El pasado lunes 31 de julio, con la decisión de los cuatro principales partidos de la MUD de inscribir candidatos para las elecciones regionales anunciadas sin mucha precisión por el CNE para algún día del mes que viene, se inició una nueva y decisiva etapa del proceso “bolivariano”, la del entendimiento entre partes que hasta ese instante parecían irreconciliables y su consecuencia lógica, la cohabitación. A partir de ese día desde todo punto de vista inesperado, Nicolás Maduro goza del extraordinario privilegio de gobernar sin oposición. Una situación sin duda asombrosa, sobre todo si tenemos en cuenta la magnitud de las turbulencias que se habían iniciado con la derrota aplastante del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y que ahora, pocas horas antes de celebrarse la fraudulenta “elección” de los 545 delegados a una presunta asamblea nacional constituyente, estaban a punto de romper los frágiles equilibrios sobre los que aún se sostenía el régimen.

Nadie se explica, pues, por qué, de la noche del 30 de julio a la mañana siguiente el proceso político venezolano sufrió tan espectacular vuelco. En todo caso, a nadie le resulta sencillo entender cómo, al cabo de estos últimos 18 meses, uno tuviera la devastadora impresión de que en verdad nada, absolutamente nada fuera de lo común había ocurrido en Venezuela. Que todo lo que suponíamos que había sucedido era en realidad el fruto de un gravísimo desajuste de la imaginación colectiva. Que aquella histórica victoria del primer domingo de diciembre no pasó y que era falso que en un dos por tres, violando todas las normas constitucionales, la saliente Asamblea Nacional designara un nuevo y rojo-rojito TSJ, mucho menos que ese máximo y fraudulento tribunal de la República procediera de inmediato a desconocer de manera sistemática todas y cada una de las decisiones de la nueva Asamblea Nacional. Y como que tampoco la oposición asumió en algún momento el compromiso de cambiar de presidente, gobierno e incluso de régimen en un plazo no mayor de 6 meses.

Todo debía presumirse como lo que era, una inocente ilusión de fin de año. Vaya, que nunca se produjeron sucesivos golpes de Estado contra la legalidad democrática protagonizados por el TSJ y el CNE, ni que en consecuencia la MUD denunciara al régimen de haberse convertido en una vulgar dictadura, ni que todos los partidos políticos de la alianza, invocando los artículos 330 y 350 de la Constitución, habían convocado al pueblo a la rebelión.

Sin embargo, todo esto ocurrió. Y más: durante esos cuatro largos y duros meses de resistencia ciudadana a los despiadados embates de las fuerzas represivas del régimen en las calles de todo el país, al elevadísimo precio de más de 120 hombres y mujeres asesinados y de miles de heridos y detenidos, los ciudadanos le ofrecieron a la comunidad internacional un conmovedor ejemplo de compromiso con los valores de la democracia y la libertad. Y esa comunidad, en pleno, entendió por fin que esa lucha también era de ellos.

Eso fue lo que de golpe y porrazo desapareció un día del horizonte nacional. Como por arte de magia. Y que de pronto, sin previo aviso, Venezuela despertara a otra y muy distinta realidad. Como si hubiera bastado con que el CNE anunciara tanto el adelanto a octubre de las elecciones para gobernador y los supuestos resultados de la fantasmal elección del 30 de julio para ejecutar un impecable acto de pura magia revolucionaria, capaz de ponerle fin al caos organizado y financiado por la derecha internacional.

Atrás quedaba, aunque no para siempre todavía, la criminal incitación al odio y la violencia que encierran los discursos de algunos dirigentes de la oposición, pero que a partir de este mismo y luminoso día, el pueblo, de la mano de los 545 delegados electos para conformar la asamblea nacional constituyente, el verdadero y supremo poder popular de Venezuela, podrán emprender su patriótica marcha hacia el mar de la felicidad socialista. Comenzando, por supuesto, con la aprobación de la ley contra el odio y por la paz, la mirada clavada en quienes, como advirtiera Maduro, a pesar de hacer vida pública en Venezuela, “se muestran servil a los intereses foráneos y piden una intervención militar en nuestro país”.

@aduran111

El Nacional 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela sigue asumiendo funciones que no le corresponden y que no le han sido atribuidas por ninguna norma, mucho menos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Hasta el momento en el que escribo estas líneas, la ANC “debate”, si es que así puede llamarse a lo que está haciendo en relación a este tema, la “Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica” o, como también se la ha llamado, la “Ley Contra el Odio, la Intolerancia y la Violencia”. Varias cosas podemos comentar sobre esto.

Comencemos por lo más elemental. No existe en nuestra Carta Magna, ni en ninguna otra norma vinculante, algo que se llame “Ley Constitucional”. La ley, tal y como la define el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, es “…el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador…”. Evidentemente, siendo que la Constitución venezolana de 1999 sigue vigente, y teniendo que esta es la norma suprema y el fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico (artículo 7º, CRBV), ninguna norma legal o sublegal puede ser contraria los preceptos contenidos en nuestra Carta Magna. En este sentido, toda ley y toda norma, del rango que sea, debe ser constitucional; pero la especie “ley constitucional”, entendida como diferente de las leyes en sentido estricto a las que se refiere el artículo 202 de la CRBV antes referido, (esto es, de las que solo puede dictar la Asamblea Nacional –AN- cuando actúa como cuerpo legislador) no existe. En otras palabras, esto de la “ley constitucional” no es más que un invento de la ANC dirigido a disfrazar de “ley”, con todas las consecuencias que de ello derivan, lo que no es tal.

Solo de la Asamblea Nacional, que no de la ANC, pueden emanar leyes. De hecho, salvedad hecha de la iniciativa de las leyes, que puede corresponder a diferentes entidades (Art. 204, CRBV), todo el proceso para la formación de las leyes, recogido en los artículos 202 y siguientes de la CRBV, está a cargo fundamentalmente de la Asamblea Nacional; y luego solo al final, cuando la ley ya ha sido formalmente aprobada, es que se le da, de alguna manera, a la Presidencia de la República la potestad de sugerir modificaciones (que pueden ser aceptadas por la AN o no) e incluso la de acudir al TSJ si considera que todo o parte del texto legal ya aprobado por la AN es inconstitucional. Aun así, lo cierto es que la Potestad Legislativa, de acuerdo a la Constitución que sigue vigente pese a las piruetas de la ANC, la tiene de manera exclusiva la Asamblea Nacional, entre otras cosas porque, sumado a todo el argumento anterior, así lo refuerza específicamente el numeral 1º del artículo 187 de nuestra Constitución, que reza textualmente que es competencia (exclusiva y excluyente) de la Asamblea Nacional “…Legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público…”. Si aún existiesen dudas, solo nos faltaría revisar si en los artículos 347 y siguientes de nuestra Carta Magna, que son los que definen cuáles son las atribuciones de la ANC, a los efectos de verificar si allí se dice que la ANC, aun si hubiese sido válidamente instalada, que no es el caso, puede legislar. Y la respuesta (se trata solo de cuatro artículos, desde el 347 al 350 de la CRBV) es negativa. En ninguna parte dice la Constitución vigente que la ANC puede asumir, ni siquiera de manera temporal, las funciones de ningún otro órgano del Poder Público, mucho menos de la Asamblea Nacional.

En consecuencia, las primeras dos conclusiones a las que se puede lógicamente arribar, sin necesidad siquiera de ser abogado, son las siguientes: En primer lugar, la ANC, al proponer “leyes constitucionales”, está proponiendo cuerpos normativos sui generis que no existen ni tienen cabida ni validez en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, al asumir funciones legislativas (también de manera sui generis, sin aclarar cuáles son los procedimientos y reglas a los que se está sometiendo para ello) la ANC está usurpando funciones de la AN, lo que conduce a la absoluta nulidad e ineficacia de los actos ejecutados en el contexto de dicha usurpación, porque así lo dispone el artículo 138 de la CRBV, que de manera breve, textual y categórica prescribe que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

En segundo lugar, la iniciativa de la “Ley Contra el Odio” (despropósito dirigido a limitar aún más las capacidades de expresión de la ciudadanía, especialmente a través de las aún indómitas redes sociales) parte de premisas falsas.

La primera falsa premisa de la que parte la iniciativa tiene que ver con la supuesta “ausencia” de fórmulas legales, estas sí válidamente elaboradas y promulgadas, para luchar contra la intolerancia, contra el odio y contra la discriminación. Ya nuestro Código Penal, desde hace muchos años, tipifica y sanciona como delito la “Instigación al Odio entre los Habitantes de la República”, en su Art. 285 y, específicamente contra la discriminación y la intolerancia por motivos raciales, desde 2011 está vigente en Venezuela la “Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial”, que también sanciona en sus artículos 37 y siguientes diferentes formas de intolerancia o de discriminación por motivos raciales. También tenemos, incluso desde 2007, la “Ley para las Personas con Discapacidad”, en la que también se prohíben las discriminaciones contra quienes estén en condiciones de discapacidad. En otras palabras, la “Ley Constitucional” (lo que sea que esto signifique) “contra el odio” no es necesaria, pues las herramientas para sancionar a quienes incurran en instigación al odio o en actos de discriminación ya existen. En esto deberíamos seguir a Cesare Beccaría que decía, y en esto le sobra razón, que “todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no derive de la absoluta necesidad, es tiránico”.

La segunda falsa premisa de la que parte la iniciativa en “discusión” (de nuevo, lo que sea que usted entienda por “debate” o “discusión” en una instancia que no tiene competencias para ello en materia legislativa) es mucho más densa y tiene que ver con las funciones que están llamadas a cumplir las normas en cualquier sociedad. La ANC quiere meterse a regular nuestras emociones. Las leyes, cuando están bien construidas, y fundamentalmente las leyes penales, tienen por función principal regular las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y el Estado, lo que no equivale a decir que tienen por fin regular las emociones de los seres humanos. El odio no es un valor jurídicamente tutelable, el amor, que es su antítesis, tampoco. No hay norma que pueda evitar que una persona odie a otra, como no hay ley que pueda decretar que las personas se amen entre sí. Ni siquiera el respeto se decreta, en todo caso, se gana. Amor y odio son conceptos que están comprendidos dentro del catálogo de nuestras emociones, y en ellas, por más que los totalitarios de siempre se empeñen en lo contrario, no hay autoridad, más allá de uno mismo, que mande.

Las normas, especialmente las penales, tienen por fin la protección de valores sociales, usualmente jurídicamente reconocidos, que hemos decidido colectivamente como objetivamente indispensables para garantizar en un tiempo y espacio determinados la sana convivencia y la buena marcha de las relaciones entre los ciudadanos entre sí y entre estos y el poder. Lo que protegen las normas, y especialmente las normas penales, no son las posturas morales, filosóficas, religiosas o políticas de nadie, mucho menos las emociones humanas que, por su naturaleza, son absolutamente subjetivas y personales; en todo caso se protege la tolerancia a las ideas o a las posturas ajenas como valor esencial a toda sociedad, pero solo en la medida en que la propia intolerancia se traduzca en actos externos (no simplemente subjetivos, pues lo que está en nuestra mente y allí se queda no puede ser motivo de castigo) que puedan causar, materialmente, daño a los demás.

Hoy por hoy solo en las teocracias, o en los francos totalitarismos, se pueden encontrar disposiciones penales que confundan los valores sociales objetivamente dignos de tutela legal con la moral, las ideologías o las posturas políticas de las gobernantes. Además, nuestra Carta Magna protege nuestro derecho al libre desenvolvimiento y desarrollo de nuestra propia personalidad (Art. 20) sea que esta le resulte simpática o antipática a los demás, el pluralismo político (Art. 2), que implica que está proscrito el pensamiento único, y la libertad de conciencia (Art. 61), o lo que es igual, nuestro derecho a pensar como nos plazca, siempre que desde esas esferas de nuestra más profunda intimidad no ejecutemos actos que violen los derechos de terceros.    

En otras palabras, nadie puede por “ley” obligarnos a amar ni a odiar a nadie. Nadie puede evitar, por “ley”, que nuestros sentimientos hacia una persona, o hacia un grupo de estas, sean tales o cuales. Todo se agrava además si, incurriendo en el grave vicio del “decisionismo” (a la usanza de Carl Schmitt, de quien no podemos olvidar su compromiso con el nacionalsocialismo de Hitler) se dejan deliberadamente en las leyes (como ocurre en los tipos penales previstos en la “Ley Constitucional Contra el Odio”) márgenes de interpretación excesiva que permiten que el gobernante encargado de aplicarla, o los jueces que le sean sumisos, puedan a voluntad forzar a las palabras a que digan lo que no dicen o a que signifiquen lo que no significan. Modernamente, toda ley penal está mal hecha cuando se dejan en ellas espacios abiertos a la interpretación sesgada que permiten que no el derecho, objetivamente entendido, sino la voluntad e intereses coyunturales del hombre o del grupo que gobierna, prevalezcan por encima de la estructura institucional de un Estado, incluso atentando contra los Derechos Humanos de aquellos a los que desea subyugar.

¿Qué es promover o incitar al odio? ¿Quién y de qué manera define la medida o el límite entre lo que será tenido como delito y la expresión de desacuerdo o de queja contra el poder y la aversión o la antipatía personal –que es válida, siempre que se exprese en paz, nos guste o no- contra alguien o algo? ¿Cuáles son los parámetros objetivos y respetuosos de los Derechos Humanos que se utilizarán para trazar la línea entre lo permitido y lo prohibido? ¿Para qué crear una nueva “ley”, si es que así puede llamársele, que regule lo que ya estaba considerado y sancionado en normas previas? De cara a lo que ha sido la continua y confirmada tergiversación de las normas penales, incluso de las ya existentes, a favor siempre de los intereses políticos de la hegemonía, la misma que ha terminado con centenas de personas encarceladas, procesadas o exiliadas injustamente en los últimos lustros, la “Ley Contra el Odio” nos deja muchas más preguntas que respuestas, y un muy mal sabor en la boca que nos recuerda excesos que ya la humanidad, desde hace mucho, considera absolutamente inaceptables.

@HimiobSantome   

    

         

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su “profunda preocupación por el deterioro en la separación e independencia de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela”.

En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se refiere a “los actos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recientemente instalada” en el país.

A su juicio, esos actos “exceden las competencias de un órgano constituyente y usurpan las competencias de la Asamblea Nacional (Parlamento, de mayoría opositora), lo que afecta a la separación de poderes y la democracia representativa”.

La Comisión ve con inquietud la “potestad discrecional” de la ANC para destituir y nombrar a cualquier autoridad del Estado, dictar y reformar leyes, así como para aplicar decisiones sin control de otros poderes y las garantías necesarias.

Así, la CIDH critica las decisiones adoptadas por la ANC bajo esa potestad discrecional, entre las que destaca la destitución el pasado 5 de agosto de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien abandonó el país.

La Comisión recuerda que el 4 de agosto otorgó medidas cautelares a Ortega Díaz y su familia, al entender que afrontan una “situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable”.

El órgano autónomo de la OEA urge una vez más al Gobierno venezolano a cumplir sus obligaciones internacionales en cuestión de derechos humanos y “restablecer los mecanismos para garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y la participación en la vida política de todos los sectores en el país”.

El comunicado de la CIDH se divulgó un días después de que la ANC, integrada únicamente por oficialistas, cumpliera un mes de su elección en un escenario en el que se alza con su poder plenipotenciario sobre cualquier institución y avanza en sus acciones contra los “traidores de la patria”.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro celebra “un mes de la victoria de la Venezuela heroica” que cumple el mismo tiempo sin protestas antigubernamentales tras una oleada que dejó más de 120 muertos y unos 2.000 heridos.

 

En lo que representa una nueva vuelta de tuerca en el proceso de asfixia de las libertades de los venezolanos, la Asamblea Constituyente —un órgano ilegal e ilegítimo— ha decidido abrir un “juicio histórico por traición a la patria” a los líderes de la oposición y otros disidentes.

El decreto de la Constituyente rezuma estanilismo tanto en su lenguaje —idéntico al empleado en los juicios de Moscú, las purgas en la China maoísta o en regímenes como el norcoreano— como en la extraña unanimidad de sus 545 miembros —inverosímil en una institución que dice representar a todo el pueblo venezolano—.

A todos los demócratas, especialmente en América Latina y en Europa, debe preocuparles sobremanera que el régimen chavista, después de haber despojado de poderes a la Asamblea Nacional —único órgano democrático que queda en el país—, dé ahora el paso de criminalizar a sus miembros y juzgarlos como “enemigos del pueblo”. Sin duda que estamos ante el preludio de una disolución de la Asamblea —imprescindible para que el Gobierno pueda hacerse con el control legislativo, financiero y presupuestario del país—, así como de la detención y encarcelamiento de la oposición.

Prueba de su verdadera naturaleza como instrumento represor, la Constituyente, elegida en teoría para elaborar una nueva Constitución, no ha discutido ni un solo artículo de ese futuro texto. Tampoco se ha preocupado por las libertades de los venezolanos, algo especialmente relevante tras hacerse públicas las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que atribuye a las fuerzas de seguridad la responsabilidad directa de al menos 46 de los 124 muertos en las protestas habidas entre abril y julio de este año, además de desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios.

La comunidad internacional debe actuar con toda urgencia y firmeza contra los responsables de este régimen criminal e impedir sus pretensiones totalitarias.

 

Delcy Rodríguez: Sanciones de EEUU agravan nuestro sistema financiero

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez indicó que las medidas financieras tomadas el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son contra el pueblo venezolano atendiendo el llamado de la oposición venezolana.

 

Este lunes desde la Casa Amarilla, en el centro de Caracas, sostuvo un encuentro con medios de comunicación donde aseguró que esas medidas contra Petroleos de Venezuela (Pdvsa), agravan el sistema financiero económico de Venezuela.

 

“Ya aquí no hay ninguna forma de decir que hay un bloqueo financiero contra el país, ha existido, existe y recrudece en la manera que estas medidas son adoptadas por el presidente Donald Trump, atendiendo el llamado de la oposición venezolana», expresó la presidenta de la ANC.

Resaltó que las sanciones contra funcionarios e instituciones del Estado «buscan afectar a todo al pueblo en su conjunto», por lo que rechazó la postura de la oposición que “avala las acciones contra empresas como Pdvsa”, dijo. (El Universal)

 

Rafael Ramírez: Sanciones de EEUU están dirigidas a que Venezuela caiga en default

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Rafael Ramírez, manifestó en el programa Vladimir a la 1 que las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos están dirigidas para que Venezuela “caiga en default”.

 

En dicho programa de Globovisión, Ramírez comentó que el país estadounidense tiene como “objetivo principal” impedir que Venezuela pueda cumplir con sus compromisos económicos internacionales y que “no tenga dinero para la importación y producción de alimentos y medicinas”.

 

A pesar que el embajador recalcó que el país tiene actualmente serios problemas económicos, aclaró que “no tienen nada que ver con las sanciones de EEUU”, pero que los procesos económicos se verán más afectados por dichas penalidades. (La Patilla)

 

Exfiscal Ortega Díaz acusó desde Costa Rica al gobierno de contratar sicarios para matarla

La exfiscal venezolana Luisa Ortega denunció este lunes en Costa Rica que autoridades de su país habrían contratado sicarios para atentar contra su vida y la de otros fiscales que pretenden denunciar los abusos atribuidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

 

«Vengo específicamente a formular una denuncia ante la fiscalía de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Ortega en conferencia de prensa junto al fiscal costarricense Jorge Chavarría.

 

«Tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el gobierno ha contratado sicarios para acabar con mi vida», precisó Ortega en la sede del Ministerio Público costarricense, en San José.

 

Agregó que «quiero denunciar eso en Costa Rica porque hay fiscales y directores que están en la misma situación», sin ofrecer más detalles sobre tales amenazas.

 

Ortega llegó el lunes a Costa Rica y tenía previsto visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero ella y la fiscalía del país centroamericano se negaron a ofrecer detalles de su agenda por motivos de seguridad. (Panorama)

 

Sudeban afirma que no han limitado los retiros o transferencias

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), desmintió a través de la red social Twitter, que se haya “limitado los montos para retirar o transferir dinero a través de los canales de atención”.

 

“Sudeban desmiente categóricamente los rumores divulgados a través de las redes sociales ya que ni la banca pública o privada tienen autorización para limitar el monto a retirar o transferir a través de los diferentes canales de atención”, citó el organismo en la referida red social.

 

Sudeban envió una circular a todos los bancos en el país para ordenarles que deben cumplir la resolución N° 40.809, emitida en diciembre de 2015, la cual prohíbe limitar la cantidad de retiro en efectivo a adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad. _(El Mundo)

 

Faría: La Constituyente debe construir una política que frene la guerra económica

El constituyente Jesús Faría indicó que los tres temas primordiales que debe atender la Asamblea Nacional Constituyente son: la soberanía, paz y economía, haciendo énfasis en el combate a la inflación inducida.

 

«La Asamblea Nacional Constituyente tiene la tarea de diseñar una política que le de un parado a la guerra económica», aseveró.

Agregó que la guerra económica se hace sentir de dos maneras, «número uno, la especulación galopante que impacta duramente a nuestras familias y la escasez muy importante que existe en algunos rubros de primera necesidad». (Globovisión)

 

Carabobo se convirtió en el cuarto estado con unidad para las regionales

Luego que Vargas y Nueva Esparta lograrán el consenso, en Carabobo tampoco habrá primarias. Alejandro Feo La Cruz obtuvo la mañana de este lunes el apoyo de las cinco organizaciones políticas de oposición que le faltaban, para convertirse en el candidato unitario para la gobernación.

 

Durante el anuncio, Ylidio De Abreu, informó que declinó su aspiración para respaldar la postulación del actual alcalde de Naguanagua, luego de intensas mesas de trabajo y reuniones.

 

Con esa alianza, se sumaron a la candidatura de Feo La Cruz, Un Nuevo Tiempo (UNT), Causa R, Generación 80, Por Mi Pueblo y Avanzada Progresista (AP). Hace una semana también recibió el apoyo de ConEnzo y Progreso que se aliaron a Copei, Acción Democrática, Primero Justicia, Juega Limpio y Voluntad Popular. Con esta decisión, se suspende en la entidad el proceso de primarias previstas para el 10 de septiembre. (Caraota Digital)

 

Derrame petrolero afecta actividad de pescadores en costas de Puerto Píritu

La actividad pesquera se ha visto afectada esta semana en las costas del municipio Peñalver de Anzoátegui, debido a un derrame petrolero en Puerto Píritu que afecta las labores de los pescadores en la zona.

 

Según reportó el diario El Tiempo, los pescadores de Píritu denuncian que los derrames de crudo son constantes en la zona, lo que ha diezmado a varias especies de pescado en sus costas.

 

«Ya nos estamos quedando sin especies por estos derrames de crudo que son constantes, sobre todo en las zonas de pesca en la cual nadie ve por el hecho de estar lejos de la costa», declaró uno de los pescadores afectados, Luis Carmona, a El Tiempo.

 

La semana pasada, el diario El Universal había reportado que varias cuadrillas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hicieron limpieza de las costas, donde había manchas de crudo por el derrame, que habría ocurrido en el Terminal de almacenamiento y embarque de crudo “José Antonio Anzoátegui” (TAE), ubicado en la localidad de Jose. (Contrapunto)

 

Colombia entregó nota de protesta por incursión militar venezolana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia entregó este lunes una nota de protesta formal a la Embajada de Venezuela en Bogotá, para condenar y rechazar la presunta incursión de militares venezolanos en territorio neogranadino.

 

El gobernador del departamento de La Guajira, Weildler Guerra, denunció el sábado que cerca de veinte miembros de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron en motocicletas a Paraguachón, poblado fronterizo con Venezuela.

 

De acuerdo a las denuncias publicadas por Guerra, los efectivos venezolanos estuvieron por espacio de diez minutos en territorio colombiano, arremetiendo contra los habitantes de Paraguachón. (Globovisión)

 

Trump sobre inundaciones en Texas: Nunca hubo nada parecido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el lunes las devastadoras inundaciones en Texas provocadas por la tormenta Harvey, en vísperas de su primera visita a la zona del desastre.

 

“Nunca hubo nada parecido”, dijo sobre las torrenciales lluvias luego de que Harvey tocara tierra el viernes, degradándose de huracán categoría cuatro a tormenta tropical.

 

“Es la mayor de todas, dicen que es la más grande, es histórico”, señaló el mandatario, mientras Harvey avanza hacia el este a lo largo de la costa de Texas en dirección a Luisiana. (La Patilla)

 

Como en un episodio de “Juego de Tronos”, las tres palabras que titulan esta entrega son las que han definido el desempeño de la mal denominada “Asamblea Nacional Constituyente” desde que se instaló. Más allá de exigir sometimiento y pleitesía a todos los demás, no ha hecho en realidad nada que pueda reportarle al régimen, ni a la ciudadanía, algún provecho concreto. Y no es que lo que haga la ANC deba validarse o aceptarse, porque sobran las razones jurídicas para concluir la ilegitimidad de su origen y desempeños (y ese es un debate, radicales oficialistas, que podemos hacer cuando ustedes quieran) pero es que ni siquiera se ha cuidado de, al menos, parecer realmente útil para todos. No solo para quienes se solazan en ella, por supuesto, que ya estarán cosechando los efímeros “beneficios” y “prebendas” que ahora les abundan como espejismos en ese desierto que han creado, sino para todos los demás venezolanos que, incluso los que se prestaron a la jugarreta, todavía están esperando verle el queso a esa tostada.

Y es que hasta para ser malo hay que tener dos dedos de frente y, de cara al pueblo, la mujer del César debe, al menos, parecer virtuosa. En este caso, ni eso. Los indicadores económicos de las últimas semanas, especialmente desde que se instaló la ANC, no pueden ser peores, la inseguridad sigue igual o peor que antes y el desabastecimiento de alimentos y medicinas se ha disparado a niveles absolutamente inmanejables. La comunidad internacional, y no hablamos solo de los norteamericanos, sino de países que hasta hace muy poco eran aliados del gobierno o permanecían silentes ante los exabruptos de Maduro, ya no cree en cuentos “revolucionarios” y, de manera muy contundente (analicemos por ejemplo recientemente ocurrido con la fallida cumbre de la CELAC) ha dejado claro que ya no tiene interés alguno en tomarse fotos al lado de dictadores. Y también que, si la ponen a escoger, como socios actuales o potenciales, entre Maduro y sus peroratas y otros países mucho más prósperos y estables, no hay mucho que discutir.  Si las razones para eso son éticas o de otra índole, ya ese es otro tema, pero a Maduro hoy por hoy, y precisamente por haber persistido en su dislate constituyente, entre otros graves errores, muy pocos, poquísimos, lo quieren como “nuevo mejor amigo”.

La nota distintiva de cada uno de los actos de la ANC hasta ahora no ha sido otra que la de la exigencia de “respeto” y de “sometimiento pleno” a todos los demás, tanto a los entes y órganos del Poder Público como a la ciudadanía y a las entidades privadas. Diosdado Cabello exigía hace poco que hasta los dueños de los pocos medios privados de comunicación libres que quedan pasaran por allá a hincarles la rodilla y a jurarles obediencia. Más allá, lo otro que ha hecho esta ANC, que no es tal ni siquiera estirando mucho los conceptos, es crear, con una “ley” que no es ley (pues lo que es una ley, cómo y quién puede elaborarla, está definido en los artículos 202 y siguientes de la Carta Magna de 1999 que sigue vigente) una “Comisión de la Verdad” que, como ya lo expliqué en mi artículo anterior, tampoco es lo que se supone que es.

Pero más allá de eso, no hay nada más. De la asesoría de los verdaderos injerencistas, de los cubanos, que se supone que en estas lides son “zorros viejos”, uno esperaría quizás un poco más de astucia, algún artificio, al menos una mise-en-scène que les permitiera a los pocos ilusos que aun medran por estas tierras un atisbo de esperanza, algún alivio, alguna confirmación, así fuera ilusoria, de que, como se prometió, la ANC solucionaría todos los problemas que a diario azotan a los venezolanos. O tal vez alguna “movida maestra” que colocase sorpresivamente al gobierno de Maduro en mejor posición ante todos los demás gobiernos del mundo. Pero no, lo que se ve y se comprende es que la ANC era y es solo un instrumento de los muy pocos para pasarle por encima a todos los demás, a propios y a ajenos, y para afianzar, así sea por un ratico más, a esos pocos en el poder. Ningún otro objetivo puede discernirse en la ANC, eso es lo que ocupa a los “constituyentistas”, nada más. No hay empeños dirigidos, reitero, así sea como “circo” en el que se prometa “pan”, a mejorar en lo más mínimo la precaria calidad de vida de todos los que hacemos vida en este país.

No podía ser de otra manera. Ni siquiera si hubiese sido constituida válidamente, que no es el caso, puede una ANC ocuparse de otra cosa que no sea cambiar la Constitución. No está diseñada, ni formal ni materialmente, para asumir la conducción de una nación ni mucho menos para atender los problemas reales de la ciudadanía. Y no lo digo yo, lo dicen los artículos 347 y siguientes de la Constitución Bolivariana que, lo voy a decir de nuevo, es la que sigue vigente y es, aunque a algunos les duela, a la que deben estar sometidos todos los ciudadanos de la república y todos los órganos del Poder Público. Por si no fuese suficientemente negativo haberla constituido de espaldas al pueblo y a lo que ordenaba nuestra Constitución, tratar de convertir además a la ANC en algo que no es, tergiversando sus funciones y concediéndole virtudes y capacidades que no tiene, es un grave engaño al pueblo entero que, además, chocará continuamente con una realidad inclemente y avasalladora (la que vivimos todos, todos los días) que no come cuento ni cree en pajaritos preñados.

A nosotros nos queda guapear y seguir adelante. Y entender que este proceso, como todo en la vida, es temporal. Las crisis políticas, y los accidentes históricos, se superan. A un costo muy alto a veces, pero de estas oscuridades se sale. Es verdad, cuando tu prioridad ya no es cómo llegarás a pagar la universidad de tus hijos hoy pequeños, sino ver de dónde sacarás el sustento del día, cuando las luces son escasas y la esperanza se tambalea, cuando el miedo se empeña en mostrarnos la cara, es difícil mantenerse leal a los principios que nos inculcaron desde pequeños, a esa elemental decencia que es la base de toda sociedad próspera y feliz. Pero sobrevivir manteniéndolos intactos, sin caer en las trampas de la inmediatez y de la desesperación, entendiendo que al final del día en nuestras alforjas solo nos quedarán los valores que hayamos protegido sin arrodillarnos ante nada ni nadie, es la consigna.

 

@HimiobSantome

La Asamblea Nacional anunció que no reconocerá ni acatará las decisiones de la asamblea nacional constituyente (ANC), que este viernes 18 aprobó un decreto para asumir las competencias para legislar, funciones inherentes del Parlamento.

Asimismo, se convocó una sesión en el Palacio Federal para el sábado a las 10 de la mañana, a la que invitan al pueblo a asistir. La sesión contará con la asistencia de personal del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La junta directiva de la AN declaró en su cuenta de Twitter que «el decreto de la fraudulenta ANC busca repetir sentencia 155 y 156 del TSJ: disolver el Poder Legislativo». Además, calificaron la decisión como Golpe de Estado.

«La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo», señaló la junta.

1/5 La directiva AN y diputados de la Unidad no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer Maduro a través de fraudulenta ANC

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 18, 2017

2/5 El decreto de la fraudulenta ANC busca repetir sentencia 155 y 156 del TSJ: disolver el Poder Legislativo. ¡No podrán!

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 18, 2017

3/5 El golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y Constitución

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 18, 2017

4/5La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 18, 2017

5/5Convocamos al pueblo para mañana-10am a una sesión en Palacio Federal. Estaremos acompañados por cuerpo diplomático acreditado en el país

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 18, 2017

 

 

 

 

Constituyente cita a directiva de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, citó este jueves a la directiva del Parlamento (Asamblea Nacional, AN), de absoluta mayoría opositora, para que se subordine ante el órgano plenipotenciario, al que no reconoce como legítimo, reseñó EFE.

 

“Hemos convocado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la sesión de la Asamblea Constituyente el día viernes 18 de agosto”, informó en Twitter la presidenta de la ANC, la excanciller Delcy Rodríguez.

 

La funcionaria señaló que esta convocatoria está enmarcada en el Decreto Constituyente sobre la “convivencia armoniosa de los poderes constituidos y el poder Constituyente”.

 

El Legislativo es el único de los cinco poderes establecidos en la Carta Magna venezolana que falta por presentarse ante la Constituyente, luego de que los jefes de los poderes Electoral, Judicial, Moral y Ejecutivo acudieran ante los más de 500 representantes a poner sus cargos a la orden. (La Patilla)

 

Fiscal Saab: Denuncio a Ortega Díaz como autora intelectual de hechos de violencia en el país

Los integrantes del Poder Moral Republicano -presidido por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, manifestaron este jueves 17 de agosto su voluntad de reconocer y subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

 

«Hoy venimos a jurar, servir y proteger los diversos órganos que conforman el poder ciudadano. Venimos aquí a ratificar nuestra sobordinación como órganos del poder ciudadano al poder originario que esta», indicó Saab durante sesión de la ANC.

 

Destacó que «en manos de este poder ciudadano la paz de la república está garantizada. Ningún miembro de este poder republicano dirá una palabra para desatar una violencia y derrocar a un presidente legitimo, lo juro».

 

Saab denunció a la exfiscal Luisa Ortega Díaz como autora intelectual de los hechos de violencia que ocurrieron a partir del primero de abril. «Su declaración el 31 de marzo apuntó a una guerra civil en este país, apuntó a que hubiese una intervención extranjera en este país. Yo la denuncio como una agente de la conspiración más terrible que hemos vivido. La denuncio como la autora intelectual de lo que aquí ocurrió, quedará en su conciencia, ninguno de sus discrusos y teratros vale, vale es la realidad». (Panorama)

 

Miguel Pizarro: La Constituyente no es una derrota para la oposición venezolana

El diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro señaló que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se ha convertido en una especie de suprapoder «capaz de modificar las estructuras del Estado», pero que «nació muerta en la práctica».

 

«La ANC es un invento que nació muerto en la práctica, lo hicieron para endeudarnos ante el mundo, para buscar dinero y financiamiento y se han contrastado contra el desconocimiento de más de 40 países», aseveró.

Entrevistado para Vladimir a la 1, Pizarro aseguró que la Constituyente fue construida para sacar del juego a los dirigentes políticos «pero se han encontrado con una fuerza que tiene un sentido de causa más allá de la individualidad». (Globovisión)

 

Oficializan extensión en el país del recorte petrolero OPEP – No OPEP

El Gobierno oficializó ajustar la producción de crudo en el país tras la prórroga de nueve meses, hasta marzo de 2018, que había determinado el bloque de recorte petrolero OPEP-No OPEP en mayo pasado.

Descrito en Gaceta Oficial, la resolución reseña que Venezuela extenderá “el ajuste de la producción de petróleo crudo, por un periodo de nueve meses a partir del primero de julio de 2017, conforme a los parámetros que disponga el Ministerio de Petróleo, que permita cumplir con la reducción de 95 mil barriles diarios, entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sus filiales y empresas mixtas”.

 

Asimismo, exhorta la publicación a informar periódicamente a la cartera energética el cumplimiento del programa de producción, a cargo directamente del Viceministerio de Hidrocarburos.

 

“La ejecución, vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Resolución, queda a cargo del Despacho del Viceministerio de Hidrocarburos, el cual tiene la facultad para coordinar y sustanciar los expedientes administrativos referidos a las transgresiones de este” documento, escribe el comunicado. (El Universal)

 

PDVSA roja rojita: registró en 2016 unas pérdidas totales de 10.624 millones de dólares

La semana pasada los inversionistas de los bonos de PDVSA estaban nerviosos con “el retraso” que presentaba la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA, en la publicación de los estados financieros auditados del año 2016. A tal punto que la compañía Delaware Trust emitió una comunicación a sus clientes tenedores de los bonos PDVSA, alertándolos del curso de acción en el caso de que PDVSA no publicase los estados financieros consolidados, de acuerdo con las  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el viernes 11 de agosto.

Ese viernes, al final de la noche, PDVSA terminó con “el retraso” y entregó la información requerida para seguir solvente en le mercado de capitales. La causa esgrimida por la estatal petrolera para “el retraso” fue “el  requerimiento de datos y revisiones adicionales, mayormente relacionados con elementos de control..”. Algo asociado con el manejo de los registros de las operaciones financieras de PDVSA. Por lo que los auditores de KPMG hicieron la aclaratoria de cómo trataron el “asunto” en la auditoria de los estados financieros. Un hecho que llama la atención porque recuerda el comentario de Smartmatic en cuanto al manejo del dato por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al establecer la cifra de participación en la reciente elección de la Asamblea Constituyente.

 

La intención de PDVSA es presentar unos resultados positivos en 2016. Muy al contrario de lo que pasó en Exxon, Chevron, y BP -tres de las cinco empresas petroleras más grandes del mundo- ese año. Registraron pérdidas en el negocio de exploración y producción por $4.151 millones, $2.054 millones, y $999 millones respectivamente. (La Patilla)

 

Oficialismo presentó sus candidatos para elecciones regionales

Este jueves 17 de agosto, se realizó el acto de presentación de los 23 candidatos oficialistas que participarán en los comicios regionales previstos para el mes de octubre.

 

La actividad se desarrolló en la Plaza Bolívar de Caracas.

 

Los candidatos oficialistas son: Miguel Rodríguez (Amazonas); Aristóbulo Istúriz (Anzoátegui); Ramón Carrizales (Apure); Rodolfo Marco Torres (Aragua); Argenis Chávez (Barinas); Justo Noguera Pietri (Bolívar), Rafael Lacava (Carabobo); Margaud Godoy (Cojedes); Lizeta Hernández (Delta Amacuro); Víctor Clark (Falcón); José Vásquez (Guárico); Carmen Meléndez (Lara) y  Héctor Rodríguez (Miranda).

 

También participarán: Jehyson Guzmán (Mérida); Yelitze Santaella (Monagas); Carlos Mata Figueroa (Nueva Esparta); Rafael Calles (Portuguesa); Edwin Rojas (Sucre); José Gregorio Vielma Mora (Táchira) Henry Rangel Silva (Trujillo); Jorge Luis García Carneiro (Vargas); Julio León Heredia (Yaracuy) y  Francisco Arias Cárdenas (Zulia). (Panorama)

 

Conatel exhorta a prestadores de servicios de telecomunicaciones a regularizar situación legal

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), invita a los prestadores de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con los requisitos necesarios para operar dentro del marco legal., refirió una nota de prensa.

 

«En ejercicio de la potestad de regulación de la actividad de telecomunicaciones conferida a esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), invitamos a todos los prestadores de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones del país a regularizar su situación legal y operativa ante esta institución».

 

Esto en concordancia con las obligaciones y deberes establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), con el objeto de regularizar el sector, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo. (El Mundo)

 

ISIS asume responsabilidad de atentado terrorista en Barcelona

El grupo yihadista Estado Islámico asumió la responsabilidad del atentado terrorista en Barcelona, España.

 

La agencia del grupo terrorista, Amaq, afirmó que éste es el responsable del arrollamiento de una furgoneta contra un grupo de personas en Ramblas en el centro de  Barcelona.

 

Al menos 13 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en el atentado ocurrido hoy en la ciudad española Barcelona cuando una furgoneta atropelló a decenas de viandantes en una céntrica zona turística, informaron las autoridades regionales de Cataluña. (El Nacional)

 

Rafael Ramírez en la ONU: Una agresión de EEUU desestabilizaría toda la región

El embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, avisó este jueves que una “agresión” de EEUU a su país desestabilizaría toda la región y destacó la unidad mostrada por Latinoamérica ante esa “amenaza” estadounidense, reseñó EFE.

 

“La estabilidad de la región depende de la estabilidad de Venezuela. Venezuela no es cualquier país”, señaló Ramírez en declaraciones a los periodistas en la sede de Naciones Unidas.

 

El embajador advirtió de que con una “desestabilización” en su país “se entorpecería el proceso de paz en Colombia” y se crearían problemas en “toda la región del Caribe y de Centroamérica”.

 

“Venezuela es un país que ocupa una posición muy importante en la región”, insistió Ramírez, que consideró además que una “agresión” de EEUU “sería un retroceso terrible” en su relación con América Latina.

 

El representante venezolano ante la ONU se expresó así tras regresar de Caracas, a donde viajó para discutir la respuesta a las recientes advertencias del presidente, Donald Trump, que ha dicho que no descarta una “opción militar” ante la crisis venezolana. (La Patilla)