El analista principal para las Américas de la firma IHS Markit, Diego Moya-Ocampos, considera que si bien los mercados reaccionaron al atractivo de unas transacciones ventajosas, detrás de la compra de los bonos venezolanos se esconde la apuesta por un cambio de Gobierno en los próximos dos años. La lectura de los inversionistas es que las protestas continuarán pues el Gobierno no podrá hacer frente a la creciente escasez, verdadero motivador del malestar social. Ávido de liquidez, al que más le interesa incentivar la rapiña es al propio Gobierno
“ERA UN BUEN NEGOCIO”, sentencia de entrada Diego Moya-Ocampos, analista principal para las Américas de la firma con sede en Londres, IHS Markit. El driver de los mercados es obtener ganancias y la compra de unos bonos a 70% de su valor es a todas luces una ganga difícil de rechazar.
Los bonos venezolanos se vienen transando desde hace años y constituyen uno de los activos más atractivos en los portafolios de inversión. No obstante, tras casi 70 días de protestas y represión contra una población desarmada, las transacciones realizadas por el grupo Goldman Sachs y por el banco de inversión japonés Nomura entraron bajo un escrutinio ético más severo.
Al editorial del Washington Post en el que afirman que Goldman Sachs hizo un “negocio irresponsable con el régimen corrupto de Venezuela”, y el artículo del Wall Street Journal titulado: «Algunos los llaman bonos de hambre o incluso bonos de sangre«, se sumó la voz de la congresista norteamericana Ileana Ros-Lehtinen, quien afirmó que la transacción de ese grupo de inversión agrava la crisis venezolana al incrementar la deuda a futuro.
Vea video en pleno: Estoy preocupada sbre exportaciones d petróleo d #Venezuela para EEUU porque financian a #Maduro pic.twitter.com/kCgxSwAtwQ
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) June 7, 2017
Al riesgo reputacional se suma el riesgo de una economía que parece acercarse cada vez más al precipicio del incumplimiento de pagos. Ese, más que el primero, es un temor real para todo inversionista, razón que lleva a cuestionar el criterio detrás de ambas transacciones.
¿Qué ven los mercados en Venezuela?
Moya-Ocampos responde con absoluta certeza: “Ven a un gobierno dispuesto a hacer lo que sea para honrar sus compromisos de deuda. No tienen duda de que les van a pagar. Incluso si llega a haber un default, los términos de renegociación igual les permitirían recuperar los costos de inversión”.
El analista estima que los mercados están evaluando tres variables al momento de hacer negocios con la deuda venezolana: la primera, que la popularidad del Gobierno está en picada y posee una capacidad de gobernabilidad muy limitada.
La segunda variable es que el liderazgo opositor es cada vez más fuerte y esencialmente es un grupo “probusiness”, de modo que la probabilidad de que paguen los bonos es alta, pese a lo que hayan dicho desde la Asamblea Nacional.
“Si bien existe la duda de que toda emisión de deuda a partir del 1ero de enero de 2017 esté sujeta a nulidad porque no fue aprobada por la AN, los presupuestos anteriores sí tienen aprobación y todas las operaciones subsecuentes se entienden como válidas. La presunción del mercado es que Venezuela va a pagar. Adicionalmente, para un nuevo Gobierno, no pagar significa aumentar el riesgo país en un momento en el que justamente necesitarán reconstruir la confianza de los mercados e inversionistas”, explica.
La tercera consideración estima que, pese a las protestas, no haya ninguna transición pero el Gobierno pierda la capacidad de pagar los bonos. “¿Qué ocurre? La compra se hizo a 30 centavos de dólar y eso es más o menos lo que esperarían recuperar. El punto clave es que la intención de pago del Gobierno venezolano nunca ha estado en duda, lo que sí preocupa a partir de 2018 es la capacidad que tendrán para hacerlo debido a la caída en la producción petrolera (actualmente estimada en 1,9 millones de barriles diarios) y a la persistencia de un modelo económico inviable”, señala Moya-Ocampos.
“Fue una jugada muy agresiva y una apuesta de altísimo riesgo”, afirma Moya-Ocampos, quien agrega que pese a los cálculos, los mercados también se equivocan. “Quizás no están evaluando que si bien la protesta puede aumentar, la represión también se incrementará y la transición puede no darse, o no ser pacífica ni democrática. La situación venezolana fácilmente podría desembocar en un caos de ingobernabilidad”.
Nadie apuesta contra sí mismo
Una pieza que no cuadra en muchos análisis sobre la actuación del Gobierno en el manejo interno de la crisis, es por qué ha mantenido un compromiso tan fuerte con pagar las deudas internacionales, a pesar de que ello ha significado una drástica reducción de las importaciones y, en consecuencia, una pérdida importante de popularidad en su base electoral.
Moya-Ocampos ofrece una respuesta que es como encontrarle la quinta pata al gato: “Se estima que 27% de los tenedores de bonos soberanos y de Pdvsa son inversionistas locales. ¿Quienes son? No se sabe, pero no sería de extrañar que sean los mismos que toman las decisiones de pagarlos. Eso es lo que hace atípico el caso venezolano, el hecho de que altos personeros del Gobierno y del ala militar sean tenedores de estos bonos”.
El analista no deja pasar un punto que parece obvio: “El Gobierno ha estado dispuesto a asumir cierto margen de conflictividad social producto de la intensificación de la escasez de comida y medicinas, en aras de pagar puntualmente los bonos, así de fuerte es la voluntad del Gobierno de pagarlos”.
Pero una cosa es la intención de pagar y otra es la capacidad de hacerlo. “No cabe duda de que el Gobierno va a pagar sus compromisos este año, pero a partir de 2018 lo que está en juego es su capacidad porque la producción petrolera sigue cayendo y el modelo económico no se corrige”, señala el analista.
En consecuencia, la perspectiva para 2018 es mayor inflación, mayor contracción económica, mayor escasez de comida, medicinas y bienes básicos. De allí que los mercados asuman que habrá un incremento de las protestas, mayor ingobernabilidad y posiblemente una transición.
El mensaje detrás del remate de los bonos: bienvenida la rapiña
Así sea de manera indirecta (vía mercado secundario), Moya-Ocampos afirma que “con la venta a descuento de los bonos venezolanos el Gobierno está fomentando una especie de cultura buitre, o al menos está creando las condiciones para el auge de esa cultura. Por otro lado, es un reconocimiento de que el valor de los bonos está muy por debajo de su precio nominal”.
Las decisiones de inversión se toman a corto plazo, explica el analista de IHS Markit. “Por ahora, los mercados interpretan que el Gobierno está desesperado por pagar, que quiere honrar la deuda porque sabe que si va a default el acceso a créditos se reducirá aún más y podría llevar a un colapso económico total. Los mercados también saben del incentivo interno por el considerable nivel de bonos en manos de civiles y militares cercanos al Gobierno, lo cual los hace parte interesada en asegurar el pago”.
Si los mercados son cortoplacistas, en esta fase el gobierno de Maduro lo es todavía más. “Desde hace años, el Gobierno venezolano está en modo supervivencia: un día, una semana, un mes y un año a la vez. Esa es su lógica. Rematar estos bonos es parte del modo de pensar del chavismo en esta etapa. Con esa entrada de dinero fresco el Gobierno se permite dos cosas, una desde el punto de vista operativo y otra desde la perspectiva comunicacional”, afirma Moya-Ocampos.
En el orden de lo pragmático, la operación le brinda el dinero líquido que urgentemente necesitan para evitar un default este año. Otro objetivo es sortear el ciclo electoral que abrieron con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Comunicacionalmente, la transacción también puede usarse para beneficio de la retórica del Gobierno. “Pueden manipular las transacciones para proyectar la imagen de que los inversionistas internacionales aún quieren hacer negocios con Venezuela. Por supuesto, omitiendo la parte del gran descuento”, dice el analista.
El default: la papa caliente
“Para el chavismo, el futuro es irrelevante”, asevera Moya-Ocampos. Los compromisos de deuda más allá de 2018 se ven lejanos para un Gobierno cuyo objetivo es aguantar un día a la vez, agrega.
“Eventualmente, el Estado venezolano tendrá que ir a un default y reestructurar la deuda. Si quieren reestructurar los bonos, lo primero que les van a pedir es un plan económico claro y este Gobierno no está dispuesto a replantear su modelo, al contrario, el objetivo con la Constituyente pareciera ser profundizar aún más el Plan de la Patria”, dice el analista.
Quien también funge como analista principal de IHS Markit para Cuba, añade que “la apuesta de la Constituyente posiblemente esté en línea con instaurar un modelo de partido único y construir una oposición a la medida, un poco como la que se vio en Alemania del Este, que era una fachada democrática”.
“Creo que Venezuela está yendo hacia un choque de trenes. ¿Qué se quiebra primero, el aparato de represión del Estado o la capacidad de protesta?”, se pregunta Moya-Ocampos.
En su opinión, el Gobierno está claro que el escenario que le viene es de conflicto y por eso sigue apostando a la represión. “Saben que aun si pasan la Constituyente, el verdadero desencadenante de la protesta es la economía y eso no lo pueden resolver. Eso fue lo que llevó al Gobierno a perder su base electoral en 2015, ergo, se está preparando para entrar en una etapa en la que el ejercicio del poder sea a la fuerza, con métodos policiales”.
La apuesta del madurismo podría ser aguantar con la retórica Constituyente hasta que suban los precios del petróleo. “El Gobierno no quiere cambiar el modelo económico por dos razones: por un lado está el factor ideológico y por el otro está la falta de popularidad para tomar las decisiones económicas para cambiar el rumbo, por ejemplo, devaluación, ajuste de precios, etc. Ellos no tienen ni la legitimidad ni la popularidad para hacerlo, así que van a seguir por el mismo camino aunque no sea sostenible”, asegura el analista.
¿Cómo deja ese escenario al país? “Está claro que las cosas se van a poner peor antes de mejorar. Estimo que en el plano inmediato aumentarán los niveles de conflictividad, violencia e ingobernabilidad porque el Gobierno decidió radicalizar su postura. La cúpula que toma las decisiones hace todo lo posible por permanecer en el poder. Por su parte, tras el fracaso del diálogo, a la oposición no le queda otra alternativa que seguir escalando la protesta en la calle para forzar las elecciones”.
¿Y si la oposición logra el cambio político?
Aunque muchos factores parecen jugar en contra, la posibilidad de que la oposición logre encauzar al Gobierno hacia un desenlace democrático no puede descartarse completamente.
“El simple hecho de lograr un cambio de Gobierno en Venezuela creará las condiciones para que vuelvan los capitales y se genere una espiral de confianza para avanzar en un proceso de recuperación sostenida. Con un liderazgo firme, que respete los compromisos y se ajuste al estado de Derecho, la recuperación es posible”, afirma Moya-Ocampos.
El analista coincide con la “lectura” de los mercados: “Todos los factores están dados para un cambio de Gobierno en los próximos dos años. Los factores sociales están dados para lograr una salida. Si la protesta sigue escalando y el Gobierno pierde la capacidad de contenerla, puede lograrse la fractura interna que lleve a forzar elecciones. Creo que esa es la apuesta de los mercados porque ven que la situación actual es inviable, que la protesta va a seguir y que el Gobierno no podrá seguir reprimiéndola, lo que va a forzar la transición electoral”.
