Declaración de Lima

En menos de un mes y medio de las fechas fijadas para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), la celebración del cónclave está en el aire a causa de la crisis en Venezuela, según fuentes diplomáticas.

Las autoridades salvadoreñas, que reconocieron que es posible que la cumbre se aplace, no explicaron los motivos de la decisión; sin embargo, según información facilitada a Efe, la polémica generada por la situación en Venezuela podría llevar a su suspensión definitiva.

«Se atraviesa un momento crítico en Latinoamérica por la fuerte convulsión en Venezuela principalmente, así que no se sabe si se aplaza, se suspende, o qué decisión se va tomar sobre la celebración de la cumbre», que estaba prevista para los días 27 y 28 de octubre, detalló la fuente.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, señaló que solicitaron el aplazamiento de la cumbre en el texto de la Declaración de Lima sobre Venezuela, que «algunos países pidieron el aplazamiento de manera extraoficial», sin reconocer ni mencionar el documento.

La Declaración de Lima sobre Venezuela, suscrita el día 8 de agosto, recoge que «teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la presidencia pro-tempore de la Celac y a la Unión Europea, la postergación de la cumbre prevista para octubre de 2017».

El texto condena «la ruptura del orden democrático en Venezuela» y recoge la decisión de los firmantes de «no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo»; asimismo, brinda su «pleno respaldo y solidaridad» a la Asamblea Nacional, «democráticamente electa».

Mientras crecen las dudas sobre la celebración, aplazamiento o cancelación del evento, la agenda de la cumbre y de las reuniones previas habituales se desdibuja ante el silencio de las autoridades salvadoreñas, que remiten a la reunión de cancilleres latinoamericanos en Nueva York el 18 de septiembre.

Según Martínez será en la ciudad norteamericana donde se concrete y defina el futuro del cónclave, cuya primera actividad previa debía haberse celebrado los pasados 7 y 8 de este mes con un foro de la sociedad civil, en el que se tenían que haber reunido ciudadanos de Latinoamérica y Europa.

La preocupación por la situación de Venezuela afecta también a la voluntad de Europa y a la decisión de participar o no en la aún incierta cumbre, y el primero en manifestarse al respecto fue el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, quien señaló que no asistirá a la cumbre en una señal contra el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente de la Eurocámara comunicó su decisión tras reunirse con 10 embajadores de países de América Latina que le hicieron entrega del texto de la Declaración de Lima.

«Como presidente del Parlamento Europeo no participaré» en la cumbre Celac-UE, dijo y agregó que, en su opinión, «la Unión Europea en su conjunto no debería participar».

«Así, apoyaremos a los países latinoamericanos que tomaron una decisión valiente de aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial», añadió Tajani, para el que «este es el camino para contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada».

Y entretanto, continúan las dudas, que no se resolverán hasta el próximo lunes en la reunión de cancilleres latinoamericanos, que deben decidir in extremis el futuro de una cumbre que va contra reloj en un ambiente tenso, que augura un largo debate.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se mostró partidario de aplicar sanciones cada vez más duras a Venezuela para conseguir la “restauración democrática” en ese país.

“Ahora el camino, que han tomado países del continente y que están empezando a tomar países de fuera, es aplicar sanciones cada vez más severas y duras a Venezuela para buscar la restauración democrática”, dijo Almagro en una entrevista que publica hoy el diario chileno El Mercurio.

Almagro, que esta semana participó en Chile en un foro sobre energía y medioambiente, recordó que Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela y que la OEA emitió en abril pasado una resolución para declarar la alteración del orden constitucional.

“El mecanismo de sanciones es uno de los más efectivos para forzar una negociación que pueda dar resultados”, manifestó el secretario general de la OEA.

Almagro recordó que el Mercosur suspendió a Venezuela y aseguró que también están a favor de aplicar sanciones varios de los doce países latinoamericanos que hace algunas semanas se reunieron en Lima para evaluar la situación.

“Creo que una buena fuerza continental al respecto y el apoyo de países observadores permanentes que van por ese camino de las sanciones pueden llevar a que mecanismos de negociación puedan funcionar a futuro”, señaló.

Por ahora, dijo Almagro, la organización seguirá denunciando las “atrocidades del régimen” del presidente Nicolás Maduro y se enfocará en la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Con ese objetivo puso al exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo a cargo de un grupo de expertos que analizará si apoya las denuncias que ya existen en la CPI por crímenes de lesa humanidad en Venezuela o bien si presenta una nueva querella.

Almagro dijo que la OEA seguirá denunciando “el deterioro de la institucionalidad venezolana”, especialmente después de la asunción de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente.

BRASILIA.- Los presidentes de Brasil y de Paraguay, Michel Temer y Horacio Cartes, respectivamente, reafirmaron que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente y ninguna de sus determinaciones, por considerarla ilegítima.

La adopción de la llamada Declaración de Lima, trabajada por 17 gobiernos a instancias del presidente Pedro Pablo Kucksinski, hecha propia por 12 cancilleres de la región y publicada con la presencia de los primeros, saca del sopor al sistema de seguridad colectiva de la democracia; casi llevado a la tumba por el Socialismo del siglo XXI y su ancla dentro de la OEA, José Miguel Insulza, de ingrata recordación.

El texto condena la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Le impone a la dictadura de Nicolás Maduro distintas medidas, tanto como fija lineamientos para el manejo de las relaciones exteriores con éste.

Una primera consideración que cabe, al respecto, es sobre el factor determinante de este golpe de timón inédito; siendo que, la cuestión venezolana estaba servida desde antes, desde cuando Luis Almagro, actual Secretario General de la OEA, presenta sus tres informes sucesivos, dando cuenta no solo de las alteraciones graves, sino de las cabales rupturas democráticas que observara por parte de una estructura de gobierno – la de Maduro – abiertamente coludida con el narcotráfico y el terrorismo.

La situación que colma la paciencia de los gobiernos y les obliga dejar atrás los métodos formales de la diplomacia multilateral para resolver con la urgencia debida, tiene lugar una vez como el dictador mencionado sobrepasa la línea roja y pisotea el elemento primario de la democracia, el voto, la expresión de la soberanía popular. Al convocar una constituyente dictatorial de espaldas a las reglas constitucionales sobre la materia, escoger a dedo a los constituyentes, y realizar una elección puertas adentro – dentro de sus predios – con absoluto desprecio por el principio del voto universal, directo y secreto, escupió a la cara de aquéllos.

La enseñanza es obligada. Los demás elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio, aprobados en 1959, en Santiago de Chile y luego sistematizados, hechos vinculantes en 2001 con la Carta Democrática Interamericana (derechos humanos, vigencia del Estado de Derecho, separación de poderes, pluralismo político, libertad de prensa, transparencia, probidad, rendición de cuentas, sujeción del poder militar al poder civil, participación ciudadana), a ojos de una buena parte de los actuales gobernantes son exquisiteces, en la hora y en momentos de severa invertebración social y política en las Américas. Pero el derecho al voto es otra cosa.

La innovación es lo importante. A través de una resolución, con asentimiento expreso y también tácito de los más importantes gobiernos de la región, incluidos los más representativos del Caribe angloparlante, surge un documento prescriptivo y no solo recomendatorio. Su fuerza depende de la buena fe en el comportamiento oportuno de las cancillerías. Es una modalidad audaz e innovadora de soft law, como acto cuasi-jurídico y en cierne, ordinariamente impreciso, que puede abrir caminos y facilitar consensos experimentales para lo que pueda venir luego de modo vinculante. Esta vez, sin embargo, hay claridad normativa, pero compromisos de ejecución flexibles y desconcentrados, tanto que se hace una invocación deliberada a la Carta Democrática Interamericana como desiderátum.

El sentido de la vergüenza llegó a los palacios. No podían los presidentes digerir el grado de impudicia, el desafío de una claque criminal que instalada en Caracas e integrada por una comandita de militares y civiles controlados desde La Habana, les diga: ¡Y qué! ¡Sí somos dictadores y represores! ¡Y qué!

Pues bien, las circunstancias dirán hasta donde llegará la constituyente madurista, que por lo pronto envía a la cárcel a los alcaldes de la oposición mientras otros aspiran hacerse elegir como gobernadores, en unas elecciones organizadas bajo dicha constituyente, encargada de darle certificados de buena conducta a los aspirantes.

Pero la realidad no ha cambiado. La hambruna y falta de medicinas, el 80% de pobreza crítica, la imposibilidad de que un empleado medio pueda comprar siquiera un quinto de los alimentos que adquiere un consumidor colombiano de la franja más pobre, tener a más de 600 venezolanos como prisioneros políticos, la conciencia nacional de que la libertad se ha perdido y el mal absoluto se enseñorea, son gasolina sobre el piso; expresan líneas críticas que obligan a la supervivencia y apagan el miedo. Y así desaparecen, en medio de la desesperación, hasta las líneas tenues de la solidaridad.

Desde Lima, al menos, su declaración dice que no reconocen a la dictadura ni su constituyente, que reconocen a la Asamblea Nacional y a la Fiscal General, que no apoyarán las iniciativas internacionales de la dictadura, que saben de las violaciones de derechos humanos y la violencia sistemática como política de Estado, y que impedirán que la dictadura se haga de nuevas armas. Y que seguirán observándonos.

Es mucho visto lo anterior, es poco dada la ominosa tragedia que determina las medidas. Pero se agradece. Los gobiernos americanos han renunciado al papel de médicos forenses de la democracia, así hayan optado por la de médicos intensivistas.

Nos corresponde a los venezolanos, por ende, sostener esa mirada preocupada sobre nuestra gravedad, ya que puede distraerse si encuentra excusas, si ve que el enfermo antes que quejarse disimula o muestra normalidad.

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