Espacio ONG

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano

El próximo martes 14 de febrero, está prevista la audiencia pública de Rocío San Miguel y otras luchadoras sociales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DEPUÉS DE MÁS DE DOCE AÑOS de haber sido despedidas por el exvicepresidente de la República José Vicente Rangel del Consejo Nacional de Fronteras por aplicación de la llamada Lista Tascón, San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang aspiran que su caso, por fin sea escuchado por jueces independientes y obtener justicia.

Un largo camino han recorrido desde el pasado 12 de marzo de 2004 cuando les dijeron que tenían que despedirlas por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio de mandato del entonces presidente, Hugo Chávez.

Agotaron todos los recursos internos, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente en marzo de 2015, San Miguel, Peña y Chang fueron notificadas que su caso sería analizado por la Corte en San José de Costa Rica, en una audiencia que por fin se efectuará en una semana.

San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, aspira que este caso establezca jurisprudencia internacional sobre la discriminación política ejecutada en Venezuela y abra las puertas para una eventual condena al Estado por la violación sistemática de los derechos humanos.

VENEZUELA SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD atravesando la peor crisis de su historia, y como en toda debacle los más afectados son quienes son más vulnerables: los niños y niñas, quienes no tienen las mismas capacidades para soportar los embates de una coyuntura que ya raya en la hambruna.

Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria y nutrición de Cáritas Venezuela, aseguró que la organización tiene un sistema de detección de niños desnutridos en cuatro estados del país, el resultado de las encuestas es devastador: 52 por ciento de los niños y niñas evaluados sufren de desnutrición y al menos un 9 por ciento corre el riesgo de perder el tesoro más preciado: la vida.

“Estamos midiendo niños desnutridos y poniéndolos bajo protección desde septiembre y analizando  los datos de riesgo que tienen, y encontramos que tienen algún tipo de desnutrición el 52 por ciento de los niños, de estos los más graves, los que tienen la desnutrición más severa con riesgo de morir son el 9 por ciento, esto en cualquier país hubiera generado ya una alarma; la Organización Mundial de la Salud habría encendido la alarma en un 10 por ciento, nosotros estamos a un punto porcentual de esto, viendo toda la zona en conjunto. Sin embargo, hay estados donde ya rebasó la situación de alarma y tenemos una situación bastante crítica como son los estados Vargas y Zulia, no solamente la cantidad de niños con desnutrición es mucha, sino que ahí se están presentando cuadros de desnutrición severa que son los que tienen un alto riesgo de morir”, explicó la doctora.

“Un futuro hipotecado”, así califica la asesora de Cáritas el destino de los neonatos que en su mayoría nacen con lo que en el pasado era una alarma para doctores y enfermeras: “bajo peso”, “estamos haciendo las mediciones en niños menores de cinco años, pero verdaderamente el mayor grupo de desnutrición se está dando entre el primer día de nacidos hasta los dos años, esto es muy grave porque ese es el período de los primeros días de vida en los que se desarrolla toda la capacidad cognitiva del niño, pero lo más alarmante es que aún el quince por ciento de los niños que encontramos con desnutrición son menores de seis meses, es decir, esa cifra revela no sólo la desnutrición de ese niño, sino un embarazo con hambre, lo que es aún más inadmisible, son muchos venezolanos que ya nacieron con el futuro hipotecado y realmente no escogieron esto”.

“No encontramos sólo la desnutrición aguda, sino la desnutrición crónica, es decir, estamos reportando un 20 por ciento ya casi de niños con retardo de crecimiento, estos niños con este retardo ya no se trata de engordarlos, porque un retardo no se recupera y detrás hay un retardo cognitivo, y esto tiene implicaciones para el futuro mediato de cada una de estas niñas y niños, pero también para el futuro de toda Venezuela”, agregó Raffalli durante la presentación del informe presentado a diversas ONG y medios de comunicación el pasado viernes.

Niñez afectada

Una muestra de cuatro estados bastó para alarmar a Cáritas, los estudios indican que la situación no es reciente, se viene agravando con el pasar de los años: “La desnutrición no se mide por el peso, hay niños que hemos encontrado con mucha delgadez, pero lo que estamos encontrando también son niños bajitos de talla baja, para que un niño deje de crecer se necesitan de dos a cinco años, entonces estamos con la evidencia en la mano para decir que esta no es una crisis nueva derivada del fenómeno del Niño o de los últimos seis meses, esto lo pudiéramos definir desde el punto de vista humanitario como una crisis de instalación lenta y eso es lo que lo vuelve un poco más inadmisible, porque todos los sectores de la sociedad estamos desde hace años diciendo que esto no está bien, ¿por qué había que esperar un deterioro irreversible de la niñez para tomar medidas?”.

No obstante, los hallazgos no son suficientes para alarmar a un gobierno que calcula la desnutrición de los niños basándose en cifras del año 1999: “No entendemos por qué el Estado se quedó utilizando los patrones de referencia de 1999 para evaluar a un niño desnutrido, con los valores de referencia que está usando el Estado nos darían como desnutridos con necesidad de atención 18 niños y realmente con los sistemas que estamos utilizando nos dan 470, usar otro patrón significa enmascarar una cantidad de niños que necesitan atención”.

Cáritas presentó el informe en todas las entidades de protección del Gobierno y en organismos internacionales en busca de ayuda, al tiempo que hizo un exhorto público a las autoridades, “lo que necesitamos es ayuda, Cáritas está con un músculo mínimo para llegar a tanta necesidad y necesitamos es ideas; necesitamos que nos dejen trabajar, necesitamos que nos faciliten la distribución de alimentos en todo el territorio nacional, necesitamos un poco más de flexibilidad para hacerle llegar los alimentos a los niños que los necesitan”.

Con información de Acceso a la Justicia 

ELIGIO RODRÍGUEZ, COORDINADOR REGIONAL del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) del estado Bolívar, manifestó estar preocupado porque en Venezuela buena parte de la población no solo muere por causas de violencia sino que “también sufre por hambre”.

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial».

«¿Pero dónde ha quedado el cumplimiento de ese artículo en las familias venezolanas? Debido a que en los recientes años la escasez de alimentos, la inflación, y los bajos salarios han agudizado la situación en el país”, se cuestionó Rodríguez.

El coordinador afirmó que entre diciembre del año pasado y enero se han registrado cinco casos asociados a la desnutrición en el estado Bolívar. “Varios de ellos ingresado al hospital Raúl Leoni, en Guaiparo, San Félix. Las edades de las víctimas van desde 8 años hasta 7 meses. Familias que viven en extrema pobreza”, indicó.

«Es necesario atender con urgencia estos casos. El Estado es culpable por acción u omisión al no dar respuestas ante la muerte de esos niños por desnutrición. En la vivienda uno de los niños fallecidos viven 13 menores de edad, los cuales están en las mismas condiciones, y pasando por las mismas carencias. Es necesario aplicar políticas públicas para evitar que en esa casa ubicada en Brisas del Sur, se repita”, añadió Rodríguez.

CUARENTA Y SEIS POR CIENTO de los delitos reportados por la prensa entre noviembre de 2016 y enero de 2017 en el estado Mérida, fueron homicidios; los robos con y sin lesión representaron 26% y 5% respectivamente, mientras que la tentativa de homicidio y las lesiones se reportaron en 12% y 9%.

Estas cifras resultan del registro de prensa que el Observatorio Venezolano de Violencia, Mérida, lleva como alternativa para el registro y medición de los delitos en la entidad. El ORP (Observatorio Regional de Prensa) consiste en el análisis sistemático de los reportes de prensa y en la estandarización de la información expuesta en los mismos, para depurar, sistematizar y generar datos válidos y confiables sobre las reseñas de sucesos en los principales diarios de circulación regional. Para este caso se emplean los diarios Pico Bolívar y Frontera.

Los resultados de este monitoreo muestran que el Municipio Libertador acumuló 33% de los sucesos reseñados, mientras que los municipios Alberto Adriani  y Campo Elías registraron el 25% y 15%.

Según el profesor de la Escuela de Criminología de la Universidad de Los Andes, Freddy Crespo, coordinador del OVV Mérida, estos registros se presentan de manera análoga a lo que las cifras oficiales y las encuestas de victimización reportan sobre la distribución de los delitos en la entidad.

Crespo expresó que “en los municipios rurales es donde se aprecia una interesante diferencia con los registros oficiales, pues según estos la incidencia delictiva en tales entidades es bastante baja, pero a nivel de ORP hemos detectado un repunte considerable de los delitos, principalmente el homicidio y los robos”. Estos municipios son Obispos Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero y Pueblo Llano.

Con respecto a las víctimas, 93% fueron hombres y 7% mujeres. En su mayoría, 78%, tenía edades comprendidas entre 15 y 34 años. Según el informe de prensa, se destacó diciembre por ser el mes con mayor índice de delitos: 72% de las víctimas de homicidios ocurrieron en este mes. También se señala que 43% de las víctimas totales durante los tres meses en estudio se registraron en este último mes del año.

Para este 2017, en enero se registraron, según el estudio, 30 reportes de delitos en la prensa, de los cuales derivaron 37 víctimas, 14 por homicidio, 10 por tentativa de homicidio, 9 por robo con lesión y 4 para otros delitos.

La ONG salió al paso ante las críticas del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Reportó cerca de 2.500 fallecimientos en enero de 2017 en todo el país, entre homicidios y resistencia a la autoridad

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) enfatizó que los datos proporcionados por varios medios de comunicación el pasado 2 de febrero de 2017 sobre las muertes registradas en la Morgue de Bello Monte en Caracas, no fueron proporcionadas por esa ONG.

“Ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado”, se desprende del comunicado.

El Observatorio Venezolano de la Violencia ve como positivo el hecho de que las autoridades puedan informar la cifra de muertos ingresados a la morgue de la capital en el mes de enero de 2017.

A continuación el texto completo del comunicado:

Del OVV a la Opinión Pública

Los equipos de investigadores de las universidades nacionales UCV, UCAB, UDO, UCAT, UCLA, ULA, que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), queremos informar a la opinión pública nuestra posición en relación a las recientes declaraciones de altos funcionarios de la administración pública:

1- Queremos aclarar que los datos dados a conocer por varios medios de comunicación, el 2 de febrero de 2017, sobre las muertes violentas registradas en la morgue de Bello Monte no fueron proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia. El OVV no utiliza en sus estudios o proyecciones los datos de la morgue de Bello Monte. Desde hace unos años los investigadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes desde diversas facultades cooperaban en el estudio y análisis de los datos forenses, no tienen acceso a las informaciones de la morgue, pues los convenios de cooperación fueron terminados.

2- Entendemos que los datos de las morgues, de gran relevancia, son entregados a las fuentes periodísticas por personas honestas que trabajan en las entidades públicas y que entienden que esos datos son públicos, es decir, son propiedad de la sociedad venezolana.

3- Consideramos positivo que las autoridades puedan ofrecer a la sociedad un reporte de lo ocurrido en la morgue de Bello Monte en el mes de enero de 2017, ojalá durante los meses siguientes podamos conocer los datos de las morgues del país y que no sea necesario que sean otras fuentes quienes revelen la magnitud y los detalles de lo que allí se ha registrado.

4- Afirmamos y reiteramos nuestras estimaciones sobre lo ocurrido en el año 2016 donde indicamos que hubo 28.479 muertes violentas a nivel nacional, para una tasa de 91,8 fallecidos por cada cien mil habitantes, de los cuales 18.230 corresponden a homicidios formalmente aceptados como tales, 5.281 cadáveres clasificados como resistencia a la autoridad y 4.968 víctimas violentas en situación de averiguación de muerte.

5- De igual modo, y desde nuestras estimaciones, el mes de enero de 2017 concluyó con cerca de 2.500 muertes violentas en todo el país, cifra en la cual no se incluyen accidentes, muertes naturales, ni suicidios. Esto representa un promedio de 80 muertes violentas cada día, lo que indica un leve incremento en relación al año anterior, cuando el promedio fue de 78 fallecidos por día.

6- A los equipos de las universidades nacionales que integramos el OVV nos duelen y preocupan las muertes violentas que ocurren en el país, las que suceden por el robo a ciudadanos honestos, las de balas perdidas o las que resultan de enfrentamientos; nos duelen y preocupan por igual las que ocurren en cualquier parte del territorio, sin distingo de color, nivel social o afiliación política, a todas las personas debe garantizársele su derecho a la vida. Como investigadores, nuestra meta es la de conocer la magnitud de esta violencia, comprender las razones de su incremento, para así proponer al Estado y a la sociedad, opciones que contribuyan a reducir y detener esta mortalidad violenta en nuestro país.

Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
Caracas, 6 de febrero de 2017

SEGÚN CIFRAS EXTRAOFICIALES, EN ENERO DE  2017 se registraron 504 muertes violentas en el Distrito Capital, un incremento considerable respecto al mismo mes de 2016, cuando se contabilizaron 474 ingresos de víctimas de la violencia a la Morgue de Bello Monte. Durante el mismo período de 2015 se registraron 447 homicidios.

Esto convierte a enero de 2017 en el más violento desde el año 2010, según las estadísticas manejadas por los periodistas de la fuente de sucesos.

De acuerdo a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia, el 2016 cerró con una cifra estimada de 28.479 muertes violentas, frente a unos 27.875 homicidios documentados durante el 2015.

En el caso del Distrito Capital, 2016 cerró con 5.741 muertes violentas.

Según el OVV, la tasa de homicidios fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes, lo que ubicó al país como «el segundo más violento del mundo».

Las cifras de muertes violentas en algunos estados del país son las siguientes: Lara 67 homicidios y 18 casos de resistencia a la autoridad, Carabobo 136, Monagas 56, Zulia 134, Vargas 8, Falcón 33 homicidios y 7 casos de resistencia a la autoridad.

Desde el año 2014 pocos meses superaron la trágica barrera de las 500 muertes violentas. Aquí una infografía que detalla cuáles fueron y la cantidad:

EN TODAS LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS la participación ciudadana es la compañera indispensable de la representación política. Ambas se complementan y necesitan mutuamente para darle significado a la democracia.

La participación, aseguran los analistas, es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos, aunque hay quienes señalan que no sólo se participa a través de las elecciones.

De hecho, en las sociedades democráticas se supone que hay dos tipos de participación. Una de ellas es la participación ciudadana y opera en la medida en que los individuos pertenecientes a un colectivo, interesados en obtener un resultado, intervienen en asuntos esencialmente públicos (educación, ambiente, economía, salud, justicia). La otra es la participación política que supone la intervención electoral bien sea como candidatos a cargos de representación popular, (alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, etc.), cargos en los cuales se toman decisiones de gobierno directamente o como electores en procesos como los referendos o las elecciones.

Sin embargo, está claro que sin la participación política todas las demás lucen inconsistentes porque la verdad es que la condición básica de la vida democrática es que el poder provenga del pueblo y la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla reside en el derecho al sufragio.

Se trata de un principio que, al mismo tiempo, sirve para reiterar que los ciudadanos tienen el derecho de participar en las decisiones fundamentales de la nación de la que forman parte. Ser ciudadano, en efecto, significa en general poseer una serie de derechos y también una serie de obligaciones sociales. Pero ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones. Es lo que se conoce como una verdadera participación ciudadana y se supone que quien la ejerce ha aceptado previamente las reglas del juego: el Estado de derecho y la libertad de los individuos.

Todo estos conceptos tienen sentido, además, bajo el sistema democrático, donde se supone es posible la realización de elecciones con regularidad, libres y transparentes que garanticen la expresión de la voluntad de la población.

Es necesario que también exista el espíritu de reforzar los mecanismos de participación para fortalecer la democracia como forma de gobierno y que se respeten los derechos fundamentales y políticos de la mayoría y también de la minoría.

Bajo esa premisa es importante recordar que todo el sistema de protección y vigencia de los derechos humanos está sustentado sobre la base de la existencia de un régimen democrático donde la conducta de instituciones y particulares esté sujeta al cumplimiento de la constitución y las leyes. Todo el catálogo de derechos humanos –incluida su vigencia y protección- está irremediablemente ligado a la existencia de un régimen democrático.

Solo bajo un régimen de libertades es posible garantizar el derecho a votar en elecciones, el derecho a postularse para cargos de representación popular y el derecho de participar en asuntos públicos directamente o a través de representantes libremente elegidos por el voto. Todo eso resume en sí la idea de la participación política.

Aunque la aspiración es que la participación vaya un poco más allá. La participación ciudadana es un fenómeno complejo que se construye constantemente a través de la cultura democrática y la cual permite perfeccionar la representatividad y acercar el poder decisorio al ciudadano.

En efecto, las democracias más dinámicas y estables del mundo son aquellas donde gobierno y sociedad civil trabajan conjuntamente en pro de objetivos comunes, porque la sociedad civil actúa como catalizador del progreso social y del crecimiento económico y cumple un papel fundamental al exigir cuentas al gobierno.

La sociedad civil es el oxígeno de la democracia, aseguran los expertos. Por eso es importante recordar que el progreso y la participación cívica van de la mano. Una nación segura de sí misma da voz a los ciudadanos y les permite participar en el desarrollo del país.

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.