Poco se habla sobre el bloqueo decretado contra la institucionalidad democrática del país. La percepción general que prevalece desde mediados del año pasado es la de un país estancado irremisiblemente en el fracaso, que sobrevive casi sin oxígeno, que pese a haber tocado fondo en muchos aspectos, se hunde todavía más cada día en las arenas movedizas del autoritarismo y la devastación de la economía. El bloqueo fue declarado formalmente con la convocatoria presidencial de la espuria Asamblea Constituyente y había tenido en 2015 un primer capítulo con la designación fraudulenta e írrita de pretendidos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, destinada a impedir que la naciente Asamblea Nacional incidiera parcialmente en la renovación del tribunal en diciembre de 2016.
El bloqueo y la supuesta ANC
El llamado a la supuesta constituyente formalizó el bloqueo porque implicó enfrentarse no solo con la Asamblea Nacional, como expresión de la voluntad popular, sino directamente con el pueblo y la Democracia misma, pues se había llegado al punto en el que no era posible para el gobierno mantenerse en el poder si se aplicaban las reglas constitucionales y los principios democráticos para elegir autoridades. El régimen estaba perdido electoralmente y la única forma de llegar a una situación como la que ahora sufre el país era bloqueando el curso natural y propio de la Democracia. Sustituyendo el sufragio universal de todo ciudadano por comicios corporativos; las circunscripciones estadales cónsonas con el diseño federal, por las municipales; la representación proporcional, por un sistema mayoritario casi uninominal; la previsibilidad electoral, por el arrebato y la improvisación.
Todo esto ha agravado la crisis de la institucionalidad del Estado de Derecho que ya se padecía. En el ámbito judicial se escenificaron varios episodios del bloqueo. La Asamblea Nacional fue sitiada desde el TSJ antes de haberse instalado y en sus primeros días de funcionamiento fue atacada al desmembrarla y despojarla de la legítima representación de los electores del estado Amazonas y la Región Sur Indígena. Lo mismo ocurrió luego con sus funciones constitucionales.
El estado de excepción entonces declarado, que se ha prolongado sin pudor por más de dos años, violando abiertamente la Constitución, es otra muestra inquietante de la clausura de la constitucionalidad y la juridicidad. La aberrante tesis del supuesto desacato de la Asamblea Nacional como causa general invalidante de toda su actuación es la manifestación más lacerante del bloqueo. El caso de los diputados de Amazonas es también particularmente demostrativo de lo esbozado. Durante más de un año el TSJ mantuvo paralizado el expediente respectivo, hasta fecha reciente, y al parecer se dispone a dictar una sentencia que, ante los daños ya causados, cualquiera que sea confirmará la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos, aunque todo apunta a que hará más severas las infracciones a la Constitución y a los principios del Derecho electoral ya perpetradas por su Sala Electoral.
La inconstitucional convocatoria de elecciones presidenciales es solo la última estocada de la decisión de cerrar todas las puertas y ventanas por las que el aire democrático de la voluntad popular libremente expresada y de la posibilidad de la alternancia puede circular. La sociedad parece asfixiarse ante una atmósfera cargada de frustración y en medio de las peores condiciones de existencia por la debacle económica. De allí el auge de la emigración de venezolanos, que en rigor representa más bien el desplazamiento forzado de parte de la población. Si no somos nosotros, no será nadie, pareciera ser la consigna de los artífices del fraude institucionalizado en su afán de perpetuarse en el poder.
Soluciones
La esperanza no ha desaparecido y hay que preservarla a toda costa, pero sufre los embates de la arbitrariedad oficial y de la división, las contradicciones y el cálculo cortoplacista. El gobierno y los órganos que le están subordinados deben hacer cesar de inmediato el bloqueo a la institucionalidad democrática que han llevado a cabo.
Los ciudadanos, junto a los representantes del pueblo y las organizaciones sociales en los distintos espacios de lucha, debemos exigir que así ocurra y reforzar las iniciativas que permitan liberar cívicamente a la Democracia cautiva. Solo así será posible construir una paz verdadera y acordar condiciones para la transición política que el pueblo quiera determinar. Si no subimos un escalón, si no hay una respuesta denodada de todos los sectores y visiones en la dirección de la salvación de la nación y de la búsqueda del interés superior común, será difícil superar el actual estado de cosas.
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