Efraín Campo Flores

Por @adrianitaN

Una historia de dos años, escrita en varios capítulos, llegó a su fin este 14 de diciembre con la imposición de una sentencia de 18 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Ambos son sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores y Nicolás Maduro.

Sin embargo, el peso del castigo impuesto por el juez Paul Crotty resultó sorprendentemente bajo para una gran parte de la audiencia. Especialmente porque la Fiscalía pedía 30 años de prisión para ellos, y porque durante el juicio aparecieron mensajes de WhatsApp que daban cuenta de actividades ilícitas muy sangrientas.

Barry Deonarine, abogado penalista graduado en la universidad de Harvard, asistió como público a muchas de las sesiones del proceso judicial que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra los primos Flores; también siguió de cerca el desarrollo que tuvo el proceso fuera de la Corte. En esta oportunidad, accedió a responder las preguntas que los lectores de Univision Noticias hicieron sobre este caso, a través del Facebook y otras vías.

– ¿Por qué la sentencia estuvo tan lejos de las proyecciones? ¿Por qué no fue cadena perpetua ni 30 años?

El sistema federal tiene pautas sobre el rango de sentencias disponible en cada caso. El factor clave en este caso es la cantidad de drogas que fue el objeto de la conspiración. Según la cantidad de droga que ellos conspiraban para traer a Estados Unidos la sentencia máxima era cadena perpetua. Pero incluso el fiscal argumentó que esa sentencia de cadena perpetua, aunque fuera una sentencia permisible, era demasiado severa. Ellos entonces le pidieron al juez una sentencia de 30 años.

La defensa estaba buscando una sentencia de 10 años en total, una diferencia de 20 años. El juez dijo que había considerado una serie de factores para poner una sentencia de 18 años de prisión. Primero, que los sobrinos aparentemente no tuvieron historia delictiva; en ese sentido no había historia de haber traficado drogas en el pasado, no se pudo demostrar de parte del fiscal que ellos habían hecho cargamentos de drogas en ocasiones anteriores. También se consideró la edad de los acusados.

Lea la entrevista completa en Univisión.

La benevolente sentencia de 18 años de cárcel impuesta a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Campo y Franqui Flores, echó por tierra cualquier análisis previo sobre el caso. El juez Paul Crotty consideró que las penas propuestas por la Fiscalía eran “desproporcionadas”. Los sentenciados defendieron su “buen corazón” con uñas y dientes

@AdrianitaN

EL JUEZ PAUL CROTTY HABLA DESPACIO, gesticula cada palabra como tratando de que no quede duda de lo que dice. Efraín Campo Flores entrelaza los dedos; Franqui Flores de Freitas observa atento.  “Voy a imponer una sentencia de 216 meses (18 años) y una fianza de 50 mil dólares a cada uno”, dice Crotty mirando a los acusados directamente y aclarándoles que no tendrán beneficios alternativos. Todas las quinielas, proyecciones y apuestas al respecto cayeron estrepitosamente. Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro, salieron ilesos de cumplir pena máxima en una cárcel de Estados Unidos. Silencio total en la sala. Los acusados asienten lentamente con la cabeza.

Una hora antes habían entrado a la sala los cuatro abogados defensores, detrás de ellos la esposa de Campo Flores, Jessair Rodríguez, y otra mujer de identidad desconocida. Rodríguez esperaba a su esposo en la primera hilera de la izquierda de las gradas destinadas al público. Su cabellera, teñida de castaña a un rubio platinado, la hacía parecer otra persona pero su característica expresión fija en el estrado del juez, inamovible, sin mirar a los lados, hacía evidente que era ella quien estaba allí, nuevamente, acompañando a su esposo.

Minutos después, los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Emil Bove y Brendan Quigley, entran a la sala envueltos por un aire de victoria. Sonríen confiados. Cada uno carga un par de gruesas carpetas llenas de hojas. Las sueltan ruidosamente en los escritorios de la corte asignados para ellos, justo entre el juez y los acusados. Entra Sandalio González, el agente de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) responsable de toda la recolección de evidencias y captura de los primos Flores. Se ubica al lado del equipo de la Fiscalía.

A las tres de la tarde en punto dos oficiales enfundados en chalecos antibalas y guantes negros abren un maciza puerta de madera ubicada a la izquierda de la sala. Una rendija deja al descubierto un pequeño salón de paredes cubiertas con baldosas blancas. Se escucha el tintinear de un llavero que pareciera cargar todas las llaves del mundo y un ligero choque de cadenas que anuncia la entrada de los condenados.

Entra Efraín y guiña frenéticamente ambos ojos a su esposa, le lanza besos tratando de sacar ventaja a los segundos. Saluda a sus abogados con una sonrisa y un apretón de manos. Se sienta a la izquierda de John Zach y Randall Jackson, sus dos abogados. Luego entra Franqui con el ceño fruncido y los labios apretados. No saluda a nadie. Lanza una mirada furtiva pero cargada a la prensa. Se sienta entre sus abogados, David Rody y Elizabeth Espinosa. Ambos visten uniforme de franela y mono azul oscuro, zapatos de suela blanca del mismo color de su nueva ropa habitual; están esposados por los tobillos pero sus manos están libres de ataduras.  

Campo Flores y Flores de Freitas reunían todos los números necesarios para ser condenados a cadena perpetua. De acuerdo con la tabla de cálculo de la pena utilizada en la justicia estadounidense, ambos acumulaban 38 puntos por la conspiración y la cantidad de cocaína negociada durante la operación, dos por el uso de armas, dos por el uso de un avión privado y dos por su papel como jefes del hecho. A juicio de la Fiscalía 30 años no eran suficientes, pero eran aceptables; para la defensa 10 años eran suficientemente ejemplarizantes. En ese momento el juez era el único capaz de imponer su criterio.

La Fiscalía recalcó que la cantidad de droga involucrada, las armas y el uso de aviones privados y aeropuertos privilegiados eran razones suficientes para mantener a los sobrinos de Maduro al menos tres décadas tras las rejas. Añadieron otros argumentos: que actuaban como jefes de una organización criminal, de que habían declarado una “guerra” contra Estados Unidos apoyándose en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que los fondos de esta operación delictiva estarían destinados a la perpetuación de un régimen de gobierno que violaba derechos humanos a su población. Campo se encogió de hombros al escuchar el último.

La Defensa subrayó una y otra vez elementos que intentaban probar que sus clientes no eran malas personas y estaban muy lejos del estereotipo de un narcotraficante. Recordaron que más de 30 familiares y amigos habían enviado cartas al juez para abogar por su honradez. Resaltaron que no tenían antecedentes penales, ni riquezas en Venezuela. “Por supuesto, ellos vivían un poco por encima de los venezolanos normales, pero no eran millonarios”, aseguró Jackson.

Pero fueron los mismos Campo y Flores quienes defendieron su bondad con todo empeño. La primera vez que la voz de los primos se escuchó en la sala fue en 2016, en las grabaciones ocultas en las que se jactaban del poder y conexiones que les garantizaban el desarrollo total de sus “negocios” en Venezuela; la segunda fue hoy, 14 de diciembre de 2017 cuando dirigieron al juez emotivas palabras que buscaban tocar su corazón y, de este modo, obtener una pena menos severa.

***

Campo, como de costumbre, toma la delantera sobre su primo. Con voz fina, aguda, sumisa, agradece al juez la oportunidad de hablar y el respeto con el que fue tratado desde el inicio del proceso. “Sé que he cometido errores y perdí de vista lo más importante”, dijo. En adelante se enfoca en agradecer a su esposa por su apoyo, a pedirle disculpas por no estar presente en el nacimiento de su segundo hijo juntos y a recordarle que la ama. Hizo lo propio con su madre, sus amigos y su familia. Distribuye en igual medida los saludos a primos y tíos, sin decir ningún nombre en especial. “Estoy muy avergonzado por todo el daño y sufrimiento que esto les ha causado”, menciona. Dice un par de frases en un tímido inglés, en un esfuerzo por demostrar que su tiempo encarcelado ha sido productivo. “Estoy muy avergonzado y arrepentido”, reitera.

Flores de Freitas rompe su expresión ruda de un segundo a otro. Cuenta que su familia siempre le ha dicho que no es un buen orador, pero que es hábil con gestos y acciones. “Estoy tan arrepentido. Todos somos humanos y caemos en el pecado”, dice trastabillando en su lectura. Como forzado por las circunstancias, contó segmentos de una infancia traumática propiciada por la muerte de su madre, los maltratos verbales y físicos infligidos por su padre (hermano de Cilia Flores) y la vida en casa de una abuela que, asegura, a duras penas podía alimentarlo.

“No soy una mala persona. Trato de ayudar a las personas que están en una situación psicológica peor que yo. Corto el cabello de otros presos y reparo sus radio como un acto de caridad, lo hago con todo el gusto. Estudio inglés y la Biblia. Mi hijo de nueve años es lo más importante para mi”, se defiende. Su voz se quiebra y lágrimas corren por sus mejillas. Se disculpa, aclara su garganta y continúa: “Estoy deshecho y desconsolado al saber que no estoy con mi hijo mientras crece”, dice. Inmediatamente pide disculpas a su otro talón de Aquiles: su abuela y sus amigos. “Le pido que me dé la oportunidad de reponer mis errores”, súplica al juez aún entre lágrimas.  

Crotty se mantiene sereno durante ambas intervenciones, hasta que llega su momento. Para el juez tanto la sentencia de por vida, como la de tres décadas resulta “desproporcionada”. “En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas. No hay prueba alguna de distribución de drogas en Estados Unidos”, puntualiza. Desde su perspectiva “la justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad” y “la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”.

Aclara que cada condena es independiente y se desliga de decidir en concordancia con el castigo impuesto en un caso similar —el del hijo del expresidente de Honduras Fabio Lobo, condenado a 24 años de cárcel por delitos parecidos—. “360 meses (30 años) es extraordinariamente largo. Por su edad equivale a toda su vida”, menciona. Hace una pausa larga. “La sentencia que voy a imponer…—hace una pausa más corta— es de 216 meses y una multa de 50 mil dólares a cada uno”. Los dos agachan ligeramente la cabeza. En este punto no hubo lágrimas.

Es imposible descifrar solo con una mirada qué pasa por la mente de alguien que sabe que entrará a una cárcel como un joven vigoroso de 30 años y saldrá como un menguado adulto de 50 años, con hijos que pasan de niños a adultos y, quizás, con cambios significativos en su país de origen. Lo que sí es un hecho es que, a pesar de que todas la probabilidades jugaban en su contra y de haberse ganado a pulso todos los números para tener el mayor de los castigos, la benevolencia del juez los salvó de lo que parecía un destino seguro. Crotty les dio la oportunidad de ser mejores.

A los sobrinos de Maduro y Flores les resta pasar en la cárcel la misma cantidad de años que el chavismo ha ocupado el gobierno de Venezuela hasta 2017.

Después de conocida la sentencia, la defensa pidió al juez sugerir a la la Agencia Federal de Prisiones —mejor conocida como BOP, por las siglas en inglés del Federal Bureau of Prisons— que ambos sentenciados sean trasladados al estado Florida, para facilitar los viajes y abaratar los costos de sus familiares en Caracas. Antes de conocer la sentencia, los abogados mencionaron las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano como otro posible impedimento para estas visitas. El juez Paul Crotty puede hacer recomendaciones, pero la última palabra sobre el nuevo sitio de reclusión la tiene el BOP. Hasta el momento de la redacción de esta nota las autoridades competentes no se han pronunciado al respecto.

Las conversaciones que sostenían a través de la aplicación para chatear WhatsApp desde el celular terminaron de hundir a los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Franqui Flores de Freitas fueron hallados culpables de conspirar para transportar cocaína a Estados Unidos y condenados a 18 años y 50,000 dólares de multa.

Pero en esas conversaciones quedó claro que las actividades delictivas iban más allá: planificación de asesinatos, lanzamiento de granadas y uso de la influencia de su apellido para burlar la justicia. Además, se pudieron conocer nuevos nombres y enlaces con fichas delictivas y funcionarios del gobierno con el mismo apellido Flores.

La Fiscalía insistió en una pena superior a los 30 años de cárcel, pero el juez decidió bajarlo a 18. Por su parte, los abogados de la defensa sostuvieron durante todo el proceso que los primos –sobrinos directos de la esposa de Maduro, Cilia Flores– eran dos hombres “humildes” que entraron al narcotráfico como novatos y terminaron cayendo en una trampa de la DEA.

Estas conversaciones de WhatsApp permitieron conocer cómo comentaban sobre descuartizamientos (‘picados’), su relación con bandas delictivas de Venezuela como ‘El tren de Aragua’, la orden de ejecutar personas y el momento preciso para hacerlo.

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La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

@javiermayorca

En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.

El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.

Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.

Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.

Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.

A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.

En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.

Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.

Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.

Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.

Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.

En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.

Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

Breves

*El día de la publicación de esta columna está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

Venezolanos residentes en ese país y en el exilio pidieron en una carta al juez federal Paul Crotty de Nueva York «todo el rigor de la ley» en la sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial de esa nación, por conspirar para exportar y distribuir cocaína en Estados Unidos.

Efraín Antonio Campo Flores, de 31 años, y Francisco Flores de Freitas, de 32, sobrinos de la primera dama de Venezuela, la senadora Cilia Flores, fueron hallados culpables en noviembre del 2016 de conspirar para importar a EE.UU. 800 kilos de cocaína y serán sentenciados por Crotty el próximo jueves.

La carta con más de 9.000 firmas, recolectadas a través de la página web Change.org, fue entregada hoy en el tribunal para el distrito sur en Manhattan, donde la fiscalía ha pedido no menos de 30 años y hasta cadena perpetua para los venezolanos.

En la carta los venezolanos, en su mayoría desde el exilio, expresan su confianza en el sistema judicial de EE.UU. y piden se imponga la condena con «toda la fuerza de la ley» como ocurrió con Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, sentenciado en ese mismo tribunal el pasado septiembre a 24 años de prisión por conspirar para importar y distribuir cocaína en este país.

«Vemos este caso (de Campo y Flores) con absoluta preocupación ya que miembros de nuestra familia, amigos y conocidos que residen en Venezuela son víctimas de la proliferación generalizada de grupos delictivos en el más alto nivel del Estado», indica la carta.

Agregan que esperan que «una sentencia firme sirva para disuadir a otros, especialmente en posiciones de poder, de futuros delitos relacionados con drogas que perjudican a nuestros pueblos».

Esta misiva surge luego de que el pasado 3 de diciembre familiares de Campo Flores enviaran también una carta a Crotty pidiendo clemencia para éste, a quien se refieren como «un hombre honesto, con principios familiares y valores morales» y piden que sea enviado a Venezuela con su familia.

La sentencia de Campo y Flores ha sido pospuesta en varias ocasiones y la defensa intentó sin éxito anular el juicio en que fueron hallados culpables, restando credibilidad a los principales testigos, que colaboraban con la DEA y que ahora están presos, también por tráfico de drogas.

Estaba previsto que la sentencia fuera impuesta por separado pero a pedido de la defensa, los primos escucharán su condena juntos, en la misma audiencia.

HACE 14 MESES QUE LOS SOBRINOS de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron detenidos en Haití por estar vinculados a una operación de tráfico de drogas. Hace más de un año que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los imputó por conspirar para ingresar cerca de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Hace dos meses que ellos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron condenados en territorio norteamericano por ese delito.

Sin embargo, pese a que las pruebas presentadas en los tribunales estadounidenses indicaron que parte de las reuniones «conspirativas» se llevaron a cabo en Caracas y que los Flores pretendían sacar la droga por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Estado venezolano no se ha pronunciado sobre el caso. ¿Qué debe hacer la justicia nacional en este asunto? Dos abogados penalistas señalan lo que cabría esperarse del Poder Judicial.

«Lógicamente, luego de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde ha habido todo un procedimiento, un juicio y una condena a estas personas, en Venezuela debería haber, y es algo que debe pedirse en forma vehemente, clara y seria, una declaración de los voceros oficiales», sentenció el abogado Alberto Arteaga. «Lo menos que puede hacer el Ministerio Público es abrir una averiguación, sin prejuzgar, sobre estos hechos», agregó.

Para el especialista en derecho penal, el análisis del caso debe centrarse en el tráfico de drogas dentro del entorno presidencial. La clave, según el experto, está en la realización de una investigación imparcial que indique si realmente hubo un uso de elementos, vías, rampas e instrumentos oficiales, y que revele quiénes fueron las personas que estuvieron implicadas en los hechos.

Pero para Bayardo Ramírez, abogado penalista y ex presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), una posible investigación sobre el caso está muy alejada de la realidad. Afirmó que mientras no haya Estado de derecho no habrá posibilidad de que la justicia se pronuncie sobre el tema.

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«Todavía los políticos nuestros no comprenden que están bajo un régimen totalitario, porque esto no es una dictadura, es un totalitarismo como el de los nazis, el de los fascistas, el de los comunistas (…) Para ellos, el derecho es todo aquello que beneficia al poder, no al hombre como individuo (…) Mientras exista un estado totalitario, no se puede hacer nada. Ellos no vinieron a gobernar, vinieron a destruir democracias», aseveró.

Leyes violadas

Esta historia comenzó cuando Campo Flores y Flores de Freitas, a través de un tercero, pidieron una reunión con un narcotraficante hondureño apodado «El Sentado», con el fin de trasladar hasta ese país un cargamento de 800 kilos de cocaína, proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tendría a Estados Unidos como destino final. Lo que no sabían es que «El Sentado» era, en realidad, un informante de la Drug Enforcement Administration (DEA) y que, desde su primer hasta su sexto encuentro, serían seguidos, grabados y fotografiados para comprobar que, efectivamente, planeaban trasladar droga hasta Norteamérica.

Para Ramírez, la aplicación de las leyes venezolanas sería suficiente para abrir un procedimiento contra los Flores. «Ellos no son jóvenes que cayeron por liviandades, son traficantes que cayeron en eso hace mucho tiempo», apuntó.

Arteaga recordó que el delito por el cual condenaron a Campo Flores y Flores de Freitas en Estados Unidos no fue el de tráfico de drogas, sino el de «conspiración» para transportar cocaína a territorio americano. «Eso quiere decir que se juzgó el acto preparatorio. Una conspiración es ponerse de acuerdo para un hecho», agregó.

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En Venezuela, de acuerdo con los abogados consultados, ese cargo de «conspiración» se traduce como «asociación para delinquir», el cual está previsto y sancionado dentro de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

«Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley (se incluye el tráfico de drogas), será castigado, por el solo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión», se lee en el artículo 6 de esta normativa.

Según Ramírez, las faltas cometidas por los Flores también están contempladas dentro de dos tratados internacionales de las Naciones Unidas que fueron suscritos por Venezuela hace más de 15 años.

Uno de estos documentos es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, al cual se adhirió Caracas en 1988. En su artículo 3, referido a los delitos y sanciones, establece que «la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión», deben ser tipificados como delitos penales dentro de las leyes de cada una de las partes que firmaron el tratado.

Más adelante, en el numeral 5 del mismo artículo, se añade: «Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo l , del presente artículo, tales como: a) La participación en el delito de un grupo delictivo organizado del que el delincuente forme parte; b) La participación del delincuente en otras actividades delictivas internacionales organizadas; c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito; d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del delincuente; e) El hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde relación con ese cargo».

El punto «e» podría tomarse en cuenta en el caso de Campo Flores y Flores de Freitas, ya que de acuerdo con las grabaciones recogidas por la DEA, el cargamento saldría por la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, destinada exclusivamente para el uso del Presidente de la República.

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La conspiración por la que fueron condenados los sobrinos Flores está también contemplada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo de 2000, también suscrita por Venezuela.

En el artículo 5 de este documento, que trata sobre la «Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado», se indica que «cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: (…) i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en actividades ilícitas del grupo delictivo organizado».

Nuevamente, el punto «i» hace referencia a la asociación para delinquir por la que serían enjuiciados los sobrinos si se abriera un proceso judicial contra ellos en Venezuela.

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El presidente Nicolás Maduro hizo referencia al caso de los sobrinos de su cónyuge, Cilia Flores, tildándolo como un ataque a la primera dama venezolana, asegurando que no es una casualidad.

El primer mandatario aseveró que el caso de Franqui Franciso Flores de Freitas y Efraín Campos Flores es una causa creada por el imperio americano “que tiene como único objetivo atacar a la primera dama, a la primera combatiente, a la esposa del presidente. ¿Ustedes creen que eso es causalidad?”, preguntó sarcásticamente Maduro.

“Es una política dirigida a acabar con una de las grandes fuerzas espirituales de la revolución, que es el despertar de la conciencia y de los derechos históricos de la mujer”, sentenció.

Campos Flores y Flores de Freitas fueron hallados culpables por la Corte Federal de Manhattan, Nueva York, de conspirar para ingresar droga al país norteamericano.

Las declaraciones las hizo en un acto conmemorativo por el Día Mundial de la Mujer en oposición a la violencia contra este género, transmitido en cadena nacional.

Durante su programa Con el mazo dando, el diputado Diosdado Cabello criticó este miércoles que la oposición utilice el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, para atacar la imagen del Ejecutivo.

Ambos jóvenes fueron declarados culpables en Nueva York por narcotráfico.

Cabello expresó su solidaridad por «los ataques que recibieron» la primera dama, Cilia Flores y el presidente Maduro.

«La derecha no respeta códigos de éticas, con el hecho de que la familia no se toca (…) y de haber culpabilidad serían responsabilidades individuales, pero yo no creo que haya culpa porque creo que esos muchachos están secuestrados (…) Si no tienen argumentos políticos con los cuales debatir, no se metan con la familia de sus adversarios», dijo desde Elorza, estado Apure.