figura como gerente de Salva Foods 2015, compañía venezolana que maneja las Tiendas CLAP que el presidente Maduro promueve desde inicios de 2017. Salva Foods 2015 pertenece a Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario también colombiano, nacido en Cúcuta, provincia de Norte de Santander, y con vínculos de negocio con Alex Saab y Álvaro Pulido establecidos a través de la propia Group Grand Limited.

De modo que todo quedaba entre allegados.

Yo conmigo

Cuando se planteó la “cesión de derechos financieros” en favor de la empresa turca Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited tenía dos contratos con el Gobierno y era, quizás, la principal intermediaria para las importaciones de los Clap. El referido en la carta a Corpovex, por ejemplo, suponía la venta de 11,5 millones de cajas Clap para la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.

Mucho antes, a fines de 2016, Group Grand Limited fue favorecida con el que sería su primer contrato como importador de alimentos: la compra de diez millones de combos por 340 millones de dólares convenida con la Gobernación del estado de Táchira (Andes del suroeste de Venezuela), entonces a cargo del Capitán del Ejército José Gregorio Vielma Mora, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Había nacido un negocio millonario que siempre corresponde a los mismos beneficiarios y no para de crecer. A fin de cuentas, Group Grand Limited también fue escogida por el Ministerio de Salud para importar medicamentos, esta vez desde India.

En los dos convenios con el Gobierno venezolano para el suministro de las cajas Clap la apoderada de Group Grand Limited ante las autoridades fue Andreína Fuentes Mazzei, la misma de la carta a Corpovex. El hijo de Alex Saab, Shadi Nain Saab Certain, por su parte, apareció como director de la sociedad hasta el 24 de febrero de 2017. En los documentos de registro, además, la dirección de contacto de la empresa es la misma de Fondo Global de Construcción en Caracas. A Shadi Saab lo sucedió en el cargo Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano, ex cónsul de su país en Nueva York, y cuyo nombre se repetirá más adelante en este entramado empresarial con una compañía de los Emiratos Árabes Unidos. En la filial mexicana de Group Grand Limited, abierta y liquidada en 2017, fue el hijo de Álvaro Pulido Vargas quien figuró como apoderado de la empresa por un breve período.

Conexión en Estambul

Aunque la empresa fue registrada el 7 de mayo de 2015, a la junta directiva de la turca Mulberry Proje Yatirim A.S. se incorporó Betsy Mata solo hace unos meses. El número telefónico de contacto que aparece en los papeles del registro en Estambul es de Caracas. Los documentos revelan, además, la conexión de esta firma con una sociedad británica denominada Mulberry Capital Partners Limited.

Que el aparente epicentro del negocio de los Clap se mude a Turquía no parece casual. De hecho, puede lucir natural, y no porque el apellido de Saab permita remontarse hasta sus antepasados en el Medio Oriente. Desde hace meses, unidades de inteligencia financiera de al menos cuatro países americanos investigan los flujos de dinero detrás del negocio de los CLAP, luego de que en agosto del año pasado la Fiscal General de la República, recién destituida por Maduro y en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunciara que Group Grand Limited era manejada por Alex Saab y Álvaro Pulido a nombre del propio presidente venezolano. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los Clap, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre: Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”, declaró Ortega Díaz. El mensaje retumbó y autoridades de varios países se activaron.

Pero también está el pragmatismo político de Nicolás Maduro, que en cuestión de meses ha estrechado la relación con su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, en busca de un aliado para esquivar las sanciones financieras impuestas a ambos países por la administración de Donald Trump desde mediados del año pasado.

“Hemos traído un documento completo de todas las oportunidades de inversión. Es el primer escenario donde Venezuela sale con una propuesta de inversión detallada”, proclamó Maduro en julio desde Estambul ante empresarios turcos. En octubre de 2017 ambos mandatarios instalaron en Ankara la “segunda comisión mixta intergubernamental” y desde entonces los viajes a Turquía de funcionarios venezolanos se repiten. En noviembre del año pasado fue el turno del Ministro de Finanzas, Simón Zerpa, mientras que en enero de este año la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como el ex Ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, estuvieron en la nación euroasiática.

Los resultados no demoraron. El 31 de agosto dos decretos presidenciales oficializaron el vínculo entre las estatales Minerven y Carbozulia con sociedades turcas para la creación de sendas “empresas mixtas”. Previamente, en julio, el Gobierno venezolano confirmó a la agencia Reuters que refina en Turquía el oro extraído del denominado Arco Minero, al sur del país. Ese mismo mes el Ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, informó en Twitter que se reunió en Caracas con directivos de Yayla, a la que definió como la “gigante agroalimentaria turca” y con la cual acordaron la “cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola”. Las propias cajas Clap son espejo del acercamiento y desde hace meses algunos de los once productos son marcas turcas que terminan en los hogares venezolanos luego de que el Gobierno comercializa esos combos a precios subsidiados.

Betsy Mata no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje. Sin embargo, bases de datos especializadas en comercio internacional, como Panjiva, arrojan pistas sobre el rol de Mulberry Proje Yatirim en el negocio de los Clap. De acuerdo a ese registro, la empresa turca hace las veces de intermediaria del Gobierno venezolano en la importación de los alimentos, tal y como desde 2016 lo hizo Group Grand Limited. La data confirma que Mulberry Proje Yatirim le compra mercancía a Rice & Beans o a El Sardinero, ambos proveedores mexicanos ya conocidos y a los que también Group Grand Limited acudía regularmente para adquirirle embarques que, como antes, siguen saliendo del puerto de Veracruz.

Autoridades mexicanas detectaron que entre 2016 y 2017 sólo la empresa El Sardinero emitió “facturas fiscales” a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dólares. “Desde abril de 2016 hasta agosto de 2017, Group Grand Limited envió transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco diferentes compañías en México”, precisa un documento. En ese informe destaca Asasi Food FZC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, otra intermediaria de los Clap que ha ido despuntando casi al mismo tiempo en que Group Grand Limited fue desapareciendo del negocio y su filial mexicana -la que originó la denuncia de la fiscal Ortega Díaz en 2017- inició el proceso de liquidación.

‘Arabia Felix’ para algunos

Asasi Food FZC también se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido. Fuentes aseguran que, así como Group Grand Limited cedió derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, también lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque para esta entrega no se pudo confirmar de manera fehaciente esa versión, sí se halló un punto de conexión primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos.  

El vínculo está en el expediente mercantil de Salva Foods 2015, la empresa venezolana responsable de las Tiendas CLAP. En esos papeles consta un intento fallido de venta de Salva Foods 2015 a Asasi Food FZC. “Anulación de venta a Asasi Food FZC”, se lee en una hoja manuscrita del libro de accionistas y casi perdida entre el resto de folios. En ese acto, Asasi Food FZC estuvo representada por Jorge Wuerms, un ciudadano panameño, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucedió al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. “Asasi Food FZC es una compañía que busca satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial”, explica la empresa en su website.

Aunque la venta se frustró, la participación de Asasi Food FZC en el negocio de los Clap quedó asentada en Panjiva, además de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC compró a industriales mexicanas alimentos que luego vendió al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta última se ha convertido este año en la principal proveedora de la leche en polvo que llega a Venezuela en las cajas Clap, pese a ser una total desconocida en la industria láctea mexicana y a la mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.Info.

Fuentes conocedoras del negocio señalan que los movimientos de dinero de Asasi Food FZC se harían a través del banco Noor Capital PSC, también de los Emiratos Árabes Unidos.

El expediente de Salva Foods 2015 muestra otro intento fallido de traspaso. El propietario, Carlos Lizcano, también intentó vender la compañía responsable de las Tiendas CLAP a L&L Inversiones SAS, una firma colombiana que también pertenece a Lizcano y que, de acuerdo a importgenius.com, fue proveedora de Abastos Bicentenario en 2015, la misma red de pisos de venta que a la postre sería suplantada por esas Tiendas CLAP. Además, a finales del año pasado L&L Inversiones SAS despachó mercancía a la propia Salva Foods 2015.

En mayo pasado Carlos Lizcano, quien ha evadido las solicitudes de entrevista, terminó por transferir la mayoría accionaria de Salva Foods 2015 a otra empresa también representada por él, pero constituida en Abu Dhabi, uno de los siete emiratos árabes sobre las costas del Golfo Pérsico, a miles de kilómetros de Venezuela. Justo antes de la venta de acciones el capital de Salva Foods 2015 ascendió de 2.000 millones de bolívares (dos millones de bolívares Soberanos de la actualidad, o algo más de 30.000 dólares al cambio oficial) hasta 50.000 millones de bolívares (50 millones de bolívares Soberanos, casi 850.000 dólares a la tasa oficial) que finalmente quedaron repartidos entre Mezedes Holding Ltd, con 65,97%, y Carlos Lizcano, con 34,02%.

El registro de empresas de Abu Dhabi confirma que Mezedes Holding Ltd fue creada el 10 de abril de 2018, apenas cuatro días después de aquella carta en la que Group Grand Limited cedió sus derechos financieros a la empresa de Turquía. Es la prueba, al menos, de que el plan para alimentar a los más pobres en Venezuela, oficializado por Maduro en marzo de 2016, termina beneficiando a una compañía nominalmente constituida en uno de los lugares más ricos del planeta. 

EL ABOGADO HERMANN ESCARRÁ, diputado a la asamblea nacional constituyente (ANC), aseguró este viernes en entrevista con Efe que la nueva Carta Magna que está siendo redactada en la ANC será más severa para castigar a quienes incurran en el delito de traición a la patria.

“Se va a procurar ser más severo en esta materia, sobre todo cuando se pide intervención militar y se llegue a acuerdos con sectores militares extranjeros, antagonistas a Venezuela”, dijo el jurista, que preside la Comisión Constitucional, una de las 21 instancias en que se divide la ANC.

Este foro, integrado únicamente por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos, planea someter a referendo popular la nueva propuesta de Constitución que, según estimaciones de Escarrá, podría estar lista el año próximo.

El abogado explicó que actualmente la legislación venezolana contempla tres normas para abordar el delito de traición a la patria pero el chavismo gobernante quiere ser más estricto en esta materia.

Varios dirigentes opositores fueron acusados en los últimos años desde el gobierno, y a veces también desde la Fiscalía, de cometer este delito, algo que el antichavismo y buena parte de la comunidad internacional considera como un arma de persecución política.

Sin embargo, la pena máxima se mantendrá en 30 años pues, remarcó el abogado, este aspecto no se puede modificar debido a los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela.

Escarrá indicó también que en la ANC hay consenso para crear un Tribunal de Garantías Constitucionales que estará separado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que vendrá a suplir a la actual Sala Constitucional, que será eliminada.

Este nuevo tribunal ejercería control sobre el TSJ y sobre todo el sistema judicial de Venezuela en el área constitucional, dijo.

En este sentido, subrayó que hay diferencias entre los constituyentes en la forma de escoger a los miembros de esta nueva corte pues se ha planteado que no solo sean escogidos por mérito sino que sean escogidos por el “pueblo”.

Este punto particular, no tiene consenso, se debatirá una vez arranque la discusión de cada artículo de la nueva Constitución en el pleno de la ANC, que podría ser a finales de año o comienzos de 2019.

Adelantó que hasta ahora se habla de que esta nueva corte esté conformada por siete jueces que ejercerán un único período de 12 años.

Pedro Manuel Guédez Rodríguez, de 25 años de edad, fue ingresado a las 4 de la tarde del lunes 10 de septiembre a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara. La piel del joven estaba un poco amarilla, se veía bastante delgado y su cadáver fue sacado del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como cárcel de Uribana.

Pedro Manuel era uno de los más de 25 internos que han sido diagnosticados con tuberculosis dentro del penal, pero a diferencia de los otros, él no le suministraban medicamento alguno. Relataron sus compañeros y los propios funcionarios a los familiares que el joven el domingo 9 de septiembre comenzó a gritar en horas de la noche, desde la pequeña celda en la que se encontraba aislado junto a otro recluso enfermo, perdía ayuda, clamaba porque lo sacaran, se sentían muy mal, la fiebre estaba alta y no quería morir.

“Lo dejaron morir no me lo sacaron”, exclama Erika Jiménez, hermana del joven fallecido, quien relató al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que lo pudo ver el viernes 7 de septiembre cuando la llamaron desde el penal indicando que sería trasladado hasta el Hospital Central, fue ingresado con mucha fiebre, pero no quisieron dejarlo hospitalizado, tan solo lo inyectaron e indicaron que por su condición debería estar recluido en el Dispensario Antituberculoso del Hospital Luis Gómez López de Barquisimeto, pero por falta de una boleta de traslado no podía ser ingresado por lo que fue devuelto al penal.  La señora Erika comentó a OVP que ese día tuvo la posibilidad de hablar con Pedro Manuel lo vio muy mal, tenía dificultad para respirar, le pidió perdón por todo lo que había hecho y le dijo que se había entregado a Dios. Funcionarios de la Guardia Nacional fueron quienes le confesaron a la mujer que cuando su hermano pidió auxilio para ser sacado, los custodios lo ignoraron, pasó toda la noche del domingo clamando por una ayuda que nunca llegó. Fue a horas de mediodía de ese lunes 10 de agosto que falleció.

Pedro Manuel hace dos meses comenzó a sentirse mal y se lo expresó a sus familiares, con el pasar de las semanas lo notaron decaído, tenía fiebres altas, el tono de su piel cambió y presentó vómito con sangre, desde el penal le realizaron dos exámenes el de hepatitis y tuberculosis, el primero dio positivo hace quince días y el segundo hace menos de dos semanas, fue sacado por funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios de la celda del modulo 2, donde se encontraba con quince internos más y trasladado a un cuartico que llaman “hospitalito”, según describe su familiar no es más que otra celda pequeña, en donde está sin atención alguna “es algo inhumano”, dice su hermana. Explica la mujer a OVP que su hermano también le contó que en otra área mantienen a más de 25 internos que han sido diagnosticados con tuberculosis pero ellos están recibiendo tratamiento. Por más que los familiares del interno acudieron al penal en distintas oportunidades para solicitar un récipe y ellos comprar el tratamiento, esta posibilidad fue negada, la respuesta era que el Estado debía suministrar el tratamiento y no había llegado, mientras tanto no le quedaba de otra que llevarle tan solo acido fólico y ampollas de vitamina de Complejo B, en las que gastaban 17 millones de bolívares, ahora 170 bolívares soberanos por cada una y de dos o tres que ingresaban, tan solo una le llegaba.

Para los seres queridos del privado de libertad hoy fallecido no hubo la debida atención por parte del personal del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, saben que es una enfermedad que se puede curar y su muerte se pudo evitar, ellos no tienen precisión desde cuando Pedro Manuel pudo haber estado enfermo, pero si presumen que así como se contagió él dentro de una celda, sus compañeros también pudieran estarlo.

El Estado se lava las manos   

Una vez que el privado de libertad fue ingresado a la morgue desde el Centro Penitenciario se lavaron las manos, el sepelio y gastos funerarios quedaron por cuenta de la familia quienes son de un caserío del municipio Andrés Eloy Blanco y de escasos recursos.

Mil millones 600 de bolívares cobraron por el servicio funerario, lo que ahora son 16 mil bolívares soberanos, caminando de un lado a otro  los familiares llamaban a otros familiares, amigos y vecinos quienes iban a cooperar con el dinero, quienes lo darían en calidad de préstamo y de ese modo poder trasladar el cuerpo de Pedro Manuel desde Barquisimeto a su poblado y darle una cristiana sepultura.

Sin comida en Uribana

La señora Erika relató a OVP que el joven fallecido era el menor de cinco hermanos, estaba recluido por el delito de robo, fue apresado hace tres años por la Policía Municipal de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco en dicho centro de detención preventiva estuvo un año, su familia se encargaba de llevarle la comida todos los días. Hace dos años fue trasladado a la cárcel de Uribana y según sus familiares desde su llegada rebajó más de 20 kilos.

“Le dan tres comidas al día, pero son un pedazo de auyama de desayuno, arepa pura de almuerzo y en ocasiones se lo repiten de cena, en ocasiones es arroz solo, no les suministran jugo. Los menú no los varias y la alimentación que llevan dentro del penal es muy mala” comenta la hermana del interno quien además indicó que cuando lo visitaban le llevaban panes, catalinas, plátanos y alimentos que pudieran guardar por días. Los maltratos, castigos dentro del penal también  estaban a la orden del día.

La señora Erika al conversar con OVP manifiesta que los reos sufren dentro del penal y ellos como familiares lo hacen por igual,  sumado a la angustia que llevan consigo por su ser querido tienen que resolver los alimentos y el dinero para los pasajes para acudir a las visitas. Pedro Manuel tenía visita cada quince días, pero por  la situación del país no podían verlo las dos veces, solo iban una vez al mes, porque debían trabajar en ubicar el efectivo al menos dos millones de bolívares para trasladarse desde el caserío donde viven hasta la población de Sanare, recorren dos horas y desde esa localidad hasta Barquisimeto transitar dos horas más con un gasto de 3 millones de bolívares por transferencia, es decir solo es esos pasajes gastaban ida y vuelta 80 bolívares soberanos, sin contar el transporte hasta el penal.

El joven quien estaba procesado además estaba sufriendo del retardo procesal, llevaba tres años y cuatro meses preso y fue este año que se inició su juicio, el cual se estaba realizando. Al menos ocho audiencias se habían llevado a cabo y fue en medio de estas visitas a tribunales que los familiares de Pedro Manuel pudieron verlo con frecuencias y notaron que su condición física desmejoraba. Ellos hoy lloran a su ser querido, pero esperan que el Estado provea de tratamiento a los más de 25 enfermos que presentan la misma patología de su ser querido, para que no mueran de la misma forma.   

Es de resaltar que la cárcel de Uribana desde el 2 de febrero del 2007 se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte IDH las cuales se encuentran vigente. Desde OVP se informará sobre este hecho que deja en evidencia como el Estado no cumple con las medidas emitidas por la Corte y así mismo se informará sobre el resto de los privados de libertad que también están afectados de salud y se encuentran recluidos en este centro penitenciario del estado Lara.