El fotógrafo David Maris ha contado tantas veces lo que le sucedió que todavía lo tiene claro en su memoria y de forma cronológica. Sin mayor esfuerzo comienza a explicar cómo pasó de ser en víctima de autoridades militares a víctima del Estado en su conjunto, porque dice que “en el país no hay independencia de poderes como en toda república democrática”.

Maris fue arrestado a las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde mientras fotografiaba a Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López, en medio de una entrevista para el diario ABC de España. Estuvo detenido por 3 horas y fue obligado a partir del lugar sin sus equipos, a cambio, le entregaron un acta donde consta que el procedimiento de “decomiso” es parte de una investigación. En ese documento se enumeran los equipos retenidos y se asegura que serán devueltos.

Cuando el fotógrafo volvió a ese lugar ya no había responsables. El coronel Humberto José Calles González, quien consta en el acta como el responsable de los equipos, dijo que ya no estaban en su poder, que no podía responder por ellos y lo mandó a acudir a otras instancias.

Acompañado por el abogado de Espacio Público acudió a la Fiscalía, donde se introdujo una denuncia por robo. “Eso se engavetó, no se le asignó ningún fiscal y pasó de un piso a otro sin que ningún funcionario tomara el caso. Simplemente quedó así. No tuve manera como víctima de una agresión del Estado, que fue el robo de mis equipos,  de tener respuesta del mismo Estado en otra institución que me defendiera”, cuenta Maris.

“Mi denuncia, simplemente, no se atendió”, cuenta el fotoperiodista. Ya la directiva de la Cárcel Militar de Ramo Verde no es la misma, ahora menos se sabe dónde están los equipos. “Me quedé sin oportunidades de trabajo como fotoperiodista independiente, porque perdí mis propias herramientas”, lamenta Maris. Recuerda que ese equipo lo compró con su esfuerzo y dice que hoy por hoy ya tiene que estar dañado por no haber recibido los cuidados adecuados que él le daba, como empacarlo al vacío cuando no estaba en uso.

Maris resume las etapas de su caso con facilidad: “En principio creí que sí, que eran honestos al retener mis equipos por seguridad, fui muy optimista. Pero luego me empecé a dar cuenta que era un asunto de abuso contra mis derechos humanos, de ser independiente, de trabajar y ejercer mi profesión, fui víctima, y como tal comencé a sentirme. Pero no solo de un funcionario por su abuso, sino de un Estado que no se maneja democráticamente. Soy, en esencia, una víctima del Poder del Estado”.

Ya no espera que le devuelvan su equipo, tampoco le parece justo que el Estado lo indemnice «porque es responsabilidad de un funcionario y lo justo es que ese funcionario pague por el delito que cometió, que es el robo”.

No hubo justicia en Venezuela

La solidaridad automática que se desató con el caso de David Maris hizo que la ONG inglesa Rory Peck Trust, que protege a los reporteros independientes en zonas de conflictos, apoyara al fotógrafo transcurrido un año de la violación. Nunca les había tocado apoyar en Venezuela, aunque ya el país era un punto de atención por el robo de la cámara de la corresponsal italiana Francesca Commissari durante las protestas de febrero.

La ayuda de esta organización no es, ni debe ser entendido como sinónimo de justicia. Este caso sigue siendo una materia pendiente para el Estado venezolano. Pero sí es un logro representativo y es indicador de que más allá de las fronteras venezolanas no son indolentes con la situación de la libertad de expresión del país.

Este es el tipo de fotos que estaba haciendo Maris cuando lo detuvieron y acusaron de «espionaje»

Hace un año, el coronel Humberto Calles González, entonces director del penal donde está recluido Leopoldo López, le quitó la cámara y un lente al fotógrafo venezolano David Maris. No se la devolvieron, tampoco Fiscalía se ha dado por enterada de la demanda. Pero la organización inglesa Rory Peck Trust conoció su caso y lo integró a su programa de ayudas

 @RunrunesWeb

Hace exactamente un año, la impunidad le cambió la vida laboral al fotógrafo venezolano David Maris. Esta vez la agresión llegó de manos de un funcionario del Estado. El protagonista y victimario de la historia era el propio director de la cárcel militar de Ramo Verde (Cenapromil), Humberto Calles González.

Esta es una de las fotos que tomó el fotógrafo ese día y se salvó porque tenía una tarjeta de memoria en el bolsillo

Maris —un fotoreportero que trabajó para los principales medios impresos del país (El Nacional, Cadena Capriles, El Universal y el Bloque DeArmas)— salió de su casa antes del mediodía de ese viernes 25 de abril de 2014 rumbo a una pauta que como freelancer cumplía para el ABC de España con todo su equipo. Ludmila Vinogradof, la corresponsal en Caracas del diario español, lo había telefoneado para acordar un encuentro para una entrevista con Lilian Tintori, esposa del líder de oposición Leopoldo López, preso en esa cárcel ubicada en Los Teques, estado Miranda.

A lo largo de aproximadamente una hora de camino, a bordo de la camioneta que trasladaba a Tintori, ambos hicieron su trabajo, la entrevistaron y fotografiaron. Al bajar, Tintori sugirió unas gráficas entrando a la prisión. Desde la camioneta, Maris hizo lo acordado, unos cuantos clicks mientras ella se alejaba hacia la entrada  de la cárcel , donde su esposo cumplió 14 meses tras las rejas gracias a un proceso viciado que aún no demuestra su culpabilidad.

“De pronto, se acercaron unos siete uniformados de verde, abrieron la puerta de la camioneta y nos hicieron bajar. Me quitaron la cámara y un lente adicional. Me pidieron que los acompañara a adentro, a entrevistarme con el director. Entramos a un edificio administrativo, adjunto a la prisión. Subimos por unas escaleras, un solo piso. Me decían cosas como ‘¿tú eres espía?’ ‘¿y ese equipo cuánto cuesta?’. Me metieron en una oficina y me dijeron ‘siéntate ahí’, yo hacía el gesto de levantarme para hablar y para sacarle la memoria al equipo y decirles qué era lo que podían revisar, pero cada vez que intentaba levantarme me ordenaban como a los perros ‘siéntate’, con la mano estirada. Apenas llegamos a esa oficina me quitaron la cédula de identidad. Eran como las 3:00 pm”.

Maris recuerda que el director coronel Calles González iba y venía e impartía órdenes “¿le quitaron la cédula?”, “la cámara no se la vamos a devolver”. Los subordinados comentaban sobre el costo del equipo “mi coronel, eso cuesta cientos de millones dólares”; otros comentaban que se trataba de “alta tecnología de espionaje”.

Un equipo similar a este fue el que le quitaron. La suma de sus partes asciende a 4.500 dólares aproximadamente

Calles González mandó a elaborar un acta de retención, en la que consta que desde entonces ellos son responsables del equipo. “A eso de las 7:30 pm me devolvieron la cédula, me dieron el acta y me dejaron ir, pero mi equipo se quedó retenido”, cuenta Maris.

No obstante, desde el lunes siguiente Maris hizo tres intentos fallidos porque le devolvieran su instrumento de trabajo. “La primera vez no me recibieron, me hicieron devolver de la puerta, del primer retén. La segunda me recibió Calles González y me dijo ‘tu equipo ya no está aquí, lo tiene la Dirección de Contrainteligencia Militar para verificar si es un equipo de espionaje’ y me pidió que volviera después, algún día. Pasaron unos días y decidí aceptar la propuesta de la ONG Espacio Público, quien me asignó al abogado Oswaldo Cali para asistirme”.

En esa tercera oportunidad, Calles González los recibió, “pero el tono fue más agrio porque el abogado directamente lo confrontó por todas las irregularidades del procedimiento, del tratamiento que se me daba como civil, de la toma ilegal de equipos… fue una discusión fuerte en la que el coronel le respondió que ese era un recinto militar y que allí mandaba él”.

Espacio Público propuso introducir una demanda formal por robo en Atención a la Víctima, en la Fiscalía. Al cumplirse un año del episodio, aún espera por un fiscal que tome el caso y proceda.

Aliados internacionales

El caso de David Maris se conoció gracias a algunos medios nacionales —como Runrun.es— e internacionales, además de organizaciones como Espacio Público e Ipys Venezuela, periodistas, redes sociales, y el encuentro con los expresidentes Sebastián Piñera y Andrés Pastrana —quienes se mostraron interesados en el caso—. Pero hasta ahora, el panorama de justicia es turbio y Maris debió sortear un año duro en la economía venezolana, sin la posibilidad de emprender trabajos como los que hacía con sus herramientas.

Sin embargo, el caso llegó a oídos de la organización inglesa Rory Peck Trust que protege a los reporteros independientes en zonas de conflictos. Es decir, aquellos que no están amparados por un medio de comunicación. Nunca les había tocado apoyar en Venezuela, pero ya habían mirarado hacia acá por el robo de la cámara de la corresponsal italiana Francesca Commissari. A ella le arrebataron el equipo en durante una protesta y luego lo ofrecieron en Mercadolibre.com. Pero gracias a eso pudo recuperarlo.

Rory Pech Trust supo de lo ocurrido con David Maris y luego de una verificación de los hechos, le aprobaron una indemnización parcial por lo sucedido. Es la única gran noticia después de un año de sinsabores. “Es bueno saber que sí sirve que afuera se sepa lo que está pasando en Venezuela. El país entró en la categoría de lugares peligrosos para ejercer periodismo. Es la razón por la que organizaciones como estas apoyan a la gente aquí, que vive dentro de un ambiente de impunidad donde el propio Estado es quien te agrede en lugar de protegerte, es increíble que sea una ONG la que te da la mano. Yo no tengo cómo agradecerles”.