Cárcel

En horas de la madrugada de este Jueves Santo un total de 26 personas privadas de libertad se fugaron de los calabozos de la Policía Municipal de Girardot, ubicada en la calle Páez, en el casco central de la ciudad de Maracay.

Trascendió que los evadidos se habrían llevado consigo una pistola 9mm, una escopeta calibre 12mm y una motocicleta DR-650 pertenecientes al organismo de seguridad. Fuentes policiales informaron que la fuga dejó saldo de dos reos fallecidos y uno recapturado quien fue identificado como Enzo Rojas (21).

De forma extraoficial se conoció que en el escape salieron todos los presos que para el momento se encontraban en la sede policial.

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar, acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones.

Esta es la segunda evasión que se registra en los calabozos de la Policía de Girardot en lo que va de año. Hace un mes varios presos lograron escapar luego de someter a los funcionarios que se encontraban de guardia.

 

De manera unánime, los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazaron la solicitud de la defensa del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que el precandidato de Partido de los Trabajadores vaya a la cárcel.

La decisión descartar el habeas corpus preventivo con el que la defensa esperaba que el presidente evitara pasar por prisión antes del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) resuelva el proceso judicial al que se enfrenta.

Uno de ellos es el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país, donde se discuten aspectos constitucionales.

El pasado 28 de marzo, de manera unánime, el tribunal ratificó la condena de Lula Da Silva y aumentó la pena a 12 años y en mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula es investigado por presuntos sobornos que recibió de la empresa OAS a cambio de favorecer a la compañía petrolera estatal.

En horas previas a la decisión del tribunal, el Ministerio Público insistió en que el acusado debe cumplir su pena en la cárcel de inmediato y pidió que una vez que el STJ decida sobre la apelación sea informada al tribunal de primera instancia (TRF).

El ex mandatario busca ser candidato en los próximos comicios presidenciales, donde es el favorito según las encuestas. Sin embargo si es condenado podría quedar inhabilitado por tener una condena ratificada en segunda instancia.

 

La Tercera

 

 

 

Cuando en días recientes escuché a la ex ministra para el servicio penitenciario y ahora miembro de la ilegal asamblea nacional constituyente, todo en minúsculas, Iris Varela en una sesión televisada de esa caricatura de asamblea, con el lenguaje vulgar y escatológico que siempre la ha caracterizado, mentarle la madre a todos los que criticaran al sistema penitenciario venezolano, sentí pena ajena y ratifiqué lo que siempre he dicho: tenemos el peor sistema penitenciario del continente y este oscuro personaje que ahora nos menta la madre a los que lo criticamos es una de las grandes responsables del desastre carcelario que hoy vivimos.

En un reportaje publicado en el diario El Nacional el pasado domingo se hizo un excelente trabajo de investigación sobre la situación de las cárceles en el continente y allí se demostró que Venezuela tiene el peor sistema penitenciario de la región, esto igualmente lo han dicho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde hace años ha denunciado la grave situación que se vive en nuestros recintos carcelarios.

La caótica situación de las cárceles no es nueva. En la llamada cuarta república era muy grave, no quiero que mis lectores crean que antes era buena, era igualmente mala, solo que en la actualidad llegó a niveles extremos de gravedad. Nunca en la historia contemporánea de Venezuela el sistema penitenciario había funcionado tan mal como ahora.

Tenemos un aproximado de 55.000 reclusos en cárceles del Ministerio para el Servicio Penitenciario y 45.000 en comisarías policiales para un aproximado de 100.000 presos en Venezuela actualmente. La capacidad real de las cárceles venezolanas es para un poco más de 20.000 reclusos y 5.000 en comisarías, con la alarmante cifra de más de 250% de hacinamiento, aunque hay casos que quintuplican esta cifra. Nunca en la historia, el país había tenido una población privada de libertad tan grande y unas cifras de hacinamiento de esa magnitud.

El hacinamiento carcelario va completamente relacionado con la incapacidad del Estado venezolano a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario de solucionar este grave problema con la construcción de nuevos recintos carcelarios, a pesar de los muchos ofrecimientos que se han hecho al respecto y que no han sido más que promesas incumplidas. Cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, la titular de este despacho, Iris Varela, anunció que en el lapso de 2 años construiría 24 cárceles. Esto nunca se cumplió.

El ministerio solo ha inaugurado 3 recintos carcelarios: la Comunidad Penitenciaria de Lara, que estaba en construcción desde la época del Plan Nacional de Humanización Penitenciaria; la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico, que eran unos galpones que fueron expropiados a una empresa de alimentos y los convirtieron en cárcel; y la Comunidad Penitenciaria de Carabobo, que tardó 8 años en construirse. Igualmente, ha cerrado el Internado Judicial de Los Teques, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta en Caracas, el Internado Judicial de Coro, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia, la Cárcel de San Antonio en Nueva Esparta y la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico.El cierre de recintos sin tomar las previsiones necesarias, como el tener un sitio acondicionado adonde llevar a los reclusos de la cárcel clausurada, ha aumentado el hacinamiento en otros centros, así como en los calabozos policiales.

A esto le agregamos que el retardo procesal es alarmante, solo 30% de nuestros presos tiene una sentencia definitiva, la gran mayoría está en la espera del inicio de un juicio, en algunos casos desde hace varios años. A pesar de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario creó hace años el Plan Cayapa con el fin de eliminar el retardo procesal, es claro que ha sido otro de los grandes fracasos de este ente rector de las políticas penitenciarias del país. El retardo procesal sigue siendo el mismo que cuando se inició este plan.

La guinda de la torta la tenemos con la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva del país, ocasionada no solo por la falta de construcción de nuevos recintos carcelarios y el retardo procesal, sino porque el ministerio que rige las políticas penitenciarias del país y debe garantizar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país, según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de ese ministerio, no se ocupa de los que se encuentran en estos calabozos y le ha endosado la responsabilidad a las autoridades policiales que no tienen ninguna competencia en este sentido, pues su función termina cuando el detenido es presentado ante los tribunales, en las 48 horas siguientes a su captura.

Con estas pequeñas anormalidades que he descrito de lo que se vive en las cárceles venezolanas, es difícil que no te menten la madre por decir que tenemos el peor sistema penitenciario del continente.

@cnietopalma

El Nacional 

 

Muchas veces he escrito sobre la situación de hambre que pasan nuestros privados de libertad. La ausencia de comida se ha apoderado de nuestros recintos carcelarios tanto en las cárceles tradicionales como en los centros de detención preventiva; en estos sitios con mayor gravedad que en los otros, pero, en general, la situación de hambruna que se vive en Venezuela no escapa del sistema penitenciario venezolano.

Para los que estamos libres y no privados de libertad en uno de estos sitios, es menos complicado proveernos de alimentos porque tenemos la opción de salir a buscarlos y, en casos extremos, hurgar en la basura a ver qué conseguimos, pero quien está en un recinto carcelario no tiene otra opción que morirse de hambre.

Recientemente, la organización Una Ventana a la Libertad, la cual dirijo desde su fundación, con ocasión de la celebración del día de Nuestra Señora de Las Mercedes presento un pequeño informe sobre la situación que se vive en los centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, que constituyen las regiones que reúnen la mayor población penal del país.

El problema de la alimentación de los reclusos es uno de los temas que destaca este informe, donde se establece: “Al menos ocho privados de libertad que se encontraban recluidos en centros de detención preventiva del país han fallecido, por cuadros de desnutrición, en lo que va del año 2017. El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa.

“La escasez generalizada de alimentos, que se registra en el país, así como los altos costos de los insumos, dificulta que parientes y amigos de privados de libertad puedan llevarles alimentos a diario.

“La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.

“En algunos centros de detención los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso de alimentos a los detenidos. También se han registrado casos en los que privados de libertad usan la extorsión como mecanismo para tener acceso a la comida.

“Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores) ni con presupuesto para proveer alimentos a los privados de libertad, por cuanto estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido”.

Aunado esta grave situación de hambruna en los centros de detención preventiva, Una Ventana a la Libertad, en el diagnóstico que realizó a partir de testimonios recabados en entrevistas con privados de libertad, familiares, funcionarios policiales, expertos locales, observación directa por parte de nuestros investigadores y datos oficiales, constató presencia de enfermedades contagiosas como tuberculosis (en Miranda, Apure, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia), escabiosis (en Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Zulia). También la organización conoció de casos de privados de libertad que padecen de sida (Apure, Nueva Esparta y Zulia) y no reciben el tratamiento requerido. También se constató la presencia de privadas de libertad en estado de gestación en centros de detención preventiva de los estados Miranda y Zulia que no tienen acceso a los controles médicos prenatales. Debido a los altos porcentajes de hacinamiento, algunos centros de detención han dispuesto de espacios comunes como pasillos, oficinas e incluso de patrullas que son usadas como calabozos, para poder acoger a toda la población de privados de libertad.

Garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad es responsabilidad exclusiva del Ministerio para el Servicio Penitenciario, esto lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio; su responsabilidad es los privados de libertad, independientemente de dónde están recluidos y su condición procesal; lamentablemente esto nunca lo entendió la antigua ministra Iris Varela, y la actual sigue sus mismos pasos.

Es imposible hablar de tener el mejor sistema penitenciario del mundo y que en Venezuela se le garantizan los derechos humanos de los privados de libertad, cuando vemos estas situaciones con nuestros presos; es una simple burla a la población.

 

@cnietopalma

El Nacional

 

El frenesí del fanatismo. Esta semana hemos visto a los fanáticos en acción. En Venezuela ya se ha hecho usual ver y oír a los personeros del chavismo que están dispuestos a llegar donde sea y como sea con tal de permanecer en el poder. Las fuerzas de seguridad del estado, según denuncia del gobernador Guarulla, masacraron a 37 personas en el Centro de Detención Penal de Puerto Ayacucho. Nadie se ha pronunciado, nadie se ha condolido, como sí se han pronunciado y condolido por los actos terroristas de Charlottesville, Barcelona y Cambrils. En Venezuela nos acostumbramos a la injusticia, la violencia, la muerte…

 

El periodista Marcos David Valverde publicó los hechos en Correo del Caroní:

 

“Una requisa… terminó con 37 presos asesinados… En su cuenta de Twitter, (el gobernador de Amazonas) LiborioGuarulla, informó que una “comisión especial” del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia fue la responsable de las muertes”… Guarulla afirma que, más que simple requisa, “fue una toma ejecutada a sangre y fuego”. La conclusión está exenta de ser calificada como exageración si se considera, entonces, que fue aniquilado el 35 por ciento de la población carcelaria”.

 

En otro reportaje, Valverde entrevistó a la hermana de Juan Carlos Conde Morillo, uno de los masacrados. Ella le reveló que reconoció el cadáver de su hermano por una cicatriz en el pecho y unos lunares, porque “les destrozaron las cabezas y las piernas”. ¿Eso es una “requisa”? Si los reos estaban armados y el único camino era matarlos, han debido hacerlo con un tiro de gracia, no con una carnicería. El fanatismo político es también es una forma de terrorismo.

 

Estamos en el siglo XXI, la era de la comunicación instantánea, de la globalización y la tecnología de punta en todas las disciplinas de las artes y las ciencias. ¿Qué pasa que –contradictoriamente- el terrorismo ha tomado tanta fuerza?

 

La obsesión, el radicalismo, la discriminación, el dogmatismo, el autoritarismo son síntomas inequívocos del fanatismo y el origen de guerras, masacres, holocaustos, limpiezas étnicas, razzias y otras formas similares igualmente deleznables. El fanatismo marcha en sentido contrario al progreso. Los niños pequeños no discriminan. Hay una cita de Nelson Mandela en su autobiografía “El largo camino hacia la libertad” que dice así: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Para odiar, las personas deben aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario”.

 

¿Qué tiene en su cabeza –y más aún, en su corazón- alguien que acelera un vehículo para matar a un grupo de personas que jamás en su vida ha visto, personas que no le han hecho daño, porque ni siquiera saben de su existencia?…  Pasó en Charlottesville, en Barcelona y en Cambrils.

 

¿Qué tienen en su cabeza –y más aún, en sus corazones- quienes convierten una requisa en una carnicería? Pasó en Puerto Ayacucho, Venezuela.

 

Un fanático es una persona con una autoestima baja o nula, que necesita consustanciarse con un grupo donde puede dar rienda suelta a sus miedos, culpas y complejos. Para ello, las religiones monoteístas y los grupos de ultraderecha son lugares idóneos para insertarse. El mal del siglo XXI es el terrorismo. Y el terrorismo es la principal consecuencia del fanatismo. Y para vencerlo el mundo de bien debe estar dispuesto a enfrentar el fundamentalismo en todas sus formas, empezando por llamar la maldad por su nombre.

 

@cjaimesb

 

La Corte del Distrito Sur de la Florida sentenció a 240 meses de prisión (20 años) al exlíder del Cártel del Atlántico, Wilter Neptalí Blanco Ruíz acusado de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos. De acuerdo a la investigación del caso, el sentenciado estaría vinculado a varias organizaciones criminales que operan en Colombia, Venezuela y Centroamérica, entre las cuales destaca el Cártel de los Soles.

El capo hondureño fue extraditado desde Costa Rica en marzo de 2017, y a su llegado a los Estados Unidos se declaró culpable de los cargos de conspiración para traficar cocaína a los EEUU.

En el documento de sentencia, firmado por el juez de Distrito, Donald M. Middlebrooks informa el acusado pagará su sentencia en una cárcel del condado de Miami Dade, en el estado de la Florida y que se le acredita a dicha condena el tiempo que ha estado preso, es decir, desde el 22 de noviembre de 2016. El condenado estará bajo supervisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Más información en el Blog de Maibort Petit

@cnietopalma

EN LA MADRUGADA DEL PASADO miércoles 16, en el Centro de Detención Judicial de Amazonas, Cedja, en Puerto Ayacucho, cuando la Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana intentaban tomar este recinto para practicar una requisa, ocurrió la más grande masacre sucedida en un centro de detención preventiva de Venezuela en su historia, con un saldo de 39 reclusos muertos y 6 funcionarios heridos.

Durante más de 8 horas hubo un enfrentamiento armado entre reclusos y funcionarios policiales que creó gran zozobra y alarma en la población de este estado del sur venezolano.

Desde Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, hemos venido trabajando desde hace ya un año en visibilizar la situación de los centros de detención preventiva porque consideramos que se vive una situación muy grave que ha creado un sistema penitenciario paralelo que agrava la ya existente crisis carcelaria.

Esta masacre en el Cedja, en Amazonas, vuelve a poner en el tapete la terrible situación de nuestras cárceles y la negligencia manifiesta del Ministerio para el Servicio Penitenciario para resolver el problema, así como las graves violaciones de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad en Venezuela.

La responsabilidad de todo lo que ocurrió en el Amazonas recae de manera total en el Ministerio Penitenciario por no asumir las funciones que le da tanto el Código Orgánico Penitenciario como el decreto de creación de este ministerio donde se le da la competencia absoluta de velar por el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, independientemente de la situación procesal en que se encuentren.

Este organismo, de manera descarada, pretende desconocer su responsabilidad sobre los privados de libertad en centros de detención preventiva, aludiendo que son responsabilidad de los cuerpos policiales, cosa que es falsa, las policías y otros cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana y el Cicpc no tienen competencia en cuidar presos más allá de las 48 horas que les corresponden por ley.

Evidentemente, el Ministerio Penitenciario desconoce su responsabilidad en la masacre de Amazonas y pretende endosarla a la gobernación de ese estado, porque el Centro de Detención Judicial de Amazonas pertenece a la Policía de Amazonas y no a ellos, cosa que es cierta, aunque no tomaron en cuenta que la policía de ese estado fue intervenida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz el pasado 25 de enero de 2017, por lo que la gobernación no tiene ninguna responsabilidad en este hecho.

Es importante destacar que Amazonas no tiene cárceles, a pesar de que cuando fue creado el Ministerio Penitenciario hace 6 años, en julio de 2011, la para entonces titular de ese despacho, Iris Varela, ofreció construir un nuevo recinto carcelario en cada estado del país, esto nunca ocurrió; tal vez si se hubiera cumplido con esta promesa hoy no estaríamos lamentando esta nueva masacre carcelaria.

En Venezuela hay en la actualidad un aproximado de 105.000 personas privadas de libertad, 57.000 en cárceles dependientes del Ministerio Penitenciario y 48.000 en centros de detención preventiva; tenemos la cifra más alta de presos en la historia de Venezuela, una tasa de 354,7 reclusos por cada 100.000 habitantes.

Una Ventana a la Libertad ha venido denunciando esta grave situación de los centros de detención preventiva en Venezuela y la instauración de un sistema penitenciario paralelo, creado por la negativa del Ministerio Penitenciario de asumir su responsabilidad en atender a todos los privados de libertad de Venezuela, sin haber obtenido respuesta alguna por parte de los organismos encargados de dar solución a este grave problema.

El hacinamiento en estos recintos alcanza 432%, aunado a la falta de alimentación, que solo es proporcionada por los familiares porque no hay instalaciones para proveer comida a los reclusos, se han reportado muertes por desnutrición, por falta de alimentación. Igualmente, son graves los problemas de salud, sobre todo enfermedades de la piel debido al poco acceso al agua potable.

Mientras todo esto ocurre, nuestras autoridades penitenciarias siguen haciéndole creer al mundo que en Venezuela tenemos las mejores cárceles del mundo.

El Nacional