El mayor general Clíver Alcalá pasa sus días en una cárcel de mínima seguridad, mientras intenta convencer a la justicia estadounidense de que carece de recursos para pagar a sus tres consejeros legales
@javiermayorca
Clíver Alcalá atraviesa por sus días más complicados. Luego de un par de años de cierta holgura en Barranquilla, con la compañía de su esposa e hija, pasó a ser el único detenido por el mismo caso de tráfico de drogas en el que aparece imputado el presidente venezolano Nicolás Maduro, así como importantes figuras de su entorno militar y de inteligencia, junto con la cúpula de las actuales disidencias de las FARC.
Este mayor general ocupó importantes cargos en el Ejército venezolano. Allí lo veían como uno de los mimados del teniente coronel Hugo Chávez. La llegada de Maduro al poder coincidió con su pase a retiro de las filas militares. En 2013, ya incorporado a la vida civil, tildó de oportunista al gobernante venezolano y se distanció del oficialismo.
Para los estadounidenses, eso no era suficiente. No habían olvidado ciertas acciones que lo involucraban en una presunta facilitación del transporte de estupefacientes, con la colaboración del exzar de la inteligencia venezolana, el también mayor general del Ejército Hugo el Pollo Carvajal. Y luego de acusarlo pusieron un precio a su cabeza de diez millones de dólares.
Alcalá quedó en plena exposición luego del primer fracaso de la operación Gedeón, en marzo de 2020, cuando la policía colombiana incautó un lote de fusiles que era trasladado hacia Riohacha, para equipar a los militares y policías que intentaban una incursión en Venezuela.
Según su abogado Adam Kaufmann, el oficial fue advertido del interés de EE. UU. por apresarlo gracias a una llamada de la embajada de ese país en Bogotá, un día antes de que todo se hiciera público. Sus alternativas entonces solo eran dos: quedarse en Colombia y afrontar la extradición o una posible captura por cazarrecompensas, o ponerse a derecho en suelo norteamericano.
El general de tres soles escuchó el consejo de su asesor legal, y dos días después era presentado en una corte de Nueva York. Desde entonces, permanece en una cárcel de mínima seguridad en el condado Putnam, sin derecho a fianza.
Años de entendimiento
A la luz de la información que surge del expediente conocido en Estados Unidos como el Cartel de los Soles, se puede deducir que la llamada de advertencia recibida por Alcalá fue una cortesía hacia un viejo conocido de los norteamericanos.
Desde 2013, este oficial estaba empeñado en que le revocaran una sanción en su contra, emitida por el Departamento del Tesoro dos años antes. Fue entonces cuando comenzó su relación con Kaufmann. Gracias a los buenos oficios de este abogado, Alcalá pudo explicar los detalles de su “relación con las FARC”, y aclarar los señalamientos de había participado en el esquema de “armas por drogas”, en favor de los guerrilleros colombianos.
Entre Alcalá y Kaufmann, sin embargo, había una barrera: el general no hablaba nada de inglés, y el español del litigante era muy pobre. Para salvar este obstáculo intervino otro abogado, Cristian Francos, de origen argentino. Siete años después, Francos y Kaufmann forman parte del equipo legal que defiende al general.
Alcalá ha sostenido que no posee recursos para pagar un abogado privado. Según Kaufmann, lo que dejó en Venezuela fue confiscado por el régimen de Maduro. Afirmó que, para las primeras actuaciones en suelo estadounidense, el oficial ofreció un aporte de $5000 gracias a la caridad de un primo.
El general solicitó que lo asistiera un defensor público. A la postre, fue César Castro. Sin embargo, detrás de él no solo están Kaufmann y Francos, sino también el exfiscal de Nueva York Anthony Capozzolo. Todos ellos en calidad de consejeros legales. Al contar con la aprobación del juez, los integrantes de este equipo podrán cobrar sus honorarios del propio Estado.
El juicio contra Alcalá ha sufrido retardos permanentes, que no parecieran preocupar demasiado a la defensa, ni tampoco al juez correspondiente a esta fase del proceso en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein. Por una parte, la pandemia ha impactado el cumplimiento del cronograma. Pero lo más importante es la complejidad del expediente. La acusación contra Alcalá, Carvajal y Maduro también involucra a otros oficiales y funcionarios en actividad, como por ejemplo el actual ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, así como a alias Iván Márquez y Jesús Santrich, líderes de una de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominada Segunda Marquetalia. Y según la fiscalía estadounidense, la historia del Cartel de los Soles abarca más de veinte años de historia. De allí que se trate de una acusación “extraordinariamente amplia”, en palabras de Kaufmann.
Los detalles de la investigación llevada a cabo esencialmente por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aún permanecen en secreto. Los abogados defensores han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad para acceder a ciertas informaciones. No obstante, en octubre de 2020 el retardo en cumplir con el denominado “descubrimiento” de la evidencia llevó al juez Hellerstein a ordenar la entrega de toda la información, pues de lo contrario podría imponer diversas sanciones a la parte acusadora, e incluso llegar al punto de descartar algunos de los cargos formulados contra Alcalá.
Todo esto indica que las partes del caso están en una actitud de “esperar y ver”. Si el general de tres soles se declara inocente y va a juicio, la información sobre el polémico expediente del Cartel de los Soles saldría a la luz. Esto permitiría conocer una importante porción de la vida política y militar de Venezuela. Para Alcalá, sin embargo, esta decisión podría representar toda una vida tras las rejas.
Breves
* Molestia y al mismo tiempo preocupación en la Fuerza Armada por el colapso de los hospitales militares, como consecuencia de la pandemia, en especial en el centro del país. La molestia, pues estos centros de salud son mantenidos parcialmente gracias a las cotizaciones del personal de la FANB. Esto hace suponer que los oficiales, tanto activos como retirados, deberían gozar de prioridad para las admisiones. Sin embargo, esto no es así.
Una prueba fue que el coronel retirado Félido Morales Parada falleció el 8 de abril en el Periférico de Coche luego de solicitar que lo tratasen en el hospital militar de Caracas y otros centros de salud castrenses.
Esa semana también reportaron la muerte de otros tres oficiales en condiciones similares. Un general consultado para esta nota indicó que el Instituto de Oficiales Retirados de la FAN (Iorfan) y las organizaciones no gubernamentales deberían elevar una queja formal al ministerio de la Defensa. “Esa discriminación no puede ser aceptada”, escribió.
* Alex Saab mantendrá el estatus de “fugitivo” hasta que sea presentado en la corte del Distrito Sur de Florida. A esta conclusión llegó el juez de ese tribunal Robert Scola, en una sentencia emitida en marzo, en atención a una solicitud de los defensores del magnate colombiano, preso en Cabo Verde desde junio de 2020. Los defensores de Saab argumentaron que él nunca ha estado en territorio estadounidense ni posee propiedades allí, y que por eso no podría ser calificado de fugitivo. Reiteraron además que él es un diplomático del gobierno de Nicolás Maduro, y que goza de inmunidad.
Según el juez Scola, fugitivo no es solamente quien escapa de un país para “eludir el arresto”. También puede ser calificado con este término quien se esconde o permanece ausente de la jurisdicción.
“Saab Morán estaba enterado de los cargos en su contra por casi dos años, y tuvo amplias oportunidades para presentarse ante las autoridades de EE. UU.”, indica la sentencia. Más adelante, se revela que a Saab “le han ordenado resistirse el enjuiciamiento y la extradición porque el gobierno venezolano se opone a eso”. Scola dejó constancia de que durante la audiencia los representantes de la Fiscalía ventilaron “hechos confidenciales” en torno a este caso, que por el momento no serán incluidos en el expediente público. Saab espera una decisión sobre su extradición desde Cabo Verde a EE. UU., donde sería enjuiciado por lavado de más de 350 millones de dólares procedentes del pago de “falsas facturas por servicios no prestados y por bienes nunca entregados”, logradas mediante sobornos a empleados del gobierno venezolano con motivo de un plan para la construcción de viviendas de interés social. En este juicio también fue acusado su socio venezolano Álvaro Pulido.
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