Enfrentamientos

Según la ONG, el Táchira es la entidad con mayor índice en desapariciones

La ONG Fundaredes reportó un aumento de la actuación de grupos irregulares, bandas criminales y el incremento de diversos delitos en los estados fronterizos del país.

Así lo señalan en su informe de abril, donde se monitorearon los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia y otras entidades del país.

De acuerdo con Fundaredes, los ciudadanos de estas regiones están ante la actuación de bandas criminales y delitos relacionados con la extorsión, homicidios, narcotráfico, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, atentados contra la propiedad, esclavitud moderna, aunado a la Emergencia Humanitaria Compleja.

Táchira, por su parte, presenta el mayor índice en desapariciones y/o secuestros.

Bandas criminales como el cartel Paraguaná, de Falcón buscan controlar las operaciones desde la península de Paraguaná hasta las islas de Aruba, Bonaire y Curazao; mientras en Táchira se mantiene un enfrentamiento constante entre el ELN y el Tren de Aragua por el control de las trochas, de acuerdo con las denuncias de la ONG. 

Bolívar

En el estado Bolívar, la violencia continúa en medio de enfrentamientos por el control de la explotación minera y de sus territorios estratégicos, donde participan grupos armados irregulares, bandas criminales y miembros grupos de mineros ilegales.

Varios enfrentamientos se generaron por las ansias de controlar la minería ilegal desde el 11 de abril entre el Tren de Guayana y la banda de “El Perú” en el municipio minero El Callao, manteniendo a los ciudadanos en un “toque de queda” no declarado.

De acuerdo con la ONG, es frecuente ver hechos violentos en las localidades de El Callao, Tumeremo, El Dorado; y los demás pueblos que hacen vida a lo largo de la Troncal 10.

Apure

En cuanto al estado Apure, según Fundaredes, continúan las acciones por parte de las autoridades para combatir a los denominados Terroristas Armados Narcotraficantes Colombiano (TANCOL).

Durante los operativos de escudriñamiento, además de desmantelar campamentos que se usan para el narcotráfico, se han detenido ciudadanos colombianos, esto según información dada por el jefe del Ceofanb en frontera con el Departamento de Arauca.

La ONG advierte que la población civil también sufre una serie de desmanes y abusos por parte de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) y otros cuerpos policiales en el marco de las operaciones de seguridad y defensa desplegadas en la entidad.

Zulia

La ONG Fundaredes advirtió sobre un preocupante aumento de la criminalidad y los hechos sangrientos, que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, siendo el Zulia la segunda entidad en índice de violencia registrada en abril.

Por ejemplo, la Federación de Ganaderos de Venezuela denunció la grave crisis que están viven los productores zulianos, quienes son víctimas de la extorsión, amenazas y robo de sus propiedades y productos, especialmente en La Cañada de Urdaneta, Machiques y Santa Rita.

Amazonas

El 23 de abril se registró una situación de violencia en el municipio Atabapo, donde resultaron heridos tres indígenas que intentaban impedir el avance por el río Orinoco hacia las minas del Yapacana, de una embarcación procedente de Colombia, perteneciente a las FARC, que buscaba esquivar uno de los puntos de control que existe en la zona, en vista de la negativo del grupo irregular de cancelar el monto establecido para poder transitar de suscitó un enfrentamiento.

Fundaredes recordó que desde hace varios años la presencia y actuación de las guerrilla de las FARC y ELN endiversos municipios del estado Amazonas, han sido rechazas por diversas comunidades indígenas.

Táchira

Según la ONG, el Táchira es la entidad con mayor índice en desapariciones.

En la zona de frontera colombo venezolana, se siguen efectuando los homicidios en los pasos ilegales o trochas, en donde se encuentran apostados miembros del ELN y de la banda del Tren de Aragua, quienes cometen todo tipo de hechos criminales¸ son responsables de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, narcotráfico, contrabando de combustibles y productos de todo tipo, hurto y comercialización de automóviles de alta gama.

Falcón

Esta entidad registró un incremento de la violencia reflejado en homicidios, atracos y otras acciones por parte de grupos delincuenciales.

La detección de pistas clandestinas en Urumaco (Municipio Honónimo), Mitare (Municipio Miranda) y Río Seco (Municipio Miranda) trajo la detención de unos comerciantes denunciados por irregularidades y quienes fueron acusados por legitimación de capitales y de pertenecer a un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO).

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En el mes de diciembre, 11 estados del país aparecen reseñas de personas asesinadas en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado

Este jueves, 6 de enero, Control Ciudadano contabilizó 51 ejecuciones extrajudiciales en el mes de diciembre, siendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el organismo de seguridad con el mayor número de ejecuciones realizadas en presuntos enfrentamientos con delincuentes. A este le siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Carabobo (PoliCarabobo).

Según el registro que publicó Control Ciudadano, el CICPC fue responsable de 16 asesinatos, la GNB (8), Comisiones mixtas (8), PoliCarabobo (7), Sipez (4), PNB (2), Sip PMC (2), Polisur (1), Polilagunillas (1) y PoliAragua (1). 

El análisis de los datos que adelanta mensualmente Control Ciudadano con información recopilada en los medios de comunicación, afirma que cada vez más se están involucrando las policías estadales y las policías municipales en esta práctica que parece ser una política de Estado. 

«En diciembre, PoliAragua, PoliCarabobo y PoliMiranda, pero también las policías de los municipios Guaicaipuro, Lagunillas y PoliSucre, entre otras, estuvieron involucradas en presuntos enfrentamientos, cuyos resultados también arrojaron asesinatos de personas», se lee en el informe.

Control Ciudadano advirtió que la participación de comisiones mixtas de policías y militares, sin determinarse claramente la línea de mando u oficial responsable de la operación, dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos.

Sobre esto, Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, señala que “Esto forma parte de la llamada unión militar-policial que se pregona como nueva política de seguridad, cuya actuación en el mes de diciembre dejó un saldo de 08 fallecidos”.

La investigación también señaló que en 11 estados del país aparecen reseñas de personas asesinadas en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado, concretamente en: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo y Zulia. Siendo Miranda, Carabobo, Zulia, Trujillo y Bolívar, los cinco estados con la mayor incidencia de casos.

Control Ciudadano afirmó que los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos  tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales, «estimulándose un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país».

Es por esto que la organización hizo un llamado al Ministerio Público para que en todos los procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se adelanten las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, informó que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están desplegados en los municipios fronterizos con el departamento de Arauca y que han elevado el nivel de alerta debido a los enfrentamientos ocurridos en la zona para «proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión».

A través de su cuenta en Twitter tildó a Iván Duque como «el peor presidente de Colombia» y criticó que responsabilie a la administración de Nicolás Maduro por los hechos de Arauquita, donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y militantes del y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ministro mencionó que el envío de batallones a la frontera, la creación de tropas de élite y otras medidas son para «disfrazar una realidad» y desviar la atención de lo que realmente ocurre en el departamento de Arauca, en el territorio colombiano. 

¿Otra vez? Duque, el peor presidente de Colombia, crea “fuerzas de élite”, envía batallones a la frontera, ordena operaciones aerotransportadas, despliega drones, etc; mientras emite un panfletario informe para disfrazar una realidad que hoy se hace palpable en Arauca (1/3) pic.twitter.com/AyrHEt4QuR

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 4, 2022

«¿Quién tiene la culpa de los males de Colombia? Seguir señalando a Venezuela de la violencia centenaria gestada en sus entrañas nunca los va a exculpar hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social», publicó en su cuenta.

Según autoridades colombianas, los enfrentamientos han podido dejar 24 personas asesinadas en los dos primeros días de este año debido a los combates poblaciones como Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, con la probabilidad de que también haya civiles muertos.

El comandante estratégico operacional de la FAN, G/J Domingo Hernández Lares, insistió en que se está alerta y con los funcionarios activos, al igual que los equipos y vehículos dispuestos para entrar en acción ante cualquier violación a la soberanía del país.

Reprochó que el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, no dijera con precisión donde se registraron los hechos en el departamento de Arauca e hizo mención a lo ocurrido en el sector La Victoria, en Apure, en 2021 al aseverar «que no ha pasado nada de lo sucedido».

La #FANB se encuentra en alerta desplegada, con su artillería territorial y aviación disponible ocupando sus posiciones y dispuesta A/O para entrar en acción ejecutiva ante cualquier violación de nuestra Soberanía Patria y en Defensa de la Nación. https://t.co/xWnFiMEosD

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) January 4, 2022

El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó este lunes 3 de enero el envío de dos batallones del Ejército al departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, para hacer frente a la violencia entre las disidencias de las FARC y el ELN.

«He ordenado que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas», dijo el jefe de Estado.

También dijo que estos grupos (las disidencias de las FARC y el ELN) «han estado operando a sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial».

Adle Hernández, coordinadora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la UCAB, alertó que la situación que viven los habitantes de las zonas afectadas por los enfrentamientos genera “un desamparo absoluto”

Organizaciones no gubernamentales y personalidades venezolanas se pronunciaron para exigir a las autoridades venezolanas que sean garantes de la seguridad de los ciudadanos expuestos a la violencia en los enfrentamientos

@Andrea_GP21 / Foto referencial

Tras 48 horas de balaceras entre la megabanda de El Koki y organismos de seguridad, muchas familias que residen en zonas aledañas a la Cota 905 dejaron sus viviendas este para escapar de la violencia.

A través de la red social Twitter, se han publicado varias fotos y videos que muestran a grupos familiares caminando bajo la lluvia con lo que pueden cargar, para salir de las zonas que alcanzan las balas en los tiroteos que empezaron el miércoles, 7 de julio.

“Nunca pensé despertarme en la mañana, y tener que abandonar mi casa. Desde las 5 am, las familias de la Cota 905 y sus alrededores, han tenido que irse de sus hogares. Esto se llama desplazamiento forzado”, escribió el joven Luis Colina en la red social.

Nunca pensé despertarme en la mañana, y tener que abandonar mi casa.

Desde las 5 am, las familias de la Cota 905 y sus alrededores, han tenido que irse de sus hogares.

Esto, se llama desplazamiento forzado.

Y no es Kabul o Bagdad. Es Caracas.

Algo inédito.

— Luis Colina (@histcolina) July 9, 2021

No es nuevo en Venezuela

Aunque los desplazamientos por violencia no eran comunes en Caracas, sí hay antecedentes en el país, sobre todo en las zonas fronterizas, pero también en poblaciones como los Valles de Tuy y Barlovento.

Pero es distinto cuando los desplazados circulan por las calles de Caracas como consecuencia de la violencia. Adle Hernández, coordinadora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), comentó que la situación de enfrentamientos de bandas no es algo nuevo, sino que ha sido “un proceso de instauración de este sistema de bandas y de este conflicto”.

A juicio de Hernández, la reciente situación registrada en la Cota 905 y zonas aledañas representa un “pico violento”, donde las personas que residen en los lugares afectados «han estado expuestas durante muchas horas de manera impredecible a un fuego cruzado de altísimo poder”.

Al estar expuestos a esta situación de Violencia, según Hernández, genera “el terror a la violencia, el compromiso a la vida”, además no se encuentran en una situación de “indefensión” por estar en “medio de un panorama absolutamente desolador”. Entonces se ven forzados a huir.

Luisa Maracara, periodista y coordinadora editorial de Crónica Uno, informó que en horas de la mañana de este viernes pudo observar personas con niños caminando en el paseo Los Ilustres.

«Familias completas que llegaron ahí huyendo de las balas. Con la lluvia se refugiaron donde pudieron», informó la comunicadora.

Más temprano en el paseo Los Iustres había gente (no se si llamarlos desplazados) de los barrios de la #Cota905 con niños. Familias completas que llegaron ahí huyendo de las balas. Con la lluvia se refugiaron donde pudieron pic.twitter.com/XYCjyixID5

— Luisa Maracara 💙💜💚💛🧡❤️ (@lmaracara) July 9, 2021

El periodista Jaime Bello-León, manifestó haber visto a “familias desplazadas temerosas de lo que se les viene encima”.

Estoy viendo pasar con sus peroles (enseres básicos) a familias desplazadas, temerosas de lo que se les viene encima. Lamentablemente, la reputación de las fuerzas del “estado” no ayuda a generar expectativas positivas. Su historial de violaciones y violencia es brutal.

— Jaime Bello-León (@jaimebelloleon) July 9, 2021

Los desplazados internos del conflicto armado venezolano. pic.twitter.com/OwS7CemSkm

— Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) July 9, 2021

El cofundador y coordinador del movimiento Mi Convive, Roberto Patiño, recibió información de que grupos familiares que residen en El Cementerio y la Cota 905, “están saliendo de sus casas para migrar a otros lugares de la ciudad para huir de la violencia”.

“Nuestra solidaridad con quienes están siendo forzados a salir de sus hogares debido a las actuaciones de grupos criminales y temerosos de que esta situación continúe”, expresó Patiño.

#9Jul 10.05 am Me informan madres de El Cementerio y la Cota 905 que las familias que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo y que han sufrido el horror de las últimas horas, están saliendo de sus casas para migrar a otros lugares de la ciudad para huir de la violencia

— Roberto Patiño (@RobertoPatino) July 9, 2021

Más mortales que el hampa

Adle Hernández enfatizó en que la mayoría de las personas que residen en las zonas afectadas no tienen nada que ver con el conflicto. “Terminan en medio de la violencia de un lado y del otro”, expuestas al fuego que sale desde la banda, pero también desde los organismos que tratan de controlar la situación. “Están las estructuras delincuenciales muy organizadas, pero también está la otra cara de la violencia, vinculada a los operativos con los que se trata de controlar a las bandas”.

“Lamentablemente estos operativos no contemplan unos procedimientos adecuados en cuanto al derecho a la vida, en general al respeto de los derechos humanos de estas personas que realmente quedan en el medio de unos y de otros”, señaló.

De acuerdo con Hernández, la situación que viven los habitantes de las zonas afectadas por los enfrentamientos genera “un desamparo absoluto”. Aunque es difícil tener estadísticas de la dimensión del problema hay señales de alarma. “Hemos visto algo realmente desolador, que es el ver a estas familias con algunas cosas que pudieron tomar de sus viviendas, saliendo con sus muchachitos, con sus abuelitos. Con lo que tienen, para tratar de resguardarse y de evitar continuar en estos sitios”, dijo.

Los desplazados internos del conflicto armado venezolano. pic.twitter.com/OwS7CemSkm

— Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) July 9, 2021

“Basta con leer los informes de organizaciones como Provea, o revisar la data que tiene el Observatorio Venezolano de Violencia. Ese miedo no viene de la nada. No es algo que imagina la gente. Tenemos data dura de organizaciones en las que se hace evidente cómo en los últimos años que deberían entenderse como organismos de seguridad del Estado, han terminado siendo más mortales que el hampa y eso es lamentable porque debería ser lo contrario”, lamentó.

En tal sentido, señaló que es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, agregando que existen procedimientos correctos que pueden llevarse a cabo en estos casos.

Los operativos de seguridad fueron anunciados por Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz, quien aseguró que tienen «la moral, los profesionales, armas y fuerza constitucional para lograr este objetivo».

Además, afirmó que mantienen «las acciones necesarias para proteger de estos grupos a las y los venezolanos».

1/5 #9Jul Los Cuerpos de Seguridad del Estado permanecerán en combate el tiempo que sea necesario para liberar la totalidad de los territorios secuestrados por las bandas delincuenciales. Tenemos la moral, los profesionales, armas y fuerza constitucional para lograr este objetivo pic.twitter.com/IvStQzZGYP

— Carmen Meléndez (@gestionperfecta) July 9, 2021

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La prioridad es la vida de la gente

Organizaciones no gubernamentales y personalidades venezolanas se pronunciaron para exigir a las autoridades venezolanas que sean garantes de la seguridad de los ciudadanos expuestos a la violencia en los enfrentamientos que afectan a zonas aledañas a la Cota 905.

Mediante un comunicado conjunto, recordaron que políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), «solo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento».

«Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía», señala el texto.

Consideran además que, en un corto y mediano plazo, se deben diseñar e implementar «políticas públicas integrales que desarrollen, simultáneamente, acciones y planes operativos y situacionales de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más largo alcance».

«Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados», agrega el comunicado.

También, exigieron que estos operativos deben tener como núcleo fundamental «el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Comunicado ONG y personalidades by Andrea González Parra on Scribd

Meléndez informó que en el desarrollo de las operaciones se han «liberado a ciudadanos que habían sido secuestrados por los antisociales»

Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz, afirmó este viernes, 9 de julio, que se ha «avanzado» en desmantelar estructuras criminales instaladas en territorios del oeste de Caracas, donde desde el miércoles, 7 de julio, se mantienen balaceras y enfrentamientos.

A través de su cuenta de Twitter, Meléndez dijo: «Hemos avanzado en desmantelar las estructuras del crimen que se habían instalado en estos territorios, con claras pretensiones de sembrar el terror y quebrantar la paz de las y los caraqueños».

También, la ministra indicó que los cuerpos de seguridad «permanecerán en combate el tiempo que sea necesario para liberar la totalidad de los territorios secuestrados por las bandas delincuenciales».

«Tenemos la moral, los profesionales, armas y fuerza constitucional para lograr este objetivo», agregó.

Asimismo, informó que en el desarrollo de las operaciones se han «liberado a ciudadanos que habían sido secuestrados por los antisociales».

«Mantendremos las acciones necesarias para proteger de estos grupos a las y los venezolanos», agregó la ministra de la administración oficialista.

Según Meléndez, los antisociales «contaban con apoyo logístico, comunicacional y financiero, con el objetivo de causar el caos y afectar la estabilidad de Venezuela».

«No descansaremos hasta desarticular, material e intelectualmente, a estas mafias terroristas», insistió Meléndez.

A juicio de la ministra oficialista, se mantendrán «los esfuerzos para preservar la tranquilidad y el vivir bien de todas y todos los venezolanos».

Para la tarde del jueves, 8 de julio, los enfrentamientos que han afectado al menos a siete parroquias de Caracas, dejaron seis fallecidos y varias personas heridas.

1/5 #9Jul Los Cuerpos de Seguridad del Estado permanecerán en combate el tiempo que sea necesario para liberar la totalidad de los territorios secuestrados por las bandas delincuenciales. Tenemos la moral, los profesionales, armas y fuerza constitucional para lograr este objetivo pic.twitter.com/IvStQzZGYP

— Carmen Meléndez (@gestionperfecta) July 9, 2021

El presidente aseguró que desde el gobierno interino se le dará acompañamiento a los militares que enviaron a Apure

Foto: Leo Álvarez

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó aseguró que Nicolás Maduro insiste en la violación de derechos humanos, de «manera flagrante», ante los enfrentamientos que han ocurrido en Apure. El 27 de abril, de manera extraoficial, se reportó que al menos 9 cadáveres ingresaron al hospital de Guasdualito.

Guaidó, en una rueda de prensa semipresencial, indicó que Maduro está permitiendo que «terroristas financiados por él», vulneren el territorio nacional. «Lo han reconocido una y otra vez, cuando los han invitado a Miraflores, esto es un conflicto auspiciado por Maduro en detrimento de la soberanía. Es absolutamente responsabilidad de la dictadura».

Igualmente recriminó que dejaron a los soldados solos y que la iglesia tuvo que ir a levantar los cuerpos de los fallecidos. Guaidó recordó que este conflicto ha provocado el desplazamiento de 6 mil venezolanos hacia Colombia, que se sumarían a los que se han ido del país por la emergencia humanitaria en los últimos años.

«¿Van a seguir amparando a Santrich y a Márquez en Venezuela o a todos los grupos irregulares? ¿En este momento no deberíamos estar rindiéndole honores, con sus familiares, por haber caído en el cumplimiento de su deber?», se preguntó el presidente sobre los militares venezolanos que han muerto. 

Exigió que tanto Santrich como Márquez sean puestos a la orden de la justicia y señaló que siguen en territorio nacional, «durante mucho tiempo los ampararon incluso en la capital», aseguró.

«El llamado es muy claro, no solo una investigación, seguimiento a cada una de las violaciones de DDHH. La FAN no puede seguir prestándose para esto, qué están esperando, o van a seguir exponiendo a nuestros soldados», expresó Guaidó.

También criticó los comunicados oficiales del gobierno de Maduro y los calificó de «tímidos», porque no mencionan a los grupos irregulares.  

Guaidó ofreció el acompañamiento a los miembros de la Fuerza Armada (FAN), y agregó que dentro de la institución hay cuestionamientos internos en estos momentos. «Hoy como venezolanos debemos estar en defensa de Venezuela», dijo.

«Llamen a los guerrilleros que ustedes amparan, sométanlo a la justicia. Hoy cada militar venezolano debe exigirlo, sin ningún tipo de ambigüedad», añadió. 

Guaidó y la rendición de cuentas 

En la rueda de prensa, el presidente Juan Guaidó aseguró que ya ha ordenado a los funcionarios del gobierno interino a que ofrezcan su rendición de cuentas. Esto mismo indicó el 14 de abril, desde Los Palos Grandes, Caracas, donde tampoco especificó cuándo será esta rendición de cuentas. 

«Se dará rendición de cuentas de manera clara y transparentes en todos los espacios pertinentes», aseguró. Además explicó que el año pasado se aprobaron $80 millones y se utilizaron $63 millones, pero no ofreció más detalles sobre la ejecución de este dinero. 

Sobre los $152 millones aprobados hace dos semanas, Guaidó dijo que está en proceso de aprobación la licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y que son recursos que no se han ejecutado, pero que están sujeto a control ciudadano y parlamentario.

AN para acompañamiento

El presidente Juan Guaidó se refirió a las recientes denuncias de acoso, abuso sexual y violaciones que se han presentado en las redes sociales, en los últimos días e invitó a las víctimas a seguir denunciando. 

«Hay que rápidamente atender este caso, entendiendo que hay necesidad de hacer justicia y sanar», expresó.

Igualmente invitó a que denuncien en todos los medios posibles. «Es absolutamente doloroso, sobre todo cuando sucede en entornos familiares o cercanos», añadió. También dijo que es importante que los hombres o miembros de la comunidad LGBTI, que hayan sido afectados por estos delitos, se expresen.

El presidente Guaidó aseveró que al mismo tiempo es necesario evaluar los patrones que como sociedad se han adquirido. «Creo que eso nos lleva a un proceso de reflexión profunda». 

Además se preguntó como se puede ayudar desde el gobierno interino, porque señaló que en Venezuela no hay acceso a la justicia, y no es suficiente la confesión para resarcir el daño, porque eso lleva una pena. 

Por eso puso a la orden los canales oficiales de la Asamblea Nacional y sus comisiones para atender denuncias de este tipo, y además señaló que las ONG también se han convertido en el espacio natural para denunciar. 

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La diputada Delsa Solórzano aseguró que han recabado más de 30 testimonios

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) informó que han recabado testimonios de personas que han sido víctimas de violaciones de Derechos Humanos en los enfrentamientos de Apure.

Solórzano indicó, en la sesión virtual de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, que han recibido denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra una población desarmada.

Igualmente se refirió al caso del asesinato de los miembros de la familia Ramírez Remolino y que el hijo mayor, quien es uno de los desplazados de la zona, es uno de los testimonios que ha denunciado los hechos. Habría explicado que su familia era campesina y que en el operativo preguntaban la nacionalidad de las personas y ellos portaban una cédula colombiana, porque tenían doble nacionalidad. 

«Los testigos dicen que los asesinados fueron una joven madre venezolana, su cuñado y un niño de 17 años. Hoy todos los sobrevivientes temen por su vida», añadió.

Solórzano explicó que han recabado más de 30 testimonios que han sido remitido a los organismos internacionales. 

«Estos hechos podrían configurar como un crimen de asesinato estipulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se están realizando investigaciones independientes por parte de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos», explicó.

En el debate de la AN también participó el diputado Luis Lippa (PJ-Apure) indicando que desde La Victoria, se han desplazado 4.700 hacia Colombia y que han recibido albergue por parte de las autoridades y también de familiares y amigos. 

Aseguró que esta situación se da por la ausencia institucional de los organismos de seguridad y que eso permitió la ocupación de otras personas y la gente no sabe quién los puede atender. «Les tienen miedo a los cuerpos de seguridad y a los demás también, porque sienten que ha habido excesos, abusos, han perdido alimentos y han tenido pérdidas económicas», explicó.

Exigió que haya garantías de seguridad para que los venezolanos puedan regresar a sus casas y fincas. «Estas son personas humildes, trabajadores, productores que han vivido en esa zona en los últimos años teniendo miedo por sobrevivir a la crisis y ahora se suma un conflicto armado interno». 

AN denuncia disputa por droga

El diputado Romel Guzamana (VP-Representación indígena) aseguró que en la zona hay una disputa por la droga. «Lo que pasó el 19 de marzo es la guerra por el territorio que jamás fue tomada en cuenta por este régimen, es totalmente desatendida y dejada a manos de terroristas», añadió.

«Los ataques, han matado y masacrado a varias familias campesinas indígenas, en vez de ayudar lo que hacen es masacrar y crean un falso positivo y ofenden a las familias como hicieron en El Amparo», aseveró el diputado. 

También aseguró que los militares venezolanos sobrevolaron con aviones y helicópteros y sacaban a las personas de sus casas, las cuales fueron saqueadas. «Les llevaron televisores, nevera, comida, es una burla especialmente a esos campesinos trabajadores y que siempre fueron hostigados por el régimen de Maduro». 

El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) denunció que Apure ha quedado como el «epicentro de un sangriento ajedrez político» donde hay 110 trochas (pasos ilegales) y que son fuentes de financiamiento para grupos irregulares, guerrillas, policías y autoridades civiles y militares. 

Eso, según el diputado de la AN, se sumaría a las 250 trochas que hay en Táchira y las 180 que hay en el estado Zulia. «Pasan carros, drogas, mercancías, hay un abandono total del Estado, no solo desde la seguridad, sino de la educación». 

Dávila expresó que hay un micro Estado para poder mantener la estructura del «poder usurpado». «Lo que sucede en Apure no es ajeno al Zulia o el Táchira, porque es la fuente de financiamiento, se convirtieron en zonas de exterminio». 

«Los crímenes que suceden ahí no son investigados por el Estado venezolano y Padrino López quiere montar un falso positivo, que lo ocurrido en Apure es una política diseñada por Colombia para desestabilizar la frontera», dijo el diputado. 

Sin embargo, aseguró que la intensidad de los enfrentamientos se deben a la permisividad que tiene Nicolás Maduro con las disidencias de las FARC, «que ha permitido albergar terroristas y trae como consecuencia este desplazamiento. La pandemia fue utilizada para fortalecer su control». 

También pidió que estos hechos llamen la atención de la región, al haber minas antipersonas en esa zona, «El hecho de que haya minas pone en peligro a la población y viola el tratado de Ottawa». 

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Al menos 337 heridos han dejado enfrentamientos de ciudadanos que intentaban votar en el referendo de Cataluña y la policía que tenía orden de impedir la consulta suspendida por la Justicia, aseguró el Gobierno catalán.

Este domingo, la región española de Cataluña está votando en un referéndum independentista considerado ilegal en medio de un fuerte despliegue policial y con numerosas irregularidades en el modo de votación, con algunos incidentes entre agentes y ciudadanos en varios puntos.

La consulta secesionista convocada por el Gobierno autónoma catalán a primeros de septiembre, fue suspendida inmediatamente por el Tribunal Constitucional y los diferentes juzgados han ordenado medidas para que las fuerzas de seguridad precinten los colegios y se incauten de urnas y papeletas de votación. reseñó Efe.

Eso llevó a las autoridades catalanas, a primera hora de hoy, a modificar las normas que había dado con anterioridad, de modo que un votante puede hacerlo en cualquier colegio de la región y no en el que tenía asignado, con papeletas impresas en casa y sin sobre.

Nuevas normas que para el consejero catalán de Presidencia, Jordi Turull, configuran un proceso electoral «con garantías» legales, mientras fuentes del Gobierno español aseguraban que los secesionistas «han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática».

«Sin censo, con papeletas de casa, sin sobres y en el colegio que a cada uno le de la gana. Es un bochorno democrático», dijeron las fuentes.

En medio de una notable pasividad de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra), que no desalojó colegios ocupados previamente por ciudadanos ni cerró otros abiertos, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas empezaron a desplegarse a primera hora por numerosos centros.

Momentos de tensión con la intervención de polícias y guardias españoles

En algunos casos la intervención de policías españoles y guardias civiles generó momentos de tensión con los manifestantes independentistas y, en el centro de Barcelona, hubo cargas policiales contra personas que cortaban las calles y, en algún caso, lanzaron objetos contra los agentes.

Otro escenario de tensión fue la localidad de Sant Julià de Ramis, donde tenía previsto votar el presidente catalán, Carles Puigdemont y en cuyo colegio se presentaron varias decenas de agentes para requisar las urnas y el material para votar.

En ese proceso hubo forcejeos y empujones entre los agentes y un centenar de personas que querían impedir su entrada en el centro, pero sin que aquéllos cargaran.

Puigdemont decidió finalmente no acudir a su colegio electoral y fue a votar a otro de la provincia.

Las fuerzas de seguridad, que ayer bloquearon el centro informático catalán – cuya misión sería facilitar el eventual recuento – anularon hoy el nuevo sistema informático anunciado a primera hora de la mañana por el consejero Turull.

Eso motivo que muchos colegios paralizaran la votación ante la imposibilidad de seguir y en otros lugares se tomaran a mano los datos de los que acudían a votar.

Todo esto hace difícil saber cuántas personas están participando en la consulta ilegal, mientras el Ministerio del Interior apuntaba que, con esa falta de garantías, una misma persona podría votar varias veces en diferentes sitios.

Los secesionistas criticaron la actuación policial y las escenas de tensión vividas en varios puntos de la región, mientras que el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, afirmó que «nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos hacer».

Según Millo, el objetivo del operativo policial es cumplir con las resoluciones judiciales en el sentido de requisar todo el material destinado a la votación, como urnas y papeletas.

Una opinión muy diferente es la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha llamado «cobarde» al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por «inundar de Policía» la capital catalana.