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Asamblea Nacional

AN rechazó desincorporación de diputados del Consejo Legislativo de Zulia

LA ASAMBLEA NACIONAL RECHAZÓ ESTE MARTES la desincorporación del Consejo Legislativo, de varios diputados representantes del estado Zulia por parte de los representantes oficialistas de la entidad.

Juan Pablo Guanipa, diputado a la AN, denunció que la persecución a los representantes de la entidad zuliana es una táctica para cubrir la crisis de servicios públicos que se presentan en el estado.

“Se profundiza una crisis eléctrica desde hace años, también la crisis del agua, de alimentos, del combustible, del transporte, todo está en crisis en el Zulia, también hay crisis política. Han desincorporado a diputados del Consejo Legislativo del Zulia solo por haber salido a defender al estado; la Constitución establece la inmunidad, diputados solo responden a sus electores”, señaló Guanipa en la sesión del Parlamento.

Desirée Barboza, diputada a la AN, también denunció las deplorables condiciones de los servicios públicos de la región y la complicidad de los dirigentes oficialistas para atacar y perseguir a los parlamentarios zulianos.

“El problema que tenemos en Zulia es la luz, el agua, la ganadería, los derechos humanos. Absolutamente todo, porque el problema del Zulia es el usurpador y sus cómplices en esos municipios”, denunció Barboza.

Antes de la sesión de la AN, los diputados al Consejo Legislativo del estado Zulia denunciaron que han sido perseguidos por los dirigentes oficialistas por revelar los problemas que se presentan en la comunidad.

Asamblea Nacional aprobó el proyecto para la creación del Centro de Comunicación Nacional

EN SESIÓN ORDINARIA DE ESTE MARTES, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo que permite la creación de un Centro de Comunicación Nacional del líder opositor, Juan Guaidó, el cual será presidido por el periodista Alberto Federico Ravell.

Debido a la falta de comunicación imparcial en los medios públicos que se registra en el país y, también, a los distintos medios que han sido cerrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), este Centro de Comunicación Nacional tendrá la función de difundir los acontecimientos realizados por Guaidó, sus embajadores y representantes especiales designados.

Ante esto, la diputada por el estado Portuguesa, Beatríz Martínez, quien también funge como presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, resaltó que «los venezolanos tenemos veinte años viendo como se hace complejo tener acceso a la información oportuna y veraz, desde el poder implantaron hegemonía comunicacional».

Asimismo, la diputada por el estado Bolíbar, Olivia Lozano, subrayó que esta creación debe «romper el cerco comunicacional del régimen, esto es un hito buscando cesar la hegemonía comunicacional».

De la misma manera, llamó a los trabajadores de Conatel, Cantv y de los medios públicos a «ue asuman sus responsabilidad como ciudadanos y liberen las comunicaciones».

 

 

AN revisará pago de bonos Pdvsa 2020 la próxima semana
Con la cancelación de los intereses de estos bonos se busca proteger a Citgo, filial de la petrolera en Estados Unidos y uno de los principales activos externos de Venezuela, de posibles embargos de los acreedores

 

LA ASAMBLEA NACIONAL, CONTROLADA POR LA OPOSICIÓN, espera revisar la próxima semana el pago de los intereses de los bonos de la estatal Pdvsa por unos 71 millones de dólares, dijeron legisladores y un miembro de la junta administradora transitoria de la petrolera.

Con la cancelación de los intereses del bono Pdvsa 2020, se busca proteger a Citgo, la filial de la petrolera en Estados Unidos y uno de los principales activos externos de Venezuela, de posibles embargos de los acreedores.

Alejandro Grisanti, un economista nombrado la semana pasada en la junta de la estatal Pdvsa por la Asamblea Nacional, dijo que estaban «haciendo todos los esfuerzos» para efectuar el pago de los bonos, respaldados por la mitad de las acciones de Citgo.

Más información en El Pitazo.

Juan Guaidó sobre ayuda humanitaria: Es un paso importante, pero no suficiente

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela dijo que la ayuda humanitaria que llegó este martes a Caracas “es un un paso importante, pero no suficiente… debe llegar el cese de la usurpación”.

“Recogimos cientos de testimonios de la gente. Me llama la atención que cientos de familias estén desmembradas, que la gente no tenga acceso a medicamentos, madres se acercaron a las concentraciones”, dijo el mandatario interino.

Aseveró que la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela demuestra «el fracaso del régimen de Nicolás Maduro en materia de salud», dijo por VPItv.

«Reconocen ser genocidas de 7 millones de venezolanos, también vienen a reconocer el flujo migratorio más grande del mundo. Un régimen que reconoce la crisis humanitaria, un régimen que se contradice el mismo día», expresó Guaidó.

 

 

*Con información de El Nacional

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 6211 protestas y 51 manifestantes asesinados en los primeros 90 días del año

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS) registró 6211 protestas en los primeros 90 días del año, equivalente a 69 diarias, mientras que 51 manifestantes asesinados en lo que va de 2019.

Esta cifra representa un incremento de 157% en comparación con el mismo período del año pasado y 395% con respecto a 2017.

En el primer trimestre de 2019 se registró la mitad de las protestas reportadas durante todo el 2018, destacando que ese fue el año récord histórico de protestas en Venezuela con 12.715.

51% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

La Emergencia Humanitaria Compleja se agudiza de manera acelerada con el pasar de los días. Los venezolanos ven disminuidas sus posibilidades de disfrutar una vida digna, así lo evidencia este nuevo récord de protestas durante el primer trimestre de 2019. Pese a la represión o amenazas, la sociedad civil continúa en las calles.

 

Distribución geográfica de las protestas

Las protestas se han escenificado en todo el territorio nacional, desde las que respaldan a convocatorias políticas o gremiales hasta aquellas que surgen espontáneamente según las necesidades de los ciudadanos.

Distrito Capital, Miranda, Mérida, Trujillo y Táchira registraron la mayor cantidad de manifestaciones durante el primer trimestre del año. Mientras que Amazonas, Delta Amacuro y Vargas fueron las entidades con menores acciones de calle.

Derechos más demandados los primeros 90 días de 2019

Derecho a la participación política

En los primeros 90 días del año se documentaron alrededor de 2.820 acciones de calle en demanda de derechos políticos, equivalente a un promedio de 31 protestas diarias. Los ciudadanos han asumido una participación activa en defensa de la democracia y exigiendo el fin del régimen de Nicolás Maduro.

Por su condición de representante de un poder popularmente electo como es la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó se ha convertido en la figura clave para conducir los cambios que demandan los ciudadanos de forma pacífica y democrática.

Las actividades de calle han sido permanentes. En asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle, cacerolazos, la población ha recobrado la lucha política, para exigir un cambio de rumbo en la conducción del país.

Precariedad en servicios básicos

Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, no en vano la demanda de estos derechos ocupan el segundo lugar de protestas en el primer trimestre.

De las 6.211 protestas registradas, 1.668 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 19 protestas diarias. Una muestra del colapso de los servicios básicos en el país.

Apagón nacional. Reflejo de la corrupción y colapso de los servicios públicos

El OVCS documentó 1.032 protestas en rechazo a la decadencia en el servicio de energía eléctrica que afectó el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.

Los reiterados apagones nacionales registrados en el país desde el 7 de marzo generaron aproximadamente 994 protestas. En al menos 266 oportunidades, las personas aprovecharon las convocatorias políticas para mostrar su descontento por el colapso de servicios.

El impacto de la crisis generada por la falta de electricidad se mantiene hasta los primeros días de abril, durante el cierre de este reporte.

Derechos laborales

Las protestas de los trabajadores se ubicaron en el tercer lugar en el índice de la conflictividad en el país. En este lapso se reportaron 1.125 protestas, equivalentes a 13 diarias para exigir derechos laborales.

Continúan las exigencias por la protección del salario ante una desenfrenada hiperinflación que diluye cualquier remuneración o contrato colectivo.

El último ajuste del salario, que llevó la remuneración básica a Bs 18.000, no permite hoy a un trabajador cubrir para sí ni para su familia las necesidades básicas, como establece la Constitución.

Justamente, esta crisis económica es la que ha llevado a los trabajadores a exigir un nuevo Gobierno como aspecto vital para la recuperación de su calidad de vida.

Régimen de Maduro responde con represión letal y violencia a las manifestaciones pacificas

El OVCS y Provea documentaron 51 manifestantes asesinados en lo que va de 2019.

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El sistema de represión continúa siendo la respuesta del régimen de Maduro para contener el creciente descontento masivo y popular en todo el país. Empleando a grupos de exterminio, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (Rass).

La escalada de violencia y represión contra manifestantes pacíficos ha sido promovida por el propio Nicolás Maduro a través de llamados públicos a grupos de civiles y funcionarios de los cuerpos de seguridad a la resistencia activa en defensa de la revolución.

En la mayoría de las protestas atacadas por Colectivos Paramilitares se reportaron manifestantes heridos o asesinados.

El OVCS reitera sus exigencias:

-Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.

-Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.

-Poner fin a la orden dada a cuerpos de seguridad y de reprimir a manifestantes, en lugar de velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad.

-El cese inmediato de la participación de Colectivos Paramilitares, grupos de exterminio y Organismos de Seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.

– Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.

– Reitera la necesidad de que Venezuela reciba la cooperación humanitaria internacional, como mecanismo inmediato de ayuda a las familias venezolanas que sufren la grave crisis actual. Los datos de este período reflejan la preocupación de los ciudadanos frente a temas medulares para su subsistencia: alimentación, salud, empleo y servicios básicos. Así como, la creciente migración forzada masiva de personas que están saliendo de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Para conocer la versión completa haga clic aquí: Conflictividad social en Venezuela primer trimestre 2019

LA DESARTICULACIÓN DE UN ESTADO CRIMINAL – lo es Venezuela – y cualquier esfuerzo para una transición que lo devuelva a los espacios de civilidad, dentro de las complejidades de aquél y mientras permanece, implica un duro y complejo proceso. No se pueden despachar en tres meses 20 años de articulación de fuerzas por el mal absoluto, como las que secuestran a los venezolanos y tienen su origen en los pactos de 1998 entre Hugo Chávez y el fundamentalismo islámico, y de 1999, con la narco-guerrilla colombiana. Fidel Castro y su organización mafiosa, a la sazón, sin los mediadores en la ominosa circunstancia.

Cuento ya con una edad generosa y una generosa experiencia de Estado que me libran de arrebatos u obsecuencias fútiles. No es que carezca de pasiones, y la mía es Venezuela. No es que sea inmune a las rabietas y mortificaciones cuando las cosas no salen como deben ser, o con la velocidad que demandan las urgencias impostergables: el hambre y la inanición de todo un pueblo del que somos dolientes y parte. Soy sensible y sufro la agonía de los venezolanos. Por ello mismo estoy obligado a la prudencia, a sostener los nervios en medio de la tempestad y para dejar mi modesto aporte, desde mi aprendizaje, a fin de que todos y no unos pocos náufragos podamos alcanzar un puerto seguro.

Aprecio que Juan Guaidó, a quien le doblo la edad y es parte de la generación de relevo político que cada 30 años fractura a la historia patria, cuenta con esa acendrada virtud. Es propio del galeno ser prudente, sobrio, constante, estar exento de tristezas, saber llevar sosiego y esperanza a sus pacientes, para recuperarlos. Guaidó, espero no equivocarme, es un fiel discípulo de Séneca, para quien “el que es prudente es feliz, bastando la prudencia para dar felicidad al hombre”.

¿A qué me refiero?

Todas las preguntas que en buena lid nos hacemos hoy los venezolanos, encuentran alguna respuesta en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, adoptado el 5 de febrero. Y todos reaccionamos frente a lo que a diario le acontece a Guaidó y nos acontece, sin leer el Estatuto. El mismo obliga y también le fija límites y condiciones a Guaidó, como encargado de la Presidencia. No se olvide que no hay nada más peligroso que un gobernante – he allí nuestra actual tragedia – quien, a sí mismo, se considera gendarme del pueblo y con licencia para hacer y decidir a su arbitrio, por encima de la ley.

¿Por qué Guaidó no nombra ministros o se retarda para invocar lo que ya avanza antes de haber formalizado su pedido a la comunidad internacional, a saber, la responsabilidad de protegernos? El Estatuto tiene las respuestas y además marca sus tiempos. Lo que sí es cierto y definitivo es que las cosas no son más como lo eran ayer. 2015 es el punto de inflexión. La oposición, en un momento de desplome de los ingresos petroleros y de quiebra en los servicios públicos, distraída la dictadura en sus negocios criminales, logra colarse hasta el “centro” de su poder. Controla la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Hasta el día anterior ocupa espacios locales y sin recursos, sin incidencia en la estabilidad de aquella.

No por azar, si hasta entonces simula los sacramentos de la democracia, después le da un golpe a la mesa. Acaba con lo básico en toda democracia, con las elecciones y con el parlamento. 2016, 2017 y 2018 son los años de preparación de la transición. 2019 es el de su despegue, el de mayor aliento para independizar otra vez a Venezuela y devolverle el sosiego y bienestar. Son irrelevantes, esta vez, las resistencias o diferencias habidas dentro de la propia oposición al momento de diseñarse y definirse el liderazgo reclamados por dicho proceso. Hasta ayer éramos un poder opositor virtual. Hoy es diferente. Somos el gobierno legítimo. Desafiamos con talante a la usurpación criminal.

Ayer depende la oposición de los mendrugos que le da el régimen, previo sometimiento y bajo humillación. Hoy, como gobierno, la oposición de ayer es reconocida por el mundo occidental y éste, a su vez, le ha cortado el oxígeno al oprobio de la narco-dictadura. La oposición como gobierno, hoy día juega sobre el tablero del poder mundial y la partida de ajedrez avanza.  Tiene oportunidades. Vive y vivirá riesgos, y su desenlace que es propio, es igualmente ajeno, pues median intereses distintos y visuales particulares, inevitablemente, entre los mismos gobiernos extranjeros involucrados.

Son nuestros los tiempos del dolor y el sufrimiento, más urgidos, interpelan a diario. Son breves, pero no tanto, los tiempos de los países a quienes desestabilizamos con nuestra tragedia humanitaria. Pero no son muy veloces los de quienes observan nuestra agonía a miles de kilómetros y nos piden prudencia, para que la solución sea de vida y no negocio para las funerarias o el comercio de las armas.

Se trata, por lo dicho, de un proceso muy difícil, pero que no se paraliza. Juegan todas las opciones y tendrá su final esperado. No sabemos los costos.

Mal pueden olvidar los responsables de la transición, sin embargo, lo ya dicho. Son el rostro del gobierno y, como tal, están sujetos al duro y acre escrutinio público democrático. Y para ser distintos, están obligados a explicar sin cansarse, a razonar sin irritarse, a sumar, a convencer, a escuchar, recordando siempre que la voz del pueblo es la voz de Dios y que ningún profano puede pretender encarnarla más.

correoaustral@gmail.com

AN aprobó proyecto de Ley de Garantías para Empleados Públicos

LA ASAMBLEA NACIONAL aprobó este martes por unanimidad el proyecto de Ley de Garantías para los empleados Empleados Públicos.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, precisó que esta ley busca proteger a todos los empleados públicos del país, a quienes llamó a sumarse activamente «en la lucha por lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República».

“Los trabajadores han sido atacados vilmente, a algunos los llevan a tribunales para acusarlos de cualquier acción”, dijo el jefe del parlamento durante su intervención.

Afirmó que los trabajadores públicos no deben regirse por ninguna tendencia política y argumentó que el objetivo de esta acción, es recuperar el poder adquisitivo de todos los sectores. “Van a poder vivir dignamente, de su trabajo porque también es contra la inflación”, dijo.

Ratificó el llamado a la ciudadanía a expresar su rechazo ante las irregularidades en materia de servicios públicos y condenó una vez las acciones violentas contra los manifestantes.

AN declaró como terrorismo de Estado las acciones de los colectivos

Los diputados a la Asamblea Nacional declararon como «terrorismo de Estado» la actuación de los colectivos en contra de los ciudadanos venezolanos.

Un grupo de colectivos disparó el domingo contra los manifestantes que se encontraban protestando en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas, para exigir el restablecimiento del servicio de luz.

En imágenes y videos difundidos a través de Twitter se puede observar cómo el grupo paramilitar dispara con armas largas a los ciudadanos.

 

 

*Con información de El Nacional y Unión Radio

ESTE LUNES en horas de la mañana, trasladaron al Palacio de Justicia al director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, Roberto Marrero para realizar su audiencia de presentación.

El abogado de Joel García, defensor de Roberto Marrero advirtió sobre la complicidad del Ministerio Público, los Tribunales y el régimen de Nicolás Maduro para llevar a cabo un «linchamiento político contra su defendido, el líder de Voluntad Popular y preso de conciencia, Leopoldo López, y el presidente encargado», a quienes pretenden vincular con presuntos actos terroristas.

“Lo que vemos en este proceso judicial es el uso, una vez más, de los Tribunales del Estado para llevar a cabo un linchamiento político”.

Alertó que, tras una serie de fotografías difundidas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), se le podrían imputar nuevos delitos a Roberto Marrero. Además, aseguró que las imágenes hechas públicas por Jorge Rodríguez no se encuentran en el expediente de su defendido y reiteró que el Ministero Público no puede develar información a nadie.

Según el Gobierno «Marrero estaría involucrado en el contrato de personas provenientes de Guatemala y Colombia para cumplir con el plan de reclutamiento y entrenamiento de sicarios».

Por otra parte, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto, llamó a la comunidad internacional y a los venezolanos a mantenerse firmes exigiendo la libertad plena de Marrero. “Como familia esperamos que este lunes se haga la audiencia de mi hermano, sabemos que serán días largos. Desde este lugar, hacemos un llamado a toda la comunidad internacional y al país para que nos acompañe a exigir con fuerza la libertad de Roberto, que no tiene nada que ver con esos delitos infames que le pretenden imputar”.