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Departamento de Justicia de EEUU

EFE Oct 17, 2021 | Actualizado hace 3 años
Saab comparecerá este lunes ante un juez en Miami
La comparecencia la hará ante el juez John J. O’Sullivan del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida

 

Estados Unidos confirmó este sábado la extradición a su país del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reveló que este lunes comparecerá por primera vez ante un juez en Miami.

Una portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, confirmó a Efe a última hora del sábado que Saab «fue extraditado hoy desde Cabo Verde a los Estados Unidos para ser procesado por los cargos que se le imputaron en julio de 2019» en una corte federal del sur de Florida.

«Está previsto que (Saab) haga su aparición inicial el lunes 18 de octubre a la 13:00 horas de la tarde (17:00 GMT) ante el juez John J. O’Sullivan del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida», afirmó Navas.

Sin embargo, el juez del caso Saab, abierto en hace dos años, es Charles N. Scola.

La confirmación oficial estadounidense llegó varias horas después de que fuentes del Gobierno caboverdiano aseguraran a Efe que Saab había abandonado este sábado ese país africano a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos.

«El Departamento de Justicia estadounidense expresa nuestra gratitud al Gobierno de Cabo Verde por su asistencia y perseverancia con este caso complejo, y su admiración por la profesionalidad del sistema judicial de Cabo Verde», concluyó Navas.

No ha trascendido hasta ahora información oficial alguna de dónde está detenido Saab, aunque por anteriores casos de extraditados destacados, como el expresidente panameño Ricardo Martinelli, es probable que esté en el centro de detención anexo a los tribunales federales del centro de Miami.

El gran interrogante de esta fase del proceso judicial es si Saab, nacido en Colombia hace 49 años, colaborará con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena o se someterá a juicio.

El empresario llegó este sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde después de haber pasado más de un año detenido en ese país insular en virtud de una orden de captura emitida a través de Interpol por EE UU.

 

Reacciones

La extradición de Saab generó una fuerte condena del Gobierno de Maduro, que reaccionó con la interrupción del diálogo que celebraba con la oposición desde el pasado 13 de agosto y cuya cuarta sesión debía comenzar este domingo, 17 de octubre, en la capital mexicana.

Saab, que llevaba detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados presuntamente a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE UU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Además, en mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE UU sancionó a Saab por su presunta participación en varias tramas de corrupción a gran escala, en torno a la construcción de viviendas populares, distribución de alimentos a los más pobres y operaciones ilícitas con el oro venezolano.

De acuerdo con OFAC, Saab y Pulido tuvieron acceso a la cúpula del régimen de Maduro a través de Cilia Adela Flores, esposa del presidente, y sus hijos Walter, Yosser y Yoswal, y un primo de estos, Carlos Erica Malpica Flores.

Todos ellos y muchas otras personas están sancionadas por OFAC, por ser parte de «una red de corrupción y nepotismo». 

Exfuncionario de PDVSA se declara culpable en caso de lavado de dinero en EEUU

UN EXEMPLEADO DE LA COMPAÑÍA ESTATAL PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de haber participado en una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera venezolana.

Iván Alexis Guedez recibirá su condena el próximo 20 de febrero por un delito de lavado de activos, informó este martes el Departamento de Justicia en un comunicado, reseña Efe.

Según admitió Guedez ante el tribunal en Houston (Texas), él y otros funcionarios de la petrolera se pusieron de acuerdo con empresarios de un proveedor de Pdvsa con sede en Miami para recibir sobornos a cambio de dirigir el negocio hacia esa compañía.

Guedez y sus cómplices crearon direcciones falsas de correo para comunicarse, facturas falsas para justificar los pagos y dirigieron esos ingresos hacia cuentas en Suiza a través de una empresa fantasma antes de hacerlos efectivo.

Además de Guedez, la justicia de EEUU está procesando a una quincena de personas por este caso de corrupción.

Dos acusados por sobornos en caso Pdvsa se declaran culpables

DOS SUPUESTOS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), acusados en Estados Unidos, se declararon culpables ante un juez federal de un cargo de soborno, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Fiscales de EE UU creen que Rafael Ramírez recibió sobornos en Pdvsa

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Un funcionario del gobierno de Estados Unidos (EE UU) que está familiarizado con las investigaciones de los sobornos pagados a ex directivos de Pdvsa por parte de proveedores, aseguró que los fiscales de ese país creen que Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ex ministro de Energía y Petróleo, recibió pagos como parte dentro de esa red de corrupción.

Fiscales de Houston, según The Associated Press, alegan que dos de los individuos acusados dijeron que los pagos de los sobornos serían compartidos con Ramírez, transacción que hicieron a cambio de pagos rápidos y contratos con la empresa venezolana.

En 2016, la Asamblea Nacional encabezada por la oposición dijo que 11 millones de dólares desaparecieron en Pdvsa durante el periodo 2004-2014, cuando Ramírez estaba a cargo de la empresa.

En 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos $ 2 millardos robados de Pdvsa.

Más información en AP.

Trump acusó al FBI y Departamento de Justicia de aliarse con demócratas

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El presidente Donald Trump acusó el viernes al FBI y el Departamento de Justicia de hacer política “a favor de los demócratas y contra los republicanos”.

“La máxima Conducción e Investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo en favor de Demócratas y contra Republicanos – algo que hubiese sido impensable hace poco tiempo. ¡Las bases son gran gente!”, tuiteó el presidente.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump permitirá la difusión de un memo confidencial preparado por los republicanos de la comisión de inteligencia del Senado, que acusa al FBI de aplicar tácticas de vigilancia abusivas al investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Con ello se prepara el terreno para un choque con Christopher Wray, el hombre escogido por Trump para encabezar el FBI después de despedir al director James Comey.

El Departamento de Justicia, cuya alta jerarquía también fue designada por Trump, exhortó a no difundir el memo porque podría afectar la seguridad nacional, mientras el FBI expresó sus “inquietudes graves” ante la falta de exactitud del memo.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el Congreso probablemente recibiría la decisión de Trump el viernes y añadió que el presidente estaba de acuerdo con su difusión. Otro funcionario dijo que Trump probablemente desclasificaría el memo, pero que aún no se había decidido cómo hacerlo público. Las dos fuentes hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a informar sobre las deliberaciones reservadas.

El lunes, la Comisión de Inteligencia de la cámara baja resolvió difundir el memo _los republicanos votaron a favor, los demócratas en contra_ y le dio a Trump cinco días de plazo para rechazar la difusión. Sin embargo, Trump también tiene el poder de desclasificar el documento y difundirlo, o bien encomendar su difusión al Congreso. Uno de los funcionarios de la Casa Blanca dijo que Trump lo desclasificaría y lo dejaría en manos del Congreso y que probablemente no se borrarían partes del documento.

Los funcionarios no estaban autorizados para comentar deliberaciones internas y hablaron con la prensa a condición de mantener el anonimato.

El memo fue preparado por los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y se dice que alega una conducta inapropiada por parte del FBI durante la investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en las elecciones de 2016.

El propio Departamento de Justicia, bajo las órdenes de Trump, y los demócratas han presionado furiosamente a Trump para que no publique el documento, alegando que podría dañar la seguridad nacional y confundir a los ciudadanos estadounidenses.

El memo fue escrito como parte de un esfuerzo para revelar lo que los republicanos dicen son abusos por parte del FBI y del Departamento de Justicia en las primeras etapas de la investigación sobre la injerencia rusa.

Altos oficiales del FBI también han hecho peticiones directas a la Casa Blanca, y han advertido que la medida podría sentar precedentes peligrosos.

Los demócratas dicen que el memo es un intento de los republicanos de distraer la atención de la investigación sobre la intromisión rusa en la elección que llevó a Trump a la Casa Blanca.

Prisión domiciliaria al ex mandamás de la Conmebol, Nicolás Leoz

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ASUNCION, Paraguay (AP) — Un juez ordenó el lunes prisión domiciliario para el ex hombre fuerte del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, acusado en Estados Unidos de distintos delitos, incluido el de soborno.

«Este es el inicio del proceso de extradición a Estados Unidos, en donde es requerido», dijo el magistrado Humberto Otazú en conferencia de prensa.

Leoz fue presidente de la CONMEBOL durante 27 años.

El exdirigente, de 86 años y quien está internado en un hospital por hipertensión, se sometió el lunes a un trámite técnico de identificación como parte del proceso de extradición.

Otazú visitó el lunes a Leoz en el hospital y dijo luego que Leoz había descartado por ahora la extradición simplificada, un procedimiento jurídico rápido para evitar la burocracia judicial, que requiere el consentimiento del imputado.

«Le hice saber a Leoz sus derechos constitucionales, que podía acogerse a una extradición simplificada, a lo que él respondió que no», expresó el juez. «Dijo desconocer los delitos por los cuales se lo acusa y esperará el exhorto con los detalles».

El magistrado aclaró que a partir de esta audiencia corren los 60 días de plazo para que Estados Unidos presente las acusaciones.

«Leoz seguramente recibirá el alta el lunes o martes e irá a su domicilio con custodia», acotó.

El sanatorio Migone, especializado en cardiología, es propiedad de Leoz y en él se encuentra bajo observación desde el miércoles pasado, cuando en Zurich fueron arrestados varios directivos de FIFA y Conmebol por pedido de Loretta Lynch, la secretaria de Justicia de Estados Unidos que investiga las denuncias de corrupción en el fútbol desde hace tiempo.

En tanto, el abogado penalista Ricardo Preda, encargado de la defensa de Leoz, informó a los periodistas que hasta el momento «el departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió el exhorto de extradición con las documentaciones que avalan la conducta de mi cliente. No conocemos específicamente cuáles son los cargos, salvo lo que se publica en los medios».

La fiscalía general del Estado, por su lado, emitió el sábado último un dictamen para el juez Otazú señalando que aceptaba el pedido de detención de Leoz para iniciar el proceso de extradición pero advirtió que por su edad avanzada Leoz no puede ir a prisión, de acuerdo con disposiciones del córdigo procesal penal.

Oscar Boidanich, director de la estatal Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), comentó en conferencia de prensa que «esperamos que los bancos y financieras nos informen sobre monitoreos de posibles movimientos financieros sospechosos».

«Si los bancos nos informan de sospechas que eventualmente involucren a Leoz o a Juan Angel Napout (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol) seremos coadyuvantes del ministerio Público porque Seprelad no es organismo de investigación, pero hasta ahora no tenemos nada», agregó.

EEUU: La Justicia mantiene suspendido el plan migratorio de Obama

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.

El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa, mencionó Efe.

La decisión de este martes de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Louisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una «amnistía» con medidas «inconstitucionales» sobrepasando su poder como Presidente.

Dos de los tres jueces dictaminaron que las medidas deben seguir paralizadas, al esgrimir que los Estados gozan del amparo legal para presentar la demanda y que la Administración Obama no demostró que la suspensión pueda acarrear daños en la implementación de los cambios migratorios.

Los Estados basaron su demanda en el argumento de que, con las medidas migratorias, Obama había «sobrepasado» los poderes que tiene como presidente al haberlas aprobado por decreto -sin someterlas a un voto del Congreso- y había fallado así en su obligación de garantizar que las leyes son cumplidas.

Un portavoz del Departamento de Justicia consideró «decepcionante» la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son «coherentes» con la ley y con la Historia, pues «durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias». El Departamento de Justicia está analizando el texto y los siguientes pasos a adoptar, según un funcionario citado por la agencia Reuters.

Tras difundirse el fallo, la Casa Blanca también reaccionó y acusó a los magistrados de “malinterpretar los hechos y las leyes” y defendió que las medidas se integran dentro de los “límites” de la autoridad presidencial.

El Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones.

Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo.

«Hacemos un llamamiento al Departamento de Justicia para que continúe con sus esfuerzos para levantar esta suspensión y llevar el asunto, sin demora, ante la Corte Suprema», destacó en un comunicado Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigrantes, una de las organizaciones más activas en esta pugna legal.

El fallo judicial también desató reacciones en el Congreso, donde el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró la decisión «decepcionante pero no inesperada», y se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante porque «la ley está sin duda del lado del presidente».

«Cuanto más tarde el proceso judicial, más difícil será imaginar a un candidato republicano para la Casa Blanca, porque el tema migratorio será definitivamente un tema de campaña», advirtió Gutiérrez, uno de los rostros más visibles en la lucha migratoria con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2016.

En el otro lado del espectro político, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó de «victoria» para la Constitución y el Estado de Derecho el fallo judicial, que pone fin «a meses de ofuscación» del Gobierno de Obama, según dijo en un comunicado.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de que los republicanos «seguirán de cerca» el caso para «frenar» la «extralimitación» de poderes del Presidente.

Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.

Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del mandatario en una batalla legal, en la que cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.

En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.

El fallo de este martes enquista indefinidamente la implementación del plan migratorio. En febrero, estaba prevista la entrada en vigor de la primera parte de las medidas: se abría el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y este mes de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.

 

*Con información de El Universal y El País