Este grupo de venezolanos espera seguir realizando estas actividades de movilización para incentivar a los venezolanos a participar en pro de la democracia de su país
Fotos: Cortesía
Venezolanos protestaron en más de 20 ciudades del mundo para exigir la actualización del Registro Electoral en el exterior, con el fin de poder ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 2024.
Con la consigna “Mi voto es un Derecho, no un privilegio”, los connacionales que hacen vida en otros países se organizaron para realizar una movilización mundial para resaltar el derecho fundamental de todos los ciudadanos.
“Vimos cómo millones de venezolanos se unían para dar forma a su futuro y en las elecciones presidenciales del 2024 demostraremos el cambio que anhelamos a través del voto”, dicen los promotores de la protesta mundial.
Parte de las exigencias de esta actividad corresponde a una serie de derechos de las que tienen todos los venezolanos de participar en los procesos políticos del país. Entre las peticiones que realizaron el pasado domingo están:
– La exigencia de definir la fecha para la realización de elecciones presidenciales en Venezuela
– El levantamiento de las inhabilitaciones políticas
– Apertura de un registro electoral permanente en Venezuela y en los consulados
– Respeto a los resultados de la elección primaria del 22 de octubre
Las concentraciones se llevaron a cabo en 24 ciudades del mundo: Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona, Bogotá, Cúcuta, Medellín, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, Guayaquil, Quito, Cuenca, Washington DC, Miami, Tampa, Houston, Orlando, Bruselas, San Juan de Puerto Rico, Berlín, Montevideo y Tabasco.
Este grupo de venezolanos espera seguir realizando estas actividades de movilización para incentivar a los venezolanos a participar en pro de la democracia de su país, ejercer su derecho al voto y seguir luchando por el cambio que se quiere.
🗳️ Venezolanos en Villahermosa, Tabasco, se suman a la solicitud de voto desde el exterior. Con la convicción de que el voto es un derecho, no un privilegio, hacen un llamado a la participación activa. ¡Juntos por la democracia! 🇻🇪 #VenezolanosEnElExterior#elvotoesunderechopic.twitter.com/5veKe034U9
#27Nov | Un grupo de venezolanos en Guayaquil, Ecuador, se manifestaron por el voto en el exterior, resaltando la relevancia de la participación de los ciudadanos alrededor del mundo en el proceso electoral.
Las principales denuncias que Súmate reseña son la instalación de «Puntos Rojos» y la solicitud del Carnet de la Patria
La Asociación Civil Súmate informó este domingo, 21 de noviembre, que ha recibido 64 denuncias a través del operativo “Impunidad CERO”.
Sobre las denuncias registradas, Súmate afirmó que 25% son referidas a la instalación de «Puntos Rojos» y la solicitud del carnet de la patria a los electores en los estados Bolívar, Aragua, Distrito Capital, Táchira, Anzoátegui y Carabobo.
21,87% tuvieron que ver con discrepancias o cambios en el Registro Electoral, y el resto, 20,31% de las denuncias, fueron sobre irregularidades en la constitución de las mesas de votación.
Hoy #21Nov hasta las 3pm Día de la Elección, hemos recibido 64 denuncias a través de nuestro operativo “Impunidad CERO”. Las mayor frecuencia son: 16 (25%) Votación Puntos Rojos/Carnet de la Patria, 14 (21,87%) Registro Electoral, y 13 (20.31%) Constitución de Mesas Electorales pic.twitter.com/20ijSml2UW
La historia de la justicia transicional deja clara varias premisas: los procesos son únicos para cada contexto; toma años reconstruir un país; no todos los culpables de violaciones de DD.HH. son llevados ante la justicia y no todas las víctimas reciben compensación; y un proceso mal conducido puede llevar a “transiciones regresivas”, es decir, una que en pocos años deje el país peor que como estaba
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley
EN EL FRAGOR DE LA LUCHA POLÍTICA que hoy libran los venezolanos, el humo de tanta lacrimógena impide ver qué hay más allá de la indignación que produce la represión. El horizonte venezolano actual se parece a la línea que antaño confundieron con un gran abismo.
Nadie sabe cómo y cuándo acabará esta fase política que el gobierno de Maduro se ha empeñado en equiparar con una guerra. La única certeza es que cuando culmine vendrá un proceso de reconstrucción de la vida democrática, del aparato productivo y de esa cosa misteriosa que llaman tejido social.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés), define el proceso como un “esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”.
Una aclaratoria le sigue a la definición: “Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.
La justicia transicional no es una receta mágica para reconstruir un país, al contrario, el ICTJ enfatiza que es imprencindible la voluntad política de las partes en conflicto para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos y lograr que las políticas se traduzcan en acciones.
Justicia transicional en cinco pasos
Las estrategias de justicia transicional deben entenderse como un componente de la construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el estado de Derecho, dice el ICTJ.
Si bien las experiencias y resultados varían en cada contexto, la revisión de los procesos vividos tras el fin del régimen Nazi, las transiciones en Europa del este, las de América Central y las del cono sur del continente, sumadas a las provenientes de naciones africanas, han permitido definir un conjunto de pasos que se suceden de manera más o menos fija en todos los casos.
Primer paso: Comisión de la verdad
“La búsqueda de la verdad tiene dos enemigos: el proceso natural de la amnesia y el proceso intencional del negacionismo para borrar las huellas. Ambos pueden conducir a repetir los errores del pasado. El caso peruano es muy importante porque esa comisión realizó un trabajo extraordinario de documentación y verificación con expertos. Una comisión de esta naturaleza debe partir de un gran consenso nacional, integrada por gente con total independencia de criterio que produzca informes objetivos”, explica el doctor Fernando Fernández, abogado especialista en Derecho Penal Internacional.
El ICTJ afirma que las comisiones ofrecen a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios pueden contribuir a refutar mentiras oficiales y mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos.
El organismo reseña que el testimonio de las víctimas en Sudáfrica permitió demostrar que la tortura era tolerada oficialmente y que se dio de manera extendida y sistemática. Las comisiones de Chile y Argentina refutaron la mentira según la cual los opositores al régimen militar habían huido de esos países o se habían escondido, y lograron establecer que los opositores habían sido desaparecidos y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de una política oficial.
El rol de los medios de comunicación en la construcción de la “memoria histórica” también es relevante, explica Fernández. “Documentar e investigar lo más exhaustivamente posible ayuda a construir esa memoria histórica. Si los hechos no se fijan de manera clara quedarán después a juicio de los opinadores. Sobre todo cuando hay atrocidades, siempre habrá gente de bando y bando disputando qué fue lo que realmente pasó. Esa documentación puede servir en juicios futuros y es lo que posibilita el famoso <<prohibido olvidar>>”.
Segundo paso: Enjuiciamientos
“Enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos es un componente crítico de cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar confianza en ellas”, describe el ICTJ.
En contextos de extrema polarización política puede haber intentos de equiparar la justicia con la venganza. “Los juicios no deben verse como expresiones de un deseo social de retaliación”, argumenta la psicóloga social y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles.
“Hay que recordar que se trata de procesos complicados en el sentido de que puede haber cambios políticos que exigen que para que ocurran no haya justicia transicional, y también al revés, cambios políticos que solo se dan si hay un proceso de justicia que recomponga la unidad del país. El núcleo está en que cualquier proceso tiene que ser consensuado porque de otro modo la justicia no se percibe como tal sino como la justicia del vencedor. La justicia transicional no es la justicia del vencedor como tampoco es la de las víctimas”, argumenta Capriles.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior comparte esa visión: “Hay que distinguir entre la justicia y la venganza. El objetivo de un nuevo gobierno en ninguna manera puede ser la retaliación sino la recomposición del estado de Derecho y acabar con la impunidad. Hoy la comunidad internacional condena el gobierno de Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso”.
Tercer paso: Reparación o compensación de las víctimas
El ICTJ explica que en conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), la asistencia psicológica (consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (monumentos, memoriales y días de conmemoración nacional).
Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas? Esa definición es crucial y compleja, explica Fernández. “En Alemania, tras el fin del nazismo hubo 3 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Sabes lo que significa procesar 3 millones de casos? Al final solo cerca de 95.000 casos recibieron condena porque se pudieron probar. Una premisa de este tipo de procesos es que ni todo el mundo es tan criminal como a veces se piensa y no todos son tan inocentes como creen”.
Fernández suelta otra premisa que parece repetirse independientemente del contexto: “Las víctimas puede que perdonen, pero jamás olvidan”. Como ejemplo, el jurista apunta que pasaron más de 70 años para juzgar y condenar a varios miembros del partido Nazi.
Cita el caso Oskar Groening. “Este es un buen ejemplo porque se trata de un viejito de 94 años que fue condenado recientemente a 4 años de cárcel, 71 años después de los juicios de Nuremberg. Él había sido contador dentro del campo de Auschwitz. Llevaba un registro de cuántas prendas de vestir había en las maletas de los judíos, del dinero que llevaban, e incluso de los dientes de oro que les extraían. Él no mató a nadie ni dio órdenes de matar pero fue testigo de todo eso y las víctimas se acordaban del rol que jugó. En el juicio se defendió diciendo que él había sido una minúscula tuerca de un engranaje que era muy grande y que él no podía controlarlo; el juez le respondió que esa tuerca, junto a un millón de tuercas más, hizo posible todo un mecanismo. Esto da una idea de que los procesos de justicia transicional pueden durar toda la vida”, relata Fernández.
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En el contexto venezolano conviven casos de presos políticos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y discriminación laboral por razones políticas, entre otros. Fernández refiere que la jurisprudencia internacional ha sentado precedentes de compensación para muchas de esas categorías. Cita, por ejemplo, la “interrupción del proyecto de vida”, categoría empleada para calcular el lucro cesante de aquellos injustamente despedidos.
Con relación el tema económico, Capriles acota un aspecto clave para el manejo de las compensaciones: la capacidad financiera de los Estados. En Alemania y en Argentina las reparaciones económicas implicaron cuantiosas sumas de dinero. El contexto venezolano probablemente impondría recuperar la capacidad productiva antes de iniciar un eventual proceso de reparación monetaria de las víctimas.
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“Resulta imperioso cambiar, y en algunos casos abolir, aquellas instituciones responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos recién establecidos tienen una responsabilidad principal en esta tarea”, refiere el ICTJ.
“La restitución de la justicia ordinaria debe ser el primer objetivo de un proceso de justicia transicional; luego, deberá crear mecanismos para todos aquellos casos que no entren dentro de la justicia ordinaria. Precisamente el gran drama en el que estamos nosotros es que ha habido una violación masiva de la Constitución desde hace años”, argumenta Capriles.
Dar inicio a un proceso de justicia transicional funge a la vez como una señal política y moral. “El mensaje es que tiene que lograrse la restitución del estado de Derecho. Esto implica que los presuntos culpables deben pasar por un proceso justo. Hay que evitar el efecto de retaliación y la persecución de quien participó en el gobierno saliente. Por eso es una señal política importante. No se trata de castigar a todos. Los sospechosos de delitos deben ser juzgados con todas las garantías”, explica la psicóloga social.
Mecanismos como los que alude Capriles ya están siendo trabajados dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hay al menos tres proyectos en estudio y Fernández es proponente de uno de ellos. “La legislación venezolana actual tiene dos huecos. En primer lugar están las constantes reformas que ha hecho el chavismo al Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, carecemos de una ley para los crímenes de jurisdicción internacional, es decir, los tipificados en el Estatuto de Roma”, explica el jurista.
En 2016, Fernández presentó ante la Comisión de Política Interior de la AN un proyecto de código para subsanar este vacío legal. “Ese es, en mi opinión, la estructura más sólida y actualizada para abordar este tema”, argumenta. Señala que el Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) incorpora los crímenes y delitos de lesa humanidad. “Si crímenes como la persecución política contra los empleados públicos se quisieran llevar a juicio, ahorita no hay una ley para hacerlo”, explica Fernández.
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La mora del estado venezolano con esa legislación es de larga data. “Aunque podría parecerlo, el avance jurídico no obedece a un tema coyuntural. Se trata de una deuda del Estado desde que Venezuela firmó el Estatuto de Roma. Cada país signatario debe adaptar o crear una legislación interna que la vincule con los tratados internacionales. Nosotros no tenemos esa legislación y parte de nuestra misión desde la Asamblea es saldar esas deudas legislativas”, afirma la diputada.
Solórzano aclara que “en el futuro, instrumentos como estos van a ser imprescindibles para garantizar que quienes vamos a estar en el ejercicio del poder sepamos que no podemos violar impunemente los derechos humanos. Por eso esta ley no obedece a una coyuntura sino que la hacemos con miras al futuro. Evidentemente, en un contexto como el actual cobra mayor interés por la necesidad de justicia frente a la grave crisis y las masivas violaciones de derechos humanos”.
Paso 5: Reconciliación
El ICTJ explica que “el concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia (…); si se entiende la reconciliación de esta manera, entonces debe rechazarse con justa razón”.
La reconciliación dentro del marco de la justicia transicional debería tener como norte “la estabilidad de la nación para que esta pueda seguir su camino de manera democrática sin mayores traumas. Eso pasa por salir de la polarización extrema y que cada venezolano pueda seguir con su proyecto de vida. También que quienes se fueron sientan que puedan regresar pues Venezuela es otra vez un país donde vale la pena vivir”, argumenta Fernández.
La justicia transicional se mueve en varios planos paralelamente: jurídico, político, económico y social. “La palabra transición implica que las partes van a tener que conciliar y por lo tanto ninguna de las dos va a estar plenamente satisfecha. Eso de por sí ya es un reto y hay que encontrar un terreno común”, explica Capriles.
Experiencias como la de Sudáfrica tras décadas de Apartheid demuestran que restaurar eso que se ha llamado tejido social es un proceso lento y complejo. La psicóloga social sostiene que “ninguna sociedad ha manejado perfectamente un período de transición justamente por los retos que encarna restaurar la justicia, la confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos. Los venezolanos no vamos a ser la excepción. Un aspecto importante es que cada país ha manejado estos procesos de cambio a su manera y con su propia lógica”.
Capriles agrega que “lo peor que puede hacerse es juzgar lo que va a pasar por lo que está pasando. En este momento estamos en la cresta de la ola de la crisis y por supuesto hay un discurso exacerbado pues estamos en plena lucha política. No podemos adelantarnos y saber cuál será el clima una vez que la crisis pase. Hay que confiar que cuando pase, eso de por sí ayudará a ver con más claridad el panorama”.
Una respuesta revela que sí hay luz al final del túnel de la polarización y la legítima indignación que sienten los venezolanos. La dio Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, en un foro que reunió a familiares de varios presos políticos venezolanos. Le preguntaron qué esperaba de la lucha que viene librando desde que su hermano está injustamente preso: “Que nunca más alguien pase por lo que mi hermano está pasando”.
Factor clave para el éxito: el rol de los dirigentes políticos
La presidenta de la Comisión de Política Interior afirma que “lo primero que debemos hacer desde la política es explicarle a los ciudadanos que sus derechos los tiene que hacer respetar. Que no son una concesión sino un asunto completamente ganado y que el Estado está en la obligación de garantizarlos. Las protestas de la gente en la calle demuestran, aunque sea de manera inconsciente, que los venezolanos entienden este principio”.
“Lo segundo es que quienes ejercemos la política debemos entender que garantizar los derechos humanos es parte intrínseca de nuestro rol, de lo contrario, lo que tendremos son dictadores en el poder que es lo que ocurre hoy en Venezuela”, dice Solórzano.
La diputada sostiene que el discurso de la dirigencia política va a ser fundamental en la conducción “emocional” de una transición. “Hablo por mí, frente a todos los atropellos el discurso no puede ser de odio, si eso ocurre nos habremos convertido en lo que denunciamos”.
El ICTJ enfatiza que “la justicia transicional mira tanto hacia el futuro como al pasado. Una de las razones por las cuales se enfrentan los abusos del pasado es para garantizar que no se repitan. El riesgo de caer en lo que se conoce como una “transición regresiva” es real y en Venezuela hay al menos dos precedentes.
“En los años 90 se llegó a pensar que no había nada peor que la democracia venezolana y se planteó una transición en la cual muchos creyeron. 18 años después queda en evidencia que se trató de una transición regresiva porque no hubo un plan de mejorar lo malo sino que se instaló un modelo peor del que existía”, argumenta Fernández.
Capriles trae a la memoria otro caso. “Nosotros sufrimos un proceso muy complicado de transición a la democracia. Apenas instalada comenzó la insurgencia guerrillera inspirada en la Revolución Cubana. Esa lucha armada no cesó de manera modélica sino que se hizo mediante decisiones políticas y funcionó en la medida en que permitió la incorporación de esos sectores a la vida política, pero no podemos dejar de ver que, mucho de lo que ha sido el chavismo deviene de ese proceso que en los años 60 no se cerró adecuadamente. Se hizo una especie de borrón y cuenta nueva. Es importante que un nuevo proceso de transición permita dar una discusión acerca de los factores políticos, sociales y económicos que nos trajeron hasta acá”.
Que los venezolanos navegan aguas turbulentas suena a obviedad. Quizás lo novedoso esté en conocer experiencias internacionales de justicia transicional que demuestran que el temido horizonte no es el precipicio que conduce al fin del mundo, sino un camino hacia un territorio nuevo cuya construcción dependerá de cada ciudadano.
La aceptación de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por parte del CNE constituye un elemento más de distracción de su deber principal de organizar y realizar los diversos eventos electorales pendientes. Por lo tanto “exigimos al CNE que de inmediato presente al país un cronograma electoral para dichos eventos”, expresó la Red de Observación Electoral en un comunicado difundido hoy desde su sede en Caracas.
Ante la grave crisis política que vive el país que ha generado ya un lamentable saldo de fallecidos, en su mayoría jóvenes, debido en gran medida al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos represivos del Estado, la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación se siente en el deber de “llamar a las autoridades electorales al estricto apego a los mandatos de la Constitución y leyes aplicables, esa sería la mejor contribución que puede dar el Poder Electoral a la conservación de la paz de la nación”.
Varias son las situaciones en las que ha sido vulnerado este fundamental derecho: el desconocimiento de los diputados indígenas electos y proclamados en el 2015; el bloqueo del proceso de referéndum revocatorio presidencial; la no realización en su debido momento de las elecciones regionales y el desconocimiento por otros poderes del Estado, de la Asamblea Nacional que es producto del voto ciudadano. Hechos todos violatorios de la Constitución, señalaron.
“En respuesta a esta aguda coyuntura que vive el país, el presidente de la República ha convocado mediante decreto la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente. Dicha convocatoria resulta contraria a la Constitución pues el Presidente solo tiene la potestad de proponer la iniciativa, el poder de convocarla reside únicamente en el pueblo soberano. Adicionalmente, para la elección de los constituyentes, con el decreto se pretende adoptar una votación por ámbitos sectoriales y territoriales lo que viola el principio de universalidad del voto establecido en la Carta Magna”, señala el documento.
La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, en calidad de defensores del voto ciudadano insiste en el llamado a las autoridades electorales “al estricto apego a los mandatos de la Constitución y leyes aplicables, esa sería la mejor contribución que puede dar el Poder Electoral a la conservación de la paz de la nación”.
El dirigente político Claudio Fermín se refirió a la importancia de las elecciones regionales y de la reconciliación nacional para superar la crisis que se registra en Venezuela.
«Nosotros debemos este año presionar y reclamar el derecho al voto para elegir a nuestros gobernadores y tener gente que nos represente. Allí es mucho lo que se puede hacer. Se puede sustituir el sectarismo por la convivencia, el clientelismo por la efiencia y meritocracia», aseguró Fermín, desde el foro «Venezuela, futuro y presente», organizado por la asociación civil Soluciones y la Cámara de Comercio de Vargas.
A juicio de Fermín no hace falta ir a la escuela para saber que la estrategia del gobierno es diferir las elecciones, «pero somos nosotros los que tenemos que presionar para que esas elecciones se den y debemos hacer una propuesta programática para que los estados tengan recursos propios. Estoy seguro que con las elecciones de gobernadores podemos relanzar al país, y de Maduro nos ocupamos el año que viene. Yo convoco a que hagamos esto por Venezuela».
Además resaltó la importancia de la reconciliación nacional y aseguró que a nadie le debe dar vergüenza «coincidir con el otro. Que nadie se ruborice militando en el campo de la coincidencia. Eso no es un pecado», afirmó.
Foto: Cobertura del periodista Francisco Zambrano | Marcha del 23 de enero de 2017
Convocatoria con poca antelación, cambios a última hora en los puntos de salida, desgaste de la evaluación de la MUD y el desánimo entre los opositores, son algunos de los factores que condicionaron la asistencia a la marcha convocada para el lunes 23 de enero por la Mesa de la Unidad Democrática para exigir al Consejo Nacional Electoral el cronograma comicial para 2017.
El director de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez, estima que la mermada asistencia a la marcha opositora obedece, en primer lugar, a factores que atañen estrictamente a la comunicación política. A su juicio, la convocatoria con poca antelación, el cambio en los puntos de salida y el desgaste de la MUD como convocantes influyó en la baja asistencia.
“A pesar de que un porcentaje importante de la población cree en la MUD y en su capacidad, hay un desgaste de la imagen de la coalición opositora como convocante. Tiene que venir un proceso de re-enamoramiento de la calle. Sin embargo, eso no se da sin objetivos políticos ciertos y concretos. Hoy la incertidumbre domina la escena, por lo que la activación política es mucho más lenta”, argumenta Ramírez.
El politólogo Juan Manuel Trak apunta que el proceso de diálogo bajó significativamente el nivel de conflicto y generó una desconexión con las expectativas de la ciudadanía. “No olvidemos que lo que vemos ahora le sigue a las multitudinarias marchas de septiembre y octubre de 2016, las cuales tenían el objetivo preciso de lograr el referendo revocatorio; las decisiones políticas, luego de noviembre del año pasado, le han restado credibilidad a dirigencia opositora”.
El segundo factor que apunta el director de ORC Consultores es que si bien la gente tiene una alta disposición a protestar, la narrativa de rescatar el derecho al voto aún no ha tomado cuerpo en la calle como para constituir, por sí sola, la razón para marchar. “La exigencia de elecciones debe venir acompañada de un mayor dominio del tema en la agenda mediática y pública”, sostiene.
“La dirigencia política tiene la responsabilidad de conectar las demandas de la gente con la acción política; en la calle, la exigencia es la resolución de los problemas cotidianos. No se puede esperar una conexión automática entre la defensa al voto y el cambio que la gente aspira. Sin un discurso coherente, las elecciones regionales pueden ser vistas como un objetivo de los partidos políticos, no vinculado con la solución de los problemas de la población”, argumenta Trak.
La búsqueda de alimentos es otro factor que pudo haber condicionado la asistencia de los manifestantes a la marcha del 23 de enero. “Ante el aumento de los precios, hay gente que sabe que si no va a su cola, simplemente no come. Para algunos es excluyente protesta versus cola de comida”, sugiere Ramírez.
¿Desánimo en las filas opositoras?
Es difícil ocultar el desencanto entre los opositores tras un 2016 que vio frustradas todas sus expectativas de cambio. “Sí creo que hay derrotismo y desencanto, una especie de marasmo en torno al qué hacer, cómo hacerlo, quién lo dirige y cuándo hacerlo. Muchos no quieren reconocer el liderazgo mientras que otros simplemente no quieren seguir a nadie”, señala el consultor político.
“La poca efectividad de las manifestaciones es un gran desmotivador. Ciertamente, una marcha por sí sola no genera ningún cambio, pero la gente sí percibe cuando las manifestaciones suman a favor de un objetivo claro. Esa es la diferencia: la gente tiene que saber que su participación en las manifestaciones contribuye a lograr un fin”, sostiene Trak.
El bache anímico, no obstante, es reversible. “Teniendo una comunicación coherente, dejando en los ciudadanos la percepción de una unidad real con objetivos políticos claros, hablando claro, es decir, sin cortapisas ni dobles agendas, y actuando coherentemente en función de esa comunicación, la oposición puede volver a motivar a sus partidarios. Lo que la MUD no puede hacer es seguir esperando que la ciudadanía respalde sus acciones si previamente no está claro hacia dónde conduce el rescate del derecho al voto”, dice Ramírez.
¿Qué debe hacer la MUD? “Organización, organización y más organización. Concretar la reestructuración de la que tanto ha hablado. La dirigencia tiene la responsabilidad de trascender sus rivalidades políticas a fin de luchar por un espacio democrático. La pregunta que queda es, ¿tendremos dirigentes a la altura de ese reto?”, cuestiona Trak.
No sorprende, claro que no. Pero sí indigna, y mucho. Mientras quién sabe cuántas personas estaban escarbando entre la basura acumulada en las esquinas del centro de Caracas en busca de comida, a pocos metros las rectoras del Consejo Nacional Electoral volvieron a demostrar al país que los derechos políticos de la ciudadanía, esos que la Constitución les ordena defender a capa y espada, les valen un comino si ellos están contrapuestos a los intereses de la cúpula militar y civil del chavismo.
Eso es lo que implica su exigencia de que la convocatoria a referéndum revocatorio pase por recolectar las huellas dactilares de 20% de los inscritos en el Registro Electoral en todos los estados del país. Tal cosa no está en ningún reglamento del ente comicial, ni en ninguna ley, ni mucho menos en la Carta Magna. Fue un acto más de voluntad personal de las rectoras para complacer al PSUV. Si algo dejaron claro las parlamentarias del 6 de diciembre pasado fue que el Gobierno solo es apoyado mayoritariamente en unos pocos estados, cuya población es relativamente escasa. Pues bien, según el CNE, basta con que en uno de esos estados no se llegue al mínimo requerido para que el referéndum no vea luz, sin importar que el deseo de la población infinitamente mayor en el resto de las entidades federales sea lo contrario.
No conforme con ello, ordenan desplegar un número de captahuellas que hace casi imposible la recolección de suficientes manifestaciones de voluntad en tres días. Las máquinas no se darán abasto. ¿Qué pasa con esa democracia “participativa y protagónica” de la que el chavismo tanto se ufana si se niega a la gente el derecho, justamente, de participar?
Para colmo, Pedro Carreño declaró ese mismo día que “no hay recursos para las elecciones regionales” debido a la crisis económica. Es decir, mientras el Gobierno no mejore esa situación, que según todas las encuestas es atribuida por la abrumadora mayoría de los venezolanos al propio Ejecutivo, los venezolanos no deberíamos ejercer el derecho al voto. En democracia, precisamente, las elecciones sirven para que los ciudadanos cambien líderes que hacen mal su trabajo. Aquí, para el diputado radicalmente socialista pero enamorado de las prendas burguesas más elitescas, eso no puede permitirse. Por cierto que esos churupitos cuya ausencia él esgrime como excusa, sí abundaron para que el Gobierno agasajara con comodidades a representantes de los peores despotismos del mundo, en un vano intento por presentarse como un líder mundial.
El venezolano promedio de hoy está a leguas de ese ser alegre y despreocupado que ha servido, dentro y fuera de nuestras fronteras, para caracterizar al gentilicio (tal vez al borde de la caricatura, pero con algo de realidad). Más bien se la pasa acosado por las peores emociones: el miedo, la angustia, la ira. Inevitablemente esa peligrosa mezcla de elementos en el tubo de ensayo que es su psique lleva a constantes reacciones químicas nocivas: la violencia. Ella está por doquier. La vemos en los saqueos de negocios que ya están con el agua al cuello, en los espantosos linchamientos de delincuentes que ya han sido sometidos, en las riñas que se forman en las detestables colas para comprar alimentos y que más de una vez han terminado en tragedia.
De violencia saben mucho nuestros queridos vecinos al otro lado de la Sierra de Perijá y de los ríos Arauca y Meta. El derramamiento de sangre fue una de las razones por las que miles de ellos decidieron cruzar la frontera en los años 80 y 90, en búsqueda de vidas más tranquilas en nuestro suelo. Los colombianos hasta llaman uno de los períodos más terribles de su historia así: “La Violencia”.
En realidad, Colombia ha pasado más tiempo desgarrada por el conflicto que libre de él. Poco después de quedar consolidada la independencia de España, la clase política gobernante se dividió tajantemente entre los seguidores de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Estas facciones dieron origen, respectivamente a los partidos Conservador y Liberal (a pesar del empeño absurdo del chavismo por rodear al terrateniente de San Mateo con un aura marxista).
Estas facciones pasaron buena parte del siglo XIX y de la primera mitad del XX alternándose en el poder, a veces con elecciones, pero muy a menudo con batallas. Algunas guerras, como la de los Mil Días, fueron más sangrientas que otras.
Y entonces llegó ese período oscuro cuyo nombre siniestro acabamos de mencionar. Comenzó, y no podía ser de otra forma, bañado en sangre. Imaginen los disturbios del valle de Caracas en 1989, pero llevados a los cerros de Cundinamarca en 1948 y con muchísimos más muertos. Eso fue el Bogotazo, una reacción airada de la población tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, un dirigente de gran popularidad, de militancia liberal pero opuesto al statu quo oligárquico. Muy probablemente hubiera llegado a la Casa de Nariño de no ser por las balas que acabaron con su vida.
Después de eso, las matanzas se extendieron por el resto de la nación. Grupos armados de conservadores y liberales se daban guerra sin cuartel. La anarquía se tragaba al país y apareció una solución bonapartista: un militar, Gustavo Rojas Pinilla, ajeno a los dos partidos, tomó el poder y se propuso poner orden. Pero su gobierno, entre 1953 y 1957, fue otro autoritarismo violento tropical más. Uno de los episodios más recordados de esos años fue cómo sus policías molieron a golpes al público en la Plaza de Toros de Santamaría luego de que su hija fuera objeto de abucheos.
Después de su derrocamiento, los liberales y los conservadores han dirimido sus diferencias en el terreno civilizado de la política. Por desgracia, surgió entonces el nuevo flagelo de la insurrección guerrillera. Las FARC son hijas de La Violencia. Emergieron a partir de grupos de autodefensa de campesinos, hartos de padecer más que nadie los enfrentamientos civiles. Aunque inicialmente eran de las filas liberales, en algún momento adoptaron el marxismo-leninismo y esbozaron como objetivo acabar por la vía armada con el Estado “burgués”.
Su causa en un principio pudo haber sido justa, pero luego vinieron los secuestros y la colaboración con el tráfico de cocaína para obtener recursos. Hasta el alto al fuego definitivo que entró en vigor hace unas semanas, esta guerrilla y el Estado colombiano llevaban más de 52 años en una guerra que ha dejado un sinfín de crímenes por parte de ambos lados.
Ahora existe la posibilidad de que todo eso termine y Colombia dé un paso importantísimo hacia la paz de la que nunca ha gozado. Todo dependerá de la votación de la semana que viene, una consulta a la ciudadanía para que ella determine si aprueba o no el tratado entre el Gobierno y las FARC. Un referéndum, pues. Reconozco que no es una decisión para nada fácil, y que conlleva un montón de dilemas éticos. Pero el derecho a elegir está ahí, como mecanismo para buscar la paz.
La organización de un proceso comicial a propósito de un problema tan grande, con más de medio siglo a cuestas, tomó apenas unos días. Mientras, en Venezuela el CNE convierte en un drama de incontables y larguísimos actos la pregunta a la colectividad sobre si esta quiere o no adelantar el cambio en Miraflores. La enorme mayoría de los venezolanos quiere salir de este gobierno que no ha hecho nada por acabar con la violencia que nos azota, y que no es igual a la de Colombia, pero ya está produciendo muchos más ataúdes.
La democracia no puede ser una dádiva del Ejecutivo. Hay que reclamarla. ¿Revocatorio, enmienda, constituyente, renuncia? cualquiera es válido. Sin embargo, ninguno será posible sin protesta pacífica extendida. La MUD está a la vanguardia de ese reclamo y tiene una responsabilidad mayor, desde luego. Pero el esfuerzo tiene que ser de todos.
La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz presentó su informe sobre la primera experiencia nacional de veeduría ciudadana, realizada en el marco de las elecciones parlamentarias de 2015. Con 84 denuncias, el “derecho al sufragio” fue el más vulnerado durante el proceso electoral del 6 de diciembre.
El Cepaz trabajó en conjunto con la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, para realizar la primera actividad nacional que denominaron Veeduría electoral con enfoque en derechos humanos, durante el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015.
El proyecto contó con la participación de 280 veedores ciudadanos, distribuidos en 10 estados del país: Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar. En total, registraron 273 denuncias, siendo Distrito Capital el estado con mayor cantidad de reportes, con 84 denuncias.
En cuanto a los derechos vulnerados, el derecho al sufragio y al voto fueron los más reportados, con 84 y 57 denuncias, respectivamente. Otros derechos vulnerados registrados fueron integridad personal (19), libertad de expresión (18), libertad personal (11), libre tránsito (6), derecho a la asociación (1) y denuncia sin derecho identificado (62).
Carmen González, quien es representante de la Asociación Civil Saber es Poder, y estuvo a cargo de coordinar el equipo de veedores de Distrito Capital, explicó que las violaciones al derecho al sufragio y al voto se dieron, en la mayoría de los casos, por acciones que inhibieron a los ciudadanos a ejercer su derecho. “Por ejemplo, personas que iban a votar y se enfrentaron con obstáculos físicos —motorizados que apoyaban a un partido y trancaron la vía—, intimidaciones —como puntos rojos donde se verificaba quién salía a votar— y el voto asistido no requerido; eran acciones que buscaban desestimular o inhibir la acción de ir a votar”.
De acuerdo con González, la experiencia les permitió constatar una realidad: aunque muchos ciudadanos saben cuáles son sus derechos y en qué momento están siendo vulnerados, no saben qué hacer o a dónde acudir para denunciar esa vulneración. “Esa formación hay que darla. No obstante, la mayor satisfacción tras esta primera iniciativa nacional de veeduría ciudadana es saber que el ciudadano tiene poder para hacer contraloría; poder que debe ser accionado”, dijo.
Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, explicó que todas las personas que denunciaron recibieron el acompañamiento de la organización. “El acompañamiento fue inmediato en el plano legal; nosotros trabajamos con las 3 ‘D’ de los derechos humanos: documentación, denuncia y difusión”.
Borges señaló que las denuncias registradas pasan a ser catalogadas como violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que el Estado no hace nada para garantizar el respeto a tales derechos. “Por ejemplo, cuando veíamos a grupos de motorizados armados alrededor de los centros de votación, sabemos que el Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los electores para el ejercicio del sufragio”.
De cara a las elecciones regionales a celebrarse en diciembre de este año, Borges informó que tienen planificadas acciones, en conjunto con actores políticos y otras organizaciones no gubernamentales, para colocar en la agenda nacional el tema del derecho electoral.
Entre las recomendaciones de Cepaz para fortalecer el proceso electoral nacional destacan: mejorar la propaganda electoral del Consejo Nacional Electoral con respecto al llamado a votar, resaltando la garantía del secreto del voto; mejorar la capacitación de los miembros de mesa; mejorar el modelo de financiamiento de las campañas electorales; alcanzar una cobertura equilibrada de los medios y mejorar las condiciones para que haya una mejor participación de las organizaciones de la sociedad civil en la observación de los procesos electorales.
