Diputada

MANUELA BOLÍVAR, DIPUTADA miembro de la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional, se pronunció sobre el fallecimiento de cuatro niños que esperaban trasplantes de médula ósea en el hospital Dr. José Manuel de los Ríos y aseguró que con los 56 millones de euros que el régimen de Nicolás Maduro destinó para la compra de uniformes y armamento, se podría salvar la vida de 227 niños venezolanos que esperan por este tratamiento.

“Desde hace 3 años, en Venezuela no hay trasplantes. Hoy sufrimos por los niños que mueren esperando uno, pero debemos recordar a los pacientes que también esperan trasplantes de hígado, riñones, córnea, entre otros. Hablamos de cuatro niños en un mes y de tres que fallecen en menos de una semana”, dijo Bolívar.

La diputada responsabilizó directamente al régimen por la muerte de los cuatro niños. “Estos niños fueron asesinados por Nicolás Maduro y por su régimen, que acabó con el programa nacional de trasplante, con la salud pública y limita a los venezolanos el acceso a los medicamentos”.

Bolívar informó que se realizará un informe para garantizar que se haga justicia con este y todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. “Desde la Asamblea Nacional, vamos a investigar lo que sea necesario y daremos nuestro acompañamiento a estas familias. Debemos hacer justicia ante la muerte de estos niños, quienes fueron sentenciados por el régimen usurpador”.

*Con información de NP

Entre la mañana del domingo 11 de febrero y la tarde de este martes 13, seis niños y un adulto murieron luego de intoxicarse por consumir yuca amarga en el estado Aragua.

Las víctimas fueron identificadas como Angerlin Gabriela Carrillo Pérez, de 2 años de edad; Frangeli Pérez, de 3; Jemerson Rangel, de 5; Brayan Rangel, de 5; Carlos Delgado, de 4;  Nohemí Delgado; de 6; y Rogelio Peraza, de 73.

Las pequeñas Carrillo Pérez y Pérez murieron durante la mañana del domingo en el Hospital José María Benítez de La Victoria, en el municipio José Félix Ribas. Hasta allí fueron trasladadas desde el barrio La Concepción, ubicado en el pueblo de El Consejo, municipio Revenga.

Peraza y los dos niños Rangel eran miembros de una familia de nueve personas que se enfermó tras comer un asopado que incluía yuca amarga. Estaban residenciados en el sector La Línea 4 de Las Guacamayas, de la población de Las Tejerías, en el municipio Santos Michelena. Cerca de allí, en la entrada del pueblo, adquirieron el producto que los envenenó de manos de vendedores informales de verduras, de acuerdo a los reportes recogidos por medios de comunicación locales. Los tres fallecieron entre las noches del domingo y el lunes.

La tarde de este martes, la diputada a la Asamblea Nacional, Karín Salanova, informó que los niños Delgado, de 4 y 6 años, fallecieron como consecuencia de la ingesta de yuca amarga.

Cuatro familias enlutadas en nuestra Aragua por la muerte de Angerlin Gabriela Carrillo Pérez (2), Frangeli Pérez (3) Jemerson Rangel (5), Rogelio Peraza (73), Brayan Rangel (5), Carlos Delgado (4) y Nohemí Delgado (6) por intoxicación luego de comer alimentos no aptos pic.twitter.com/4k5tlhtPW0

— Karin Salanova (@karinsalanova) 13 de febrero de 2018

Con información de El Pitazo y El Siglo.

Diputada Arellano solicitó antejuicio de mérito a generales de la REDI

Ocho generales de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) fueron acusados este viernes ante el Ministerio Público por presuntamente violar los derechos humanos de manifestantes, según afirmó la diputada a la Asamblea Nacional Gaby Arellano (VP-Táchira), quien solicitó un antejuicio de mérito.

Arellano aseveró que tiene las pruebas que demuestran la actuación ilegal en varios estados del país, de los funcionarios de la REDI, cuerpo componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Entre los nombres que acusó la diputada se encuentra el general vicealmirante Hernández Balza de Nueva Esparta, a quien responsabiliza de la detención a la diputada Janet Fermín durante una protesta. El mayor general Iván José Hidalgo Terán responsable del REDI Los Llanos; el mayor general Jesús Suarez Churrio, responsable de los tribunales militares en Carabobo y el mayor general José Morantes Torres, responsable del REDI Los Andes. (El Universal)

Presentaron en La Haya nuevas denuncias de torturas en Venezuela

El observatorio checo de derechos humanos (DDHH) del Centro de Estudios para América Latina (Casla) presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) nuevos casos de supuesta tortura en Venezuela, informó este viernes en Praga la directora ejecutiva del ente, Tamara Sujú.

«Todo está dado para que haya una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad», explicó Sujú, que ya en mayo de 2016 y enero de 2017 presentó a la magistratura internacional dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.  (El Universal)

Gabriela Ramírez admitió que hay fuertes diferencias dentro del chavismo

Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, admitió este viernes que hay fuertes diferencias entre los dirigentes del chavismo, debido a la falta de diálogo recíproco y al distanciamiento de los principios establecidos por el fallecido presidente Hugo Chávez.

“Internamente hay muchas diferencias en el chavismo, es imposible avanzar porque la dirección que llevan los mandatarios tiene unas líneas muy rígidas y por eso hay una migración. Los funcionarios que quedan son los más leales y más comprometidos con el gobierno, pero la verdad es que ellos no son escuchados”, expresó Ramírez en una entrevista a Globovisión.

La ex funcionaria aseguró que sigue siendo chavista originaria, por lo que desestimó las críticas de quienes la han calificado de traidora. “Traidores son los que levantaron las banderas del cambio y apartaron el discurso de Chávez de su proceder. Aquellos que ahora mismo le dicen a quienes trabajaron en la base del chavismo que voten por uno u otro candidato” (El Nacional)

Venezuela participa en reunión anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) participa en la segunda reunión anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), que se desarrolla desde este viernes 16 hasta el próximo domingo 18 de junio en la isla vacacional de Jeju, en  Corea del Sur, con el objetivo de promover la industrialización inclusiva y sostenible, y  la integración entre Asia y el resto del mundo.

En esta reunión que tiene como eslogan «Infraestructura sostenible», participa el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa Delgado, además de 2.000 personas, incluidos ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de 77 países, refiere

Como parte de este evento más de 30 empresas y entidades nacionales e internacionales presentarán sus avances en materia tecnológica de infraestructura en diversos sectores como «ciudad inteligente, medios de transporte, gestión de recursos hídricos, energía verde y telefonía móvil 5G», refiere la agencia de noticias coreana Yonhap. (AVN)

FMI alerta del impacto de la crisis venezolana en los países vecinos. Inflación alcanzaría 2.068% en 2018

Un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a los vecinos de Venezuela del impacto que podrían esperar de la agudización de la crisis económica venezolana. La advertencia fue hecha en un foro con las proyecciones para el desempeño económico de la región para 2018 que el Banco Central de Trinidad y Tobago organizó  con una misión del Fondo Monetario Internacional, según reseñó la televisora local CCN TV6.

Según las estimaciones del FMI, el PIB total de Venezuela tendrá una caída del -7,4% en 2017, completando así cuatro años consecutivos de caida del PIB (Segun cifras del FMI, cayó -3,9% en 2014, -6,2% en 2015, y -18,0% en 2016). Para el año 2018, el FMI estima que continuará la recesión y el PIB se contraerá de nuevo en -4,1%.

En cuanto a la inflación, estima que pasará de tres dígitos a una hiperinflación de más d

Marialbert Barrios, diputada a la Asamblea Nacional y militante de Primero Justicia, acudió este lunes a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Las Mercedes, Caracas, para denunciar el caso de los hermanos José y Alejandro Sánchez, quienes presuntamente fueron torturados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

La legisladora aseguró que los también activistas de la tolda amarilla fueron obligados a declarar bajo tortura. Los jóvenes fueron aprehendidos el jueves 13 en los alrededores del Centro Comercial La Villa.

Este domingo la diputada Barrios fue acusada junto con Tomás Guanipa y José Guerra de supuestamente promover los hechos vandálicos que dejaron destrozos en la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

“Los que están quedando aislados como terroristas son los que están al lado del gobierno, que son minoría (…) Maduro está atacando una generación que quiere construir el futuro que el país merece”, expresó la parlamentaria.

También exhortó a los países latinoamericanos a pedir al gobierno venezolano procurar soluciones democráticas. Por último, reiteró el llamado de la MUD a marchar este 19 de septiembre en todo el país.

.@MarialbertBs desde sede OEA Las Mercedes: «De nuestro lado están la Constitución y las ganas de seguir adelante». #17Abr

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 17 de abril de 2017

.@MarialbertBs: «(Morochos Sánchez) Han sido maltratados por una justicia que está al servicio de Nicolás Maduro» #OEALasMercedes #17Abr pic.twitter.com/MoInioJBg4

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 17 de abril de 2017

.@MarialbertBs: «Este es un Gobierno que quiere intimidad y que quiere que nos callemos y nos quedemos en casa». #17Abr

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 17 de abril de 2017

.@MarialbertBs: «Venimos a consignar este documento como miembros de @AsambleaVE, de @Pr1meroJusticia, de @PARLASUR » #OEALasMercedes #17Abr

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 17 de abril de 2017

.@MarialbertBs: «También como Vzla., como mujer, como joven. Este es un Gobierno dictador» #OEALasMercedes #17Abr pic.twitter.com/MnpjHLhDDv

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.@MarialbertBs: «Hermanos Sánchez fueron víctimas de torturas por parte del Sebin». #17Abr pic.twitter.com/aIX7rYlQy7

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 17 de abril de 2017

.@MarialbertBs: «A morochos les quisieron hacer firmar, bajo tortura, un documento contra 4 Dip. @Pr1meroJusticia » #OEALasMercedes #17Abr

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 17 de abril de 2017

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Sucre Milagros Paz, anunció este martes que la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral citó al gobernador de esa entidad Luis Acuña, para que rinda cuentas de los recursos aprobados a Fundasalud, tras considerar que el sector salud debe ser declarado en emergencia.

En rueda de prensa, Paz presentó las comunicaciones emitidas por la Asamblea Nacional para citar de manera inmediata a Carmen Rodríguez, presidenta del Consejo Legislativo del estado Sucre (CLES); a Máxima Cumana, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, Economía y Ambiente del Cles; al Contralor del estado, Andy Velásquez y a Luis Acuña, en su calidad de presidente de Fundasalud.

“Queremos hacer del conocimiento público que la justicia tarda pero llega”, dijo Paz, al enumerar las denuncias sobre fallecimientos de neonatos en el hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná; la escasez de medicinas y equipos médicos; la ausencia de personal médico especializado; las fallas en el suministro de agua potable y electricidad, así como en el sistema de aires acondicionados; el cierre parcial de los quirófanos y la paralización de los centros ambulatorios de atención primaria en toda la geografía del estado Sucre.

“Tenemos cifras concretas de lo que se le ha aprobado al gobernador Acuña en materia de salud, pero nadie sabe en qué se han invertido esos recursos. Más de Bs. 2 mil 480 millones se le han aprobado a Luis Acuña desde que inició su gestión al frente de Fundasalud en 2013, de los cuales Bs. 1 mil 132 millones han sido aprobados en los últimos nueve meses”, reveló.

Paz enumeró otras denuncias en los casos del hospital de Araya y el hospital de Brasil al que el año pasado y éste se le asignaron recursos para garantizar su funcionamiento y ambos llevan más de seis años con quirófanos fuera de servicio.

Aseguró que el gobernador se ha negado a aprobar las salas de partos en los ambulatorios de San José de Aerocuar y Marigüitar, para las cuales se asignaron recursos en 2013 y 2015, respectivamente.

“La Asamblea Nacional, en el uso de sus atribuciones y facultades conferidas por el pueblo de Sucre y de Venezuela, hoy está citando a Luis Acuña para que rinda cuentas de cómo se invierten los recursos en el sistema regional de salud, pero también para que asuma su responsabilidad en la muerte de centenares de niños recién nacidos en el Huapa en lo que va de año, al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida estipulado en nuestra Carta Magna”, enfatizó la diputada.

De acuerdo la parlamentaria, sólo en los últimos tres meses, al menos 73 neonatos han muerto en las instalaciones del Huapa, es decir, el 40,33% de la tasa de natalidad. Esto por las múltiples fallas que experimenta el nosocomio capitalino y porque no existen políticas de planificación familiar que orienten a las niñas y adolescentes a evitar embarazos no deseados.

Paz también conminó a la presidenta del CLES, Carmen Rodríguez, a informar acerca de los resultados de la investigación que esta instancia legislativa ordenó hacer a Fundasalud en 2013.

*Con información de Nota de Prensa

“Militarizar la distribución de alimentos no resolverá el problema de escasez, desabastecimiento ni inflación. Si no se produce en el país lo que necesitamos para vivir, de nada servirá la creación de miles de misiones con distintos nombres que sólo estimularán la corrupción administrativa y empeorarán el panorama económico”.

Tal aseveración la hizo este miércoles la diputada al Consejo Legislativo del estado Aragua (Clea), Betsy Bustos, tras ser consultada en torno a la creación del Comando Presidencial Cívico Militar para la dirección de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, con el propósito de gestionar la distribución de los productos de primera necesidad en el país. El Presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio el pasado lunes y agregó que los ministerios e instituciones del Estado que trabajarán en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, quedarán subordinados a su persona y al General Padrino López.

Bustos recordó que la función de los militares no es importar, distribuir ni comercializar alimentos, pues ya hay algunos casos de corrupción asociados al estamento militar que, a pesar de haber sido denunciados ante las instancias correspondientes, quedaron engavetados y “durmiendo el sueño de los justos”.

Al respecto recordó las denuncias formuladas contra el general Víctor Cruz Weffer, designado por Hugo Chávez para manejar el Plan Bolívar 2000 (que entre tantas funciones tenía el suministro de alimentos a través de mercados populares y a cielo abierto) y más recientemente las acusaciones contra el también general Carlos Osorio, investigado por el desfalco de 27 mil millones de dólares destinados para la red pública de distribución de alimentos (Mercal, Pdval y Abastos Bicentenarios).

La también dirigente regional de Primero Justicia hizo hincapié en la necesidad de priorizar la producción nacional sobre las importaciones. “En este país no estamos produciendo nada, apenas estamos extrayendo y comercializando petróleo y con los precios tan bajos, no tenemos ingresos suficientes para cubrir las necesidades del mercado interno”, señaló.

De allí la necesidad de aprobar y poner en práctica la Ley de Producción Nacional para reactivar el agro venezolano, las empresas e industrias paralizadas en estos últimos años; para recuperar las empresas expropiadas de mala manera por el gobierno central; para revertirlas y devolverlas a quienes sí tenían operativas empresas, industrias, hatos, haciendas y fundos; y para generar empleos que tanta falta hace.

Pero además reclamó que las pocas divisas que están ingresando al país producto de la renta petrolera, se destinen a escuetas compras de alimentos y medicamentos y un porcentaje importante vaya a parar a los bolsillos de los boliburgueses que siguen recibiendo los dólares preferenciales a 10 bolívares.

La diputada al Clea dijo que las políticas económicas de Maduro van “de fracaso en fracaso”. Comenzó el año cambiando gabinete económico; eliminó el Simadi para implementar el Dicom y generar la devaluación de la moneda más grande de nuestra historia; insistió en la tesis fracasada de la guerra económica; culpó a los comerciantes e industriales de la escasez y el desabastecimiento; luego a los bachaqueros; intervino la Corporación Venezolana de Alimentos porque se “descubrió una mafia” en las redes Mercal – Pdval – Abastos Bicentenario; anunció la activación de “motores” en las diversas áreas de producción; más recientemente se lanzó un experimento con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y esta semana la Gran Misión de Abastecimiento Soberano.

La diputada por el estado Bolívar, Olivia Lozano recibió denuncias de los habitantes de los municipios Sucre y Cedeño por politizar y asumir el control en el suministro de alimentos y medicinas “sólo para los militantes del PSUV”;  así como efectuar detenciones ilegales contra sus pobladores.

Lozano reveló como desde las Alcaldías de Sucre y Cedeño se promueve una especie de bachaqueo legalizado, el cual es controlado por los burgomaestres obteniendo cuantiosas sumas de dinero a expensas del hambre del pueblo. “Desde la Sub Comisión del Poder Popular de la AN investigaremos a los hermanos Amelia e Igor Falcón, quienes usando su investidura de alcaldes tienen a los ciudadanos sin alimentos, obligándolos a comprar los productos directamente en las oficinas municipales. Incluso eliminaron establecimientos como Mercal y Pdval siendo trasformados en mercados dirigidos directamente por la municipalidad. Aquí el bachaqueo es institucional y esto debe ser penalizado”.

El pasado viernes la alcaldesa del municipio Sucre, Amelia Falcón tras una protesta por falta de alimentos ordenó la detención y traslado a Ciudad Bolívar de vecinos de la población de Maripa, Alto Caura y comunidades Yekuana: Juan Vásquez, Carmen Ledesma,  Frankey Sarmiento (16 años) y Manuel Cudenuz.

“Vásquez y Ledesma van a ser presentados hoy por supuesta resistencia e irrespeto a la autoridad. Los otros dos indígenas fueron liberados”, informó Lozano.

La parlamentaria de la tolda naranja, recibió el informe de denuncia sobre los hechos de manos del Concejal de VP en Sucre del estado Bolívar, Napoleón Blanco, para presentarlo en la Asamblea Nacional y proceder a iniciar las averiguaciones sobre las acciones ilegales que cometen contra el pueblo los hermanos Falcón.

“Ya es hora de que los corruptos que hacen dinero mal habido y politizan el acceso a alimentos y medicinas se les juzgue por su responsabilidad. Basta de atropellos contra nuestro pueblo” , finalizó la representante de la AN.