ex presidente

El 4 de abril se allanó el camino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazara su solicitud de habeas corpus.

Seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento, en un juicio que duró 12 horas y se centró en una pregunta: ¿debe el popular exmandatario iniciar el cumplimiento de la sentencia por corrupción a la que fue condenado por un tribunal de Porto Alegre o puede esperar en libertad hasta que su caso sea analizado por las instancias superiores?.

Investigadores de la llamada Operación Lava Jato, de la cual forma parte el juicio a Lula da Silva, han señalado que para la continuidad de las investigaciones es importante que los procesados inicien el cumplimiento de sus penas después de haber sido condenados en segunda instancia.

Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS.

El dinero habría sido utilizado para reformar y amueblar un apartamento de tres pisos de lujo (triplex) en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

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Máximo tribunal de Brasil decide que expresidente Lula puede ser encarcelado por corrupción https://t.co/uAvCzV8vYJ pic.twitter.com/iFA8xHkoaG

— Runrunes (@RunRunesWeb) April 5, 2018

Aunque Lula da Silva negó en todo momento ser propietario de ese inmueble que formalmente aparece registrado a nombre de OAS, durante el juicio los fiscales señalaron que “varias pruebas dicen lo contrario”, incluidos testimonios de la portería, un síndico y dos ingenieros de OAS.

En enero de este año, tras la apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión.

Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, aspira a presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, pero la condena y su posible estancia en la cárcel van en contra de sus aspiraciones.

Pero el expresidente brasileño tiene tres opciones jurídicas a las que puede recurrir para lograr evadir la prisión:

1. Su defensa puede presentar nuevos pedidos de habeas corpus.

2. Su condena puede ser anulada por los tribunales superiores.

3. El Supremo puede modificar su posición sobre la prisión después de condenas en segunda instancia para todos los reos del país, lo que beneficiaría al líder del Partido de los Trabajadores.

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Aldemir Bendine, ex presidente de Petrobras y del Banco do Brasil, fue condenado este miércoles a 11 años de prisión por recibir un soborno de tres millones de reales (929.000 dólares) de manos de la constructora Odebrecht.

La sentencia firmada por el juez federal Sergio Moro, emblema de la lucha contra la corrupción para muchos brasileños, consideró probados los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

«Condeno a Aldemir Bendine (…) por solicitar y recibir tres millones de reales del Grupo Odebrecht de ventaja indebida en razón de su cargo de presidente del Banco do Brasil y presidente de Petrobras», señala el fallo hecho por Moro.

Bendine, de 54 años, fue detenido preventivamente en julio de 2017 y en aquel tiempo sus abogados negaron los cargos.

El juez vinculó el pago de sobornos, parte de los cuales sirvieron para financiarle al ex funcionario una estadía en Nueva York, a la reestructuración de una deuda de 1.700 millones de reales que tenía Odebrecht Agroindustrial -una rama del conglomerado- con el Banco do Brasil.

Un grupo de expresidentes de Latinoamérica y España solicitó la intervención del papa Francisco y los Gobiernos de la región para poner “freno” a la “dictadura” del presidente, Nicolás Maduro.

Dieciocho expresidentes agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) instaron a los Gobiernos de la región a actuar frente a “las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos” en Venezuela.

En una declaración escrita criticaron que “los mandatarios del continente, abroquelados en la defensa de supuestos intereses, manchan de sangre por omisión a sus respectivas políticas exteriores”.

Los expresidentes apelaron al papa Francisco y a los Gobiernos de la región a “ponerle freno al desbordamiento dictatorial en Venezuela“.

“El empeño de consolidar de modo definitivo la dictadura no puede seguir concitando la mirada pasiva de algunos gobernantes de las Américas”, se lamentaron los expresidentes.

Los expresidentes, entre ellos, José María Aznar (España), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Vicente Fox (México) expresaron su preocupación por la “grave circunstancia que padecen y sufren todos los venezolanos, sin distingos”.

Un tribunal argentino condenó al ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos durante su gestión al frente del Ejecutivo.

Además, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 condenó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y medio de prisión y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo a tres años y tres meses de cárcel.

El ex Presidente y sus ex ministros fueron condenados por el delito de malversación de fondos en relación al caso de pago sobresueldos que se llevaron a cabo durante su gobierno entre 1989 y 1999.

Actualemente, Menem posee el cargo de senador, por lo cual goza de fuero parlamentario y no asistió al tribunal de justicia a la lectura de la sentencia, argumentando que se encontraba con problemas de salud.

El Tribunal dará a conocer los fundamentos de su veredicto el próximo 2 de marzo. Mientras, Menem podrá permanecer en libertad hasta que se dicte la sentencia. La Fiscalía sostuvo que el ex Mandatario argentino fue el «máximo responsable» de organizar un sistema de sustracción de fondos reservados de inteligencia para distribuirlos de manera ilícita entre los ministros y secretarios durante sus dos mandatos.

Menem, fue investigado en varias causas por presuntos actos de corrupción en su Gobierno y ya fue condenado a siete años de prisión por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
*Con información de EMOL 

No ha parado el caudal de reacciones del Gobierno venezolano luego de que el expresidente del Gobierno español Felipe González anunciara su incorporación al equipo de defensa de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma.

Mucho menos tras la entrevista concedida por González este lunes a ‘La W’, en la que afirmó que espera que el Gobierno le permita ingresar al territorio para poder llevar a cabo esta labor y aseguró que los esfuerzos de Unasur por restaurar el diálogo en Venezuela son “francamente insuficientes”.

González señaló que en Venezuela “hay presos por ser políticos” y que los intentos de diálogo realizados hasta el momento no han dado resultados satisfactorios. “Vulnerar el derecho a la defensa es uno de los problemas más grandes en los que puede caer un país”.

Además, afirmó que los expertos externos (como él) pueden contribuir, de acuerdo con la legislación venezolana, a ayudar a la defensa y asistir a los presos. “Por tanto, no estamos inventando nada. Estamos utilizando la institucionalidad de la propia Venezuela, con sus propias leyes”.

Horas después de estas declaraciones, el vicecanciller para Asuntos Europeos, Calixto Ortega, afirmó en un programa de entrevistas que el expresidente español quiere “sumarse a esa campaña que varios expresidentes han querido intentar (de defender a los presos políticos), para interferir en asuntos internos”.

De inmediato no respondió si a González le sería negada la entrada a Venezuela, pero condicionó su posible actividad como defensor de los presos políticos a la necesidad de contar con “una visa de trabajo” que debe ser otorgada por el Estado venezolano.

Por su parte, González, en la entrevista, destacó que su labor como defensor solo sería malograda si se le impide entrar a territorio venezolano, en cuyo caso declaró: “La expulsión o la no entrada es una decisión del Gobierno, que tendrá sus facultades en caso de que decida prohibirme la entrada. Pero esto tendrán que hacerlo formalmente, de acuerdo con la legislación actual. Obviamente, un gobierno en el uso de su soberanía puede declarar a una persona no grata, eso puede ocurrir, pero espero que en este caso no suceda”.

La posibilidad de expulsión de González de territorio venezolano ya fue puesta sobre la mesa por el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea venezolana, Saúl Ortega, quien dijo: “Una persona como esta (refiriéndose al expresidente español), que quiere ingresar como un procónsul a interferir, lo menos que puede hacer un gobierno serio es ponerlo en un avión y enviarlo a su casa”.

La conformación de un equipo de defensores de alto perfil para los presos políticos venezolanos contó este lunes con la adición formal del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, y desde hace días está confirmada también la participación del parlamentario canadiense Irwin Cotler. Para el Gobierno venezolano, se trata de un esquema más dentro de la supuesta campaña internacional en su contra, de la que acusa a Felipe González de ser el jefe del llamado ‘eje Madrid-Bogotá-Miami’.

González negó que, tal y como afirma Maduro, forme parte de un eje “antivenezolano”. “Mi objetivo inmediato es que los presos políticos estén en la calles”, aseguró.

El expresidente declaró a ‘La W’ que la crisis de Venezuela le preocupa “desde hace mucho tiempo”, pero que han sido los recientes problemas económicos del país suramericano y la política económica del Gobierno los que “está llevando a la ruina” a la nación. Estos son, según él, los detonantes de su participación.

El vicecanciller Ortega sostuvo que parte de ese plan incluye la publicación de informaciones negativas sobre Venezuela, que en el caso de España afirmó que solo este año superan las 900 notas.

Ya la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, adelantó hace varios días que González “no puede ejercer la abogacía en Venezuela ni para entrometerse en los asuntos internos, de tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en su otro negocio (…), que se rebusque la vida de otra forma”.

Además de la confrontación con González, el Gobierno venezolano ha estado muy concentrado en el frente internacional durante las últimas semanas, buscando en todo tipo de reuniones públicas los 10 millones de firmas que, aseguró, obtendrá para pedir al presidente de EE. UU., Barack Obama, que derogue el decreto con que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos.

En los mercados populares, estaciones de metro y plazas públicas se ven quioscos con afiches que llaman a las personas a firmar ‘Obama, deroga el decreto ya’. Según las cuentas oficialistas, ya cuentan con 5 millones.