El Megafono

El documento cita que los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado

«Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles».

«El mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución es hoy letra muerta y los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor».

Así lo denunció «Acceso a la Justicia» en su informe «La administración de justicia penal en Venezuela», el cual se expone con toda crudeza el calamitoso estado en el que están las policías, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos.

Para la elaboración de esta investigación se analizaron las reformas que ha sufrido el marco jurídico venezolano en las últimas dos décadas, su impacto en la labor de los organismos antes mencionados y se consultaron informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre la materia.

Partidismo inmiscuido

En el texto se afirma que: «En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias«.

Esta estrategia les permitió a los gobiernos de Hugo Chávez, primero; y de Nicolás Maduro, después, imponer sus planes políticos y económicos y, además, silenciar a quienes se oponían a ellos, en especial a los que hicieron uso de sus derechos constitucionales a la protesta, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión.

«El sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales», se denuncia en el reporte.

En el informe se explica que la cooptación del Poder Judicial comenzó nada más entrar en vigor la carta magna de 1999, al no cumplirse cabalmente el procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia.

Al respecto, el reporte denuncia lo siguiente: «El TSJ nunca ha sido nombrado como establece la Constitución, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político. Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transformado en legalizadores de sus actuaciones».

Asimismo, se recuerda que el TSJ no solo es el más alto tribunal de la República, sino que además ejerce funciones de dirección, administración y gobierno del Poder Judicial, por lo cual tiene «la potestad de nombrar y juramentar a los jueces» y «de supervisar la gestión de los tribunales y sus recursos».

Sin concursos de oposición

Desde finales del año 2003 no se celebran en Venezuela los concursos de oposición que ordena la Constitución para la asignación de los cargos de jueces, pues el TSJ no los ha vuelto a convocar. En su lugar, ha optado por realizar designaciones temporales y provisorias, a través de la Comisión Judicial.

«Esto ha puesto a los jueces en una situación muy precaria, ya que, al no haber sido designados como resultado de un concurso público de oposición, según jurisprudencia del propio TSJ, no adquieren la titularidad de su cargo y pueden ser destituidos en cualquier momento y sin procedimiento alguno».

Tal situación abre las puertas a que los jueces sean objeto de presiones para tomar decisiones, sin importar lo que digan las leyes y las pruebas que tengan al frente, so pena de perder sus empleos.

Los tribunales no son los únicos integrantes del sistema judicial con problemas. De hecho, en el informe también se analiza la situación del MP y de la Defensa Pública (DP).

En el caso del MP, se denuncia que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 también ha estado controlado por el chavismo, y que además casi la totalidad de los fiscales son provisorios. Como si lo anterior no fuera suficiente, se expone que en las últimas dos décadas la Fiscalía ha visto cómo sus potestades, en su función de conducir las investigaciones relacionadas con los delitos y de ejercer la acción penal contra los presuntos responsables de los mismos, han sido disminuidas mediante una serie de reformas legales o fallos del TSJ.

Sobre la DP también se destaca su falta de independencia y se recuerda que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su alarma por la tendencia de los jueces y fiscales a presionar a las personas involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados y que recurran a los que proporciona el Estado, y en caso de no hacerlo se les amenaza con represalias, tales como la prohibición de acceder al expediente, darles información oportuna sobre las audiencias y/o penas más duras.

El informe: «La administración de justicia penal en Venezuela» hace una radiografía que explica las causas y razones por las cuáles el sistema judicial venezolano en lugar de cumplir con su deber de castigar las infracciones a la ley y reparar las víctimas se ha convertido en un organismo más de represión del Gobierno.

La investigación deja en claro la importancia para la democracia, los derechos humanos y los ciudadanos de a pie de contar un Poder Judicial independiente, autónomo, profesional y capacitado.

El gobernador Rafael Lacava arremete contra activistas de derechos humanos

En Venezuela el Poder Judicial, en particular el área penal, continúa sirviendo como instrumento para perseguir y silenciar a las voces disidentes en el país, asegura la ONG. Acceso a la Justicia, recordando que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela dijo; «El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno».

Prueba de lo anterior es la demanda por «difamación agravada continuada» que el gobernador de Carabobo, el chavista Rafael Lacava, interpuso contra los activistas de derechos humanos, Marino Alvarado y Alfredo Infante, luego de que estos solicitaran al Ministerio Público (MP) que investigara al funcionario por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad y que habrían sido cometidas por agentes de la policía estadal, la cual está bajo su mando.

«Lo que hemos hecho (…) es lo que nos corresponde: Hay unas graves violaciones a los derechos humanos y [hemos exigido] que se investigue a los autores materiales y a las cadenas de mando. Esta es la consecuencia [en alusión a la demanda] de ser exigentes en materia de Derechos Humanos, es el riego que corremos los defensores de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando».

Así se quejó Alvarado, quien es coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter de la organización.

El pasado 14 de marzo, ambos activistas presentaron un informe, en el cual denunciaban que en 2021 se registraron en el país 1.414 ajusticiamientos, de los cuales 347 (25,54%) presuntamente habrían sido cometidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras que 426 (30%) por policía estadales, siendo la de Carabobo la más señalada, con 132 casos. Ante estos datos los defensores instaron al MP y a la Defensoría del Pueblo a iniciar las respectivas averiguaciones y no limitarse solo a los autores materiales, sino investigar también incluir a sus superiores.

No es la primera vez

La acción de los defensores no quedó sin respuesta, sin embargo, no en la forma en la que seguramente estos esperaban: el gobernador Lacava, en lugar de iniciar una investigación administrativa motu proprio o incluso presentar elementos que prueben que no está relacionado con los abusos antes mencionados, acudió a los tribunales para presentar una querella contra los activistas por «exponerlo al desprecio o al odio público». El 16 de mayo los defensores recibieron una boleta del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Carabobo, fechada tres días antes, en la cual los insta a designar a sus abogados para enfrentar el respectivo proceso.

Esta no es la primera vez que Provea afronta un proceso judicial por ejercer su labor de defensa de las garantías fundamentales. En agosto de 2012 el MP denunció a esta organización y a la agrupación Sociedad Homo et Natura por apoyar y difundir información sobre una protesta que realizaron representantes de comunidades yukpa frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en julio de ese año. En este caso la Fiscalía acusó a las organizaciones de violar disposiciones de la Ley Orgánica de Niños y Adolescentes (Lopnna), pues en la manifestación participaron niños indígenas.

Así como en el caso anterior, en el presentado por el gobernador Lacava, no solo se vuelve a apuntar contra reconocidos miembros del movimiento de derechos humanos en Venezuela, sino que también se recurre a la justicia penal para criminalizarlos, esta vez mediante el empleo de la figura prevista en el artículo 442 del Código Penal, alegando que las denuncias formuladas contienen mensajes lesivos a su «honor o reputación».

Pero esto tampoco es nuevo. En las últimas dos décadas funcionarios de distinta jerarquía han iniciado decenas de juicios privados contra abogados, defensores, periodistas y políticos. Uno de los casos más antiguos, y posiblemente el que allanó el camino para esa estrategia, fue el que en 2003 inició el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), el fallecido Willian Lara, contra el constitucionalista Tulio Álvarez.

El jurista, en un artículo publicado en el desaparecido diario Así es la Noticia, recordó un informe de la Superintendencia de Seguros que denunciaba irregularidades en la Caja de Ahorros del Parlamento, lo cual provocó la ira del legislador oficialista. En 2009 la justicia condenó a Álvarez, a quien, aunque no terminó tras las rejas, se le impuso prohibición de salida del país. En 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esa decisión supuso una violación a la libertad de expresión del abogado.

Esto se lee al respecto en el fallo del tribunal continental:

«Si bien el señor Álvarez se manifestó de forma crítica, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica del derecho a la libertad de expresión. Esta clase de discurso también debe ser protegido pese a ser incómodo y emplear un lenguaje incisivo, máxime cuando en una sociedad democrática las críticas hacia los funcionarios públicos no son solamente válidas sino necesarias».

Además, la corte reiteró su criterio de que «sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad».

En 2004, el entonces ministro de Comunicación, Jesse Chacón, se querelló contra la periodista Alicia La Rota pues esta publicó una información en la que aseguraba que el funcionario compró un cuadro de Armando Reverón por más de 100.000 dólares. Pese a que la comunicadora rectificó, el funcionario no se dio por satisfecho y siguió con el juicio.
En 2016, el exministro de Agricultura, Carlos Osorio, presentó una demanda contra los entonces diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, al señalarlo de estar incurso en hechos de corrupción. La jueza Tercera de Primera Instancia en lo Civil de Carabobo, Omaira Escalona, falló a favor del exfuncionario al prohibir a los diputados declarar, publicar y difundir información en los medios y redes sociales que «atenten contra el honor y reputación» de Osorio. Además, les ordenó indemnizarlo con 900 millones de bolívares.

Cabello, el gran demandante

Sin embargo, quien ha hecho de los juicios por difamación su arma predilecta para lidiar con sus oponentes ha sido el diputado Diosdado Cabello. En 2013, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) demandó al editor del diario Tal Cual, el fallecido Teodoro Petkoff, y a los demás miembros de la directiva del matutino, por un artículo de opinión escrito por el exministro de Ciencia, Carlos Genatios, en el que aseguraba –incorrectamente– que el oficialista había declarado que «si no les gusta la inseguridad, váyanse». Tras tres años de proceso, durante el cual se le obligó a Petkoff a presentarse periódicamente a los tribunales y se le impidió salir del país, la jueza declaró el sobreseimiento del mismo.

Dos años después, Cabello inició una batalla legal contra El Nacional. También lo hizo contra otros medios, lo que generó que sus directores huyeran del país para poder salvarse de la cárcel. ¿El delito? Replicar unas publicaciones de los diarios Miami Herald y ABC en las cuales se hacían señalamientos contra el legislador. En 2018 el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas declaró con lugar la demanda y le ordenó al diario pagarle a Cabello mil millones de bolívares (para ese entonces cerca de 12.700 dólares) como indemnización.

No obstante, en 2021 la Sala de Casación Civil del TSJ, atendiendo una petición de los abogados del diputado, revisó el monto de la sanción y la fijó en 237.000 petros (equivalentes a poco más de 13,25 millones de dólares), debido al «gravísimo» daño que sufrió el parlamentario en su honor. Ante el impago de la multa, la justicia le arrebató al matutino su sede y se la entregó al parlamentario demandante.

20 se han reportado entre enero y abril

Entre enero y abril del presente año se reportaron en los medios de comunicación 20 homicidios en la región carabobeña. En el análisis elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo), se determinó que la violencia delincuencial fue la de mayor incidencia en estos crímenes; 12 (60%) de las víctimas fueron asesinadas  por  delincuentes.

El robo fue el móvil en siete de los casos, en cuatro el ajuste de cuentas y en uno el enfrentamiento con bandas delincuenciales, pues un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana murió al hacer frente a grupos delictivos en el municipio Diego Ibarra. En el hecho otro funcionario resultó herido.

El 25% de los homicidios califican como muertes en averiguación. Cuatro de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en espacios abiertos y uno en estado de descomposición en un galpón. Se desconocen las circunstancias de los asesinatos. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las averiguaciones de rigor. 

La venganza fue el móvil en uno de los casos contabilizados durante 2022. Según información suministrada por las autoridades, el homicida fue el padre de una adolescente de 13 años supuestamente abusada sexualmente. El hombre decidió hacer justicia por sus  propias manos disparándole con un arma de fuego y ocasionándole la muerte al presunto agresor; un exmilitar de la Guardia del Pueblo quien se encontraba detenido en un centro policial. Sin embargo, en publicaciones posteriores se descartaba la supuesta violación.

En otro de los casos un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana asesinó  a un hombre que supuestamente le hostigó y amenazó de muerte en varias oportunidades. Posteriormente se entregó a las autoridades policiales.

La violencia intrafamiliar fue la causa en otro de los homicidios. El reporte de prensa detalla que en medio de una discusión entre hermanos por la residencia donde habitaban, uno de ellos hirió al otro con un arma blanca, ocasionándole la muerte.

Febrero fue el mes con mayor número de homicidios con siete víctimas, seguido por abril con seis, marzo con cinco y enero con dos víctimas fatales.

Se registraron homicidios en nueve de los catorce municipios de la entidad. Valencia lideró con el 25% de los casos, seguido de Diego Ibarra con 20%, Guacara con 15%, Libertador y Carlos Arvelo con el 10% cada uno, mientras que Puerto Cabello, Juan José Mora, San Diego y Bejuma reportaron 5% de los hechos respectivamente.

Ante la falta de estadísticas oficiales sobre los homicidios en el estado, el  OVV Carabobo presenta las cifras de los homicidios conocidos por la sociedad a través de los medios de comunicación en los primeros meses del año con el fin de exponer la situación sobre estos delitos y colaborar en el diseño de políticas públicas para abordar este flagelo de la criminalidad.

El porcentaje de muertes violentas generadas por la delincuencia organizada se incrementó 6 veces con respecto al año anterior

Según el monitoreo del Observatorio de Prensa (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia en  Aragua (OVV Aragua), durante el primer cuatrimestre del año 2022, se ha reportado en la prensa regional un total de 126 sucesos violentos con un saldo de 174 víctimas y 148 muertes violentas. El 88% de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 12% al femenino.

El tipo de violencia presente en los 126 sucesos violentos reportados durante el periodo entre enero y abril, fueron producto de la violencia policial (50%), seguido de la violencia delincuencial (27,78%), la violencia de las bandas delictivas organizadas y la violencia autoinfligida (6, 35% c/u), seguidas de la violencia de género  y la interpersonal (3,97% c/u). Finalmente la sexual y la intrafamiliar con 0,79% cada una.

Al analizar el comportamiento de los diferentes tipos de violencia, con respecto al mismo periodo del año 2021, se evidencia que el porcentaje de muertes violentas generadas por la delincuencia organizada se incrementó 6 veces con respecto al año anterior, pasando de 1,34% de las muertes violentas del primer cuatrimestre del año 2021 a  8,11%  en el año 2022. Del mismo modo, se observa un incremento de 1,76 veces en el porcentaje de sucesos por violencia de las bandas delictivas organizadas, que pasa de representar el 3,36% de los sucesos en el 2021 a  6,35% en el 2022.

Los hallazgos del monitoreo a la prensa regional, durante el periodo enero-abril 2022, en relación a la caracterización de la violencia producto de la actividad de las bandas delictivas organizadas en el estado, señalan que ocurrieron 8 sucesos, con un saldo de 13 víctimas y 12 muertes violentas. 92% (12) de las víctimas eran hombres. Sólo una mujer de 44 años, fue asesinada en febrero, por un presunto integrante de la Banda “El Conejo en el Sector Morocopo, en la parte alta de la calle principal de Las Tejerías, municipio Santos Michelena.

En esa misma fecha y en el mismo municipio, un hombre identificado de 27 años, fue decapitado, su cadáver fue encontrado en la Carretera Panamericana entre Tejería y la Victoria. Aparentemente los integrantes de la banda delictiva, lo asesinaron por venganza, ya que la víctima era presuntamente un soplón de la policía.

Del mismo modo, ocurrieron 5 homicidios producto de la guerra entre bandas, en el municipio Santos Michelena. Durante un enfrentamiento ocurrido en el puente Cañaote en las Tejerías murieron cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial procedente de  estado Miranda, quienes estarían cometiendo robos en el territorio de la Banda “El Conejo”.

Otro caso emblemático fue el secuestro y posterior muerte de dos hombres cuya autoría se les adjudica a los integrantes de la Banda delictiva “Mauricio La Flauta”, por negarse a ser extorsionados.

De acuerdo al OVV Aragua, existe preocupación por el repunte de la violencia producto de la actuación de las bandas delictivas organizadas, en este caso focalizadas en los municipios Santos Michelena y Santiago Mariño, desde donde se  controla y amedrenta a la población mediante el terror.

Alegan que atenta contra la sociedad civil 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la ONG Acceso a la Justicia y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) rechazaron la demanda hecha por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, contra Marino Alvarado, coordinador legal de Provea y el sacerdote Alfredo Infante, del Centro Gumilla.

El mandatario regional acusa a los defensores de derechos humanos “difamación agravada y continuada”, luego que estos exigieran una investigación por las ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo. 

Las ONG calificaron la acción como un cerco contra la sociedad civil de Venezuela.

Igualmente, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, manifestó su apoyo a los miembros de Provea y Del Centro Gumilla. “Atentar contra quienes denuncian violaciones a los DD HH no dará reparación a las víctimas y sus familiares”, manifestó Zambrano.

Carolina Jimenez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), expresó que la defensa de los derechos humanos no es un delito, como tampoco lo es exigir la investigación transparente cuando se documentan violaciones. “Lo que sí es inaceptable es intentar intimidar a quienes defienden a las víctimas”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Ciudad Bolívar es la localidad con mayor proporción de usuarios afectados

Apenas el 27,1% de los venezolanos cuenta con suministro de agua a través de tuberías de manera permanente de acuerdo con el último informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP). 

El OVSP señaló que entre las urbes que siempre reciben el suministro se encuentran las ciudades andinas Mérida y San Cristóbal con un 66,7 y 62,7% respectivamente.

La organización precisó que la diferencia entre las urbes andinas y la tercera plaza (Barinas) son de casi 16 puntos porcentuales, con un 47,1%.

Destacaron que tanto Mérida (67,0%) como San Cristóbal (70,8%) fueron las ciudades que mejor calificaron la calidad del servicio, siendo el promedio de todas las ciudades evaluadas de manera positiva 38,7%.

Indicó que solo el 26,2% de las personas encuestadas manifestó contar con el servicio entre dos o cinco días a la semana, siendo Valencia (55,3%) y Caracas (47,3%) las de mayor porcentaje.

El 9,3% expresó recibir el recurso una vez por semana, 6,5% una vez cada 15 días, 7,4% una vez al mes y 6,4% una vez al mes o más. Entre los usuarios que reciben el suministro una vez al mes, destacan las ciudades de Punto Fijo (33,4%), Porlamar (23,5%) y Maracaibo (20,9%).

La organización consultó a los usuarios durante cuánto tiempo reciben el recurso en caso no de contar con el servicio de manera continua: la mayoría de los consultados, el 58,9%, expresó que cuenta con el suministro durante más de seis horas al día, con mayor porcentaje en Punto Fijo (79,1%) y Porlamar (79,6%).

Señaló que un 20,2% recibe el suministro entre una y tres horas al día, con Mérida como la primera ciudad con mayor porcentaje de usuarios que expresó recibir agua por sus tuberías durante el intervalo mencionado.

651 vulneraciones a los servicios básicos se produjeron en 2021

El colapso de los servicios básicos como el agua potable, el gas doméstico y la energía eléctrica, agudiza las penurias que padecen numerosas familias bolivarenses. El monitoreo de contexto, realizado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), registró que durante 2021 vecinos de diferentes comunidades ejercieron su derecho a reclamar estas vulneraciones al menos 651 veces en el estado Bolívar.

Esta cifra se desprende de los 997 reclamos que registró la organización que corresponden, además de los servicios públicos, a desmejoras en la situación salud, problemas con la vialidad y la señal de internet, protestas por derechos laborales y falta de acceso a otros derechos como a la alimentación. Son realidades reportadas por medios de comunicación y son reflejo del descontento ciudadano.

De esta manera, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela trae consigo una disminución progresiva de la calidad de vida ciudadana.

Es común escuchar las palabras “crisis humanitaria” para definir el contexto venezolano; pero según su definición, a esta la determinan factores como desastres naturales o conflictos armados (entre otros) que amenazan la vida humana. Lo que la hace diferente a una EHC es que la segunda viene enlazada a consecuencias que nacen de la inestabilidad política y el quiebre del Estado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la EHC como una crisis grave que suele ser resultado de la inestabilidad política de un país, conflictos, violencia, desigualdades sociales y pobreza. El ente internacional indica que: “Las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y puede hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”.

El agua como derecho humano

Una de las penurias que ha dificultado la supervivencia de los ciudadanos en la EHC ha sido el acceso al agua potable, una irregularidad denunciada por vecinos de diferentes comunidades durante años.

El monitoreo de Codehciu contabilizó 95 reclamos de la ciudadanía en 2021 correspondientes a problemas con el agua potable en diferentes municipios de Bolívar. Cabe destacar que este, además de ser un servicio, es considerado en el ámbito internacional como un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El agua y el saneamiento fueron reconocidos como derechos por la ONU el 28 de julio de 2010, en la resolución 64/292, en la que se destaca que ambos son esenciales para la realización de los demás derechos humanos. El organismo exhorta a todos los Estados a proporcionar recursos efectivos y un suministro de agua digno y saludable, limpio, accesible y asequible para todas y todos.

En octubre de 2020, Codehciu alertó sobre la problemática del servicio de agua potable en el estado Bolívar. Esta situación no ha mejorado, y se evidencia en la cantidad de reclamos monitoreados por la organización.

Sector salud, aseo urbano y electricidad

De los 651 reclamos por servicios públicos monitoreados en publicaciones de medios de comunicación regionales, otros 104 representan afectaciones denunciadas por la ciudadanía referentes al aseo urbano. Como ocurre en el caso del agua potable, se trata de un problema que no es nuevo y que ha sido causa de molestia por parte de vecinos de diferentes comunidades en el estado Bolívar durante años.

A parte de la problemática de los servicios públicos, Codehciu registro 60 reclamos reportados el año pasado en medios de comunicación regionales, en relación a la situación sanitaria y hospitalaria del estado Bolívar. Lo que se traduce en vulneraciones a la vida de los bolivarenses durante la pandemia por Covid-19, que ha dejado un saldo hasta la fecha de más de 5600 muertes según cifras oficiales.

Incluso desde 2020 Codehciu ha alertado sobre cómo la llegada de la pandemia estuvo acompañada de más agravios al derecho a la salud en Bolívar, sobre todo en zonas mineras al sur, y una respuesta poco oportuna en un principio por parte de los organismos del Estado. Los trabajadores del sector salud también han denunciado irregularidades como la falta de insumos para atender casos de emergencia en hospitales, y además han sido víctimas de constantes vulneraciones mientras trabajan con las uñas en un contexto de pocos recursos.

Los reclamos por problemas con el surtido del gas doméstico llegaron a 39 registros. Por otro lado, el servicio eléctrico registró 81 denuncias reportadas en medios de comunicación por la ciudadanía en Bolívar durante 2021.

Asimismo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) alertó en febrero de este año que durante el 2021 el agua y la electricidad fueron los más reportados por los medios de comunicación. El primero obtuvo 31,2% y el segundo un 37,4% de registros contabilizados, según cifras nacionales.

Se registraron cuatro intentos de homicidios y un femicidio

El equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Monagas (OVV Monagas), alertó acerca del incremento de los casos de violencia de género en la región. Según la revisión a los medios de comunicación regionales, desde enero hasta abril de 2022, se han originado 26 sucesos, en los cuales 14 mujeres resultaron afectadas. Estos datos señalan un incremento de 36,84% de este tipo de delitos y 40% en relación al número de agredidas, en comparación al mismo período de 2021, cuando se reportaron 10 mujeres victimizadas y 19 agresiones  tipificadas en esta categoría.

Así mismo el OVV Monagas, tras el seguimiento, detalló que en el año 2022 registraron: 4 intentos de homicidios y un femicidio. Igualmente, hubo 5 agresiones graves y 6 agresiones leves. La agresión verbal, resultó ser la más común con 10 eventos. Los agresores destacan por ser hombres, cuya edad promedio es de 34 años. El hogar de las víctimas suele ser el escenario más común de violencia.

Motivaciones pasionales: los eventos más dramáticos

Dentro de los casos reseñados por la prensa monaguense, destaca el femicidio de  Inés María Tocuyo de 22 años, en la vía de Alto de San Juan de Areo, municipio Cedeño. Según información, no corresponder las pretensiones de un hombre para establecer una relación sentimental, puso fin a la existencia de la joven madre, quien fue asesinada con un arma de fuego. De acuerdo al relato de allegados, para el momento del suceso la víctima llevaba en los brazos a su bebé, cuando fue interceptada por el victimario. Al parecer, sostuvieron un intercambio de palabras, pero la negativa de la mujer en aceptar la relación, desató  la ira del homicida, quien exclamó, según los testigos: “si no eres mía no eres de nadie más”. Estas fueron las palabras pronunciadas por el agresor antes de accionar el arma de fuego. Tras el ataque, el individuo huyó hacia una zona boscosa. El  crimen conmocionó a la población, la cual se sumó a la búsqueda del asesino.

De igual forma, resaltó la detención de un hombre, por intentar asesinar a su expareja, propinándole múltiples puñaladas. Según las versiones oficiales, el victimario estaba  negado aceptar la ruptura amorosa con su pareja e intentó matarla.

Al analizar los sucesos registrados, el equipo del OVV Monagas, señaló que el incremento de los casos de violencia de género en el estado, parece superar la tesis del confinamiento por Covid-19, como detonante de los mismos, tal como sucedió en el 2021. “Ahora, los casos del 2022 parecen estar vinculados con la crisis de valores que se evidencia en el seno de muchas familias, así como los patrones de violencia enraizados en la conducta masculina, siguen estando presentes las motivaciones pasionales en los eventos más dramáticos acontecidos en el estado”. Acotaron.

Las investigadoras recordaron que la violencia de género se refiere a cualquier acto violento o agresión, basado en una situación de desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.

Recalcaron que los casos registrados, a través de la prensa, muestran una atención adecuada a la denuncia, por parte de las autoridades, teniendo como resultado las detenciones de los agresores. Bajo esta premisa, el equipo del OVV, sugirió a las víctimas, formular las denuncias y acudir antes las instancias de protección de las mujeres, en especial aquellas encargadas de brindar protección, abrigo y ayuda psicológica a las afectadas.

Finalmente reiteraron la necesidad de profundizar en la educación de las niñas y adolescentes en temáticas como la equidad de género y una vida libre de violencia. Sólo de esta forma, se podrán corregir los daños estructurales por el deterioro en valores de la sociedad monaguense.