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LUISA ORTEGA DÍAZ, fiscal general en el exilio, envió un comunicado a la Procuraduría General de México para que informen los términos a los que llegaron durante un acuerdo reparatorio que realizaron.

Los participantes de la reunión intentaron determinar el caso de la obtención de beneficios económicos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“He enviado una comunicación a la Procuraduría General de México para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que anunciaron en el caso de los CLAP”, explicó Ortega Díaz vía Twitter.

Aseguró que el organismo mexicano dejó en evidencia un supuesto complot con funcionarios venezolanos, por lo que solicitó la información de los resultados de la reunión.

“La Procuraduría General de México dejó clara la existencia de un complot con los funcionarios venezolanos. Por esta razón, y considerando que todos los venezolanos somos víctimas de esa trama de corrupción, le solicitamos formalmente se nos informe los términos del acuerdo señalado”, se puede leer en la misiva.

#ANUNCIO He enviado una comunicación a la @PGR_mx para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que anunciaron en el caso de los CLAP. Ningún acuerdo de este tipo es sinónimo de justicia, si las víctimas (pueblo venezolano) no sabe en que consiste #5Nov pic.twitter.com/ToIFmp2N9m

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 de noviembre de 2018

LOS QUE TENGAN INGRESOS AUTORIZADOS y decididos por el régimen no es mucho lo que ganan, no alcanza, aunque sean dólares que el madurismo transforma en soberanos sin valor, petros que nadie quiere y bonos de infame nivel. Si creemos en las encuestas y aceptamos que más del 80% está hasta las narices, admitimos son muchos los que desean salir de quien califica una sala vacía y un discurso gris e intrascendente de “éxito total”.

El exacerbado populista y sus embustes, conjuntamente con el de origen árabe, libanés, libio, de alguno de esos desastres, a cargo de la economía, profesan universos ilusorios repletos de esperanza y atiborrados de prosperidad amplificando dadivosos posibilidades de operaciones cambiarias, decretando perspectivas mediante el sabio e ingenioso, tan anhelado recurso, dejando a un lado procedimientos en dólares imperialistas que, -según una revolucionaria constituyente, cuya ignorancia de economía aflora y abandonada por el sentido común, afirma que el dólar es ilegal y carece de valor-, para incursionar y realizarlas en euros sancionados, yuanes y dentro de muy poco, con evos bolivianos y pesos cubanos, -estás dos últimas monedas-, a decir, de brillantes/lucidos entendidos, serían la culminación del pensamiento inquieto, febril, profundamente ilustrado, cuyo resultado arrojaría un éxito de proporciones inmensas que obligaría a las más sobresalientes mentes cambiar el curso de la economía mundial. La otra difícil de superar, el anuncio de nuevos bonos de aquí al fin de año -once días antes que concluya el mandato reconocido-, quizás tengan recursos para pagar a diferencia de los actuales pendientes; son varias las limosnas aprobadas que llevan tiempo sin ser depositadas a los beneficiarios.

El obrero gobernante menciono con bombos y platillos la escalofriante cifra de 2.000 millones de euros listos, prestos y dispuestos sin que nadie conozca su paradero. ¿A que no aparecen? La otra engañifa, el crédito chino, diferido por años, y sin desglosar incómodos detalles. Por último, en esa estupenda cadena de anuncios merecedores, dignos de un premio Nobel en Economía; anhela el aumento del precio de la gasolina con el apoyo decidido y entusiasta de la guía juiciosa de las comunas. Entretanto, la inflación exaltada de pasión y amor sigue subiendo, en alza indetenible, galopando libre las llanuras del cielo y alturas celestiales siempre acompañada de los fieles precios saboteadores y la infantil bobería de la ofensiva imperialista.

A juzgar por las declaraciones del encargado de la Electricidad, que, a la perversidad de la guerra económica, sanciones injustas y abusadoras del imperio, saboteadores, en estos días, la fuerza de las lluvias, se ha unido una invasión de roedores cara pálidas, otras nacionalidades y animales de mala entraña, de derecha, antirrevolucionarios y hambrientos como la mayoría de la población, residiendo en las instalaciones eléctricas, degustando cables y exóticas exquisiteces de la nueva  gastronomía, conocida como, flujo de corriente. Sin embargo, recorre un aire fresco y emocionante de tranquilidad enternecedora al saber que, al fin, se ha dado cuenta, al menos, de la causa del problema.

El régimen rechazado por el mundo democrático, saturado de libertades, libre de sospecha y corruptelas, infamemente denunciado -por quienes desean destruir su reputación- en la Haya por violador de los Derechos Humanos, no tiene dinero para cancelar deudas, no le alcanza para pagar los numerosos bonos prometidos a millones de venezolanos pobres o, mejor, de escasos recursos. Con la botija ahogada y los CLAP refrenados en México -una denuncia que ya tenía su oscura y sobre preciada historia-, ¿de dónde va a sacar recursos para los famosos perniles navideños este aún más triste fin de año?

La pregunta incluso sería más amplia, ¿de dónde van a lograr los venezolanos para hacer hallacas? ¿comprar pan de jamón? ¿pinos y pesebres? ¿O acaso ya olvidaron las navidades y final de año 2017? ¿Va a ser ahora mejor? Los aguinaldos y utilidades, ¿quién, a quiénes y cuánto van a pagar? Se ordenó a las instituciones públicas comiencen a ingresar las bonificaciones navideñas, veremos. ¿Volverán este año a sabotearnos los gobiernos de Colombia y Portugal, se acuerdan?

Que el farsante levantó polvareda popular es indudable, los suyos fueron periodos de grandes concentraciones rojas. Pero esos tiempos se esfumaron, sólo queda en los venezolanos que siguen siendo pobres, la melancolía de lo que fue y ya no es; y en algunos la vergüenza y molestia de lo que debió ser y nunca fue.

Crédulos e ingenuos, con más o menos fanatismo dan la cara día tras día a los reclamos de sus amigos, familiares y vecinos. Son ellos quienes están dentro de las entrañas del gran fracaso, los que siguen tratando de dar explicaciones que hace años dejaron de convencer. Sus cercanos y conocidos aguantan colas humillantes desde la madrugada, se enferman y mueren por falta de medicinas, cobran bonos que a veces llegan, tardan sin explicaciones o son cancelados por partes, y con los soberanos van al comercio, desde automercados hasta buhoneros, para darse cuenta de que ganan poco y compran menos.

Son ésos, engañados activistas, que puede ganen un poco más, pero a cambio de poner la cara y llevar gente a concentraciones que, por propia voluntad, no irían. No tienen camionetas chinas ni los privilegios que el régimen castrista regala a sus cómplices, quizás alguno haya conseguido un taxi para ganarse la vida, pero no puede cambiar el aceite, rotar cauchos ni reparar los frenos.

Están pasando penurias, insuficiencias y trabajo. Menos, quizás, que los afortunados y meritorios poseedores del carnet de la patria, pero no disfrutan la felicidad ni el bienestar prometidos. Están hartos, cansados, molestos, es demasiado engaño.

@ArmandoMartini 

DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, el parlamentario Carlos Paparoni indicó que desde hace más de dos años se le hace un seguimiento e investigación al programa de alimentacion del gobierno nacional, conocido como los CLAP y definido por el diputado como “un programa diseñado para tener una estructura ineficiente y con altos grados de corrupción. La importación de cajas CLAP atenta contra nuestro aparato productivo nacional”.

Paparoni detalló que en los primeros seis meses del año 2018, el gobierno invirtió 1,521 millones de dólares en la compra de 27 millones de cajas CLAP, lo cual representa solo doce días de comida para todo el país(…)“invierte -el gobierno- $56 por cada caja, cuando en realidad cuesta mucho menos, lo que significa que el kilo de comida en Venezuela se paga al precio más caro del continente: $4 por kilo”.

Además, el diputado se refirió a la calidad de los alimentos que “está muy por debajo de lo que exigen las normas nacionales e internacionales. Recordemos que por ingesta de la leche que viene en las cajas CLAPS cientos de niños se han enfermado y presentado cuadros delicados de salud y 92 han fallecido en el país”.

Al referirse a la producción nacional, Paparoni indicó que “de 35 millones de hectáreas con vocación agrícola apenas sembramos seis millones. De las 250 mil hectáreas que pudimos haber sembrado de arroz sólo pudimos sembrar 80 mil hectáreas. En maíz, tanto blanco como amarillo, que es la materia prima tanto de la arepa como de la alimentación animal, hoy apenas hemos cultivado 168 mil de 750 mil hectáreas diponibles en el país, solo hemos sembrado el 12% de la demanda nacional. Lo que quiere decir que el venezolano que en promedio consumía dos arepas diarias, con la producción actual de maíz sólo se podrá consumir una arepa cada cuatro días”.

Al referirse al consumo de carne y pollo, el diputado Paparoni indicó que debido a la escasez e hiperinflación cada vez el consumo es menor. “Para julio de 2018 apenas teníamos 280 mil pollos para nuestro consumo. La proteína más barata y accesible para los venezolanos como es el huevo, el consumo para junio 2018 fue de 63 unidades por persona es decir, dos cartones de huevos al año por cada venezolano. En marzo 2018, apenas llegamos a seis millones de gallinas ponedoras. Antes de la reconversión un cartón de huevos costaba cuatro millones de bolívares fuertes y hoy cuesta 60 millones, es decir 15 veces más de su valor”.

El diputado Carlos Paparoni enfatizó que las cajas CLAP son un modelo perverso diseñado por el Ejecutivo Nacional para ejercer el control social de los venezolanos, en vez de ocuparse de la producción nacional. “La solución está en el suelo venezolano. Con nuestra industria y nuestro campo recuperaremos a Venezuela”.

COMPROBADA «LA EFICACIA», PARA EL  Gobierno, del uso del Carnet de la Patria para controlar “electoralmente” a los ciudadanos, apoyen al actual modelo político o no, bajo amenaza velada o expresa de no recibir los subsidios gubernamentales o la caja de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) si no votaban por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los últimos procesos comiciales, el Ejecutivo nacional no sólo procedió a ampliar la aplicación del documento sino a “legalizarlo”.

La vía empleada por Nicolás Maduro para legitimar el carnet es tan irregular como la pretensión de que dicho instrumento sea superior incluso a la cédula de identidad(según el artículo 11 de la Ley Orgánica de Identificación es el documento principal) a la hora de que el ciudadano pueda acceder a derechos como el de la alimentación y la salud. Lo prevé en su último decreto de estado de excepción (decreto 3.610 del 10 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.478, de esa misma fecha).

En el texto, apartado n.° 11, se hace referencia a la “implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal”. En este mismo sentido, el apartado n.° 23 consagra la “organización de procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren necesarios”.

La decisión ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia 638 del día 20 de ese mismo mes, que le da carácter constitucional, así como ha refrendado los nueve decretos anteriores con sus respectivas prórrogas.  Recordamos que el decreto de estado de excepción es inconstitucional e ilegal porque la Carta Magna establece que su duración es de máximo 120 días (incluida la prórroga) y porque ha abarcado áreas fuera de la económica y en nada ha contribuido con la solución a la crisis que vive el país, para lo cual fue adoptado, de acuerdo con Maduro.

Acceso a la Justicia denuncia que, a partir del uso del Carnet de la Patria, el Ejecutivo Nacional ha establecido un “apartheid revolucionario”, tal como lo acusa la ONG Transparencia Venezuela, en el que parece establecer dos tipos de personas: los carnetizados y los no carnetizados, o si se quiere, venezolanos “de primera” y “de segunda”, fomentando una discriminación de tipo político electoral que reedita el mismo esquema de la llamada “Lista Tascón”. Vale recordar que en dicho caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) mediante sentencia del 30 de mayo de este año, condenó al Estado venezolano por la terminación arbitraria de contratos laborales por motivos políticos.

Subrayamos que el Carnet de la Patria es un instrumento de coacción social y control político impuesto por el Gobierno para chantajear a las personas con los CLAP y un sinfín de bonificaciones a lo largo del año (Bono de Carnaval, Bono Día de la Juventud, Bono del Plan Parto Humanizado, Bono José Gregorio Hernández, Bono Hogares de la Patria, Bono de Escolarización, Bono Navideño, entre otros).   Una de las últimas medidas que involucra su uso es la compra de gasolina a precio subsidiado y quien no lo posea deberá pagar un precio internacional, con lo que Maduro va dirigido a que “todo se haga con el Carnet de la Patria”, tal como lo advirtió a finales del año pasado.

El sábado 20 de octubre el primer mandatario prometió que en estas navidades “no van a fallar” con la entrega de perniles y juguetes para los venezolanos mediante el documento, promesa que el año pasado fue incumplida.

Emergencia humanitaria

Cuando observamos la aplicación del Carnet de la Patria como mecanismo de control ciudadano podemos entender por qué el Ejecutivo muestra tan poco interés en resolver la emergencia humanitaria, la subestima o la niega, ya que la mejor forma de mantenerse en el poder sin popularidad es dominar a la población con este tipo de medidas en un contexto de crisis profunda. Es decir, el Gobierno propicia el problema, no toma correctivos, sino que empeora la situación y lanza especies de salvavidas a la población para que esta crea que hace algo por ella y así logra atornillarse aún más en el poder. Peor es nada, de allí que ha habido personas tramitando el documento, aunque no comulgue con la ideología revolucionaria. Cifras oficiales de 2018 han dado cuenta de 18 millones de personas carnetizadas.

Esta realidad llegó a oídos de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de este año, por la voz de representantes las ONG Espacio Público, Civilis, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el documento expuesto por Carlos Correa, de Espacio Público, se expresó:

“El Gobierno usa el Carnet de la Patria y otros planes sociales para intimidar a la población y así propiciar un ambiente de discriminación, persecución y control político. No sólo para obligar a las personas a participar en procesos electorales, sino para acceder a medicinas, alimentos, vivienda, educación, servicios e incluso para realizar trámites o denuncias en organismos públicos. La ciudadanía sin importar su condición ha sido vejada y sus derechos transgredidos a pesar de las condiciones de salud, sociales o de vulnerabilidad. Personas que presentan necesidades específicas se han visto impedidas a acceder a sus derechos por no contar con el Carnet de la Patria, la población es discriminada y segregada por un apartheid político bajo una política autoritaria y de control”.

Por Acceso a la Justicia 

El exgobernador de Miran da Henrique Capriles dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha hecho un negocio multimillonario con el hambre que sufren millones de venezolanos en medio de la crisis actual.

En su artículo dominical, el opositor se refirió a la información que dio a conocer esta semana Procuraduría General de la República (PGR) de México sobre la desarticulación de una red de especuladores que compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con sobreprecio de hasta 112 %.

Capriles dice que la llamada Revolución Bolivariana se aprovechó de la crisis alimentaria que se vive en Venezuela, donde escasean más de la mitad de los productos y casi todos son muy costosos para la mayoría de los ciudadanos, «para convertir el hambre en un negocio multimillonario».

«Hicieron del hambre un negocio, como ya lo habían hecho con los apagones, con la crisis de la salud, con los chanchullos detrás de cada obra de infraestructura», denunció.

Según el opositor, el chavismo que gobierna en el país petrolero desde 1999 y que Maduro lidera desde 2013 «se han dedicado a sacar plata de cada una de las necesidades que han convertido la vida de los venezolanos en una pesadilla».

«Y esta vez ha quedado al descubierto que son capaces de jugar hasta con el hambre de sus militantes, todo sea por meterse un billete», prosiguió.

Las autoridades mexicanas informaron que la red desarticulada ofrecía estos productos en Venezuela por el programa estatal de venta de alimentos subsidiados, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ideado por Maduro en 2016 para hacer frente a la falta de comida.

Luego de ello, el Gobierno de Maduro acusó a México de obstaculizar los esfuerzos que realiza para derrotar la «guerra económica» que asegura le hacen los «centros imperiales de poder».

En un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que el procedimiento realizado es un «atropello» contra un grupo de empresarios mexicanos que «exportaba hacia Venezuela» y «uno más de los múltiples intentos de obstaculizar los denodados esfuerzos del Gobierno» para «derrotar la guerra económica contra» su pueblo.

1/2 Poco a poco se van descubriendo los delitos de las denuncias que hemos hecho desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ya comenzó a dar sus frutos: la Procuraduría de Mexico desarticuló una banda que se dedicaba a adquirir productos de baja calidad.

— Freddy Superlano (@freddysuperlano) 19 de octubre de 2018

2/2 exportarlos a #Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAP revenderlos al 112% superior al costo real. No descansaremos hasta que cada corrupto salga a la luz, ya en México hay responsables por corrupción de los CLAP, vienen otros países más, pero aún falta #Venezuela .

— Freddy Superlano (@freddysuperlano) 19 de octubre de 2018

Nicolás Maduro y su camarilla deberá explicar cómo es q además de cancelar 112% de sobreprecio por caja de comida, también sabe q está comprando productos de baja y mala calidad q afectan la salud de nuestra población, Les van a faltar años de vida para pagar por semejante crimen

— Freddy Superlano (@freddysuperlano) 19 de octubre de 2018

LA REUNIÓN DE JUNIO se llevó a cabo a puerta cerrada, lejos de la intensa atención normalmente enfocada en Venezuela.

Alrededor de una mesa en forma de U en un hotel sobre el Canal de Panamá, funcionarios del Departamento del Tesoro distribuyeron una lista de compañías sospechosas que creen que altos funcionarios venezolanos han utilizado en todo el mundo para desviar millones de dólares en contratos de importación de alimentos pese a el hambre que se padece en la rica nación petrolera.

Esa reunión, y varias desde entonces, es parte de una campaña sostenida de la administración Trump para presionar al presidente Nicolás Maduro y castigar las billeteras de altos funcionarios de la administración socialista de Venezuela.

“Saben que los buscamos y saben que los perseguimos a nivel multinacional porque estamos empezando a ver cómo las redes se transforman y las nuevas compañías ficticias se ponen de pie y las existentes se debilitan”, dijo Marshall Billingslea, funcionario del Tesoro en el área de financiamiento al terrorismo, en una entrevista al margen de la reunión de junio.

En esa sesión, investigadores forenses de Estados Unidos y tres aliados conservadores de América Latina -México, Panamá y Colombia- rastrearon transacciones de compañías que se cree estaban controladas por un empresario vinculado al gobierno, según varios participantes que hablaron con The Associated Press sobre el tema a condición de guardar el anonimato porque las discusiones fueron privadas.

Desde que Donald Trump se convirtió en presidente, decenas de altos funcionarios venezolanos han sido sancionados por acusaciones de corrupción, abusos contra los derechos humanos y tráfico de drogas. El año pasado, el mandatario estadounidense incluso amenazó con una “opción militar” para destituir a Maduro y, junto con altos asesores y líderes latinoamericanos, planteó la posibilidad de invadir el país sudamericano.

El enfoque en la comida es deliberado, dijo Billingslea, quien dirigió el equipo de transición de seguridad nacional de Trump.

Una historia publicada por la AP en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas se enriquecían desviando dinero de los contratos de alimentos. Desde entonces, a medida que el hambre se ha extendido, Maduro ha logrado tener un control aún mayor de la distribución de alimentos, entregando cajas mensuales de productos básicos que los críticos califican como una forma de control social dictatorial.

Maduro dijo que comenzó a distribuir las cajas CLAP -el acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y Producción- como una forma de burlar la “guerra económica” que libran sus oponentes. Pero los críticos dicen que el mandatario venezolano esencialmente ha convertido los alimentos en armas, distribuyendo las cajas principalmente entre trabajadores del gobierno y sus seguidores.

A medida que Venezuela se ha sumido en la agitación, el programa CLAP se ha convertido en un tenue salvavidas para millones de personas que sufren debido a los estantes de los supermercados y la hiperinflación.

“Esto va más allá de la corrupción”, dijo Billingslea, quien estuvo acompañado en Panamá por Kenneth Blanco, director de la red de ejecución de crímenes financieros del Departamento del Tesoro. “Esto es, literalmente, saquear el único programa de red de seguridad social que queda”.

Billingslea no habló sobre individuos o entidades específicas en el radar del equipo de trabajo, pero dijo que es una prioridad ir tras el dinero robado de las importaciones.

Los participantes que hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato dijeron que un empresario colombiano llamado Alex Saab fue un foco principal de las reuniones en la Ciudad de Panamá.

Saab ganó cierta prominencia en 2011 después de aparecer en la televisión estatal venezolana con el fallecido presidente Hugo Chávez para firmar un acuerdo para construir viviendas para el gobierno. Los investigadores dicen que ingresó al negocio de alimentos a través de Group Grand Ltd., con sede en Hong Kong, que según dicen lleva el sello distintivo de una compañía ficticia.

Group Grand recibió contratos para proporcionar al menos 11,5 millones de cajas de CLAP, según una hoja de cálculo del Ministerio de Alimentos de Venezuela obtenida por la AP.

Fiscales de Miami y Colombia han estado investigando a Saab por más de un año, dijeron a la AP cuatro funcionarios estadounidenses y colombianos con conocimiento de esas investigaciones. Todos hablaron bajo la condición de anonimato debido a lo delicado de la investigación.

El abogado de Saab en Miami, Richard Diaz, rechazó las acusaciones de cualquier mal proceder y dijo que su cliente ha sido sometido a escrutinio indebido y a una dura cobertura mediática debido a los falsos testimonios contra él. Agregó que si Estados Unidos tenía motivos para creer que las acusaciones eran posiblemente ciertas, su cliente habría sido acusado hace mucho tiempo.

Saab dijo en un comunicado que está siendo atacado por opositores del gobierno que buscan sabotear la economía de Venezuela.

“En cambio, deberían estar agradecidos de que a pesar de la mala prensa y el bloqueo internacional todavía hay empresarios dispuestos a invertir y creer en el país”, dijo.

Estados Unidos calcula que al menos el 70% del programa CLAP está siendo destruido por la corrupción.

Entre las transacciones que levantan banderas rojas se encuentra una factura de septiembre de 2017 presentada al Ministerio de Alimentos de Venezuela por Group Grand de 41 millones de dólares por leche en polvo a un precio de 6.950 dólares por tonelada métrica, más del doble del precio de mercado en ese momento. Se proporcionó una copia de la factura al AP.

La investigación cooperada entre Estados Unidos y otros países ya ha dado algunos resultados.

El 17 de mayo, tres días antes de que Maduro fuera reelegido, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, actuando con información provista por Estados Unidos, anunció la incautación de 15 contenedores llenos con más de 25.000 cajas CLAP.

En un testimonio de la policía obtenido por la AP, el dueño de una empresa colombiana dijo que fue contratado por una firma portuguesa para armar y enviar las cajas a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que según el Departamento del Tesoro es un vehículo frecuentemente utilizado por funcionarios corruptos para malversar fondos estatales.

Billingslea dijo que Maduro ha intentado en reiteradas ocasiones desviar la culpa de su propia mala gestión y negativa a enfrentar la creciente hambre.

“Si realmente quisieran alimentar a las personas, dejarían entrar la ayuda extranjera que se les ofreció“, dijo.

@AliasMalula

EL GOBIERNO DE MADURO HA AGRAVADO todos los problemas en Venezuela, especialmente los de la salud y la alimentación, esta última, escasa e inadecuada, a pesar de que vivimos en un país bien dotado por la naturaleza para producir en abundancia.

Los gobiernos de Chávez y Maduro se las ingeniaron para acabar con el aparato productivo en desmedro de agricultores, ganaderos e industriales. Cinco millones de hectáreas –aproximadamente– han sido expropiadas por los dos mandatarios depredadores e incapaces, pues su único objetivo ha sido favorecer la corrupción a través de la importación de alimentos.

Nadie debería olvidar los escándalos en Mercal y en Pdval (Pudreval) hace unos años –con la putrefacción de toneladas de comestibles y el reempaque de leche vencida–, manejos en los que siempre estuvieron los cubanos. Los responsables de la corrupción y el empobrecimiento del país también hay que buscarlos en Cuba, país que ha venido actuando como un agente de importación financiada por los venezolanos; el gran negocio era importar para congestionar los puertos donde se pudría la comida que hacía falta para alimentar a los venezolanos.

Recientemente una red de corrupción ha sido vinculada al comercio de los CLAP, a través de empresas fantasmas que obtuvieron contratos para la compra y venta de los productos importados que contienen las cajas y se venden a través del carnet de la patria. Las bolsas de comida no bastan para subsistir sino para engañar al hambre; tampoco existe un reparto equitativo de artículos a través de unos Clap que no evitan la desnutrición, la anemia ni la muerte de los más débiles, niños y ancianos.

La Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro no es más que otra falacia, el gobierno es maestro en el arte del engaño, nadie cree el cuento de que las sanciones son las culpables de que el pueblo no tenga medicinas ni comida. Encovi, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela, indica que “6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso en el último año (2017) por el hambre”.

El verdadero legado del comandante Chávez ha sido la miseria y el hambre, y con Maduro se desató la hambruna, expresada en legiones de personas que rebuscan en la basura para tener algo con qué alimentarse. La carne y el pollo quedaron para el recuerdo. Miles de niños se encuentran desnutridos, sus padres no pueden enviarlos a la escuela porque no tienen qué darles de comer.

Es por eso que resulta obsceno ver a la pareja presidencial sucumbir a la tentación de la carne en un festín, en uno de los restaurantes más famosos de Estambul, ostentando el lujo expresado en el banquete, con habanos personalizados, Rolex incluidos, que dejan pálidos a los lingoticos de papel emitidos para incautos por el BCV. El show de Maduro con el chef Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, revela un espíritu caníbal que devora cual un heliogábalo trozos de carne semicruda, mientras hay un pueblo hambriento y humillado que sobrevive a las penurias como un animal herido.

Maduro no se siente culpable por el cruel espectáculo de la miseria en Venezuela, transmitido por todas las cadenas y medios internacionales. No le importa en lo más mínimo. Lo más asombroso ha sido su respuesta al regresar de China, a donde fue a pedir plata para pagar las deudas y celebrarlo luego en la bacanal turca: ante el video que se volvió viral, despachó el bochornoso asunto enviando emocionados saludos al carnicero que por unas horas estuvo al servicio de su megalomanía. El gobernante disfruta del botín mientras en la comunidad internacional se barajan las opciones para derrocar finalmente a la dictadura.