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Delsa Solórzano

Delsa Solórzano asegura que gobierno de Maduro busca cerrar casos investigados por la CPI
«El régimen está pretendiendo, a través de otros artilugios, evadir la justicia, para lo cual están contactando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los delitos cometidos desde 2014 para acá y muy particularmente de 2017, y les piden que cierren los casos, para decir que se hizo justicia», dijo la exparlamentaria

 

La dirigente Delsa Solórzano denunció que el gobierno de Venezuela ha estado en contacto con presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad para pedirles que cierren sus casos para poder decirle a la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con su información, que en el país se está «haciendo justicia».

«El régimen está pretendiendo, a través de otros artilugios, evadir la justicia, para lo cual están contactando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de los delitos cometidos desde 2014 para acá y muy particularmente de 2017, y les piden que cierren los casos, para decir que se hizo justicia», expresó la exdiputada en una conferencia de prensa.

Solórzano, quien no detalló a qué víctimas estaría contactando el gobierno de Nicolás Maduro, ni brindó pruebas sobre su afirmación, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es «disminuir el número de casos y así también decirle a la Corte que se está haciendo justicia en Venezuela».

«Nosotros hacemos un llamado a las víctimas para que estén atentos a esto», agregó.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el pasado 21 de abril su deseo de seguir investigando los crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela, a pesar de que Caracas le haya pedido oficialmente que deje esa investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país.

Información de EFE

Detenidos dos adultos mayores en La Guaira que hacían campaña contra el gobierno
A ambos se les acusó de presunta “instigación al odio” y, según se conoció, los trasladaron al módulo policial de la Bajada del Playón.

La ONG Provea denunció este lunes, 14 de febrero, la detención de dos adultos mayores en La Guaira. A través de su cuenta de Twitter, Provea indicó que los señores fueron identificados como William Echarry, de 70 años; y Ramón Blanco, de 66 años.

De acuerdo con una publicación del sitio web Punto de Corte, estos ciudadanos son integrantes de Mover y del Frente Amplio del estado Vargas.

Tanto Echarry como Blanco se encontraban en trabajo de campaña contra la administración oficialista.

A ambos se les acusó de presunta “instigación al odio” y, según se conoció, los trasladaron al módulo policial de la Bajada del Playón.

Tras conocerse el hecho, la dirigente opositora Delsa Solórzano manifestó su rechazo a lo ocurrido a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

«El régimen ataca a nuestros adultos mayores no solo con pensiones de hambre, sino además, si se atreven a protestar, los lleva presos», sentenció Solórzano.

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Afirman que la CPI otorgó plazo de tres meses al gobierno para entregar documentación
La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en el año 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos en 2017

La Corte Penal Internacional (CPI) otorgó un plazo de tres meses al gobierno de Nicolás Maduro para entregar documentación, de acuerdo con un documento compartido por la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano.

Según el texto, el fiscal de la CPI, Karim Khan indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022″, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo.

“Esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, añade el documento.

 

Asimismo, en el documento se indica que la prórroga también da tiempo para que Khan pueda viajar a Venezuela y “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.

De acuerdo con Solórzano, «resulta evidente que la CPI no se deja engañar por las pretensiones de la dictadura de simular una falsa reforma del sistema justicia en Venezuela». 

Vale recordar que la CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar sobre Venezuela en el año 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos en 2017. El pasado mes de diciembre se conoció que resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y su administración.

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“Eres sombra”: Estudiantes critican visita nocturna de Maduro a la UCV
Esta sería la segunda vez que la comisión presidencial ingresa al campus universitario en horas de la noche 

 

La noche de este jueves, el gobernante Nicolás Maduro, en compañía de su esposa Cilia Flores y su vicepresidenta Delcy Rodríguez, fueron vistos recorriendo los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Así lo informó la cuenta en Twitter Viva la UCV, el medio informativo del Movimiento Estudiantil de la casa de estudios.

En un video compartido desde esta cuenta, se observa a Maduro caminando por los espacios de la UCV, acompañado por, al menos, siete escoltas. 

Sobre el hecho, el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Luis Palacio Herrera, afirmó que la presencia de Maduro en el campus «mancha el prestigio de la UCV».

«La presencia de Nicolas Maduro en nuestro recinto mancha el prestigio de la UCV, pero queda claro que es a la luz de las tinieblas que puede hacer presencia. Maduro eres sombra, destructor y enemigo de la UCV”, escribió el dirigente estudiantil en su cuenta en Twitter. 

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, condenó el hecho y lo calificó como una violación a la autonomía universitaria. 

«El Art 109 de la Constitución establece la inviolabilidad del recinto universitario. Debemos vencer las sombras de la opresión #UCV», escribió Solórzano.

Delsa Solórzano denuncia torturas a presos en la Dgcim y en Fuerte Tiuna
«Recibo denuncia de familiares: en sótanos de DGCIM y celdas insalubres de Fuerte Tiuna el régimen de (Nicolás) Maduro mantiene a 13 militares y 4 civiles confinados, con escasa alimentación, sin atención médica, sin luz del sol, los están TORTURANDO y matando de hambre», tuiteó la dirigente

 

La dirigente Delsa Solórzano denunció este 28 de junio que al menos 17 personas que se encuentran detenidas en la Dirección de Contrainteligancia Militar (Dgcim) y en la principal instalación militar del país, el Fuerte Tiuna de Caracas, han sufrido torturas.

«Recibo denuncia de familiares: en sótanos de DGCIM y celdas insalubres de Fuerte Tiuna el régimen de (Nicolás) Maduro mantiene a 13 militares y 4 civiles confinados, con escasa alimentación, sin atención médica, sin luz del sol, los están TORTURANDO y matando de hambre», dijo en Twitter.

Solórzano etiquetó en este mensaje a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y no ofreció más detalles sobre su denuncia.

Tampoco indicó quiénes son los 13 militares ni los 4 ciudadanos que se encuentran en estas celdas.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha sido objeto de denuncias por parte de la oposición venezolana, que asegura que allí las autoridades cometen «delitos de lesa humanidad».

En septiembre del año pasado, una Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU, publicó un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo en aquel momento que su equipo -compuesto por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos «cometidos por las fuerzas de seguridad», y que pueden «considerar ejecuciones extrajudiciales».

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Solórzano pide al equipo de Bachelet interceder por militares presos
Solórzano aseveró que la Comisión de Bachelet en Venezuela, «tiene la obligación» de proteger a los militares detenidos

Foto: EFE/Rayner Peña

Delsa Solórzano, diputada y coordinadora de Encuentro Ciudadano, pidió este domingo, 13 de junio, al equipo de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, interceder por militares presos.

A través de su cuenta de Twitter, Solórzano dirigió un mensaje a Bachelet, donde señaló que, pese a que la alta comisionada recomendó el traslado de presos políticos a Ramo Verde, que están en la Dgcim, eso no ha ocurrido.

Por el contrario, según advirtió Solórzano, «se mantiene a presos políticos militares torturados en sus sótanos y en las celdas insalubres de Fuerte Tiuna».

 

Respecto a los militares, la dirigente opositora detalló algunos casos: El general Hernández Da Costa, el teniente coronel Igbert Marin Chaparro, el capitán de Navío Luis De La Sotta, el coronel Juan Rodríguez Dos Ramos, el mayor Juan Carlos Marrufo y su esposa María Auxiliadora de Marrufo.

«La Comisión de Michelle Bachelet en Venezuela tiene la obligación de protegerlos», apuntó Solórzano sobre estos militares presos.

Familiares de militares detenidos por razones políticas, como el capitán Luis de la Sotta, denunciaron que se encuentran aislados desde que fueron trasladados, algunos han sido castigados en celdas pequeñas.

Asimismo, los parientes de los detenidos denuncia que no se les provee una alimentación adecuada y tampoco se permite al equipo de la Alta Comisionada a que acceda a estos lugares para constatar las denuncias.

Con información de TalCual

Delsa Solórzano asegura que en Venezuela se violan todos los DDHH al mismo tiempo
La dirigente califica de «terribles los crímenes de lesa humanidad» que fueron entregados a la Corte Penal Internacional (CPI) y que se encuentran en proceso de estudio

 

La exdiputada Delsa Solórzano considera que en Venezuela «se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo» y reiteró que se cometen crímenes de lesa humanidad que han sido documentados y entregados a instancias internacionales.

Durante su participación en la reunión virtual «Estatus de la violación de DDHH en Venezuela», Solórzano calificó de «terribles los crímenes de lesa humanidad» que fueron entregados a la Corte Penal Internacional (CPI) y que se encuentran en proceso de estudio.

En el evento, la exlegisladora representó a cerca de 200 víctimas que han presentado sus casos ante la CPI, «que van desde el asesinato hasta la tortura contra una población determinada y por razones determinadas».

Aseguró que «hay fundadas razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, el régimen de Maduro está señalado de narcotráfico y terrorismo, es decir, estamos bajo el yugo de una dictadura militar, acusada de narcotráfico y terrorismo».

En su opinión, es «vergonzosa» la decisión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de retirar la demanda a Venezuela ante la CPI, porque «eso viola los principios de cualquier nación que haya pasado por una dictadura como es el caso de Argentina».

«Es parte de la estrategia del régimen para tratar de demostrar que los delitos que se han cometido en Venezuela son violación de derechos humanos y no crímenes de lesa humanidad», precisó.

Se mostró convencida de que la retirada de la denuncia por parte de Fernández no está avalada por Argentina, «una nación que ha sido víctima de una dictadura y de violaciones de derechos humanos; eso no representa el sentir de ese pueblo hermano que le ha abierto los brazos a los venezolanos que han huido de la dictadura».

Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la CPI para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha generado polémica entre el Gobierno de Fernández y la oposición de su país.

Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió el 27 de mayo.

«El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él», explicaron a Efe fuentes de la Cancillería el día que se dio a conocer la decisión.

Misión de la Unión Interparlamentaria visitará Venezuela entre el 21 y el 25 de junio
La comunicación enviada a Guaidó está firmada por el Secretario General de la UIP Martín Chungong

 

Una misión de la Unión Interparlamentaria visitará Venezuela entre el 21 y el 25 de este mes. Lo confirmó la opositora Delsa Solorzano en su cuenta de Twitter al compartir la carta que envió el organismo como respuesta a la invitación del presidente interino Juan Guaidó.

“En respuesta a la invitación suscrita por el Presidente Juan Guadió dirigida a @IPUparliament @IPUPresident, para enviar una misión a Venezuela para constatar la grave violación a los DDHH de los parlamentarios y el asedio a la legítima Asamblea Nacional. Vienen en junio”, expresó Solórzano en la red social.

La Unión Interparlamentaria es la única organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial. A diferencia de otras, no es una organización intergubernamental, sino que se trata de una institución para el fomento de la cooperación entre los parlamentos entre sí.

“Estimado Señor Presidente: quisiera responder a su carta de fecha 12 de abril de 2021 en la cual extiende una invitación a una delegación del Comité Ejecutivo y del Comité de los Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) para visitar Venezuela. Al respecto, me complace informarle que el Comité Ejecutivo de la UIP estudió su invitación y consideró oportuno que una delegación viaje a Venezuela para efectuar una misión oficial del 21 al 25 de junio de 2021”, comienza el escrito enviado por la UIP.

“La delegación espera poder reunirse con usted y sus colegas parlamentarios electos en 2015 así como con varios interlocutores cuya contribución será necesaria para el éxito de esta misión”, señala la misiva.

 

La comunicación enviada a Guaidó está firmada por el Secretario General de la UIP Martín Chungong.