Presidente dominicano Danilo Medina (al centro) conversa con su colega panameño Juan Carlos Varela y la canciller Isabel de Saint Malo el 14ABR18 en Lima. Foto: Cancillería de Perú.
Unasur, el organismo que reúne a los doce países suramericanos, está en camino de disolución. Seis gobiernos miembros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú informaron el 19ABR18 al canciller boliviano Fernando Huanacumi su decisión de no participar en reuniones y actividades de Unasur. Las decisiones en Unasur deben ser tomadas por unanimidad con un quorum mínimo de siete miembros por lo que la ausencia de seis países paraliza la organización. Los seis gobiernos exigen la designación de un nuevo Secretario General que adelante una reforma a fondo del funcionamiento del organismo.
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Unasur fue originalmente un proyecto propuesto por el gobierno del brasileño Fernando Henrique Cardoso en 2000. Su creación en 2008 cuando Hugo Chávez detentaba poder e influencia continental hizo que Unasur deviniera en pieza de la diplomacia chavista. Salvo el corto lapso de un año cuando la Secretaría General fue ejercida por la colombiana María Emma Mejía en 2011, Unasur ha estado controlada por operadores castrochavistas.
El 17ABR18, Bolivia asumió la presidencia rotativa sucediendo a Argentina. Pero desde que el colombiano Ernesto Samper se retirara de la Secretaría General el 31ENE17, Unasur está “acéfala” ya que Venezuela y Bolivia vetan cualquier acuerdo para elegir un nuevo jefe del aparato burocrático de la organización. El edificio de Unasur situado en las afueras de Quito y construido por Ecuador a un costo superior a los US$ 60 millones se ha convertido en fuente de señalamientos sobre uso indebido de recursos, asedio laboral y hasta acoso sexual por parte de encargados dejados por Samper y respaldados por los gobiernos de Maduro y Evo Morales.
La tarde del 19ABR18, el canciller boliviano visitó la sede de Unasur tratando celebrar una reunión con los representantes de los doce gobiernos la cual no se concretó ante la ausencia de la mayoría de delegados permanentes. Huanacumi se limitó a pronunciar una “conferencia” ante empleados del organismo.
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Tres días después que la Unión Europea impusiera sanciones a siete altos jerarcas del régimen chavista, Nicolás Maduro declaró el 25ENE18 como “persona non grata” al embajador de España en Caracas Jesús Silva Fernández quien abandonó Venezuela el 31ENE18. El régimen chavista acusa a Mariano Rajoy de ser el principal promotor de las sanciones europeas y con la expulsión del Embajador español, Maduro pretendía responder a la medida impuesta desde Europa aunque sólo se atrevió a expulsar al diplomático de un país. A los demás miembros de la UE sólo le fue entregada una nota de protesta. La línea del gobierno español y en general de los gobiernos europeos es mantener sus misiones diplomáticas en Caracas con sólida representación política al mando de un Embajador, pero el ministro de Exteriores de España debió reaccionar “con proporcionalidad y reciprocidad”. El 26ENE18 declaró “persona non grata” al embajador de Maduro en Madrid, Mario Isea, quien ya para la fecha se encontraba en Caracas. En todo caso, las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos no fueron rotas, pasando a “nivel de encargados de negocios”.
El 28FEB18, el Consejo de Asuntos Exteriores europeo emitió un comunicado “manifestado su solidaridad con España” y ratificando que seguirían “supervisando de cerca la situación [en Venezuela] y manteniendo abiertos los canales de comunicación tanto con la oposición como con el Gobierno”. La expulsión del embajador español se había convertido en un nuevo elemento de conflicto entre la UE y el régimen chavista.
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La decisión del Secretario General de la ONU de no involucrar a esa organización en un proceso de observación de las elecciones convocadas inconstitucionalmente por el gobierno Maduro para el 20MAY18, hizo que la diplomacia chavista procurara la presencia de la Unión Europea, en un intento desesperado por ganar algún reconocimiento externo para el objetado proceso electoral. Además, la incorporación de la UE a la línea de EEUU y Canadá de aplicar sanciones al régimen chavista se ha convertido en otro frente de presión. Intentar granjearse el interés de la UE pasaba, así lo entendía el gobierno chavista, por superar la crisis con España para lo cual Maduro solicitó una vez más el concurso de su operador internacional José Rodriguez Zapatero quien llegó a Caracas el 06ABR18 con noticias y recomendaciones para actuar ante el gobierno español.
Tras la visita de Zapatero a Caracas, el canciller de Maduro remitió al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España una comunicación entregada personalmente en Madrid el 11ABR18 por el viceministro para Europa de la cancillería chavista Yvan Gil al secretario de Estado de Cooperación Internacional español Fernando García Casas. Mediante aquella carta, Maduro daba un paso atrás en su diplomacia fanfarrona y pedía que Mariano Rajoy restableciera las relaciones a nivel de Embajador. Ese mismo día el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, se reunía en Bruselas con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, para solicitarle el envío a Venezuela de una delegación para el “acompañamiento” de las votaciones del día 20MAY18 “a fin de que puedan dar fe de la transparencia del proceso electoral”.
El 18ABR18 mediante un comunicado conjunto, los gobiernos de Rajoy y Maduro anunciaron haber “convenido el regreso en los próximos días de sus Embajadores, con el fin de restituir los canales de diálogo diplomático entre los dos gobiernos”. La cancillería de Maduro exigió que el párrafo incluyera la frase “en el marco del respeto mutuo y del Derecho Internacional”. Al día siguiente, el 19ABR18, un comunicado público y una carta de Federica Mogherini dirigida a Arreaza, dejó en evidencia que la maniobra de la cancillería chavista resultó infructuosa: la Unión Europea no convalidará las “elecciones” del 20MAY18 en Venezuela.
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En un comunicado emitido el 19ABR18, Federica Mogherini en nombre de la UE afirma que “lamentamos profundamente que se hayan convocado elecciones sin un amplio acuerdo sobre el calendario electoral ni sobre las condiciones para un proceso electoral creíble e inclusivo. También lamentamos la existencia continua de presos políticos y los obstáculos para limitar la participación de los partidos políticos y los candidatos. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de limitar la participación en las elecciones locales y regionales a aquellos partidos que presentan candidatos para las elecciones presidenciales es un golpe más a la credibilidad del proceso”. A su vez, Mogherini remitió una comunicación oficial a Arreaza y al Consejo Nacional Electoral declinando enviar una delegación para “acompañar” las votaciones. “Nuestras misiones cumplen una metodología muy concreta basada en los mayores estándares internacionales (…) las misiones conllevan una preparación de muchos meses antes de las elecciones y la presencia de expertos en el país durante un largo plazo alrededor del día electoral. Los expertos disfrutan de libre circulación y acceso a todos los partidos políticos, candidatos, funcionarios electorales, así como a representantes de la sociedad civil y de los votantes”, escribió Mogherini. “La participación en programas de acompañamiento del tipo propuesto por las autoridades de Venezuela no cuenta entre las posibles modalidades de acompañamiento ofrecidas por la UE y por eso no nos resulta posible dar curso favorable a su invitación”, concluye la carta. La UE no está dispuesta a enviar emisarios a Venezuela en plan de turismo electoral y, por el contrario, pone en duda la credibilidad de las próximas “elecciones”.
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Maduro solicitó al presidente de República Dominicana, interceder ante el gobierno de Panamá para superar la crisis entre los dos gobiernos. El 28MAR18, el gobierno panameño divulgó una lista de 55 altos jerarcas chavista, que incluía a Maduro, designándolos “personas consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Para el gobierno de Panamá la difusión del listado no es una sanción ya que el mismo es ya utilizado por “la comunidad internacional”. El anuncio panameño fue seguido del retiro de los respectivos embajadores y la emisión por el gobierno Maduro de una curiosa resolución ministerial ordenando “la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera” con altos funcionarios y empresas panameñas que incluía a Copa Airlines, una de las pocas aerolíneas que aún atendían al mercado venezolano. Panamá actuó en reciprocidad suspendiendo operaciones de empresas venezolanas.
En presencia del canciller dominicano Miguel Vargas, la vicepresidente y canciller de Panamá Isabel de Saint Malo sostuvo una discreta reunión en República Dominicana con dos ministros enviados por Maduro. La fecha del encuentro no ha sido revelada pero pudo haber tenido lugar el 11ABR18 cuando Saint de Malo visitó República Dominicana para atender una invitación de su homóloga Margarita Cedeño o, más probablemente, en un viaje secreto el 17ABR18. Los presidentes de Panamá y R. Dominicana, Juan Carlos Varela y Danilo Medina sostuvieron varias conversaciones oficiales e informales en Lima, durante la Cumbre de las Américas, en las cuales mencionaron la solicitud hecha por Maduro. Según Maduro la reunión no llegó a acuerdos porque “la persona que encabezaba” la delegación panameña “llegó a insultar” a los venezolanos. La “persona” que presidía la delegación de Panamá era la Vicepresidente y canciller de ese país. La cita en Santo Domingo fue un fracaso porque Panamá se niega a dejar sin efecto la resolución de su Comisión nacional contra el blanqueo de capitales. El gobierno de Panamá, junto a los de Colombia y México forman parte de una red multinacional de “inteligencia financiera” que hace seguimiento a las operaciones financieras de jerarcas y empresas asociadas al régimen chavista.
Edgar C. Otálvora
