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Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Control Ciudadano denuncia secretismo en siniestros de aeronaves militares en Venezuela
La organización dijo que el Estado invierte en aeronaves y luego no da explicaciones sobre las causas de los accidentes

 

La ONG Control Ciudadano denunció este miércoles que en 2022 se registraron cuatro siniestros de aeronaves militares, en los que fallecieron ocho funcionarios castrenses, hechos sobre los que el Estado, criticó la organización, no ha informado con claridad.

«Permanentemente solicitamos el derecho al acceso a la información sobre (…) asuntos que tienen que ver con elementos patrimoniales, como lo es la vida de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», dijo a EFE la directora de la ONG, Rocío San Miguel.

Recordó que el Estado «invierte una gran cantidad de recursos» en aeronaves siniestradas que luego «caen en pérdida total», sin que haya explicaciones sobre las causas de estos accidentes.

San Miguel remarcó la necesidad de investigar si los pilotos de la FANB están cumpliendo con las horas de entrenamiento adecuadas para evitar la «alta incidencia y siniestralidad que ya en general (se registran) con todos los sistemas de aeronaves».

Control Ciudadano indicó, en una nota de prensa, que hace un año se precipitó a tierra un helicóptero del Ejército, en el estado Lara (oeste), lo que dejó un saldo de dos tripulantes muertos y dos heridos.

«A un año del suceso, los venezolanos aún desconocemos las causas del accidente. El Ministerio de la Defensa nunca emitió información al respecto», subrayó el escrito.

La ONG agregó que, desde 2008, ha documentado siete accidentes con el mismo sistema de helicópteros, los cuales fueron adquiridos por Venezuela a Rusia, con «un saldo de 47 fallecidos y siete heridos», información que no ha confirmado ninguna autoridad militar o de Gobierno. 

De acuerdo con OVV Bolívar urge plan de prevención de explotación sexual y laboral a mujeres
A finales de enero, cinco personas fueron detenidas por el delito de trata de personas

 

Pese a que la Troncal 10 -principal vía que conecta al estado Bolívar con el oriente del país, y con Brasil- tiene no menos de 11 alcabalas de control de acceso custodiadas por cuerpos de seguridad policiales y militares, continúa siendo un corredor para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Así lo evidencia el último reporte de la División de Investigación Penal (DIP Bolívar): A finales de enero, cinco personas -cuatro hombres, y una mujer- fueron aprehendidos en la parroquia Unare del municipio Caroní, por el delito de trata de personas.

DIP Bolívar incautó un autobús en el que, presuntamente, los imputados trasladaban a las víctimas de trata hasta la frontera con Guyana (entre los municipios Sifontes y El Callao, al sur de Bolívar) con fines de explotación sexual.

La Reserva Forestal Imataca abarca parte de la frontera con Guyana. Distintas oenegés han denunciado que este espacio natural no solo ha sido devastado por la minería ilegal, sino que también es un corredor para el tráfico de mercancía ilícita. Todo esto aunque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emprendió desde el año pasado un operativo para desmantelar grupos armados y eliminar la minería ilegal.

Durante el segundo semestre de 2022 ocurrió un caso similar: La directora de la agencia de modelaje Sambil Model, Jenny Lorena Rosales, fue detenida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por su presunta vinculación en la captación de mujeres a través de la agencia de modelaje, con el fin de explotarlas sexualmente según reportó el Ministerio Público vía redes sociales.

El fiscal general Tarek William Saab informó entonces que Rosales captaba a las jóvenes para luego entregarlas a la banda delictiva el Negro Fabio que opera en El Callao, al sur de Bolívar.

El Ministerio de Interior y Justicia informó a la opinión pública que durante el primer semestre de 2022 las autoridades desmantelaron 11 bandas dedicadas a la trata de personas en Venezuela, pero no precisó cuáles son las entidades del país donde se reporta mayor incidencia de este delito.

Demanda de la minería ilegal

Entender las razones de fondo por las que las mujeres, adolescentes y niñas terminan siendo explotadas laboral y sexualmente en las minas del sur de Bolívar, sin contar con la protección del Estado, pasa por reconocer que la extracción ilegal de oro implica una forma de vida y dinámica que demandan servicios como sexo, venta de mercancía ilícita, y labores domésticas que se ejercen bajo condiciones de explotación y que afectan de forma diferenciada a las mujeres.

De ahí la urgencia de que se realicen investigaciones que contribuyan a determinar el impacto de la explotación minera en la vida y los cuerpos de las mujeres que en territorios mineros son objeto de control, comercialización y violencia.

Estas investigaciones -que debería emprender el Estado- deben resultar en políticas públicas que prevengan la violencia de género en el sur de Bolívar, toda vez que garantice la seguridad social, y el acceso a salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes.

El informe Formas Contemporáneas de Esclavitud Moderna, desarrollado durante 2021 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) determinó que solo en El Callao más de 3.500 mujeres y niñas son explotadas sexualmente.

La investigación reveló que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual en el sur del estado Bolívar son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes. Aunque por lo general mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados.

Las víctimas de trata suelen ser personas en edad reproductiva, de bajos recursos, que ven atractivas las ofertas laborales engañosas. Este último es el principal método de captación puesto que, tras la debacle de las industrias básicas de Guayana, la minería ilegal es vista como un salvavidas económico tanto para el Estado, como para los habitantes de la región.

Acceso a la Justicia: Hay un cerco normativo al espacio cívico en Venezuela
Las autoridades han emprendido una lucha contra uno de los pocos espacios que aún no dominan: la sociedad civil organizada

 

Las ansias de control del partido de gobierno en Venezuela no tienen límites. Tras hacerse con el control de las instituciones del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y acallar a la inmensa mayoría de los medios de comunicación independientes, las autoridades han emprendido una lucha contra uno de los pocos espacios que aún no dominan: la sociedad civil organizada. Así, en los últimos años han levantado un muro normativo para asfixiar a las organizaciones civiles.

La denuncia figura en el informe de Acceso a la Justicia Cerco normativo a la libertad de asociación en Venezuela, en el cual se afirma que los instrumentos aprobados o reformados en las últimas dos décadas han establecido obligaciones «incompatibles con los estándares internacionales» en materia de derechos humanos.

En el reporte se pasa revista al contenido de nueve leyes (del Poder Popular; Consejos Comunales; Comunas; Sistema Económico Comunal y Contraloría Social; Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional; Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo; Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación; y la reforma del Impuesto sobre La Renta) y a cuatro normas de rango sublegal (las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a las Instituciones del Sector Bancario; la Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020; las Normas Especiales para el Reconocimiento y Funcionamiento de las Organizaciones Asociativas No Gubernamentales No Domiciliadas en Venezuela; y la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo).

«La legislación nacional contiene prohibiciones de financiación para organizaciones de defensa de los derechos civiles y políticos (…) incompatibles con los estándares internacionales», porque «establece obligaciones tributarias, de registro e información que recargan innecesariamente a las organizaciones y dificultan sus actividades».

Varios de los instrumentos obligan a las agrupaciones a inscribirse en nuevos registros ante distintos organismos públicos, a tener que aportar información a las autoridades sobre sus actividades y las somete a posibles inspecciones o auditorías. Asimismo, se advierte que cualquier incumplimiento abre las puertas a multas e incluso a la posibilidad de no recibir las autorizaciones para poder continuar operando, pero no definen procedimientos que garanticen el debido proceso.

Igualmente, varias de las normas prohíben o proscriben el financiamiento internacional, fundamental para que las organizaciones de derechos humanos y humanitarias o caritativas puedan realizar su trabajo. Todo esto a pesar de que los estándares de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales lo reconocen como un derecho legítimo.

De aquellos polvos vienen estos polvos

En el informe se advierte que la Constitución de 1999 establece algunas limitaciones al derecho a la asociación contrarios a lo señalado por los tratados internacionales suscritos por la República.

Así, aunque en el artículo 52, la carta magna reconoce que «toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley», más adelante, en el 256 prohíbe a los jueces asociarse entre sí, en flagrante violación del estándar internacional en la materia, establecido tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, en el reporte se deja en claro que, en comparación con la Constitución de 1961, la actual es regresiva al eliminar este artículo y no contener esta protección específica: «El Estado protegerá las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social».

Lo más grave es que el numeral 6 del 293 le otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de organizar las elecciones de partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y otras organizaciones civiles, lo que ha dado al Estado la posibilidad de intervenir a muchas de estas instituciones, atentando así contra su autonomía e independencia. Esto ya lo había denunciado Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000-2020).

El primer gran zarpazo

En el informe también se denuncia que las llamadas leyes del Poder Popular, dictadas en especial a partir de 2010, representaron otro golpe al derecho a la asociación, pues crearon figuras como los consejos comunales, cuya autonomía es dudosa por la manera en que se eligen a sus voceros y porque tienen como objeto ayudar «en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social» (énfasis propio).     

Además, esas leyes cierran las puertas a que un grupo de vecinos constituya una asociación civil con todas las libertades propias que se derivan del derecho de asociación, pues las autoridades no las reconocerán como legítima representación vecinal si no se presenta ante las mismas con el andamiaje del poder popular, es decir, como consejo comunal.

Muertes por intervención policial conmocionan a la colectividad sucrense
Cicpc y Fuerza Armada Nacional Bolivariana principales acusados

 

14 muertes por intervención policial fueron registradas durante el primer semestre de 2022 en el estado Sucre, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).

Los organismos de seguridad del Estado con mayor participación en las muertes por intervención policial durante el semestre fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con cuatro casos cada uno, el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Iapes) y la Policía del Municipio Sucre, con dos casos respectivamente.

Las muertes por intervención policial son una constante en el reporte mensual de muertes violentas en la entidad y varios sucesos han captado la atención nacional.

El más reciente hecho fue la tortura denunciada por familiares de Rafael José Hernández Ramírez de 31 años, quien falleció durante un hecho registrado el pasado cinco de julio, en Cariaco, capital del municipio Ribero, cuando se encontraba preso en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo al informe forense, Hernández Ramírez presentó politraumatismos generalizados, desprendimiento de costillas, afección del tórax y expresión de corriente en los labios.

“Esa gente hace lo que le da la gana en Cariaco… Me mataron a mi muchacho cruelmente, le rompieron las costillas, le dieron golpes en la espalda por demás, le metieron corriente en la boca. Quiero justicia” declaró Alicia Hernández, madre de la víctima quien ha encabezado las denuncias públicas y manifestaciones de calle para exigir justicia.

Explicó que la familia no fue notificada formalmente por la DIP sobre el fallecimiento de su hijo y que se enteraron por un allegado que vio el cuerpo en la emergencia del Hospital Diego Carbonell de la localidad.

“Cuando lo llevaron al hospital ya mi hijo tenía dos horas muerto y cuando mi hija preguntó que le había pasado, los funcionarios dijeron que se cayó en el baño, pero eso es mentira” aseveró.

Relató que Hernández Ramírez fue detenido el pasado 27 de junio junto a su pareja por presunto maltrato contra su hija de 10 meses.

“La niña se le cayó de la cama a la mamá, pero a ella la dejaron libre un día después de la muerte de mi hijo, pese a que debía pasar 45 días de reclusión. Ella nos confirmó que en la DIP los presos pedían auxilio para que atendieran a mi hijo, porque cuando lo llevaron al calabozo estaba agonizando” añadió.

Al respecto el legislador del estado Sucre Miguel Vásquez, pidió abrir una investigación urgente del caso con un castigo ejemplarizante a los funcionarios porque según dijo, no se trató de un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado, sino un hecho que ocurrió dentro de los calabozos de la DIP, ubicada frente al liceo Raimundo Martínez de Cariaco.

Por su parte el defensor delegado del pueblo en el estado Sucre Juan Carlos Ramos, dijo que conoció el caso el mismo día de la muerte de Hernández y anunció el próximo traslado de más de 70 presos de la DIP Cariaco a Cumaná.

Ramos aprovechó la oportunidad para exhortar a la ciudadanía a denunciar los casos de tortura, trato cruel e inhumano, para evitar la extorsión o los abusos policiales, pues en su opinión, “si no hay denuncia, hay impunidad”.

Este suceso es investigado por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público por el delito de trato cruel. Allí los familiares confirmaron la detención de cuatro funcionarios de la DIP, como presuntos responsables.

“Observamos con preocupación una serie de delitos que se relacionan con este caso de tortura, trato cruel e inhumano donde además queda en evidencia el retardo procesal y la afectación a la familia porque hay una niña involucrada y al parecer, con signos de violencia. Una situación lamentable por donde quiera que la vemos” indicó Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre.

De igual forma, resaltó que la población del municipio Ribero tiene profundas cicatrices de abuso policial con el registro de hechos como la “Masacre de Cariaco”, ocurrida el 11 de noviembre de 2016, cuando nueve personas murieron tras recibir disparos en la cabeza, durante un hecho ocurrido en el sector “El Porvenir” y por cuyo caso fueron detenidos el alcalde y seis funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

Hombres jóvenes

Otro hecho ocurrido durante el primer semestre de 2022 fue el del joven Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años, ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Carúpano (municipio Bermúdez), el pasado siete de abril cuando se encontraba en un restaurante.

Tras la publicación de un video captado por las cámaras de seguridad del local, seis funcionarios fueron detenidos y pasados a la Fiscalía del Ministerio Público, por simular un robo frustrado.

La imputación de cinco uniformados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible; fue confirmada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

“A mi hijo no le dieron opción a nada. Él era un joven sano y trabajador, pero le quitaron la vida de una manera cruel”, dijo Anayris Ramírez, madre del joven.

Para la representante del OVV Sucre, llaman la atención los homicidios de hombres jóvenes, en edades productivas en medio de casos de abuso policial, tortura y trato cruel que deben sin duda, motivar a la revisión de los organismos policiales para realmente garanticen la seguridad de la población y no conviertan en una amenaza que imparte justicia por su cuenta.

Militares detienen a tres personas y decomisan 1.383 kilos de droga en Carabobo y Zulia
El Ceofanb informó, además, de la incautación de 4.000 litros de sustancias para la fabricación de drogas sintéticas y siete kilos de una droga cuya naturaleza no fue precisada

Foto: @dhernandezlarez

Efectivos militares detuvieron a tres sujetos y se incautaron de 1.383 kilos de marihuana en dos operativos, informó el 8 de mayo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.

El funcionario explicó, a través de su cuenta de Twitter, que los tres detenidos, quienes transportaban más de 19 kilos de marihuana distribuidos en 41 paquetes en el momento de su captura, son colaboradores de grupos terroristas colombianos.

«En el Punto de Atención al Ciudadano Taborda, Puerto Cabello, estado Carabobo, efectuaron la aprehensión de tres colaboradores tancol (terroristas armados narcotraficantes colombianos), quienes trasladaban oculto 41 panelas de marihuana con un peso de 19,715 kilogramos. Venezuela no será usada como plataforma para las drogas colombianas», escribió Hernández en la red social.

En otro operativo en el que no se reportaron detenidos, un comando de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) del estado Zulia incautaron 1.364 kilos de marihuana que transportaban en un autobús.

«ZODI Zulia, operación Relámpago del Catatumbo, incautación de mil trescientos sesenta y cuatro Kilogramos (1364 kg) de marihuana en un autobús Yutong, placas AG482G, de la empresa Carbozulia», apuntó.

En las últimas horas, Hernández informó, además, de la incautación de 4.000 litros de sustancias para la fabricación de drogas sintéticas y siete kilos de una droga cuya naturaleza no fue precisada.

Información de EFE

OVV Bolívar contabiliza al menos 12 víctimas de violencia física y sexual durante marzo
Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año

Durante marzo, mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) contabilizó al menos 12 casos de violencia física y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en el estado. Tres de las víctimas son menores de edad.

Cinco de los casos documentados son por violencia sexual, acoso y actos lascivos. Resalta el caso ocurrido a mitad de mes, cuando dos hombres entraron a la vivienda de un hombre para matarlo por negarse a pagar una deuda con oro. Durante el asalto, violaron a su pareja, una joven de 17 años. El hecho ocurrió en el sector Ignacio del Cocuy, en Ciudad Bolívar.

La mayoría de las detenciones, por estos delitos, fueron ejecutadas por funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Aunque en la mayoría de los partes oficiales los cuerpos de seguridad reportan que los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público, en algunos casos las víctimas denuncian retardo procesal.

“Si no se toman los correctivos, temo por mi vida. Por este motivo es que las cifras de femicidios aumentan en la región, por culpa de personas que se niegan a aplicar la ley”, declaró una sobreviviente de violencia física al diario Nueva Prensa.

La mujer reportó que su esposo la golpeó y causó lesiones en cara y cuello cuando ella intentó impedir que el hombre sacara de la casa a su hijo de dos años a media noche. Su hija de 16 años se metió en la discusión para evitar que golpearan a su madre, pero también salió herida.

La víctima hizo la denuncia en Patrulleros del Caroní, en Ciudad Guayana, y aunque fue atendida, pasaron 13 días después de lo ocurrido y la funcionaria que recibió el caso no ha remitido el expediente al Ministerio Público.

Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año. Dos de estos casos constituyen femicidio.

El municipio Caroní fue la entidad donde se reportó mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer (19), seguido por Angostura del Orinoco (9), Sifontes (7), El Callao (3) y Gran Sabana (1) y Piar (1).

A finales de febrero, trascendieron dos denuncias que conmocionaron a la opinión pública de Ciudad Guayana, Caroní: Un instructor de ciclismo de la escuela de ciclismo MTB Kids fue acusado de perpetrar actos lascivos contra dos adolescentes de 14 años. De acuerdo con lo denunciado por familiares, les enviaba mensajes con insinuaciones sexuales vía WhatsApp.

Los padres de las jóvenes denunciaron los hechos, y toda la comunidad de ciclistas de la ciudad salió a protestar para exigir justicia, pues, aunque el agresor fue detenido, fue liberado a los pocos días con régimen de presentación cada 30 días.

 Las denuncias constantes, giran en torno a la ausencia de mecanismos confiables para obtener justicia. Es por eso que víctimas y sobrevivientes terminan acudiendo a medios de comunicación y redes sociales para labrar, por cuenta propia, su camino a la justicia que, en ocasiones, no culminan con el encarcelamiento de los agresores.

El OVV Bolívar, insta una vez más al Estado venezolano a implementar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia basada en género, así como brindar asistencia, acompañamiento y protección oportuna a víctimas y sobrevivientes de violencia.

Control Ciudadano: Al menos 27 muertos a manos de policías y militares en lo que va de 2022
La ONG informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «lidera las ejecuciones potencialmente ilícitas»
En el informe del mes de diciembre, Control Ciudadano reportó la muerte de 51 ciudadanos en manos de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

 

Al menos 27 personas han perdido la vida en Venezuela en lo que va de 2022 en actuaciones de agentes de los distintos cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Así lo informó este 11 de enero la organización no gubernamental Control Ciudadano.

«En lo que va de mes y hasta hoy, 11 de enero, van, al menos, 27 ‘abatidos’ en manos de cuerpos de seguridad del Estado y GNB, según registro de Control Ciudadano», publicó en Twitter la organización, dedicada a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas.

Según sus datos globales, que no detallaron por regiones, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «lidera las ejecuciones potencialmente ilícitas».

El último informe completo emitido por Control Ciudadano es el de diciembre pasado, un mes en el que, según sus datos, 51 ciudadanos murieron en manos de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En esa ocasión, señaló que estas muertes fueron justificadas por el Estado venezolano, por tratarse de presuntos «enfrentamientos con delincuentes».

Pero a juicio de Control Ciudadano, en la mayoría de los casos pueden catalogarse como «ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso».

Siempre según los datos de la ONG, los principales órganos de seguridad involucrados en este tipo de ejecuciones fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 16, la GNB con 8, comisiones mixtas de policías con 8 y la Policía del céntrico estado Carabobo con 7.

Con información de EFE

AN de Maduro acusa al gobierno colombiano de exportar su conflicto
En un comunicado, el diputado Jorge Rodríguez manifestó: «El fenómeno de grupos armados irregulares, dedicados a actividades ilegales y vinculados a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto que nos es ajeno y que el actual gobierno de Colombia consiente y exporta de manera irresponsable» 

 

La Asamblea Nacional oficialista acusó al gobierno colombiano de exportar el conflicto armado que azota a Venezuela, tras los combates registrados en una zona fronteriza entre militares del país y un grupo armado identificado por varias organizaciones como disidentes de las FARC.

«El fenómeno de grupos armados irregulares, dedicados a actividades ilegales y vinculados a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto que nos es ajeno y que el actual gobierno de Colombia consiente y exporta de manera irresponsable», reza un comunicado de la Asamblea Nacional, leído por su presidente, Jorge Rodríguez.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informó que se enfrentó el domingo con grupos armados irregulares colombianos en La Victoria, una pequeña zona agrícola de menos de 130.000 habitantes del estado de Apure, que se saldó con dos militares venezolanos muertos.

En un comunicado, la institución castrense explicó que «como resultado de estos encuentros fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias ‘El Nando'», si bien no detalló de que grupo formaba parte.

La nota no precisó si «El Nando», miembro del grupo irregular colombiano, también resultó muerto o, únicamente, fue detenido y puesto a disposición judicial, ya que la FANB acostumbra a usar el verbo neutralizar de manera ambigua.

Tras la refriega, señaló el escrito, las autoridades venezolanas capturaron a otras 32 personas, si bien no se conocen sus identidades o nacionalidades, destruyó seis campamentos en la zona y decomisó una cantidad hasta ahora indeterminada de armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas.

La ONG local Fundaredes dijo el lunes que los combates fueron contra un grupo disidente de las FARC y dejaron cientos de venezolanos desplazados que huyeron a la ciudad colombiana de Arauquita, que forma parte del departamento de Arauca, fronterizo con el estado de Apure.

Frente a esta información, el comunicado de la AN subraya que las instituciones democráticas venezolanas no permitirán «la presencia de grupos colombianos delincuenciales» en suelo venezolano.

Además, subrayaron que el Parlamento «adelanta investigaciones sobre las distintas acciones que se han fraguado contra Venezuela en territorio colombiano, entre ellas el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro y la incursión mercenaria llamada Operación Gedeón».

«Todos estos hechos fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados con la complicidad de Iván Duque y con injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América», asegura el texto leído por Rodríguez.

Sin facilitar más detalles ni pruebas al respecto, aseguran que el último ataque «incluyó acciones contra instalaciones civiles y afectó la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos que viven en esa zona fronteriza».

Frente a esta situación y lo que consideran «amenazas» y una «agresión multiforme del gobierno de Colombia, en connivencia con sus aliados del narcoparamilitarismo», la Asamblea Nacional ratificó su respaldo al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino.