Las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas
La esclavitud moderna y explotación sexual aumentan en el estado Bolívar en medio de omisión del Estado, según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El informe titulado De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar, expone las formas más comunes de esclavitud moderna que imperan en el estado Bolívar y los factores que hacen a la entidad más vulnerable a los patrones y rutas de captación, como el orden impuesto por grupos de poder vinculados con la extracción de oro en el sur de la entidad.
En un trabajo publicado por el Correo del Caroní se señaló que las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.
La investigación del centro de DDHH de la UCAB determinó que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes. Aunque por lo general mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados.
El estado Bolívar es una de las entidades con mayor movilidad humana. El principal objetivo de quienes se trasladan son los yacimientos auríferos del sur de la entidad.
Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016 y al paso del aumento de costo de vida en el país, cada vez más personas de distintos municipios de Bolívar y diferentes estados del país -con todo y pandemia por COVID-19- se trasladan a las zonas mineras porque ven en el oro la única forma de costear una vida digna en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.
El proyecto extractivista de Nicolás Maduro no solamente tiene su propia dinámica de violencia. También impuso las reglas de una economía distorsionada. En Bolívar los productos y servicios suelen triplicar su precio en comparación con otros estados del país porque están subordinados al precio del oro, que fluctúa a la par del precio del dólar en el mercado paralelo en un contexto en el que el salario mínimo permite costear solo 0,88% de la canasta alimentaria.
Desde 2018 se ha agudizado la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas en el estado Bolívar
Las denuncias sobre la crisis en los hospitales venezolanos no son nuevas. Desde hace años el personal que trabaja en los centros de salud, junto a la sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han levantado su voz para exigir al Estado cambios profundos en el sistema de salud pública.
De igual forma, el gremio ha solicitado ayudas humanitarias para hacerle frente a las condiciones precarias a las que se enfrentan, pero muchas de esas peticiones han sido en vano. Con la llegada del Covid-19 a Venezuela los problemas en esta área se han ido agudizando en Bolívar.
En Codehciu conversamos con varios profesionales de la salud del estado, a fin de evidenciar lo que se vive en uno de los territorios más grandes de Venezuela.
Marcos Lima, especialista en endocrinología, señaló que en Bolívar confluyen 3 epidemias de las cuales el estado es líder, no solamente en Venezuela sino en el continente: “Ya configuraba una situación bastante crítica en el punto de vista de la salud; no en vano recordemos que antes de que llegara la pandemia, el estado Bolívar se encontraba liderando las estadísticas a nivel continental en malaria, difteria, y sarampión, eso indudablemente nos dice que teníamos un estado bastante vulnerable”.
El especialista sumó que con la aparición del Covid-19 la crisis humanitaria se ha ido agravando: “Entiendo que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la dotación, principalmente de tratamiento para el Covid-19 pero todavía se adolece del número de pruebas necesarias como la PCR para tener un diagnóstico más oportuno, y tener así una idea más real, un registro un poco más real de lo que es el Covid-19 en el estado”.
Sin ser escuchados
Lima destacó que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela los profesionales de la salud han solicitado la descentralización de las pruebas, es decir, que cada estado tenga la posibilidad de realidad sus pruebas PCR, generando así una disminución en el tiempo de retorno, ese tiempo que pasa desde que es tomada la prueba hasta el momento en el que se otorga el diagnóstico.
“Si consideramos que la pandemia inicia oficialmente en nuestro país el 13 de marzo, ya prácticamente pasado el 13 de octubre todavía el único centro autorizado para realizar las pruebas PCR era el Instituto de Higiene Rafael Rangel en Caracas, entonces podemos decir que Bolívar es un estado vulnerable por las epidemias que ya se concentraban en él y que han aumentado su vulnerabilidad por la pandemia del Covid-19”, destacó el especialista.
Por otro lado, un trabajador del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, ejemplificó que sí cuentan con algunos recursos de protección como lo son las mascarillas quirúrgicas, que de alguna manera le brinda protección frente a cualquier contagio: “Abonado a que somos hospital centinela, donde se reciben pacientes con Covid-19, tenemos guantes, hay servicio de agua con hipoclorito para que las personas al ingresar se laven y a las afueras de las instalaciones del hospital hay lavaderos con jabón”.
“Por otra parte pienso que es concientización de cada persona tomarlas, hacerlas y aplicarlas para evitar cualquier tipo de contagio, porque efectivamente somos vulnerables, aunque de nada nos sirve mantenernos así en el hospital y cuando nos montamos en el autobús o usamos el transporte debido a la falta de gasolina, la aglomeración de las personas es evidente”, destacó el trabajador de salud que labora en el hospital centinela.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoció la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.
Una trabajadora del sector salud en el hospital Uyapar contó al equipo de Codehciu que ya no cuenta con suministros de protección básicos para poder trabajar. Asegura que lo poco que tienen lo han logrado por medio de donaciones de organizaciones, fundaciones y ciudadanos, que han facilitado caretas y bragas de bioseguridad reusables.
“Esas bragas se pueden usar en los distintos servicios de un hospital que no sea directamente con el área Covid-19, pero recibimos pacientes que vienen de muchas zonas del estado y fuera de él que pueden estar contagiados y no lo sabemos; los atendemos con un precario equipo de protección personal”, sumó la joven.
Insumos básicos
No están exentos a las carencias de insumos médicos. La trabajadora de la salud destacó que: “En cuanto al mínimo de medicamentos para fortalecer nuestro sistema inmune, los hospitales no nos están garantizando nada”.
Sus compañeros no han estado fuera de riesgo, ni tampoco sus familiares: “No ha sido fácil, es verdad que muchas de las cosas vía endovenosa se pueden conseguir, las están suministrando en los hospitales, pero hay fallas en cuanto al tratamiento completo que no se obtiene y deben comprarse”.
“Las bragas de bioseguridad son bastante calurosas, en los hospitales no hay aire acondicionado; es un ambiente más inhóspito y crudo para poder trabajar; a veces tenemos guantes, a veces no”, concluye.
A la deriva
Asimismo, Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras, destacó que en esta época la situación se ha hecho más complicada, algo que desde el 2018 se ha agudizado ante la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas para cumplir con sus labores.
“Los equipos de bioseguridad para trabajar en las áreas Covid-19 son muy escasos. Últimamente hemos visto a mucha gente de la sociedad civil, y ONG, que han colaborado. Por ejemplo, Codehciu es una de esas ONG que han colaborado con este sector, que han llevado insumos a los hospitales y a los centros ambulatorios; hemos cubierto hasta los que están en las zonas rurales; gracias por el aporte hemos podido palear”, valoró Moreno.
Moreno alertó que tiene compañeros que se han enfermado de Covid-19 y no han tenido los recursos para cumplir su tratamiento. Hay trabajadores que se han infectado dentro de los centros de salud, en las áreas de emergencia, en parte porque no tenían guantes, batas o tapabocas.
Puntualizó que en algunos casos sus compañeros recibieron un tapabocas para 15 días, cuando este tiene un promedio de vida de 3 horas.
Moreno agregó que el transporte para los trabajadores del sector salud en Guayana es muy limitado, lo que complica más el panorama laboral del gremio.
Dio como ejemplo que: “Muchos de los trabajadores de la guardia de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche viven en sectores lejanos, como el barrio Altamira, y los dejan en la Pica Pica, o en la avenida Manuel Piar, en San Félix, y tienen que caminar aproximadamente 1 hora entre las 9:00 y 10:00 de la noche. Las áreas del hospital Dr. Raúl Leoni se han quedado solas en las noches; igual pasa en Uyapar, es una situación muy difícil la que se está viviendo en los hospitales”.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure asistencia médica y demás servicios esenciales. Codehciu exhorta al Estado venezolano a garantizar la salud de todos los venezolanos y venezolanas.
Según el Banco Central de Venezuela (BCV), un dólar estadounidense pasó de 515.919 bolívares a principios de mes a 1.050.811 al cierre del 30 de noviembre
Venezuela cerró este lunes el mes de noviembre con una devaluación de 50,90 % en el bolívar, frente al dólar estadounidense, la divisa con que se completan la mayoría de las operaciones comerciales en el país.
Según el Banco Central de Venezuela (BCV), que ofrece la cotización oficial, un dólar estadounidense pasó de 515.919 bolívares a principios de mes a 1.050.811 al cierre de esta jornada.
Este incremento reportado por el ente emisor muestra que el precio de la divisa estadounidense se encareció un 103,68 % solo en noviembre, lo que provocó, entre otras cosas, que los comercios cambiasen las tarifas de productos y servicios casi diariamente.
Mientras tanto, en el mercado paralelo, que rige casi toda la actividad económica en el país, el bolívar se ha devaluado aun más.
Allí, el dólar estadounidense se canjea hoy por 1.214.053 bolívares, un indicador que puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo dependiendo del portal de referencia que se use, entre los numerosos que existen.
El bolívar ha pasado por dos procesos de reconversión monetaria: en 2008, perdió tres ceros y pasó a llamarse bolívar fuerte, mientras que, a mediados de 2018, le restaron otros cinco ceros con lo que fue rebautizado como bolívar soberano, el actual.
Ante esa inestabilidad de la moneda local, Venezuela vive un proceso de dolarización de facto o «espontánea», con lo que la mayor parte de los productos que se ofrecen a la venta se calculan en dólares, y existe la posibilidad de pagar en divisas o en bolívares.
Con todo, el salario mínimo legal que devengan cerca de 10 millones de trabajadores y pensionistas se mantiene en 400.000 bolívares, es decir, un tercio de la población recibe al mes menos de 50 centavos de dólar mientras que una familia necesita cerca de 300 dólares para cubrir los gastos más básicos.
Fue secuestrado en noviembre de 2015 por miembros de la Policía del Estado Bolívar
Nelson Carpio Guarisma fue víctima de desaparición forzada el 17 de noviembre de 2015, en San Félix, en el estado Bolívar. El caso del joven sigue sin mucho desarrollo y devela numerosas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. Luego de 5 años de lucha, el silencio de las autoridades continúa perjudicando la esperanza de los familiares del joven, pero estos no detienen la exigencia de justicia.
Nelson tenía 17 años cuando salió de su casa, en San José de Chirica, la mañana de 17 de noviembre de 2015, en una bicicleta prestada. Testigos contaron que una patrulla de la Policía del Estado Bolívar (PEB), con 4 funcionarios que le pidieron su documento de identidad, lo detuvo. El joven no se resistió, pero fue golpeado por los policías y obligado a entrar al vehículo. Y fue lo último que se supo de él.
La Comisión para Los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) acompañó a los padres del adolescente, Edgar Carpio y Eladia Guarisma, en la exigencia de una investigación imparcial y eficaz, mediante campañas de difusión y asesorías jurídicas. En 2015 las autoridades detuvieron a 4 personas presuntamente implicadas en la desaparición forzada del adolescente, y aproximadamente tres meses después se introdujo un Habeas Corpus ante el Tribunal primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar.
Los familiares también acudieron, luego de la desaparición, al Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y además al Ministerio Público para denunciar.
Según información de Codehciu, en febrero de 2017 la exdirectora del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte, en San Félix, Yerania Vargas, fue arrestada como cómplice de desaparición forzada de persona y agavillamiento. Pero actualmente no está privada de libertad.
El caso sigue estancado, pero continúa la angustia de los familiares.
5 años de silencio
Actualmente han sido liberados 2 de los 4 presuntos funcionarios implicados en el caso.
A Eladia y Edgar solo les queda esperar y continuar la exigencia por justicia. La emergencia humanitaria compleja, añadida a la pandemia por Covid-19, los ha dejado con pocas opciones económicas para su familia, ya que ha mermado el negocio de venta de aceites para vehículos debido al complicado contexto, e incluso por sus pensamientos llegó la idea de irse del país, pero se niegan: no quieren abandonar el caso de su hijo.
Añoran el regreso de Nelson. O, por lo menos, buscan entender qué pasó. Los implicados aún no hablan ni cuentan la verdad, y el caso, como admiten ambos padres, parece paralizado en el tiempo.
Aún conservan las pancartas que desde el 2015 usan para salir a exigir al Estado venezolano las respuestas que necesitan escuchar como padres. Se llenan de polvo por el tiempo, pero las sacan con convicción cuando es necesario.
“Nosotros como padres de Nelson Carpio, desaparecido hace 5 años, le pedimos al Estado y a todos los organismos que nos ayuden a conseguir la justicia. Queremos justicia, queremos saber dónde está. Queremos saber qué pasó. Estoy triste, porque recordamos a nuestro muchacho diariamente”, se lamenta Edgar Carpio, en una reciente entrevista para Codehciu.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 2 la define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
El mismo documento, en el artículo 12, consagra que los organismos del Estado deben proceder, sin demora, a realizar una investigación imparcial y exhaustiva de cualquier caso de desaparición forzada, además de asegurar la protección del denunciante, los testigos y los allegados de la persona desaparecida.
La vida de la familia Carpio-Guarisma no volvió a ser la misma. La sombra de la desaparición de su hijo ha dejado secuelas emocionales en cada uno. Eladia, la madre, aún sueña con él, después de 5 años de esa mañana del 17 de noviembre en la que le habló por última vez al adolescente.
“Yo como mamá, le exijo justicia a los organismos competentes que tienen el caso de mi hijo. Hago un llamado a esas personas (los implicados) que por lo menos digan cuál es el paradero de mi hijo. Nadie se va a escapar de la justicia de Dios. Ya hace 5 años que esos policías lo desaparecieron, y yo sigo en pie de lucha. Buscando una respuesta, buscando que mi hijo aparezca”, cuenta Eladia Guarisma, junto a su esposo, en su casa en San José de Chirica.
Entre otros detalles del caso: en 2018 los familiares y Codehciu denunciaron impunidad luego del que El juez del Tribunal 1º, de Control del Circuito Judicial Penal, extensión Bolívar, otorgara medida de arresto domiciliario a uno de los imputados por supuestos dolores en una pierna. Una medida que violaba el Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 491 consagra que procede la libertad condicional en caso de que el penado padezca de una enfermedad grave o en fase terminal. La libertad condicional fue revocada ese año.
La familia de Nelson Carpio vive otro año de ausencia. Ahogados por las carencias en su hogar y sin noticias de su hijo. Han pasado 5 años de dolores, pesadillas, y arbitrariedades que solo evidencian más violaciones a sus derechos. Pero la búsqueda de justicia los fortalece.
El lunes 9 de noviembre, un dólar costaba 535.719 bolívares según la cotización oficial que ofrece el BCV, la misma referencia que esta jornada ubica al signo estadounidense en 671.730 bolívares, lo que significa un aumento del 25,39 % en el precio de esta divisa en tan solo cinco días
La moneda venezolana, el bolívar, se devaluó un 20,24 % frente al dólar, en una semana en la que el precio de la divisa estadounidense en el país se disparó hasta los 690.000 bolívares en que promedió al cierre de este viernes.
El pasado lunes, un dólar costaba 535.719 bolívares según la cotización oficial que ofrece el Banco Central de Venezuela (BCV), la misma referencia que esta jornada ubica al signo estadounidense en 671.730 bolívares, lo que significa un aumento del 25,39 % en el precio de esta divisa en tan solo cinco días.
Además, los promedios del mercado paralelo, en el que se concretan la mayoría de las operaciones de compra y venta de divisas en el país, muestra un encarecimiento aun mayor del dólar, pues la cotización oscila alrededor de los 690.000 bolívares.
El pasado 28 de octubre, el precio del dólar en el mercado paralelo superó por primera vez la barrera de los 500.000 bolívares por cada unidad de la divisa estadounidense.
El bolívar ha pasado por dos procesos de reconversión monetaria: en 2008, perdió tres ceros y pasó a llamarse bolívar fuerte, mientras que, a mediados de 2018, le restaron otros cinco ceros con lo que fue rebautizado como bolívar soberano.
Ante esa inestabilidad de la moneda local, Venezuela vive un proceso de dolarización de facto o «espontánea», con lo que la mayor parte de los productos que se ofrecen a la venta se calculan en dólares, y existe la posibilidad de pagar en divisas o en bolívares.
En esos casos, los comercios suelen fijarse en la tasa de cambio del mercado paralelo, no en la oficial.
Este tipo de pagos se ha extendido incluso en las zonas más populares, donde el cálculo de los precios ya se hace en dólares.
Aquellos que desean pagar en bolívares deben hacerlo con tarjeta, puesto que el billete de más alta denominación es el de 50.000, es decir, menos de 10 centavos de dólar.
Bolívar es el quinto estado del país con más casos registrados de COVID-19.
Hasta mediados del mes de septiembre, en Bolívar se superaban los mil contagios y se estaba a la espera de los resultados de otros 439 casos que se encuentran en fase de evaluación. De acuerdo con los reportes oficiales, de los once municipios que integran el estado, ocho se han visto afectados por el Coronavirus, a saber: Piar, Roscio, El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Caroní, Angostura del Orinoco y Cedeño.
Si bien esta data es oficial, dado el desconocimiento y la confusión que imperan en la población sobre los síntomas del virus y el tratamiento correspondiente, se estima pueda haber muchos otros casos que aún no hayan sido reportados. Situación que se ve agravada por el deterioro de los servicios del sector salud, cuyas desmejoras han generado desconfianza en la colectividad y optan por quedarse en casa y automedicarse. “Preferimos quedarnos en la casa, tomando guarapos y acetaminofén, que ir a uno de los hospitales a morir de mengua”, admitió una pareja al equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar).
Otro dos temas generan inquietud en la ciudadanía: uno, referente a la escasez y alto costo de los medicamentos que recomiendan para tratar las patologías asociadas al contagio: “tomamos acetaminofén que vienen en blíster de 10 pastillas y el que menos cuesta supera los 600 mil bolívares, porque los antibióticos van desde el millón cuatrocientos y son tres pastillas nada más”; y dos, recibir un mal diagnóstico que implique ser enviado a un Puesto de Atención Social Integral (PASI): “imagínate ir a un hospital o a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) con una gripe y te diagnostiquen de forma errónea con COVID-19, y, para colmo de males, la gente en cuanto se entera que alguien está enfermo de eso lo discriminan a uno, a la familia, no te hablan, no te quieren vender ni en las bodegas”.
Desde el OVV Bolívar vemos con especial preocupación cómo, a pesar de las medidas de radicalización constantes en el estado, se mantiene la inobservancia de los protocolos de higiene y sanidad, además de la movilización en las calles. En muchos casos, las personas no usan o emplean indebidamente el tapabocas; lo mismo sucede con el alcohol y gel antibacterial, sobre los cuales explican que sus elevados costosos dificultan su adquisición. Pudo ser constatado por nuestras investigadoras que el litro de alcohol al 70% es comercializado en 2.400.000 bolívares, mientras que el envase de 240 ml, cuesta 900.000, superando el importe del sueldo mínimo.
En las semanas de radicalización las aglomeraciones de personas en expendios de víveres y artículos de primera necesidad son una constante. Éstas alegan que deben tratar de comprar “antes de que sea la hora de cerrar los negocios”, pues para cumplir con la disposición de que a las 12:00 del mediodía no haya circulación vehicular o peatonal, los establecimientos deben cerrar una hora y media antes para que el personal pueda ordenar e irse a sus casas con antelación.
De igual forma, pese a la implementación de paradas comerciales en mercados y otros establecimientos, muchos deciden no plegarse a las disposiciones gubernamentales. “Igual toca salir a la calle a trabajar porque uno vive del diario y ésta es la fuente de ingreso de uno para mantener a nuestras familias. Es fácil que te digan: quédate en la casa, pero en ella estás sin gas, sin agua y hasta con la nevera vacía”, afirmó un vendedor informal que labora en el centro de San Félix, municipio Caroní.
Además de las medidas descritas, el mandatario regional mantiene la figura del Coronabús, el cual sale a las calles después de las 12:00 del mediodía aplicando la detención de las personas y retención de sus vehículos, según aplique, a fin de que sean desinfectados y reciban una charla de concienciación; en algunos de los casos los han dejado durmiendo por una noche en la sede de Mundo Sonrisa, que funciona como PASI.
Entre 3 y 5 dólares venden el litro de gasolina en varios estados del país
La escasez de gasolina se agudiza en toda Venezuela y principalmente en los estados Bolívar y Lara. El desabastecimiento de combustible en Ciudad Guayana, Upata, e incluso en El Callao impulsa cada vez más los precios el mercado negro, lo que ha obligado a varios ciudadanos a comprar gasolina por un mínimo de 3 dólares por litro.
La situación ha generado largas colas de vehículos en las estaciones de servicio, sean bombas subsidiadas o no, la realidad es que hay poco carburante para satisfacer la demanda del parque automotor debido a la poca o nula producción de combustible en la refinería El Palito.
Una nota publicada en el portal Correo del Caroní afirmó que conforme se agudizan las posibilidades de abastecerse directamente en una estación de servicio, subsidiada o dolarizada, también aumentan el precio de reventa.
“A mí me la vendieron en 3 dólares, pero una vecina compró a 4 dólares. En mi caso no tengo muchos negocios cerca a los que me pueda ir caminando para comprar comida, agua, medicinas, productos de limpieza, de higiene, lo que uno necesita. Necesito moverme en carro, y lo hago casi que una vez a la semana, trato de hacer todo en un mismo sitio o que me quede todo cerca. Por mi zona tampoco pasan autobuses, e igual no me voy a montar en uno porque los he visto y allí no hay ningún distanciamiento”, dijo Ofelia Morales a Correo del Caroní.
En Bolívar, la reventa de puestos o permitir el paso sin pasar hasta una semana esperando despacho, es un negocio que llevan a cabo militares y civiles. Conductores comentaron a CDC que los puestos en cola los venden en 10 dólares. Esta es la misma tarifa que pagarían a funcionarios militares para ingresar a las estaciones de servicio sin hacer cola.
De acuerdo con el Observatorio Popular de la Gasolina que lleva Primero Justicia a nivel nacional, hasta el 13 de agosto el precio en el mercado negro en promedio oscilaba entre 2 y 3.5 dólares.
Regresó el bachaqueo
En Barquisimeto, estado Lara, los conductores tenían hasta 12 días haciendo cola en las estaciones de servicio para intentar surtir sus vehículos. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Nacional los desalojaron del lugar sin darles ninguna explicación.
La información revela que los militares amenazaron a los conductores con remolcar sus carros o multarlos con 2 petros, sanciones que no están establecidas en la normativa legal vigente.
En el estado Lara regresó la venta ilegal de gasolina -conocida como bachaqueo- de todas las formas posibles, incluso a través de grupos de WhatsApp, donde las personas que la ofertan hacen entrega delivery de los litros del carburante necesario
En días recientes, Carmen Meléndez, gobernadora de Lara declaró a los medios de comunicación que a la región no estaba llegando gasolina porque los propietarios de las bombas estaban en mora con las empresas de suministro.
En el Zulia la situación es la misma
La venta del carburante en el mercado negro se ofrece sin ninguna regulación ni control en las calles de la ciudad, mientras que las estaciones de servicio lucen desiertas. En Maracaibo los vendedores piden entre 2.5 y 3 dólares por litro.
Sectores como Ziruma y todo el corredor vial La Guajira, en los suburbios ubicados detrás del Club Gallego, puede observarse a los “pimpineros” que venden la gasolina en presentación de cinco litros.
Posible aumento en los precios
El portal Petroguía informó el miércoles 19 de agosto que el Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está estudiando incrementar el precio de la gasolina subsidiada, ubicada actualmente en BsS 5.000, ya que los fondos para poder desmontar ese sistema de pagos no han sido encontrados todavía para ser canalizados al sistema patria de forma directa.
Cuando se implementó el esquema a dos bandas para la venta de gasolina, la subsidiada entonces tenía un precio de dos céntimos de dólar por litro, pero en la actualidad se ha reducido al menos en un 50% por la devaluación del bolívar.
Hasta finales de julio, alrededor de 90% de la venta de gasolina en Venezuela se estaba realizando principalmente a los precios subsidiados para particulares y gratuita para transportistas de transporte público y de carga; proporción que se ha disminuido a la mitad porque Pdvsa restringió el suministro a las bombas con precios subsidiados.
El informe que la oficina de la ONU presentó esta semana, alerta sobre las pésimas condiciones de vida que llevan quienes habitan los pueblos mineros asediados por la criminalidad y los yacimientos de oro que han dejado cientos de hectáreas deforestadas
@loremelendez
@boonbar
Violencia a manos de bandas criminales, explotación laboral, corrupción, explotación sexual, abuso de niños y contaminación del ambiente son algunas de las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco que registra el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado el pasado 15 de julio en la 44a edición del Consejo de DDHH de la ONU.
Por primera vez, la ONU reconoce que «gran parte de la actividad minera tanto dentro como fuera del Arco Minero está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”. Destaca también el elevado nivel de la explotación de la mano de obra, el tráfico de personas y la violencia como consecuencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de las bandas criminales que controlan las minas y que pagan a los jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales.
También da un vistazo a las condiciones de vida de la población que habita el territorio del Arco Minero, la vulnerabilidad de mujeres, niños y pueblos indígenas, la migración interna hacia los yacimientos y el empeoramiento de la salud de quienes viven en un ambiente destruido por el extractivismo. Se trata de un documento que confirma y analiza cada una de las denuncias que durante años han hechos desde organizaciones de derechos humanos hasta medios de comunicación que se han dedicado a la cobertura del tema.
Corrupción
Lo primero que destaca la ONU es que la opacidad de la administración de Nicolás Maduro sobre el funcionamiento del Arco Minero del Orinoco ha impedido al organismo determinar en qué medida se ha regularizado la actividad minera y frenado la extracción ilegal de oro en esa zona. Recuerda que no hay cifras ni información relacionada al tema, proveniente de las instituciones responsables como Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico o el Banco Central de Venezuela. Ninguno ha presentado estudios de impacto ambiental y sociocultural, señalado cuáles y cuántas son las empresas con las que se alió el Ejecutivo, aportado datos sobre el Registro Único Minero o anunciado la cantidad de oro y otros minerales que reporta Minerven o los metales que exporta el Estado.
Violencia
El documento constata que la actividad extractivista en Venezuela está controlada por grupos delictivos organizados y armados conocidos como “sindicatos”, cuya presencia se hizo más visible desde 2011, cuando Hugo Chávez sacó a las empresas extranjeras de la zona, y aumentó en 2015 cuando se incrementaron los precios internacionales del oro. “Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, apunta el informe.
La ONU recalca que estos grupos pagan a los militares para mantenerse en el negocio, ya que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la que tiene, por decreto, “la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener las actividades de las industrias estratégicas ubicadas en el Arco Minero. Por esa razón, hay más de 25 alcabalas de los uniformados a lo largo de la carretera que atraviesa la zona minera del estado Bolívar.
Internamente, las bandas criminales reproducen el modelo del «pranato» que existe en las cárceles venezolanas, ya que son conducidos por un «jefe o pran que impone brutalmente sus órdenes” y controla todas las actividades en los yacimientos. La oficina de Bachelet también advierte que en época reciente hay “elementos irregulares armados” que han tomado el control de minas en el centro y oriente de Bolívar. Se refiere así, aunque no los menciona, a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han apoderado de la zona con el aval de Maduro.
En vista de que la violencia es el arma utilizada para mantener la zona bajo control, quienes hacen vida en el Arco Minero son víctimas constantes de los grupos criminales. “Según el Gobierno, en 2019, en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, para la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Gobierno, los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente”, aseveran desde la oficina de Bachelet. Añaden que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas son objeto de castigos corporales y hasta de asesinatos.
Las desapariciones son también mencionadas en el informe. La oficina de Bachelet documentó cinco casos de mineros desaparecidos entre 2016 y 2020, y tiene reportes que señalan que es frecuente que los cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas.
“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, resalta.
Como consecuencia de la violencia por el control de las minas, el informe señala que entre marzo de 2016 y 2020 se registraron 16 enfrentamientos armados entre bandas criminales y guerrilleros que dejaron muertos a 140 hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales. “Según la información recopilada, en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta”, señala.
#Venezuela: People working in the #ArcoMinero del Orinoco region are caught up in a context of labour exploitation and high levels of violence by criminal groups that control the mines in the area, including who enters & who leaves – ? report. Learn more: https://t.co/20ySk8b213pic.twitter.com/YI1PGKoZhA
El desempleo y la crisis económica por la que atraviesa el país ha traído como consecuencia una creciente migración interna hacia la región minera de mano de obra que no tiene ninguna experiencia en el sector. Los empleados abandonan sus puestos, incluso en el sector educativo o de la salud, para irse a las minas a practicar un trabajo informal y sin ningún contrato.
En el Arco Minero, “el trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, que realizan turnos diurnos y nocturnos de aproximadamente 12 horas”, indica el informe. Los riesgos laborales son altos, no solo por la exposición de los obreros ante los grupos criminales, sino porque los accidentes y deslizamientos de tierra son habituales y han dejado sepultados bajo tierra a decenas de mineros.
El documento habla de la identificación de “un patrón de explotación laboral”, según el cual los mineros “se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”. La ONU pudo comprobar que los trabajadores deben entregar entre 10% y 20% del mineral extraído a los pranes o guerrilleros que controlan el yacimiento, y además pagar entre 15% y 30% al propietario del molino que procesa el material aurífero que sacan. De paso, cancelan altos precios por comida, agua y cualquier servicio a los vendedores que hacen vida en la mina, quienes a su vez deben dar un tributo a los grupos criminales. En esta cadena, los compradores de oro pagan precios 25% inferiores a los que se aplican a nivel internacional.
Mujeres y niños vulnerables
Las mujeres también se van a trabajar en las minas y se dedican a diversas tareas que van desde la extracción hasta la venta informal y la cocina. Sin embargo, dice el informe, desde 2016 aumentó la prostitución en la zona, además de la explotación sexual y la trata no solo de mujeres sino también de adolescentes.
“La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas ‘currutelas’, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”, subraya el documento.
La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue informada sobre la presencia de niños y niñas de hasta 7 años, sin compañía alguna, que son explotados en la zona minera. Pequeños de 9 y 10 años ya trabajan en los yacimientos.
Salud
El informe cita a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para destacar que, según esta organización, los municipios mineros de Bolívar “son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo” en Venezuela desde 2015.
Tanto esta como afecciones como la diarrea y enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, u otras que atacan las vías respiratorias, proliferan no solo entre los mineros sino entre comunidades indígenas que no tienen acceso a los tratamientos, lo que los deja a la deriva y expuestos a “desenlaces fatales”.
La situación empeora debido a la contaminación con mercurio presente en el área, a pesar de que está prohibido su uso en el tratamiento de los metales.
“Una vez que se ha formado la aleación del mercurio con el oro, esta es quemada, el mercurio se volatiliza y las partículas en suspensión son respiradas por los mineros y los habitantes de la zona minera. El mercurio también se vierte en el suelo y luego es arrastrado a los ríos por el agua de lluvia. Como consecuencia, se han detectado altos niveles de mercurio en las comunidades indígenas que viven en las partes bajas de los ríos del Arco Minero. La contaminación por mercurio de las vías fluviales tiene un impacto desproporcionado en las mujeres que pasan gran parte de su tiempo en contacto directo con el agua”, señala el documento.
Asamblea Nacional
Pueblos indígenas
El documento de la oficina de Bachelet tiene un apartado dedicado a la afectación de la minería, y del decreto del Arco Minero del Orinoco, sobre los territorios indígenas. Detalla que en esta área geográfica hay 16 grupos indígenas que viven en 197 comunidades y que los daños del extractivismo van mucho más allá de la zona minera.
“La minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”, afirma el documento.
Desde hace al menos dos años, dice el informe, los indígenas han denunciado ser víctimas de abusos contra los derechos humanos, actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres no solo por parte de las bandas criminales y guerrilleros sino también de militares. Los casos recientes de la masacre de Ikabarú y del ataque a las comunidades que hacen vida en el río Caura son una muestra de ello.
Las comunidades indígenas también reclamaron ante los representantes de la oficina de la ONU que los grupos criminales les “imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios esenciales, como combustible y medicamentos”.
La destrucción del medio ambiente, que fue la preocupación más recurrente de los entrevistados por la ONU, ha traído como consecuencia la deforestación de sus territorios, contaminación de las vías fluviales y fauna, así como brotes de enfermedades infecciosas. Todo esto menoscaba la capacidad productiva de tierras y recursos indígenas, afecta sus dietas tradicionales y coarta su derecho a la salud.
El equipo de Bachelet menciona en el informe el decreto dictado por Maduro en abril pasado, que permite la explotación minera en seis ríos de Bolívar y áreas geográficas protegidas, las cuales sirven como fuentes de agua potable y alimentos a varias etnias de la zona. Tanto indígenas como expertos indicaron que la medida se ejecutó sin la realización de consultas ni de estudios de impactos ambientales. “Los pueblos Ye’kwana y Sanema de la cuenca del río Caura estiman que dentro de cinco años este espacio fluvial estará contaminado, eventualidad que es sumamente preocupante para el futuro de sus habitantes”, resalta.
El documento también subraya que los indígenas afirmaron que haberse visto obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir debido a la situación económica del país. “La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural coarta su derecho a la autodeterminación”, sentencia.
Recomendaciones
La ONU recomendó a Maduro que garantizara que toda actividad minera en el país se practique en apego a los derechos humanos, estudios de impacto socio-cultural y ambiental y en el cumplimiento de normas ambientales nacionales e internacionales. Además, exigió la publicación de informes sobre el Arco Minero que ofrezcan datos socioeconómicos de la población de la zona, la violencia e indicadores económicos de la minería.
Pidió que se lleven a cabo “investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de la ley” que desmantelen las bandas criminales que controlan las minas, acaben con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas; y combatan la corrupción y enjuicien a los responsables de la violencia y la violación de derechos humanos en la zona.
Abogó por la realización de “consultas adecuadas y representativas” ante los pueblos indígenas que puedan verse afectados por medidas gubernamentales vinculadas con la minería, para que estos puedan desarrollar y tener control de sus tierras, territorios y recursos. Insistió en que se les dé reparación a las comunidades que ya han sufrido las consecuencias de la actividad extractivista.
Exigió que se revoque la Resolución 0010, dictada el pasado 8 de abril, y relacionada con la explotación del oro en ríos de Bolívar.
