Al comenzar el año solemos renovar propósitos y plantearnos metas que debemos alcanzar. Hoy más que nunca es preciso hacerlo también desde una perspectiva colectiva y en el ámbito institucional. No será posible resolver los graves problemas económicos y sociales que nos aquejan sin una transformación político-institucional, en especial, sin una organización del poder y una actuación pública cónsona con los principios de la Democracia y el Estado de Derecho.
Los problemas más acuciantes.
Cuando los cauces democráticos están obstruidos por la falta de transparencia y confiabilidad de los procesos electorales; no hay garantías para la participación política en condiciones equitativas, ni siquiera para el funcionamiento de las organizaciones políticas válidamente inscritas; las inhabilitaciones se usan como arma política; la disidencia puede conducir al encarcelamiento; los gobernantes no admiten limitaciones en el ejercicio del poder; no hay separación de poderes ni protección efectiva de los derechos humanos y, para entronizar esta situación, se impone una instancia pretendidamente constituyente, con base en la usurpación del poder constituyente del pueblo, la cual dice ostentar poderes absolutos, el cuerpo social se resiente y no es capaz de desplegar la fuerza vivificadora que depende de la libertad.
Una buena parte de los objetivos del 2018 debe radicar en la construcción de una verdadera institucionalidad democrática. El punto de partida para ello está en la Constitución de 1999, que ha sido sistemáticamente vulnerada pero que alberga fundamentos jurídicos para el giro que el país reclama. Entre los asuntos que demandan con urgencia un tratamiento correctivo quiero destacar los siguientes:
Propósitos.
– Rescatar la idea de la separación de poderes. No es aceptable que desde despachos políticos o ejecutivos se decida sobre la vida y demás derechos de las personas, dejando de lado las funciones del juez independiente como elemento indispensable de la civilización democrática. Tampoco lo es que cuando la ciudadanía elige una nueva Asamblea Nacional, que procura ejercer sus atribuciones constitucionales de legislación y de control, ella resulte menoscabada o demolida judicialmente en sus posibilidades de acción y luego se intente marginarla del todo mediante la instalación de un órgano deliberante espurio, que asume facultades legislativas.
– Asegurar el pluralismo político. Debe cesar toda forma de persecución política y de criminalización del discurso crítico, así como todas las medidas dirigidas a forzar a autoridades electas o funcionarios al reconocimiento de una supuesta constituyente que con sólidas razones puede calificarse de ilegítima y ha sido considerada nacional e internacionalmente como tal, la cual, en todo caso, procede arbitrariamente cuando antepone su codiciada supremacía al respeto que merece la soberanía popular expresada en elecciones. Debe igualmente dejarse sin efecto su determinación de obligar a ciertas organizaciones políticas a la renovación de su militancia, al margen de la Constitución y de la ley aplicable; al igual que las inhabilitaciones políticas acordadas por un órgano no judicial o en violación del debido proceso.
– Colocar en un primer plano la garantía efectiva de los derechos humanos. Esto implica, entre otras iniciativas, adelantar una profunda reforma judicial, que empiece por el propio Tribunal Supremo de Justicia y llegue a todos los tribunales de la República. La Constitución y el Estado de Derecho exigen que los jueces sean seleccionados en auténticos concursos públicos y que se instaure la carrera judicial, con formación adecuada e inamovilidad. Debe ponerse término a la judicatura provisoria y a las destituciones sumarias.
– Establecer las bases de una organización electoral confiable. Ello pasa por renovar el Consejo Nacional Electoral y fijar condiciones electorales apropiadas, proscribiendo prácticas censurables como la movilización intempestiva y, más aún, ilegal e inconstitucional de electores, en virtud del cierre de centros electorales y, en general, todas aquellas que han respondido al afán de ejecutar lineamientos gubernamentales o partidistas.
Expectativas.
Es evidente que la magnitud de estos cambios no permite pensar que sean adoptados en un corto plazo, pero lo relevante es que se trace una ruta para la reinstitucionalización que aquí solo dejamos apuntada. Si ese camino se define colectivamente, incluso en diálogo con las más diversas fuerzas políticas y con factores oficiales, cabrá esperar una pronta recuperación del espíritu republicano y del tejido social que puede impulsar una mejora de la situación nacional en otros ámbitos.
El Universal
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