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Activista venezolano Feliciano Reyna recibirá el Premio Martín Ennals para defensores de DDHH
Acción Solidaria festejó la noticia y a través de su cuenta en Twitter señaló que el galardón «es uno de los premios más importantes para defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo»

 

El activista venezolano Feliciano Reyna, fundador de la ONG de ayuda al colectivo LGBTQI Acción Solidaria, será galardonado en la edición de este año de los premios Martin Ennals, que se conceden en Ginebra a defensores de derechos humanos de todo el mundo.

Reyna, quien también ayudó a fundar la Coalición por la Defensa del Derecho a la Salud y a la Vida de las Personas en Venezuela (Codevida), será premiado junto a la abogada del Chad Delphine Kemneloum Djiraibé y al activista indio Khurram Parvez, defensor de los derechos humanos en Cachemira, actualmente privado de libertad.

Los premios se entregarán en una ceremonia en la ciudad suiza el próximo 16 de febrero y «honran a tres activistas que en todos los casos han dedicado más de 30 años de su vida a construir movimientos para llevar justicia a víctimas o medicinas a los más marginados», subrayó el jurado en un comunicado.

ONG celebran la distinción

La ONG Acción Solidaria festejó la noticia y a través de su cuenta en Twitter señaló que el galardón «es uno de los premios más importantes para defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo».

Por su parte, la periodista y defensora de derechos humanos Gabriela Buada Blondell, escribió en su cuenta en Twitter que «aunque se empeñen en atacar y estigmatizar el trabajo de las ONG en Venezuela, nos sentimos felices del reconocimiento».

La ONG Provea felicitó a Reyna por recibir el premio Martin Ennals Award, considerado el Nobel de los Derechos Humanos. 

«Nos enorgullece que un defensor venezolano sea reconocido por su labor», escribió Provea.

Las ONG´s Acceso a la Justicia y el Observatorio de Conflictos, también enviaron sus felicitaciones al defensor de derechos humanos. 

*Con información de Efe

Teniente coronel Marín Chaparro lleva 28 días en huelga de hambre en la DGCIM

El teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien se encuentra detenido desde el 2 de marzo del 2018 y fue acusado de liderar la Operación Gedeón, lleva 28 días en huelga de hambre en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El militar pidió ser trasladado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, conocido también como la cárcel de Ramo Verde, y que sean respetados sus derechos humanos, informó la organización Control Ciudadano en su cuenta de Twitter. 

Asimismo, se conoció que este lunes 19 de diciembre Marín Chaparro tuvo oportunidad de recibir una visita de sus padres en la sede de la contrainteligencia militar, con presencia de funcionarios del organismo. 

De acuerdo con información proporcionada por Radio Fe y Alegría Noticias, este encuentro se dio porque un alto funcionario de la Dgcim le pidió «bajar la presión» de la huelga de hambre que mantiene el teniente. Posteriormente accedió a que se diera el encuentro, visita que fue grabada por los efectivos de seguridad. 

Es segunda vez en menos de un año que el militar y preso político Marín Chaparro realiza una huelga de hambre. La primera fue llevada a cabo por el teniente coronel desde el pasado 21 de diciembre hasta el 6 de enero de 2022 cuando la levantó, luego de recibir una visita de laOficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En ese momento, su abogado Alonso Medina indicó en su cuenta de Twitter que las autoridades venezolanas se habían comprometido a atender algunas de las demandas del militar. 

En diferentes ocasiones Marín Chaparro ha denunciado la violación de sus derechos fundamentales, las torturas, los tratos crueles de los que ha sido víctimas, la falta de atención médica oportuna y la violación al debido proceso en su caso. 

Marín Chaparro fue acusado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, de liderar la Operación Gedeón junto al general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien falleció el 12 de octubre de 2021 y el general de brigada de la Guardia Nacional (GN) Armando Hernández Da Costa, detenido desde 2018 en la Dgcim.

Fue presentado en tribunales militares, donde se le acusó de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. 

En diciembre de 2020, el militar fue condenado a siete años y seis meses de prisión. De allí surgió la orden de traslado a Ramo Verde que no se ha materializado. 

La operación Gedeón fue una incursión marítima realizada el 3 de mayo de 2020 que el mandatario Nicolás Maduro calificó como «narcoterrorista». Según él, contó con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para desestabilizar su mandato.

 

Más de 30 ONG instan a la Acnudh a profundizar monitoreo sobre violaciones a DDHH en las regiones
Nayarí González, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, resaltó la vulneración a la libertad de expresión, con el cierre de más 70 emisora de radio

 

Más de 30 organizaciones de la Alianza de los Derechos Humanos en los llanos y el Táchira, encabezada por la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitaron un monitoreo exhaustivo a la Comisión del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH), en Venezuela. 

Roland García, director ejecutivo de Fundehullan, expresó la necesidad que se brinde un seguimiento minucioso a la realidad que se enfrenta en la regiones del interior del país.

«Sabemos que vienen realizando un trabajo importante en Venezuela, pero no es suficiente, es por eso la labor de documentación que venimos realizando desde las diversas organizaciones en las que se comprueba que el gobierno nacional,de manera sistemática, vulnera los derechos civiles y políticos. En el último trimestre del año 2022 hubo un incremento de 16,7% de la criminalización de las gremios, sindicato y ONG por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e instituciones, entre otras», expresó.

García destacó que este llamado debe cesar la criminalización a los defensores de derechos humanos, líderes sindicalistas, organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios en el país.

Nayarí González, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, resaltó la vulneración a la libertad de expresión, con el cierre de más 70 emisora de radio, lo que dejó sin espacios para informar, educar y entretener a la colectividad.

«El cierre de las emisoras es la falta de regularización en la renovación de concesiones, que vulnera el derecho a estar informado, el derecho al trabajo, afectando a las familias cuyo  medio de sustento es a través del desempeño de los medios de comunicación. Razón por la cual exhortamos a la Comisión de la ONU a evaluar está situación en la región de los Llanos y Andes de Venezuela» apuntó.

Por otra parte, Andrea Parra, presidente de la Confederación de Trabajadores del estado Guárico y vocera de la Alianza de Derechos Humanos de los Llanos, señaló que las condiciones en las que se encuentran los trabajadores son mínimas, con un sueldo de 130,00 BsD, lo que equivale a 7 dólares. Eso le imposibilita garantizar cubrir las necesidades básicas y los obliga a estar en una pobreza extrema.

Los voceros de las organizaciones insisten en la necesidad de profundizar el monitoreo en los estados, pues más allá de la realidad que pueda mostrarse en Caracas, existen condiciones de vulnerabilidad que afectan la dignidad humana de los ciudadanos en el interior de Venezuela.

Concluyen que es importante que todo esto se documente a través de la comisión Acnudh.

*Con información de NP

Familiares de víctimas piden en una vigilia reparación por ejecuciones extrajudiciales

Cerca de 20 personas, casi todas mujeres, participaron en una vigilia en Caracas para exigir justicia y reparación por casos de familiares que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, a propósito del Día de los Derechos Humanos, 

«Fuimos invitados a esta vigilia en honor a nuestros hijos muertos, que fueron violados en vida sus derechos humanos», dijo Aracelys Sánchez, una mujer que desde 2013 está «luchando para conseguir justicia», luego de que, aseguró, cuerpos de seguridad asesinaran a su hijo dentro de su casa.

«Nosotras las víctimas tenemos fe y esperanza (…) esperamos que nos den justicia, esperamos una reparación integral para todas las víctimas, nos lo merecemos», expresó.

Durante la actividad, los manifestantes encendieron velas, recordaron los nombres de sus familiares y leyeron un documento conjunto en el que piden el fin de las ejecuciones extrajudiciales para «que los jóvenes puedan crecer y tener oportunidades».

A la concentración llegó Jorge Cedeño, un constructor de 27 años que busca justicia por la muerte de su hermano, fallecido en 2019 «a manos de la FAES», una división de la Policía Nacional que ha sido acusada por Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad.

«Hasta el sol de hoy no han hecho nada con el caso de mi hermano», denunció el joven que se trasladó desde el estado Guárico, a 200 kilómetros de Caracas, para presionar a los órganos de Justicia pues, señaló, no le dan ninguna respuesta en su región.

Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país. 

Coordenados, proyecto audiovisual que promueve el trabajo de activistas por los DDHH en Venezuela
Próximamente se estrenará el segundo episodio de Coordenados, que fue grabado en Caracas y se centrará en los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en Venezuela

Después de su presentación en la séptima edición de la Feria de Derechos Humanos el pasado 12 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, la activista zuliana Paola Vale estrenó el domingo 27 de noviembre, a las 8 de la noche, el primer episodio de Coordenados a través de su canal de YouTube.

Coordenados es un proyecto comunicacional que busca visibilizar las acciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y fomentar la participación de jóvenes en el espacio cívico venezolano a través de seis producciones audiovisuales sobre medioambiente, derechos LGBTQ+, feminismo, pueblos indígenas, voto joven y el arte como mecanismo para disminuir la violencia.

Paola Vale, quién es la conductora y directora general del proyecto, señaló que el objetivo de los episodios es promover el trabajo de los activistas y sus organizaciones y sensibilizar a más jóvenes para que se involucren en estas iniciativas.

“Queremos que se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil y que tengan una participación más activa dentro del espacio cívico porque nosotros somos fundamentales para impulsar los cambios que necesitamos”.

El primer video de Coordenados se titula “¿Se puede reciclar en Venezuela?” y muestra cómo los activistas de la organización El Zulia Recicla y su fundadora, Grisel Mercadante, están emprendiendo acciones para fomentar el reciclaje y la reutilización de desechos sólidos en las comunidades de Maracaibo.

“Quisimos mostrar cómo El Zulia Recicla, que tiene años trabajando junto a las comunidades del oeste de Maracaibo y se ha dedicado a promover la práctica del reciclaje, trabaja en la conformación de centros de acopio para mejorar la recolección y reutilización de residuos sólidos y así evitar que éstos terminen contaminando nuestro ambiente”.

El primer video de Coordenados ya está en la plataforma YouTube y en las cuentas de Instagram: @soypaolavale y en la cuenta @heartsonvzla, que es una ONG “destinada a crear y mantener conciencia sobre los derechos humanos, la democracia y las situaciones complejas de emergencia humanitaria de Venezuela a nivel internacional a través de la traducción al inglés de contenidos producidos por organizaciones de la sociedad civil”.

 
 
 
 
 
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Actualmente, el equipo de Coordenados trabaja en la edición y posproducción del segundo episodio, que fue grabado en Caracas y se centrará en los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en Venezuela.

“Fue un éxito el preestreno en el Bellas Artes y ya toca ponerlo en YouTube para el disfrute de todos, porque si unidos y ordenados apoyamos todas estas causas, podemos lograr lo que queremos en Venezuela”.

3x3 | “El Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los DDHH”

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Pero fue dos años después que el organismo decidió que los 10 de diciembre sería la fecha para conmemorar las garantías fundamentales de todas las personas, sin distinción de raza, género o religión. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, reza la declaración en su artículo 1.

Para Alí Daniels, abogado de la ONG Acceso a la Justicia, no hay nada que celebrar en Venezuela. 

“Tenemos un país que está en la Corte Penal Internacional, siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad y con una emergencia humanitaria compleja”, dice el jurista a Runrun.es. 

“Lo que los defensores de derechos humanos debemos exigir, y la ciudadanía en general, es que haya respeto por los derechos humanos en un país donde la arbitrariedad es algo cotidiano”

Para ahondar más en el panorama actual de derechos humanos en el país y qué podemos esperar de las instancias internacionales.

Consultamos a Victoria Capriles, Directora Adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana; Marianna Romero, abogada y Directora General del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ); y a Ezequiel Monsalve, abogado y Coordinador Legal de Defiende Venezuela.

¿Cómo ha sido el panorama de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante 2022 y cuál ha sido el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables (mujeres, niños, pueblos indígenas, presos políticos, personas mayores, personas LGBTIQ+)?

Victoria Capriles

Venezuela continúa sumida en una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala y gravedad, aunado a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Un elemento que podemos utilizar para determinar cómo se encuentra la situacion de derechos humanos es el agravamiento de la crisis de movilidad humana venezolana que hay en toda la región. A pesar, por ejemplo, del aumento de las peticiones de visa, el título 42 en los Estados Unidos, la imposición de visas en México y Centroamérica, el flujo de venezolanos continúa de manera constante y la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela ya ha documentado más de 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados alrededor del mundo. Comprendiendo que esta cifra es mayor si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobiernos realmente no toma en cuenta las personas que tienen doble nacionalidad y las personas en situación irregular.

Podemos ver también cómo ha aumentado de forma exponencial el tránsito de venezolanos por el tapón del Darién a los fines de alcanzar Centro y Norteamérica. Ni siquiera la imposición de visas, ni siquiera cerrar las fronteras ha logrado minimizar esta crisis que se vive y de la cual los venezolanos son ahora los protagonistas

Por supuesto esta emergencia afecta de forma diferenciada a personas mas vulnerables como son las mujeres, los niños, los presos, indigenas, etc. En el caso de la crisis de movilidad estamos viendo cada vez más un aumento en el fenomeno de la trata de mujeres venezolanas, particularmente para fines de la explotación sexual. De igual manera, estamos viendo cada vez mas un aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes solos, no acompañados pero tambien de niñas, niños y adolescentes que se quedan solos en el país mientras sus familiares migran

Y finalmente la Misión Internacional independiente para la Determinaciónde los Hechos también ha documentado la manera en la que las ejecuciones extrajudiciales y la falta de acceso a la justicia afecta de forma diferenciada a las mujeres, pues sufren violencia de género y revictimizaciones particulares al género que tienen.

Marianna Romero

Durante el 2022, las violaciones de derechos humanos han continuado debido a que el cierre del espacio cívico democrático continua, la política de criminalización, represión y control social sigue vigente y la Emergencia Humanitaria sigue teniendo impactos en la población, especialmente en el disfrute de los derechos económicos, sociales , culturales y ambientales

Igualmente hemos visto un aumento de la desigualdad durante este año, hemos visto como la crisis de servicios básicos se mantiene. Y en especial el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado como la política de criminalización, bajo la lógica del enemigo interno, sigue afectando el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Solo entre enero y octubre hemos podido registrar 394 agresiones en contra del movimiento de derechos humanos, lo que refleja cómo el Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los derechos humanos, de cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Ezequiel Monsalve

El panorama es bastante desalentador para este 2022, a pesar de que el Estado venezolano ha tenido que lidiar con una investigacion ante la CPI, que los visibiliza mucho más, ha tenido que lidiar con múltiples informes de distintos organismos internacionales. En ese sentido, esto ha sido aún igual de dramático, a pesar de estos informes que intentan contrarrestar el avance de las violaciones de derechos humanos

En casos como, por ejemplo, lo los operativos de seguridad ha sido muy evidente que siguen implementándose como un mecanismo de control social, que de cierta forma el Estado utiliza en estos sectores para poder controlar la situación de lo que ellos creen o consideran es la delincuencia organizada, ha violado masivamente los derechos hhumanos de estas personas. Esto no solamente se ha visto en los barrios desfavorecidos de Caracas sino también en el interior del pais, en la Operación Trueno en Altagracia de Orituco o la Operaicon Roraima al sur. 

El impacto ha sido gigantesco porque, como se han venido perfeccionando estos operativos, hemos visto que la disminución en el derecho a la vida ha sido evidente pero el aumento en distintas violaciones de derechos humanos ha sido abundante. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, o la intimidad o el derecho a la integridad personal. 

Se avecinan elecciones primarias y presidenciales en Venezuela en los próximos años, ¿cree que los atropellos y violaciones a los derechos humanos se profundicen, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado en estas épocas?

Victoria Capriles

Desde el CDH-Unimet hemos documentado el aumento de las violaciones a los derechos humanos en períodos electorales. Por ejemplo, aumentan las detenciones arbitrarias, el acoso a miembros de la sociedad civil y actores políticos, se encuentran criminalizadas las actividades de los partidos considerados de oposición, hay un inhabilitación importante de candidatos, la censura de los medios de comunicación, violaciones particulares del ejercico al voto de las comunidades indígenas.

Entendemos que puede ocurrir nuevamente una profundización de las violaciones a los derechos humanos. Esperamos que la reanudación del diálogo permita que mejoren las condiciones electorales. De igual manera desde la sociedad civil estaremos documentando, denunciando y difundiendon todas las violaciones a los derechos humanos que ocurran en el marco de este evento electoral.

Marianna Romero

Ante un contexto de eventuales eventos electorales, ciertamente es importante estar atentos, seguir documentando cómo avanza la situación, denunciar cualquier abuso que pueda ser cometido en la esfera de los derechos humanos. Porque ciertamente existen patrones y ha ocurrido en el pasado que en tiempos electorales el Estado incrementa la represión, las medidas restrictvas de las libertades, se comenten abusos en el marco de los derechos civiles y políticos

De cara a 2023 y 2024 es importante reiterar la necesidad de la garantíaa de un espacio cívico, democrático, libre, donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias, pueda ejercerse el derecho al voto de forma universal, libre y secreto y con todas las garantías necesarias para un proceso electoral 

Ahí reiteramos la importancia también de garantizar el trabajo de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones de derechos humanos sin que sea criminalizada su labor como ha venido siendo la situación en los ultimos años donde cada vez son más criminalizados y atacados las personas defensoras al ejercer su trabajo de documentación, denuncia y visibilización.

Ezequiel Monsalve

Ha sido una constante de Venezuela la intensificación a las violaciones a los derechos humanos en contexto de elecciones, particularmente a los derechos políticos de los venezolanos. Yo creo que el Estado va a intentar nuevamente desarticular liderazgos de la oposición venezolana para asegurar su efectividad en el marco de esas elecciones.

También es posible que en el caso de una irregularidad, el Estado vuelva a utilizar el factor de la represión, tal vez no de manera tan evidente como en periodos de 2017 o 2014, pero sí va a volver a aplicar efectos represivos a personas que deseen manifestar en elecciones. Las elecciones presidenciales son para mí un factor que no van a sacrificar nunca y van a utilizar todo el aparataje del Estado y todo el aparataje represivo para poder asegurar sus reelecciones en Venezuela.

Aunque el chavismo ha intentado demostrar que hace justicia juzgando a algunos responsables en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por los que se les señala, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió renovar dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de la decisión de la Corte Penal Internacional? En caso de una respuesta positiva para juzgar a Nicolás Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional, ¿qué significaría para las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela?

Victoria Capriles

La no elección de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos y la renovación del mandato de la Misión de Determinación son en sí mismos una declaracion de la posición de la comunidad internacional frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país. 

De igual forma, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió cinco casos de violaciones a los derechos humanos de personas venezolanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe pronunciarse sobre su jurisdicción. Desde la sociedad civil esperamos una respuesta positiva pues esto abriría las puertas a ms formas de justicia y reparación

En cuanto a la CPI, hay que entender que este es un proceso lento. Si bien somos el primer país de América Latina donde se empieza una investigación, la misma tiene un proceso complejo que apenas está comenzando. Luego de ello vendría el juicio para finalmente llegar a la sentencia, entendiendo que también hay un proceso de apelación. Sin embargo, ya el hecho de que se esté en fase de investigación es una suerte de reparación, justicia y verdad para las víctimas y que se irá profundizando a medida que continue el proceso.

Marianna Romero

Este año en materia de justicia internacional ha sido muy importante para Venezuela. Efectivamente en el mes de octubre el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato no solo de la Mision Internacional Independiente de Determinacion de Hechos sobre Venezuela, sino también extendió igualmente por dos años el mandato dado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de seguir monitoreando la situacion de Venezuela. 

Además, la fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado sobre la necesidad de avanzar con el proceso de investigación frente al proceso de Venezuela que está en curso en este tribunal internacional. Aquí es muy importante destacar que estos procesos en el seno del litigio estrategico internacional son procesos no necesariamente expeditos, nosotros hablamos siempre de una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad.

Hay que seguir documentando para poder nutrir los distintos procesos de investigación que se están llevando a cabo en el seno de estas instancias. De seguir denunciando los abusos que se están cometiendo, cómo persiste la impunidad y demostrar lo necesario que es el uso complementario de estos mecanismos para poder avanzar en el alcance de verdad, justicia y reparación

Ezequiel Monsalve 

La CPI ha representado para muchas víctimas, incluso para aquellos que no están dentro del contexto de la investigación, la esperanza para que sus casos no queden en impunidad y para muchos puede llegar a ser un factor político interesante para una transición a la democracia en Venezuela. Son dos expectativas muy altas. La primera por el tema de la impunidad, sabemos que en Venezuela la altas tasas de impunidad es un problema estructural del país y por otro lado una transición a la democracia implica la salida de Nicolás Maduro del gobierno 

Entonces yo creo que ante estas altas expectativas, lo que decida la CPI va a tener un efecto inmediato en ambos aspectos. 

Si hay un juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, va a significar un acercamiento importante a las reparaciones integrales de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos porque incluso aquellos casos que han sido resueltos en fase penales a través de condenatorias a autores materiales, no representa una reparación integral o una investigación que simplifique la verdad de lo que ocurrió en esos hechos.

 

 

Registran más de 1600 ataques a defensores de DD. HH. en Venezuela en los últimos cinco años
Del total de incidentes, 1112 fueron identificados como «estigmatización», 301 hechos de hostigamiento e intimidación, 101 amenazas y 37 detenciones arbitrarias

 

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 1654 ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos entre 2017 y 2021.

«Las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país», señaló el CDJ. 

Del total de incidentes, 1112 fueron identificados como «estigmatización», 301 hechos de hostigamiento e intimidación, 101 amenazas, 37 detenciones arbitrarias, 35 ataques digitales, 22 judicializaciones, 18 allanamientos y otros 28 casos no incluidos en ningún patrón en concreto.

Además, el centro identificó 2021 y 2017 como los periodos con más ataques, al computar 743 y 378, respectivamente. Sigue 2020 con 303 agresiones, 2019 con 135 y 2018 con 95.

La ONG aseguró que los ataques se centraron, sobre todo, en acciones para «neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción» de DD.HH. y que su incremento o disminución en cada año se relaciona con los hechos que ocurrieron en cada época.

El CDJ exhortó a los mecanismos internacionales de protección de DD. HH. a ofrecer una respuesta «oportuna, fuerte y clara» en favor de los activistas.

* Con información de EFE

AN se comprometió a solicitar cambio de nombre para personas trans luego de protesta de activistas LGBTIQ+
Activistas LGBTIQ+ se reunieron con la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, tras más de una semana encadenados en la plaza Morelos exigiendo el reconocimiento de derechos para la comunidad 
Se tiene previsto que los diputados del Parlamento se reunan el próximo miércoles 7 de diciembre con el CNE para iniciar el proceso de cambio de nombre para las personas trans, como lo establece el Registro Civil en su artículo 146

@ValeriaPedicini

8 noches y 9 días. Ese fue el tiempo que activistas por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ estuvieron encadenados frente a la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos en el centro de Caracas. Los cuatro activistas prometieron no irse del lugar hasta que funcionarios del Estado escucharán sus exigencias y ocurriera algún cambio para la comunidad. 

Koddy Campos, Paúl Martucci y Johán Chavarría decidieron iniciar una protesta contundente pero pacífica el lunes 21 de noviembre para exigir que los derechos LGBTIQ+ sean reconocidos en Venezuela. A los días, Jorge Moreno de 19 años se sumó al grupo.

No fue una protesta que nació de la noche a la mañana. Explican que llevan años de reclamos y lucha porque en Venezuela los derechos humanos no están garantizados para la población LGBTIQ+.

 

«Como movimiento sentimos que hemos agotado la vía administrativa y la vía judicial. Hemos estado pidiendo respuestas a una serie de demandas que tenemos y ninguna de las instituciones nos ha querido responder. Acudimos a la Defensoría del Pueblo porque ella sirve como ente mediador ante las instituciones que deben garantizar derechos humanos», explicó el activista Koddy Campos a Runrun.es.

Las personas trans no pueden cambiarse el nombre en Venezuela, a pesar de que existe el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil desde 2009 que debería permitirlo. La homosexualidad en los cuarteles es criminalizada y penalizada con hasta tres años de prisión, según reza el Código de Justicia Militar en su artículo 565. Las parejas del mismo sexo no tienen ninguna protección jurídica o institucional en Venezuela, aunque se ha intentado por más de ocho años que la Asamblea Nacional apruebe la unión civil igualitaria.

Ni la Constitución ni las leyes ni las protestas han podido cambiar esa realidad. Es por eso que Koddy, Paúl, Johán y Jorge decidieron encadenarse: para que las exigencias de la comunidad LGBTIQ+ no se quedaran en el papel por más tiempo.

Este martes 29 de noviembre decidieron levantar la protesta y marchar hasta la Asamblea Nacional luego de acordar una reunión con la directiva del Poder Legislativo, de mayoría chavista, en el que se habló de un compromiso para hacer cumplir estas exigencias.

Los activistas que estuvieron encadenados, acompañados de otros miembros de la comunidad LGBTIQ+, caminaron desde la plaza Morelos hasta la esquina de La Ceiba en la avenida Universidad cantando distintas consignas.

 

Luego de cantar el himno nacional frente a la AN y quitarse las cadenas que llevaron por más de una semana, los activistas fueron recibidos por la primera vicepresidenta Iris Varela, y los diputados Asia Villegas y Pedro Infante, presidentes de las comisiones permanentes de Familia y Desarrollo Social, electos en 2020.

Según explicó Richelle Briceño a Runrun.es, Varela señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no debe interpretar la ley que contempla el cambio de nombre para las personas trans, sino que debe aplicar la norma. Por esta razón, se comprometieron a solicitar al CNE que permita y apruebe el cambio legal de nombre a personas trans. 

«Ellos van a solicitar una reunión con los rectores del CNE para pedir los motivos por los cuales no se ha aplicado y que después de esa reunión se plantee un primer grupo de 10 personas para establecer el procedimiento administrativo correspondiente en el caso de la rectificación de partida para el cambio de nombre en personas trans», señaló la activista.

Se espera que los diputados de la AN se reunan el próximo miércoles 7 de diciembre con la directiva del CNE, y además se reciba a un primer grupo de 10 personas trans para iniciar estos procedimientos. «No es solo para las 10 personas, es para todas las personas trans e incluso para las personas no binarias», precisó. 

Aunque no existe un compromiso escrito, Briceño afirma que de no cumplir lo acordado, reactivarán el encadenamiento.