Freddy Guevara

Fiscal Tarek William Saab: Autoridades desarticularon el Cartel del Malecón

Las autoridades venezolanas lograron la desarticulación de la banda criminal dedicada al narcotráfico El Cartel del Malecón, organización delictiva que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas desde Colombia hasta República Dominicana, informó este martes el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab. Este cartel era dirigido por Joel Palmar, dueño del Casino Malecón Palace ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Saab detalló que Palmar es calificado como el mayor capo del narcotráfico, al llevar drogas desde Colombia y trasladarla hasta Dominicana a través de Venezuela.
Panorama

Solicitarán a la ANC la intervención de la Alcaldía Metropolitana de Caracas

Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas solicitarán a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la intervención de este distrito por presuntas irregularidades y malversación de recursos durante la gestión del exalcalde, Antonio Ledezma. La información fue suministrada por el concejal metropolitano de Caracas Alexander Nebreda, que además indicó que son «más de 6.000 trabajadores del cabildo metropolitano los que han resultado afectados por la gestión de Ledezma y hasta la fecha no han podido cobrar sus aguinaldos». Globovisión

Delegación de diputados visita a Freddy Guevara en la Embajada de Chile

Los diputados Delsa Solórzano y Tedoro Campo realizan este martes una visita a Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en la embajada de Chile.  La delegación de legisladores, en la que también hará acto de presencia el parlamentario Juan Guaidó, tiene como propósito llevar a cabo una visita institucional a Guevara. El también líder de Voluntad Popular se encuentra en la embajada de Chile en condición de huésped, luego de que se allanara su inmunidad parlamentaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se ordenara su captura El Nacional

S&P rebaja a default calificación de bono Pdvsa 2026

S&P Global Ratings bajó su calificación del bono Pdvsa 2026 a ‘D’ desde ‘CC’, equivalente a default, informó la agencia en una nota. “Pdvsa no ha cumplido con el pago del cupón en sus papeles 2026 dentro del calendario de 30 días de período de gracia (o al menos los bonistas no habían recibido los fondos para esa fecha), constituyendo un evento de incumplimiento, según nuestra metodología”, indicó S&P. Destacan que “desde octubre de 2017, Pdvsa utilizó su período de gracia para el pago de intereses en un esfuerzo por reunir suficientes dólares para cumplir con los vencimientos de su deuda. Dadas las sanciones que pesan sobre Pdvsa y su posición de liquidez ya presionada, dudamos de la capacidad de la compañía para pagar el resto de los vencimientos de su deuda dentro del período de gracia”. Banca y Negocios

Lenín Moreno lamentó que existan presos políticos en Venezuela

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, lamentó este martes en unas declaraciones ofrecidas en una visita a España que existan «demasiados presos políticos» en Venezuela y la «evidencia de muchos muertos» en la manifestaciones contra el gobierno nacional, aunque instó a respetar el camino de cada pueblo y el «derecho a tomar sus propias decisiones». «Los pueblos encuentran siempre su camino; dejemos de creernos en el derecho a intervenir en la solución de problemas de otros países», pidió el presidente ecuatoriano El Nacional

EL 25 DE OCTUBRE DE  2016 el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de la Sala Constitucional, bloqueó una investigación de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional sobre supuestos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2014, a petición del ya para entonces expresidente de la estatal, Rafael Ramírez.

El máximo tribunal de la República argumentó en dicha decisión que de permitirse la averiguación se podría causar “un daño irreparable” a la empresa e incluso al Estado, dados los procedimientos arbitrales en curso para ese momento por demandas de trasnacionales contra la petrolera. La reacción adversa, según la SC, también podría darse entre los inversionistas y en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito.

El TSJ remató en su fallo que la gestión de PDVSA ya era lo suficientemente monitoreada y auditada por la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otros, como para que el Parlamento se entrometiera.

Pese al dictamen, la AN declaró la responsabilidad política de Ramírez tras discutir un informe con pruebas de irregularidades administrativas que afectaron el patrimonio público, por más de 11 mil millones de dólares.

La cabeza del poder judicial no pasó por alto la actuación del titular de Contraloría de la AN, diputado Freddy Guevara, contra quien cuatro meses después ordenó evaluar una investigación penal por usurpación de funciones del Ejecutivo. El TSJ sostuvo que el parlamentario pretendió actuar como representante del Estado en territorio extranjero al acudir a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para notificar a Ramírez de la averiguación sobre su gestión.

La razón para Guevara

Un año y nueve meses después, el  28 de noviembre de 2017, Nicolás Maduro,  anunció con bombos y platillos que gracias al seguimiento de organismos de inteligencia del Estado se detectaron “mafias corruptas” en PDVSA que hacían compras fantasmas, sobrefacturaban y vendían crudo ilegalmente, y que la Fiscalía General de la República iniciaría los procedimientos para determinar responsabilidades. Previamente ya habían resultado detenidos altos gerentes de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Indirectamente, y aunque el Ejecutivo no lo reconozca, se le dio la razón a la AN y al grupo de legisladores encabezados por Freddy Guevara.

A los dos días de su anuncio fueron detenidos los extitulares de la estatal, Eulogio Del Pino, quien sustituyó a Ramírez en 2015, y Nelson Martínez, que a su vez sucedió a Del Pino en enero de este año. De Rafael Ramírez, presidente de PDVSA durante casi toda la gestión de Hugo Chávez (diez años), el jefe de Estado no dijo nada en ese momento, al menos públicamente, aunque ya era conocido el impase entre el embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el alto gobierno por un artículo de opinión de Ramírez en el que criticó la inacción del Ejecutivo frente a la crisis económica.

Finalmente, el 4 de diciembre Ramírez confirmó su renuncia al cargo en la ONU por desacuerdos con Maduro y aseguró que en realidad fue removido “por sus opiniones”. A los días dio una entrevista telefónica a un medio internacional y sin revelar su paradero negó cualquier vínculo con hechos de corrupción en la petrolera. Su primo, Diego Salazar, ya había sido detenido el 1 de diciembre, acusado de defraudar al Estado venezolano mediante manipulación de transferencias bancarias a través de la banca privada de Andorra.

El mismo Ramírez denunció que en Miraflores y su entorno se criminaliza a la disidencia y se desecha a cualquiera que en el seno del chavismo formule críticas hacia su gestión. En suma, la misma forma de hacer política que se aplica a la oposición, con un saldo importante de represión y encarcelamientos, ahora parece que se está extendiendo a los “enemigos” del régimen, aunque hayan sido parte importante de él, como en el caso de Ramírez.

El abogado defensor del vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, Omar Mora Tosta, aseguró que el caso del diputado, a un mes de habérsele dictado sentencia y allanando de su inmunidad parlamentaria, se ha visto manipulada la verdad.

“Este es un proceso que comenzó por el final porque a nosotros se nos notificó fue con las sentencia. Señores de la comunidad internacional entiendan que este proceso comenzó por la sentencia. En ninguna parte del mundo un proceso de esta naturaleza comienza por la sentencia”, indicó el abogado.

Mora Tosta dijo: “Como es posible que aquí se manipule en esta sentencia cuando se le atribuye hecho punible en los que nunca participó el vicepresidente de la Asamblea Nacional”.

MEDIO

¿ELECCIONES 2018 O GUERRA DE MAFIAS?: 

Cuando el diputado Freddy Guevara comenzó y avanzó en la investigación sobre la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA se convirtió de investigador a investigado. Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se ordenó al Ministerio Público y a la Contraloría que “determinen si es procedente o no ordenar el inicio de las investigaciones respectivas” contra el legislador, por presuntamente incurrir en “usurpación de funciones” cuando dirigió la investigación por corrupción contra el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez. La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 88, en la cual “declaró procedente la demanda de nulidad que el actual Embajador venezolano en Naciones Unidas interpuso el pasado 28 de septiembre contra la averiguación que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrió en su contra, por las supuestas irregularidades ocurridas en la estatal petrolera durante la década que estuvo al frente de ella”. Se aseguró que el proceso contra Ramírez “solo evidencia el interés de afectar la reputación del Estado, con intenciones meramente político-partidistas e, inclusive, individualistas”. Hoy Freddy Guevara está asilado en la embajada chilena …

Hace ya un mes que se concretaron los señalamientos del gobierno en contra del diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Voluntad Popular. El 3 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió allanar su inmunidad parlamentaria para que fuese juzgado por tribunales penales ordinarios.

La Sala Plena del TSJ dictó esta sentencia en un procedimiento impulsado por la asamblea nacional constituyente y Tarek William Saab, designado Fiscal General por la misma anc.

Pocas horas después de la sentencia, el 4 de noviembre, los venezolanos y la comunidad internacional se enteraba que el diputado Guevara habría solicitado la protección en la embajada de Chile en el país ante amenazas del gobierno y la medida fue aceptada.

Con Guevara todavía en la embajada y sin antejuicio de mérito previo, William Saab se presentó el 6 de noviembre ante la anc para exponer el caso y se decretó autorizar el enjuiciamiento de Guevara. Todas estas acciones ignoraron que en enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Voluntad Popular y Guevara, exigiendo al gobierno la protección y respeto a su integridad personal, vida y activismo político.

A poco antes de cumplirse un mes de la sentencia en contra del dirigente, varios juristas venezolanos se reunieron para analizar la que llamaron «sentencia Guevara» y la calificaron como «una aberración, destinada a perseguir a la oposición y criminalizar cualquier forma de manifestación de la disidencia.»

La conclusión fue el resultado del análisis de Jesús María Casal, Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional (AN); Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada emérita del TSJ; José Vicente Haro, Constitucionalista y el abogado Omar Mora Tosta, quien lleva adelante la defensa del parlamentario.

Según los abogados, al diputado se le irrespetó el derecho al juez natural, a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y otros, que hacen de la decisión, insisten, un arma política más que un hecho legal. La defensa del parlamentario informó que ante el agotamiento de las vías legales en el país, el caso será llevado a instancias internacionales.

A continuación los 10 aspectos más graves de “La Sentencia Guevara”:

1. CONDENA SIN PROCESO Y SIN DERECHO A LA DEFENSA: El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional fue prejuzgado y le fue cercenado el principio de presunción de inocencia al declararlo responsable de la comisión de los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. No tuvo audiencia previa, ni alegatos de la defensa, ya que no hubo notificación de ningún procedimiento judicial en su contra. Lo único que le fue entregado a la defensa del diputado fue la copia de la sentencia. A la defensa del parlamentario no le han sido otorgadas las copias del expediente del caso.

2. CUALQUIERA LO PUEDE DETENER: La sentencia emitida ya hace un mes permite que cualquier persona, investida o no de autoridad, pueda detener a Guevara.

3. SIN INMUNIDAD: Con la Sentencia Guevara se deja el campo abierto para que cualquier diputado pueda ser detenido sin la garantía de las prerrogativas procesales que gozan según la Constitución.

4. ¿Y EL DEBIDO PROCESO?: La Sentencia Guevara vulnera el principio del debido proceso pues crea formas procesales que no están consagradas en el ordenamiento jurídico venezolano, implantando un precedente para que los procesos judiciales puedan ser creados por el Gobierno nacional a su conveniencia. Asimismo, transgrede la garantía de ser procesado por su juez natural al pretender juzgar a Guevara ante tribunales ordinarios, cuando el juicio debería llevarse a cabo ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con su investidura y previa aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria emanado de la Asamblea Nacional, como lo establece la ley.

5. CONTRADICTORIA: La Sentencia Guevara se contradice, pues habla de flagrancia para ignorar el Antejuicio de Mérito, pero al mismo tiempo expone que los hechos sobre los que se fundamentan para responsabilizar al diputado finalizaron en el mes de julio del año 2017. Por lo que en noviembre, cuando se emitió la sentencia, no se estaba cometiendo delitos.

6. NO SE PERMITE LA PROTESTA: Esta decisión emanada del TSJ criminaliza el derecho a manifestar, pues condena anticipadamente a este dirigente opositor por haber convocado a la protesta pacífica.

7. DESCONOCIENDO LA DECISIÓN DE LOS VENEZOLANOS: Se ignora la voluntad popular al no reconocer a los legítimos representantes de los venezolanos, como lo es un diputado, violando su inmunidad parlamentaria e impidiéndole el antejuicio de mérito que le corresponde por normativa Constitucional (Artículo 200 CRBV).

8. GOLPE A LA INSTITUCIONALIDAD: Esta decisión del Tribunal Supremo vulnera la institucionalidad del país pues desconoce a un funcionario legítimamente electo por miles de venezolanos y que además pertenece a la Junta Directiva del Parlamento de la Nación.

9. INDEFENSIÓN JURIDICA La Sentencia Guevara aumenta el estado de indefensión en el país, pues con ella un Tribunal crea procesos inexistentes en las leyes, viola la Constitución y remite sus actuaciones a un órgano no reconocido nacional ni internacionalmente, la constituyente.

10. RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL: Juristas afirman que la sentencia representa una ruptura del orden constitucional, como lo habría señalado la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de este año con otra sentencia del mismo TSJ,  pues viola la Constitución, las leyes venezolanas y vulnera el Estado de Derecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación ante el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y persecución judicial contra el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Así lo manifestó el ente internacional, apéndice de la Organización de Estados Americanos, a través de un comunicado emitido este viernes en el que exhortan una vez más al régimen de Nicolás Maduro a respetar los derechos de los venezolanos y en particular del diputado, quien sigue amparado por la inmunidad parlamentaria.

«Preocupa especialmente a la CIDH que este proceso penal sea contra un legislador opositor y que su sometimiento a la justicia se realice a través de un desafuero llevado adelante por parte de la ANC, un órgano distinto al que él integra, que es la Asamblea Nacional. En este sentido, la CIDH reitera que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, así como los y las jueces, deben gozar de las garantías suficientes de independencia en el ejercicio libre de sus funciones», dice.

Agrega que «La CIDH reitera al Estado de Venezuela la solicitud de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y los derechos políticos del diputado Freddy Guevara Cortez, tal como lo solicitó en enero de 2017 al otorgar medidas cautelares para él y otros miembros de su partido».

Consideran alarmante el acorralamiento judicial contra disidentes como el diputado utilizando la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.

«Desde 2013, la Comisión ha recibido información sobre el uso de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo a fin de criminalizar a defensores y a defensoras y obstaculizar la protesta social. La CIDH ha recibido información indicando que debido a la ambigüedad de los términos definidos en esta ley y conceptos genéricos se habrían procesado a manifestantes y defensores de derechos humanos por delitos como ‘delincuencia organizada’ o ‘actos terroristas'», expresa.

Este viernes el parlamentario y Coordinador Nacional (E) de Voluntad Popular, Freddy Guevara, permanecía en la residencia del embajador de Chile en Caracas en calidad de huésped, después que el pasado 4 de noviembre debiera pedir protección a la delegación del país suramericano ante el riesgo de ser detenido por el régimen de Nicolás Maduro. A las afueras de la residencia y desde el lunes 13 permanece apostado un grupo de encapuchados en actitud hostil contra la sede diplomática.

El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, está evaluando pedir en “un futuro” asilo político a Chile, luego de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizara enjuiciarle por instigación pública, informaron este jueves sus abogados.

“En estos momentos el diputado Freddy Guevara se encuentra en calidad de huésped en la embajada de Chile y está evaluando en un futuro solicitar el asilo político”, dijo en rueda de prensa la abogada Ana Leonor Acosta, al rechazar por “inconstitucional” el proceso que ha iniciado el Supremo y la ANC contra su defendido.

El Gobierno chileno ya ha manifestado su disposición de acoger a Guevara en caso de que solicite asilo político al país austral, informaron el pasado lunes fuentes oficiales.

Guevara está siendo acusado de los “delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir”, por la Fiscalía, que le relaciona con su papel en las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de este año en las que fallecieron al menos 120 personas.

La Constitución venezolana establece que los diputados tienen inmunidad y que, en caso de ser allanada, debe ser el Parlamento quien realice el procedimiento.

Sin embargo, la Constituyente oficialista ha despojado al Legislativo -controlado por la oposición- de sus funciones alegando que se encuentra en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En ese sentido, el abogado Omar Mora Tosta, defensor de Guevara, ha dicho hoy que la Asamblea Nacional Constituyente sólo tiene una competencia y es la “de redactar una nueva Constitución”, no la de “allanar la inmunidad parlamentaria de ninguna persona”.

“Estamos en presencia de una situación que ha violentado gravemente los derechos constitucionales y procesales de Freddy Guevara en su condición de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), es un ataque a la institucionalidad”, agregó al tiempo que señaló que la decisión “viola garantías inherentes a la persona humana”.

El diputado no interpondrá ningún recurso ante el TSJ ni ante la ANC, pues según han dicho sus abogados, no reconoce por “ilegítimas” a estas instituciones.

“Guevara no tiene a donde acudir porque el Gobierno ha disuelto las instituciones”, indicó la abogada Acosta que también reafirmó que su defendido “no se va a someter a ningún proceso ante estas instancias”.