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Electricidad de Caracas

Ex presidente de Duro Felguera negó pago de sobornos a altos cargos venezolanos

Angel del valle Duro Felguera

El ex presidente de Duro Felguera, Ángel del Valle, negó hoy que este grupo empresarial español sobornara a altos cargos venezolanos a cambio de contratos, y aseguró que dimitió el pasado noviembre con el fin de proteger a la compañía, muy perjudicada internacionalmente por su imputación judicial.

Ante el juez encargado del caso, Del Valle rechazó así las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción española, que lo investiga junto a una decena de personas físicas y jurídicas por sobornos y lavado de capitales, explicaron fuentes jurídicas.

Según la querella de Anticorrupción, la empresa de ingeniería firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas a fin de encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos.

Por el contrario, Del Valle defendió la legalidad de los acuerdos suscritos en Venezuela.

Entre otros, mencionó el contrato de más de mil 500 millones de euros firmado en 2009 con la empresa pública Electricidad de Caracas, que a día de hoy, dijo, continúa debiendo 80 millones de euros a Duro Felguera.

Sin embargo, la versión de la Fiscalía indica que Del Valle y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, decidieron entregar hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) a otro de los querellados, Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006 y actualmente en prisión provisional en España.

Sobre su dimisión como primer directivo, comunicada el pasado 24 de noviembre, Del Valle insistió en que vino motivada por los momentos difíciles de la empresa, en mitad de las negociaciones con la banca para cerrar una operación de refinanciación.

Respecto a Villalobos, la Fiscalía lo señala por aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas mediante la compra de un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja.

El Gobierno español aprobó el pasado viernes su entrega a Estados Unidos, donde es requerido por presunta organización criminal y blanqueo.

Sin embargo, está previsto que permanezca en España, donde tiene abierto otro procedimiento por lavado de dinero.

Acceso a la Justicia: El trágico legado de las expropiaciones

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, al presentar y publicar su tercer informe sobre Venezuela el pasado lunes 12 de febrero, denunció la «situación alarmante y catastrófica por la que atraviesa Venezuela», explicando que «se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017».

La crisis económica ha sido usada por el Ejecutivo para justificar tener cada vez más poder y declarar un estado de excepción que ya se ha vuelto indefinido, pero el informe aclara que esta “no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros, sobre todo para los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad”.

Al respecto, Acceso a la Justicia destaca que el Gobierno tiene importantes e ineludibles responsabilidades en su rol de Estado establecidas por la Constitución (artículo 3, entre otros), pero ha profundizado esta crisis económica intencionalmente con políticas públicas para tener más control social, con el propósito de perpetuarse a costa del bienestar de la población.

Debemos subrayar que se ha hecho lo mismo desde hace más de 12 años, a pesar de que Heinz Dieterich, uno de los impulsores del régimen, advirtió sobre el fracaso de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo a partir de 2008, así como también lo hicieron importantes representantes del régimen como Jorge Giordani o Rafael Ramírez, quien en 2014 criticó la gestión de Maduro por mantener las mismas medidas.

A pesar de ello, y bajo el argumento de implantar el Socialismo del siglo XXI, que es el modelo político de Chávez, el Gobierno ha seguido adueñándose de los medios y bienes de producción tomando medidas expoliadoras, incluso en 2017, cuando según la ONG Cedice sumaron 11.852.

Todas estas acciones han sido llevadas a cabo bajo el manto de un conjunto de normas inconstitucionales, dictadas por el gobierno anterior a Maduro, sobre todo en la época de la Asamblea Nacional (AN) compuesta sólo por el chavismo (2005-2010). Entre estas destaca la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual habilitó al Gobierno nacional a «proceder a la adquisición forzosa» de bienes y actividades relacionadas a este sector «sin necesidad de obtener autorización por parte de la AN».

Tras ella fueron aprobadas leyes como la de Tierra y Desarrollo Agrario (2005), de Tierras Urbanas (2009) y Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (2009), que crearon vías expresas para las expropiaciones en el país. Una modificación a esta última ley permitió que todos los bienes pudieran ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición de que “se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado”.

Esta política fue fortalecida con normas como la del Sistema Económico Comunal (2010), de Regularización de Asentamientos Urbanos (2010) y la de Costos y Precios Justos (2011), esta última reformada en 2014 y 2017.

Acciones y consecuencias

Es con dicho entramado de normas que Chávez inició su plan nacionalizador en 2007: violando la Constitución y haciendo alusión al carácter estratégico de los servicios y la energía, procedió a estatizar la Electricidad de Caracas, la CANTV (telecomunicaciones) y más de cincuenta contratistas petroleras.

Al año siguiente también atacó áreas clave como la construcción, la industria de alimentos, la banca, la siderurgia y el comercio, nacionalizando empresas como las cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, Sidor y el Banco de Venezuela.

En 2009, les llegó el turno a las productoras de alimentos: la procesadora de arroz Cargill, los molinos de Monaca (productoras de harina de trigo), las plantas de Aceite Diana (aceite de maíz), Lácteos Los Andes y las principales torrefactoras de café. Estas acciones siguieron tomando vuelo y, en 2010, las cadenas de supermercados Cada y Éxito, Owens Illinois y Agroisleña pasaron a manos del Estado, mientras cientos de fundos, agroindustrias y empresas empezaron a correr paulatinamente con la misma suerte.

Esta férrea política de estatizaciones (que no puede ser separada de medidas como la regulación de precios y el control de cambio, pues todas se dirigen al control social a través de la economía)  al ser profundizadas por Maduro y al no tener divisas para paliar con importaciones u otras políticas como hacía Chávez, los efectos nocivos de estas medidas han llevado, entre otros males,  a cuatro años de recesión, severa escasez, al primer ciclo hiperinflacionario venezolano y a una pobreza extrema de más de 51,51%, todo lo cual viene acompañado de la condena que supone a la población el sortear obstáculos inenarrables para simplemente acceder a insumos básicos.

Resulta entonces obvio quién es el responsable de la catastrófica situación actual, hecho contrario al discurso oficial que, sin mayores explicaciones, la atribuye a una supuesto guerra económica, cuando en realidad el origen de la misma está en el propio Gobierno.

El hecho de que este proceder haya sido sostenido durante más de una década con resultados negativos, y que haya sido mantenido por Maduro de manera intencional, a pesar de las advertencias de miembros del mismo Gobierno y los efectos nocivos probados de su implantación como han sido los crecientes índices de pobreza desde el inicio de su mandato, podría acercar la revolución socialista a la comisión de crímenes de lesa humanidad, al constituirse su política gubernamental, ya sistemática, en “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).

Con información de Acceso 

 

España extraditará a EEUU a dos altos ex funcionarios venezolanos por corrupción

nervis

El Gobierno español aprobó este viernes la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos del Gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, empresa subsidiaria de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado 26 de octubre y actualmente se encuentran en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional española.

En un comunicado, el Gobierno explica que ambos son sospechosos de haberse asociado entre 2011 y 2013 con un grupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA para solicitar sobornos a vendedores y empresas a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y en los cobros en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana.

Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas en complejas transacciones financieras internacionales y en algunos casos mediante inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, donde estaban radicadas algunas empresas afectadas.

Ya en enero pasado el Ejecutivo español aprobó la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven, empresa subsidiaria de PDVSA.

Además de esta entrega y las dos de hoy, EE.UU también reclama a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA.

 

Fiscalía continúa con investigaciones sobre corrupción en PDVSA

 

La Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones relacionadas con corrupción en PDVSA, de acuerdo con informaciones se manejan pruebas en contra de Luis Alberto Terrero Añez, por presunto sobre precios a compras de la filial PDVSA International, mediante el soborno de una red de funcionarios públicos al servicio de los intereses que causaron fraude a la principal empresa del país.

 

Eddie A. Ramírez S. Jul 12, 2016 | Actualizado hace 2 semanas
Corrupción e ineficiencia cementada

Cemento

 

La corrupción y la ineficiencia están pegadas con cemento a los rojos revolucionarios. Por doquier surgen casos de apropiación indebida de los recursos del Estado. Todos los días se producen denuncias y existen juicios en el exterior, pero aquí nadie investiga. Entre otros, cabe cita la importación  de medicinas y alimentos con sobreprecios  y a veces vencidos. Contrataciones de gabarras de perforación petrolera con tarifas muy por encima de los parámetros del mercado. Compra de plantas eléctricas inadecuadas y con pago de comisiones exorbitantes.

Además de la corrupción, hay que destacar que todas las empresas del Estado están dando pérdidas. Aquí no cabe la mentira de la guerra económica, ni del acaparamiento. El problema generalizado es la ineptitud gerencial, la falta de inversión y el deficiente mantenimiento. En algunas, hay que agregar la escasez de repuestos y de materia prima, así como conflictos laborales.  

Con la excusa de que son empresas «estratégicas», el régimen maneja, entre otros,  cuatro  sectores de vital importancia: petróleo, hierro, aluminio y cemento.  Según las Memorias y Cuentas del Ministerio de Petróleo y Minería, en el 2006, la producción de petróleo fue de  3.250.000 barriles;  hierro 20.853.000 toneladas y bauxita (aluminio) 5.927.000 toneladas. El año pasado toda la producción descendió drásticamente, Pdvsa y socios sólo produjeron  2.863.000 barriles por día (incluidos 117.000b/d de líquidos del gas natural),  hierro 11.700.000 toneladas y bauxita 2.300.000 toneladas.  Es decir que en comparación con el año 2006, en el 2015 la producción de petróleo descendió en un 12%, la de hierro en 44% y la de bauxita en 61%.  En el caso del petróleo, si comparamos 2001 con mayo de este año, la producción de crudo, sin incluir los líquidos del gas natural,  descendió  un  23,5%.

En cuanto a la producción de cemento, nos permitimos citar el informe ¨El monopolio estatal del cemento¨, elaborado por los sociólogos  Zouleyma Escala y Rafael Fernández, publicado por el Observatorio de  Derechos de Propiedad, con participación de Cedice y Liderazgo y Visión. En el mismo se señala que el gobierno expropió cuatro empresas privadas: Cemento Andino ( grupo Argos de Colombia), Cemex (México),  Holcim (Suiza) y Lafarge(Francia). La excusa fue lograr el «desarrollo endógeno, independencia económica, suministro a precio justo, poder construir más viviendas, protección del ambiente y para mejorar las condiciones socio-económicas de los trabajadores«.  Ninguna de estas promesas se ha cumplido. Adicionalmente, en el 2005 creó la empresa Cerro Azul con los iraníes, la cual debía estar lista en el 2008, pero todavía está incompleta.  

La capacidad de producción nacional de cemento es de unas once millones de toneladas. En el 2007, la producción en manos privadas fue de 10.200.000 toneladas. Ahora, en el año pasado, las empresas del Estado: Venezolana de Cementos, Fábrica Nacional de Cementos,  Industria Venezolana de Cemento, Cemento Andino y Cemento Cerro Azul, tuteladas por la Corporación Socialista de Cemento, solo produjeron 5.931.000 toneladas. Cuatro de las empresas están manejadas por militares y en ellas el número de personal administrativo es muy superior al de obreros y son en las que más ha caído la producción.  

También cabe preguntar a los lectores si los servicios que presta la CANTV y la Electricidad de Caracas son mejores o peores que  antes de la estatización.   

Estos contundentes datos comprueban que la estatización de las cuatro empresas cementeras privadas y la creación de otra con los iraníes fue un fiasco. No solo la producción cayó en un 42 %, sino que perdimos prestigio internacional al no compensar correctamente a las empresas. Ojalá que quienes sustituyan al actual régimen entiendan que el Estado es un pésimo productor y administrador y que sus ingresos, cada vez menores, deben dedicarse a la educación, salud, infraestructura y seguridad. No sigamos engañando al pueblo. A los rojos ineptos y cementados con corrupción habrá que despegarlos con el cincel del revocatorio.

Como (había)en botica: «El ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos« es un contundente trabajo de la joven periodista Arisbell Arismendi  que evidencia el papel de los militares en ese despacho.  El Mayor General Gustavo González López sigue acumulando méritos para ser despreciado por los demócratas. Sus declaraciones incitan al odio y dan pie a las agresiones de sus paramilitares rojos. Declarar que «han ocurrido situaciones irregulares en los lugares que visita Lilian Tintori« es de una gran irresponsabilidad. Merecido el premio honorífico Dr. Gumersindo Torres otorgado por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros  al distinguido ingeniero Ramón Cornieles, quien a sus noventa años se mantiene activo aportando sus conocimientos para la futura recuperación de la industria petrolera.  Felicitaciones a la laboriosa colonia portuguesa por el triunfo en la Eurocopa de fútbol ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

eddiearamirez@hotmail.com

Yo tenía una luz … por Carolina Jaimes Branger

Vela

 

Del cuento del sabotaje que hacían las iguanas y las ratas (que han debido haber sido entrenadas en el imperio, por lo eficientes) , ahora pasamos al cuento de El Niño. El Niño es el culpable de la crisis eléctrica, aunque no me extrañaría que también dijeran que a El Niño lo mudaron los gringos de Perú a Venezuela.

La crisis eléctrica no es nueva en Venezuela. Es nueva en Caracas. Quienes hemos vivido en el interior conocemos cuán precario es nuestro sistema eléctrico. Yo viví en Maracay veintiún años y puedo dar fe de que cuando llovía era casi una fija que se fuera la luz. A veces por pocos minutos, pero otras por horas. Esa situación empeoró cuando Chávez llegó al poder. No sé qué era lo que hacían –o lo que no hacían- pero el hecho es que la precariedad del sistema eléctrico era notoria. Los transformadores explotaban, los lapsos sin luz eran cada vez más largos y las facturas de Cadafe/Corpoelec, las más caras de Venezuela, por un servicio que no recibíamos.

Los caraqueños están experimentando lo que les evitó la Electricidad de Caracas cuando era una empresa privada. No sé cuál es el miedo de hablar de privatización, cuando las empresas que mejor funcionan son las privadas.

¿Quién puede negar que la Electricidad de Caracas era una compañía modelo? Comparen la de antes con la de ahora. Piensen en Jesse Chacón, en Rafael Ramírez, en Alí Rodríguez Araque… ¿qué hicieron por el sistema eléctrico? Jesse Chacón fanfarroneó con aquella promesa de que renunciaría si al cabo de cien días no resolvía la emergencia. Duró dos años y cuatro meses y ahora todo está peor. Pero lo premiaron con una embajada. A todos los que han colaborado a destrozar el sector eléctrico los premian con una embajada. Me imagino que Motta Domínguez estará prevenido al bate.

El pasado martes estuvieron en el programa de César Miguel Rondón dos personas serias e informadas: Diana Mayoral, tesorera de Consecomercio y Víctor Poleo, ex vice ministro de Energía, quien ya en dos oportunidades ha sido citado por el CICPC/SEBIN por declarar sobre la emergencia eléctrica. Y es que el sol, hablando de luz, no se puede tapar con un dedo.

Las cifras que mencionaron paran los pelos de punta: 50 mil millones de dólares costó la emergencia eléctrica y estamos sin luz. Y así todo, quieren declarar otra emergencia eléctrica. ¿Para qué, para terminar de raspar la olla?…

«Hemos estimado que la sobrefacturación en las inversiones eléctricas de los últimos años ronda los $17 mil millones, más que las reservas», dijo Poleo. ¿Dónde está ese dinero? Recuperarlo nos daría la posibilidad de invertirlo para solventar esta crisis energética. La empresa argentina IMSA y la brasilera Odebrecht -sin conocimiento de turbinas- llevan cinco años de retraso y 10 mil millones de dólares de sobrefacturación solo en el proyecto Tocoma. Sería bueno también saber qué ha pasado con los contratos firmados a instancias de Zapatero y Moratinos con la empresa Duro Felguera.

Poleo ha estado siendo entrevistado por muchos medios y sus declaraciones han sido lapidarias. No me extrañaría que volvieran a citarlo o hasta ponerlo preso: “Las lluvias no obedecen órdenes militares, es inútil la Misión Lluvia Soberana de Motta Domínguez”. «Alí Rodríguez es un estafador político responsable con Rafael Ramírez de despilfarro y corrupción».

En fin, según Poleo, hay que “dinamitar Corpoelec” y descentralizar. Totalmente de acuerdo con él.

“Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía el gobierno y ¡zuás! Y me la apagaba”…

@cjaimesb

Ago 07, 2015 | Actualizado hace 9 años
Réquiem por el teléfono público por Sergio Dahbar

Tlfpublico

 

Aparentemente tienen los días contados teléfonos fijos, controles remotos, GPS, cabinas telefónicas, DVD y Blue Ray, cámaras de video y fotos, MP3, calculadoras, despertadores, grabadoras de voz, relojes pulsera, linternas… El avance de la tecnología es implacable.

Yo lamento la desaparición del teléfono público. Una noticia en El País de España, escrita por Daniel Verdú, da cuenta de este fenómeno a partir de la rutina de una cabina en el centro de Madrid, la número 7313U, que en diez horas continuas apenas usan tres personas: Un inmigrante boliviano, una novia olvidadiza y un romántico de la comunicación.

En 2016 desaparecerán 25.820 cabinas en España, de cien mil que había en el año 2000. Verdú reporta una caída interanual del 40 por ciento de este segmento comercial. Hoy es un negocio deficitario.  Los móviles (50 millones de líneas) y los locutorios le dieron la estocada final. Dolorosa realidad para un aparato que revolucionó las comunicaciones por primera vez en la península en 1928, desde restaurantes y hoteles. Recién en 1966 se pararon en la calle para que la gente pudiera llamar.

La cabina telefónica inglesa, roja por fuera, había nacido en 1924, diseñada por Sir Giles Gilbert Scott, nieto, hijo y padre de arquitectos. La leyenda urbana asegura que se basó en la tumba de Sin John Soane, que data de 1816, para diseñar lo que sería uno de los emblemas británicos más populares.

La noticia produce desconcierto en mi extraña memoria cinematográfica. Siempre me ha impresionado cómo Clark Kent utiliza de vestuario una de estas cabinas para mutar en Superman a la hora de salvar el planeta.

Utilizar este singular espacio para la comunicación como pasaje secreto o mágico no se agota en el héroe venido de Krypton: Harry Potter lo usa de ascensor para ir al Ministerio de la Magia; así como el superagente 86 baja al cuartel general de Control en el corazón de la tierra. Neo y Trinity escapan de Matrix en la película homónima.

¿Qué hubiera sido de Los pájaros sin la cabina telefónica donde se resguarda la protagonista? ¿De qué manera Michael Corleone (El padrino) hubiera llamado a casa para verificar si habían asesinado a su padre? ¿Qué otro teléfono hubiera usado Mac (Local Hero), empleado de una petrolera, para comunicarle al dueño de la empresa, Harper, la actividad de la aurora boreal en Escocia?

En Venezuela existieron 80 mil líneas de teléfonos públicos en su mejor momento: año 2000. Era un excelente negocio, casi 10% de los ingresos de Cantv (400.000.000 de dólares). Los centros de comunicaciones eran una oportunidad óptima de franquiciar el negocio, y ofrecer banda ancha para muchos. Se coleccionaban tarjetas con paisajes venezolanos.

Entre nosotros el celular no llegó a matar al teléfono público, porque antes lo asesinó el control de precios que congeló la tarifa, hacia 2002. A partir de ese año el negocio de la telefonía pública cayó en picada, como otros servicios del Estado.

Llegamos a tener Edelca, Inos, Cantv, Electricidad de Caracas, empresas admirables en su desempeño privada, en las que valía la pena construir una carrera laboral. Todo eso se derrumbó en las manos de quienes venían a salvarnos.

Hoy, la fatal encrucijada venezolana coincide con otra de carácter global. Los teléfonos públicos desaparecen y quizás el único museo significativo de estos objetos se encuentre en la memoria del séptimo arte.

Como es el caso de una cabina que estuvo mucho tiempo en el medio de la nada, en el desierto de Mojave en California. Ya desapareció, porque nadie la usaba, y sólo queda una película que da cuenta de lo que fue su existencia. Pero eso es harina de otra columna.

 

@sdahbar

El castigo a una empresa española que lavó dinero a favor de chavistas

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Transar con chavistas corruptos, pagarles comisiones insólitas a través de empresas de fachada, colocar esos fondos en paraísos fiscales, aupar el lavado del dinero concedido a cambio de un dos mil millonario contrato en dólares inflados, como ha sido el caso de la empresa española Duro Felguera, puede llevar consigo, cuando la pústula estalla, consecuencias terribles al negociante también corrupto, a la acción que cotiza en bolsa, al banco que facilita la trama y a los organismos reguladores bancarios españoles que en su propia cancha no cumplieron con su responsabilidad de investigar y advertir tales prácticas.

«El asunto es especialmente enojoso. Porque deja al descubierto que mientras la mayoría de las empresas españolas que operan en Venezuela sufren el acoso del régimen -incluidas amenazas de expropiación, modificaciones en las condiciones contractuales o imposibilidad de recuperación de dividendos-, algunas no tuvieron escrúpulos en cooperar en la rapiña de la cúpula bolivariana con tal de hacer negocios. Algo que sirvió para enriquecer a esos dirigentes que han convertido a Venezuela en el país más corrupto de Latinoamérica», estampó el diario El Mundo en su editorial del viernes 20.

Muy bien lo explicó el representante de Duro Felguera (DF) en la exposición Venezuela de Verdad que el gobierno venezolano montó en Madrid a comienzos de marzo, un par de semanas antes de que el escándalo de la Banca Privada de Andorra y su filial Banco Madrid hiciera eclosión y ambas entidades se calcinaran con su propia purulenta lava: “En Venezuela todo se soluciona y se avanza”, dijo entonces, con la seguridad que le otorga la experiencia en el sitio.

En la antigua hacienda de caña denominada El Sitio, situada a 40 kilómetros al sur de Caracas, en el municipio Paz Castillo del estado Miranda, Duro Felguera está construyendo desde 2010 una planta generadora de energía eléctrica, llamada Termocentro, la cual abastecerá a la sufrida capital del cielo en la que casi todas las noches sus cinco millones de habitantes están prestos a encender una vela.

Duro Felguera (MDF, en la Bolsa de Madrid) es una empresa asturiana con sede en Gijón y más de 150 años de experiencia en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético, Oil & Gas y de minería y manejo de graneles. El contrato por la construcción de Termocentro, anunciado en mayo de 2009 con la ya estatal La Electricidad de Caracas (hoy integrada en Corpoelec), significó para la corporación española 2.100 millones de dólares (1.500 millones de euros, al cambio de entonces), el proyecto industrial más importante en toda su historia. La culminación de la obra estaba prevista para 2013, pero todavía no se encuentra en operación plena.

Éste y el de la construcción de dos barcazas generadoras de energía para la planta de Tacoa en el litoral central venezolano, que también fue asignado a DF, fueron los únicos de los 14 grandes contratos otorgados por EDC que escaparon de las manos de Derwick y Asociados, los bolichicos más celebres de la vecindad.

Si. Venezuela cancela y los negocios avanzan, se resuelven los atrasos en los pagos denominados en euros, se minimiza la exposición en bolívares devaluados, se acuerda un cronograma de pagos semanales de un remanente de 126 millones de euros por cobrar que culminará antes de que ocurra el cambio de horario de verano el 29 de marzo a las 2 de la madrugada. Para el momento de la exposición en el Círculo de Bellas Artes, DF creía que en Venezuela, Estados Unidos y España ya se habían olvidado de que por sus cortijos también había pasado mandinga y se había llevado una comisión de 50 millones de dólares, los cuales fueron depositados en la lavandería de Banco Madrid, fondos posteriormente legalizados y exportados, al punto de haber dejado sus titulares en cuenta apenas 3 millones de euros y un crédito por otro millón.

En los archivos de Banco Madrid aparecen el ex vice ministro de Energía y ex presidente de Cadafe Nervis Villalobos y su esposa Milagros Coromoto Torres, como titulares de cuentas de empresas de la que son titulares o accionistas importantes. La empresa de los ciclos combinados se llama Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre).

 

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60 millones de euros en paraísos fiscales

 

Esa comisión no tuvo guarnición, ni capilla ni santo. Cuando Duro Felguera fue a por Termocentro, firmó un contrato de asesoría con la consultora venezolana Técnicas Reunidas SRL (Terca), dirigida por el ingeniero Luis Barrios, con oficinas administrativas en el Centro Comercial Santa Paula, Caracas, representante de proveedores internacionales de equipos para plantas de generación eléctrica, entre otras especialidades, con bastante tradición en el país, con clientes como la misma La Electricidad de Caracas, Enelven, Cadafe, Pdvsa, Pequiven y Chevron. Creada en 1989, sus momentos de mayor esplendor fueron entre los años 2003 y 2004, cuando las órdenes de compra excedieron 130 millones de dólares y 80 millones, respectivamente. Dicen en Madrid que en la selección de esta empresa, más allá de su amplia experiencia en el ramo (representa a Siemens Westinghouse Power Corporation, que finalmente proveyó las cuatro turbinas de Termocentro), pesó bastante su propia denominación comercial y jurídica. Técnicas Reunidas (TRE, en la bolsa madrileña) es su gran competidor. «Tener como asesor en Venezuela a una empresa llamada Técnicas Reunidas le permitía blasonar en los medios locales e internacionales de que hasta sus rivales le ayudan a capturar clientes», me dice un ingeniero de TRE.

Según el informe de los investigadores del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que llevó a la liquidación de Banco Madrid, el contrato de DF con Terca tiene fecha 3 de diciembre de 2008. Su objeto consistía en asesorarla en «la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1.080 MW (Central Termocentro)». El contrato estipulaba que por los servicios prestados la consultora sería recompensada con 5.5% de lo que obtuviera Duro Felguera.

La cesión de ese contrato a nombre de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), representada por Nervis Villalobos, fue uno de los dos documentos entregados por el ex vice ministro para justificar los depósitos que le hicieron en la filial de la banca andorrana. El otro fue un contrato con la empresa Miami Equipment & Export Co, por asesorarle en varios proyectos, entre ellos una planta de 100 MW ubicada en San Lorenzo, estado Zulia, contrato estipulado en 9.5 millones de dólares, expedido a otra empresa de Villalobos con cuenta en Banco Madrid (Kingsway Ltda).

Duro Felguera establece condiciones iguales en uno y otro contrato de consultoría, incluyendo la minucia de los «informes orales» y también la particularidad de que una le cede su porción de beneficios a la otra sin ningún tipo de penalidad o indemnización …, aparentemente.

El traspaso de contrato a favor de Ingespre tiene fecha 12 de abril de 2011, dos años después de haberse anunciado la adjudicación a DF el contrato por $2.100 millones (1.500 millones de euros) el 4 de mayo de 2009, más de un año después de que se iniciaran las obras y bastante tiempo después de que el flujo de fondos del estado venezolano estuviera llegando a borbotones a Gijón.

Sin que se advirtieran los nubarrones que la semana pasada se convirtieron en tormenta despiadada, tanto para DF como para Banca Privada de Andorra, en la Junta General de Accionistas de la multinacional asturiana (junio 2011) alguien quiso encender alarmas pero no le hicieron caso.

José Luis García Arias, cabeza del Grupo Melca, con 6,27% de las acciones de MDF, pidió explicaciones sobre algunos hechos que consideraba irregulares.

1.- A sabiendas de que ese seguro contrato en Venezuela podría mejorar sensiblemente la posición en bolsa de MDF, un innominado miembro de la directiva había hecho uso particular de esa información privilegiada. En la etapa final de la negociación el directivo compró acciones de MDF, entre finales de 2008 y junio 2009, con lo cual consiguió una revalorización de sus acciones del 30% hasta el día del anuncio y más de 10% a partir del día del anuncio.

2.- Pagos realizados a la empresa Terca SRL de Venezuela por valor de 25 millones de  euros en dos desembolsos realizados entre 2008 y 2009. Uno de los pagos fue realizado en una cuenta suiza, aseguró el gran accionista de la corporación.

En la Junta no tomaron en cuenta las observaciones de García Arias. Más bien lo borraron de los cargos directivos.

Según publicó el diario editado en Oviedo La Nueva España al día siguiente de la Asamblea de Accionistas, el presidente saliente de la empresa Juan Carlos Torres Inclán negó prácticas ilícitas en la gestión de la compañía y recomendó a García Arias que si tenía «indicios fundados», acudiera a los tribunales y a los órganos competentes. «Duro no hace pagos en paraísos fiscales», sostuvo.

Ambos convenios con los consultores fijaban emolumentos equivalentes a 5.5% del monto del contrato obtenido con La Electricidad de Caracas. Esto es: 5.5% de 2.100 millones de dólares es igual a 115.5 millones de dólares. Y también: 5.5% de 1.500 millones de euros es igual a 82.5 millones de euros. En ese momento el euro se cotizaba a 1.2857 por dólar.

Ante la segunda advertencia del Grupo Melcar, el presidente de DF no encontró irregularidad alguna en que pagaran tales gastos por servicios de consultoría, aunque los informes fueran orales, pero sí negaba que se hubieran cancelado en Suiza.

Lo que parece estar claro, a la luz de la denuncia de García Arias y de las revelaciones del Sepblac, es que, por un lado, Terca SRL accedió a traspasar su contrato a Ingespre (N. Villalobos) sólo después de haber cobrado parte de lo acordado inicialmente (25 millones de euros), y que, también, DF pagó a Ingespre parte de lo estipulado en el contrato cedido a su favor (50 millones de dólares/35.650.000 de euros).

Ambas firmas consultoras, según esta relación de hechos relevantes, habrían recibido, en paraísos fiscales, la suma de 60.65 millones de euros, unos en Suiza y otros en Andorra-Banco Madrid. No se sabe a dónde fueron a parar los 21.85 millones de euros que restan del gran total de 82.5 millones de euros que representan el 5.5% del contrato logrado (1.500 millones de euros).

O sea, DF habría pagado a dos consultoras, una real y otra ficticia, por sus gestiones para obtener el contrato Termocentro.

 

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La ruta de las instituciones y el desfile de los lavadores

 

Ante la portada del diario El Mundo el viernes 20 («Duro Felguera dio 50 millones a un chavista por asesorarle»), la Bolsa de Madrid reaccionó violentamente. El título MDF terminó la jornada con una pérdida del 6.11%, la mayor caída en el corro. Los foros en línea de inversores y de corredores no habían cesado de arder incluso durante el fin de semana. Unos decían que en la actualidad DF ha logrado desprenderse de su alta dependencia del riesgoso mercado venezolano, en la que había estado inmersa a partir del contrato con EDC (más de 89% de los ingresos globales). Otros señalaban que en todo caso tales irregularidades habrían prescrito. Un broker dijo: «Hoy hemos perdido 67 millones de euros en capitalización de mercado», refiriéndose al cuestionado título bursátil. Otro: «Máximo le aplicarán una multa equivalente al monto de las asesorías».

Fuentes de la empresa se limitaron a señalar que los contratos con Técnicas Reunidas Terca e Ingespre «se formalizaron de manera totalmente legal y DF no ha ocultado nada al respecto. De hecho, ningún organismo ha reclamado información a la empresa ni ésta ha sido objeto de investigación». Por ahora.

Fuentes de la original Técnicas Reunidas, con sede en Madrid, me dijeron que la corporación «no tiene oficinas comerciales en Venezuela. Todas las operaciones son manejadas desde aquí. Los contratos en Venezuela o han sido terminados o han sido abandonados por falta de pago. Duro quizá se aprovechó de la semejanza de nombres para elegir a Terca como consultora local, para presumir, pero esa empresa no tiene ninguna relación con nosotros».

El diario La Nueva España contactó con personal de Ingespre en Caracas. Señalaron que no estaban autorizados para dar información sobre contratos. Asimismo, en la que fue sede de Técnicas Reunidas (Terca) en Maracaibo afirmaron al diario que «la empresa cesó su actividad en marzo de 2010», diez meses después de que DF lograra la adjudicación de Termocentro y un año antes de que el contrato de asesoramiento con DF fuera cedido a la empresa de Villalobos. En el ministerio de Economía de España, del que depende el Servicio anti-blanqueo de capitales (Sepblac), hasta ahora han evitado  aclarar si el caso pasará a manos de la Fiscalía del Estado.

El contrato con IDC había transformado a DF en una empresa con mayoría de ingresos procedentes de los mercados internacionales. En 2009 el volumen en euros de las contrataciones se distribuían en una proporción de 9 a 1 con respecto a las de España. El factor Venezuela ha sido fundamental: 1.500 millones de euros de los 1.688,4 millones contratados en el exterior procedían de EDC. Una vez que casi la totalidad del monto del contrato le fuera cancelada, aún sin que Termocentro hubiera comenzado a funcionar a plenitud, la facturación total de DF en 2014 se había reducido a menos de la mitad (866 millones de euros).

 

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Para 2014, según sus propios documentos, «la línea de Energía no ha realizado en el ejercicio ninguna contratación importante dentro de un mercado en recesión. Ha ralentizado además su producción acoplándola al ritmo de cobros del proyecto Termocentro, que están retrasados en este momento…»

El lunes 23 de marzo, inicio de la primera semana en primavera luego del puente de San José y con una hora más en los relojes, las instituciones españolas seguramente marcharán en ruta predecible: Montoro, el ministro de Hacienda, asumirá presunta dureza; el Banco (Central) de España explicará aún más las reglas sobre la liquidación y suerte de Banco Madrid; la Bolsa acentuará el castigo; la Comisión del Mercado de Valores solicitará mayores precisiones; la Fiscalía dispensará su calendario de citaciones…

Nervis Villalobos, Diego Salazar, Alcides Rondón, Omar Farías Luces, Fred Aarons Pointevien, Javier Alvarado Ochoa, Carlos Aguilera Borjas, José Luis Zabala, todos señalados por presunto lavado de dinero vía Andorra, con sus camisetas rojas y su Patria, Socialismo o Muerte, desde cualquier lugar del mundo también firmarán la petición #ObamaDerogaElDecretoYa.


@VsuarezRunrunes