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Falta de medios económicos para acceder a alimentos es una constante en Venezuela
Aunque la disponibilidad de alimentos mejoró en Venezuela, la falta de medios económicos sigue siendo una constante

Foto: EFE

La disponibilidad de alimento en Venezuela ha ido en crecimiento después de la pandemia, sin embargo, la falta de medios económicos para que los ciudadanos puedan adquirirlos sigue siendo una constante, así lo afirmó la doctora Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud y miembro de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición en una entrevista para NTN24.

La especialista recalcó que el acceso a los alimentos «esta sumamente comprometido, porque hay alimentos en el país, lo que pasa es que no tenemos los medios económicos para acceder a ellos». Agregó que los ciudadanos deben recurrir a distintas estrategias para poder comer.

Un nuevo Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de la organización HumanVenezuela reveló que «en 2023 91,6% de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral ante mayores niveles de gasto».

Además, un 41,1% de la población para subsistir a nivel alimenticio tuvo que combinar en el año 2023 distintas estrategias y además sacrificar gastos y privación de consumo.

«Hay gente que, por ejemplo, decidió hacer dos comidas al día, hay familias donde las madres no están comiendo para que sus hijos puedan comer, o simplemente, hay gente que decidió no comprar más ropa ni hacer más pagos para insumos que requieran para educar a los niños para así poder alimentarse», describió. 

Otras personas también deben elegir entre comprar medicamentos o vender artículos del hogar para  cubrir estos gastos lo cual es una «estrategia irreversible». «Cuando vendes un microondas para comprar un alimento, muy difícilmente recuperas ese microondas en el tiempo», explicó Herrera.

Sumado a esto hay una «seguridad alimentaria marginal», la cual refleja que los venezolanos logran alimentarse aplicando una estrategia que sacrifica otras necesidades básicas.

«En 2023 hubo un aumento de la seguridad alimentaria moderada y de la seguridad alimentaria serena, la cual se había mantenido un poquito más estable después de la pandemia, pero hemos vuelto a retroceder», dijo la especialista.

En todos los niveles y grupos etarios hay desnutrición

Herrera explicó que dentro del amplio espectro de pobreza hay grupos que, por su vulnerabilidad, suelen ser los más afectados.

Entre ellos están los niños menores de cinco años que son considerados grupos poblacionales vulnerables, también los adultos mayores y aquellos hombres y mujeres en edad fértil «que van a tener un déficit y desventaja a la hora de la procreación a las cuales se han sometido».

Esto, para Herrera, es «una notable y dura realidad que afecta a la mayoría al día de hoy». Pero, según la experta, para poder llegar a la solución de este conflicto se debe pasar primero por un análisis de otros temas como, por ejemplo la mejora de los servicios de agua, electricidad y gas.

La especialista resaltó que la falta de nutrientes desde temprana edad y aún desde la concepción influye sobre el desarrollo adecuado de los niños y niñas que están creciendo en el país.

Derecho a la alimentación vulnerado: se necesitan 91 salarios mínimos para cubrir la cesta alimentaria en Venezuela
El Estado venezolano contempla en la Constitución una serie de leyes que amparan el derecho a la alimentación de todos sus habitantes, pero no se cumplen

 

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), informó este martes que una familia venezolana de cinco miembros necesita unos 91,3 salarios mínimos para adquirir la cesta alimentaria familiar.

Actualmente, el salario mínimo en Venezuela está establecido en 130 bolívares mensuales, unos 5,28 dólares al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. 

Según estimaciones del Cendas, una familia necesitó 16 dólares diarios para cubrir la cesta alimentaria de 60 productos, o 482,26 dólares mensuales, lo que representa una disminución de 0,9 % en comparación con enero, cuando fue de 486,92.

No obstante, al hacer el cálculo en bolívares la cesta alimentaria tuvo un costo de 11.873,34 bolívares, un incremento del 14 %, debido a la inflación, con respecto a enero pasado cuando se registró en 10.418,98.

El sector que más aumentó en el mercado fue el de las salsas y mayonesas, con una variación de 39,88 %, seguido de los cereales y productos derivados, con un alza de 22,61 %, y los granos, con un incremento del 22,61 %.

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Inflación de febrero más baja 

La inflación de febrero fue de 20,2 %, 19,2 puntos porcentuales menos que en enero, cuando fue de 39,4 %, según datos difundidos a principios de marzo por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), entidad independiente al margen del Banco Central.

La organización explicó que, con un aumento del precio del dólar estadounidense del 11 % en febrero, una tasa de inflación mensual de 20,2 %, sugiere que los precios están «sobrerreaccionando a la devaluación del bolívar».

 Las leyes no se cumplen

En el Estado venezolano hay varias leyes que amparan el derecho a la alimentación de todos sus habitantes, pero en la práctica, esto no se cumple. 

El artículo 305 establece la garantía de la seguridad alimentaria para la población, otorgando carácter constitucional a los diferentes tratados de derechos humanos suscritos por la República.

La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (LOSSA) que se encarga de la regulación de la producción, comercialización y distribución de alimentos, hace referencia al derecho que tienen todos los venezolanos de contar con: seguridad y soberanía agroalimentaria con especial énfasis en el impulso a la producción nacional de alimentos, disponibilidad, acceso oportuno, inocuidad y calidad de los mismos.

Cabe recordar que Venezuela forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el año 1978, que en su artículo 11.2 reconoce el derecho de toda persona de estar protegida contra el hambre.

Además forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que en su artículo 26 se encuentra el Derecho a la Alimentación.

Pero, a pesar de eso, cerca de 6,5 millones de venezolanos padecen hambre, según el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022», de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Una mirada a las tendencias del hambre en los países de la región muestra que el hambre aumentó significativamente en Venezuela, en 18,4 puntos porcentuales, es decir, 5 millones más de personas con hambre entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021″, afirmó el informe publicado el pasado mes de enero. 

 

*Con información de EFE

ONU llevará alimentación escolar a niños venezolanos en 2023
La meta es asistir a un millón de niños. Para ello necesita 190 millones de dólares de financiamiento humanitario

 

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) anunció que expandirá su programa de alimentación escolar en Venezuela hasta alcanzar a un millón de niños en 2023, una meta para la que necesita 190 millones de dólares de financiamiento humanitario.

El director ejecutivo del WFP, David Beasley, concluyó hoy una visita de dos días al país. En esta ocasión, revisó parte de los proyectos implementados, se encontró con representantes diplomáticos y sostuvo una reunión privada con Nicolás Maduro.

En una nota de prensa, la organización explicó que el estadounidense visitó el estado Sucre, donde «se reunió con personal docente, familias y estudiantes durante una distribución de alimentos en dos centros educativos, así como con autoridades locales».

«El Programa Mundial de Alimentos agradece a todas las partes por brindar oportunidades a los niños en Venezuela. Podemos y haremos mucho más por las personas en el país», dijo Beasley, citado en el escrito, en el que se explica que la expansión de operaciones «incluirá las temáticas de desarrollo y resiliencia».

«Las personas me han contado que nuestro programa de comidas escolares ha hecho la diferencia para ellas. Les ayuda a ocuparse de otras prioridades, sabiendo que al menos los alimentos básicos están garantizados», añadió.

Sobre la reunión con Maduro, el WFP aseguró que sirvió para acordar el aumento en el número de beneficiarios, que actualmente incluye 430.000 personas que reciben canastas de alimentos para llevar a casa en 8 de los 23 estados del país.

OCHA otorgó ayuda humanitaria a niños

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) otorgó ayuda humanitaria a más de 750.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos entre enero y octubre de 2022.

En su más reciente reporte, publicado el lunes 21 de octubre, la OCHA detalló que, en total, se beneficiaron con la ayuda humanitaria 757.000 niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, la organización señaló que se beneficiaron también 942.000 adultos de 18 a 59 años de edad y 474.000 personas mayores a los 60 años, para un total de 2,17 millones de venezolanos atendidos en los primeros diez meses del año.

De acuerdo con datos que citó EFE, la OCHA señaló que dos millones de personas han recibido asistencia sanitaria, 969.000 han accedido a agua potable, saneamiento e higiene, y 410.000 recibieron suplementos relacionados con la nutrición, entre otras ayudas.

Con información de EFE

OCHA sobre Venezuela: Falta de acceso a medios de vida sigue siendo preocupante
El 72 % de la respuesta ofrecida en mayo y junio ha consistido en la distribución de alimentos, mientras que solo un 28 por ciento han sido actividades de producción

 

El informe de situación de Venezuela, publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA-ONU) este 26 de agosto reseñó que la falta de acceso a medios de vida continúa siendo «preocupante».

Además, resaltaron que la brecha entre las actividades de distribución de alimentos y el apoyo a los medios de vida sigue siendo un «desafío importante».

La OCHA explicó que las intervenciones a corto plazo corto plazo «no pueden disminuir la dependencia de la ayuda de los hogares vulnerables».

Según reporta la OCHA, las necesidades alimentarias en Venezuela siguen incrementando, pues durante los meses de mayo y junio, el precio de la canasta básica alimentaria aumentó y se mantiene por encima del nivel de ingresos económicos de familias en situación de vulnerabilidad. 

La situación genera «grandes desafíos» a la hora de asegurar una alimentación adecuada y, para afrontar esta situación, familias en situación de vulnerabilidad «dependen de redes de apoyo», incluyendo familiares en el exterior o de ayudas del Estado. 

Por otra parte, la OCHA asegura que la temporada de lluvias ha afectado «considerablemente» la producción de plátano, papa, zanahoria, caraotas o frijoles negros, cacao y coco, entre otros, en Zulia y Mérida.

También, recalcan que el sector ganadero se ha visto perjudicado, lo que genera poca disponibilidad y aumento en los precios de los alimentos.

Respuesta humanitaria

La OCHA señaló que en los últimos meses los socios de la organización han beneficiado a 273.930 personas con actividades como distribución de canastas alimentarias a 8.588 familias en 17 estados del país.

De igual forma, han provisto de alimentación escolar a 190.298 personas, y se alcanzaron 1.601 centros escolares en 10 estados del país.

Esta actividad se ha visto impulsada en gran parte por las intervenciones del Programa Mundial de Alimentos (WFP), que está implementando sus actividades con socios nacionales y locales en Anzoátegui, Barinas, Falcón, Monagas, Trujillo y Yaracuy. 

En un esfuerzo por reforzar las áreas de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, más de 13.300 personas fueron atendidas a través de actividades enfocadas en atender necesidades nutricionales por medio de la producción y transformación de alimentos.

También, 3.041 personas recibieron asistencia técnica y capacitación para el impulso de actividades productivas en el contexto rural y urbano. Se impartieron sesiones de formación y educación vocacional para generar actividades productivas que fomenten el mantenimiento, protección y creación de medios de vida.

El 72 % de la respuesta ofrecida en mayo y junio consistió en distribución de alimentos, mientras que solo un 28% fueron actividades de producción.

«La delicada situación se traduce en que persiste la necesidad de incrementar la asistencia relacionada con medios de vida y reforzar la resiliencia de personas en situación de vulnerabilidad», indica la OCHA. 

«El sector agrícola y las áreas rurales requieren de mayor atención porque tienen un gran número de personas con un poder adquisitivo limitado, a pesar de que el 88% de la población venezolana está ubicada en centros urbanos», señaló el informe. 

Acción Solidaria: El 75 % de las personas en Venezuela no tiene un seguro médico
9 de cada 10 personas destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación

 

Juan Rodrigues, integrante de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de la Asociación Civil “Acción Solidaria”,  informó que el 75 % de las personas en Venezuela no tiene un seguro médico.

Estos datos fueron recolectados en el informe que lleva por nombre: “La encrucijada de la salud: entre comida y medicamentos”, donde entrevistaron a 399 personas, desde el 7 de marzo al 8 de abril de este año, y allí, recaudaron información pertinente sobre el tema.

Según Rodrigues, nueve de cada diez personas destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación, lo que significa que en una medida mínima pueden costear otras necesidades como la salud.

Asimismo, puntualizó que existen tres sectores vulnerables en Venezuela, referentes al tema de salud: “Primero las mujeres, luego las personas de la tercera edad y personas con VIH, son las personas que mayor petición tienen en el estudio”.

En otro orden de ideas, Rodrigues destacó que en Venezuela se «han cambiado algunos problemas por otros», ya que se pasó la etapa de desabastecimiento de medicinas, sin embargo, los ciudadanos no tienen los recursos económicos para comprar las medicinas en las farmacias.

Claves | Informe de FIDH y Provea revela graves violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela desde 2016
Hasta el año 2012, de acuerdo con el informe, Venezuela había alcanzado a reducir la proporción de personas en situación de hambre, cumpliendo con las metas mundiales en esta materia

Foto: Provea

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Provea denunciaron las violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela.

A través del informe “Con la Comida no se Juega: Graves Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela”, las organizaciones denuncian que estas violaciones, que comenzaron en el 2016, son consecuencias de las políticas públicas del Estado.

Este informe se realizó durante el año 2021 y denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana.

De acuerdo con el texto, el gobierno tiene la obligación de adoptar medidas para aliviar el hambre, tras ratificar en 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se reconoce el derecho a la alimentación.

Señalan, además, que después de años de silencio, el gobierno de Nicolás Maduro empezó a reconocer la gravedad de la crisis, destacando que la dolarización informal y la liberalización focalizada han disminuido la escasez, aunque muchos productos son inasequibles.

Para elaborar este informe, las organizaciones recogieron datos de fuentes documentales, que incluyen 17 entrevistas a actores, representantes de ONG, organizaciones humanitarias, campesinas, académicos, periodistas y activistas comunitarios.

Incumplimiento a las obligaciones del derecho a la alimentación

Aunque según el informe, la alimentaria es compleja y resultante de factores económicos, políticos y sociales, tanto las medidas adoptadas como las omisiones del Estado Venezolano han devenido, en su conjunto, en una vulneración del derecho a una alimentación adecuada.

Además, aunque se han establecido programas de alimentación como el CLAP; estos carecen de la calidad requerida bajo el derecho internacional, se han implementado de forma discriminatoria y utilizado como instrumento de control social.

También, señalan que se debe reconocer la responsabilidad de otros Estados Partes. En este sentido, es fundamental que cualquier régimen de sanciones impuestas por terceros países contengan explícitas excepciones humanitarias y determinen mecanismos de regulación y control que eviten el sobrecumplimiento de empresas y gobiernos.

 

Por otra parte, señalan que la obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso.

Principios del cumplimiento de las obligaciones ante el derecho a la alimentación

El texto indica que se ha considerado relevante para el contexto venezolano analizar el principio de no discriminación, y los principios de transparencia, participación y descentralización. Además, detallan la relación entre la corrupción y el Derecho a la Alimentación como dimensión inherente al principio de rendición de cuentas.

En cuanto al principio a no discriminación, el informe de Provea y la FIDH señala que este requiere que un Estado no solamente asegure que sus leyes no contengan contenido discriminatorio, sino también adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar la discriminación de facto en términos de derechos económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, en cuanto a la transparencia, participación y descentralización; la Observación General 12 la formulación y aplicación de políticas públicas para el derecho a la alimentación “exige el pleno cumplimiento” de estos principios, los cuales tienen base en derecho internacional.

 

En este sentido, el anterior relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, ha resaltado la importancia de leyes o medidas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de programas relacionados con el derecho a la alimentación.

Efectos sobre la seguridad alimentaria y situación nutricional

Hasta el año 2012, de acuerdo con el informe, Venezuela había alcanzado a reducir la proporción de personas en situación de hambre, cumpliendo con las metas mundiales en esta materia. En el año 2012, fue uno de los países de América Latina y El Caribe con mejor desempeño.

Fue precisamente eso lo que le hizo merecedor del reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

“Por lograr reducir a la mitad el porcentaje de personas con hambre o subalimentación en el país antes de 2015, tomando como línea base el año 1990, conforme a lo establecido por la CMA de 1996 y por Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000 (…) Venezuela tenía que disminuir de 13.5% de personas subalimentadas para 1990 a una cifra menor de 6,7% antes del 2015”.

 

Aquello cambió de manera sostenida desde el bienio 2011-2013, cuando el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS)246 pasó de ser inferior a 2%, a 31,4% en 2017-2019247, equivalente en este último periodo a 9,1 millones de venezolanos en situación de hambre.

Según el informe de Provea y la FIDH, las proyecciones de la FAO indican que este escenario empeorará para 2030, cuando Venezuela será el país de América Latina con mayor proporción de personas en situación de hambre.

Datos del SOFI, 2020

– Disponibilidad de alimentos

En el año 2020, las deficiencias en los servicios públicos se sumaron a la crisis generalizada del sector productivo. Asimismo, las fallas eléctricas y la escasez de combustible han tenido efectos negativos en la producción de alimentos, con mayor impacto en el sector lechero y ganadero.

Por otra parte, la crisis agroalimentaria no solo ha afectado a los grandes productores, sino también a aquellos que viven de la agricultura familiar, residentes de la zona rural, una de las más desatendidas y con menos capacidad de respuesta. 

Un informe de la FAO  calificó a Venezuela como un país con limitaciones en capital fijo para la producción de alimentos, disrupción en la distribución y comercialización de alimentos y alteración de precios internos, también, con riesgo medio-alto en materia de acceso a insumos intermedios para la producción de alimentos y riesgo bajo en mano de obra para la producción de alimentos y la oferta de alimentos interna.

– Acceso a los alimentos

La escasez de alimentos se inició en Venezuela en el año 2012, coincidiendo con el reconocimiento otorgado por la FAO a Venezuela antes mencionado. Esto se mantuvo y se agudizó.

El texto indica que de las causas de la dificultad de acceder a una alimentación adecuada fueron el control de precios y cambio vigente hasta 2020, que causó la escasez de productos alimenticios. Esto fue profundizándose con la hiperinflación en 2017 y el desfase entre precios e ingresos de la población.

 

Puede leer el informe completo aquí

 

*También puede leer: Venezuela dependerá más de las importaciones y otros efectos del conflicto en Ucrania

Informe Codhez: 71% de hogares en La Guajira viven por debajo de la línea de pobreza extrema
Según Codhez, 80% de la población de La Guarija viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reportó en su informe de agosto las precarias condiciones de vida de personas pertenecientes a comunidades indígenas de esa región.

El reporte de la ONG recuerda que las comunidades indígenas que habitan la región Zulia son los Wayuu y Añú,  cuyo hábitat se ubica en la Guajira, y Barí, Japreria y Yukpa, cuyo hábitat se ubica en la Sierra de Perijá.

Advierten que estas etnias padecen el «abandono institucional y gubernamental acostumbrado por los gobiernos de turno, con el agravante de que en los últimos años la desatención ha llegado a tal extremo que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia».

Entre los hallazgos más importantes de este informe de Codhez, se destaca que el 71% de los hogares de La Guajira viven por debajo de la línea de pobreza extrema.

A continuación, se presentan las claves de los resultados sobre la situación de los pueblos indígenas que hacen vida en el estado Zulia:

La Guajira

En el caso de esta zona, donde habitan los Wayuu y Añú, los principales problemas son la carencia en los servicios públicos como electricidad y agua potable, el suministro de gasolina y transporte público, la inaccesibilidad a la salud y la educación, así como la inseguridad alimentaria, ciudadana y jurídica que padece esta región.

Servicio eléctrico

Durante los primeros siete meses del 2021, la prestación del servicio eléctrico fue decadente. La situación llegó a tal extremo, que hubo sectores que llevaban más de un año sin electricidad, como los habitantes de la comunidad de Marichen I en al municipio Guajira, quienes denunciaron que los dos transformadores que les suministraban electricidad se dañaron en enero del 2020 y hasta febrero de 2021,  afirmaban que realizaron múltiples solicitudes a la Gobernación del Zulia y a la Alcaldía del municipio, sin obtener respuesta, situación que perjudicaba a más de 120 familias.

Tal situación es tan agobiante que el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunciaba un déficit de 90 transformadores en ese municipio.

Agua potable

Desde enero del 2021, se hicieron múltiples denuncias sobre el problema del suministro de agua en La Guajira. Una de las más resaltantes estuvo relacionada con el alto precio de la pipa de agua vendida por los camiones cisternas.

Con respecto a la pipa, que solo alcanza para unos dos días, estuvo valorada en enero de 2021 en Bs. 2.000.000,0019 (COP 12.000,00 y USD 1,29 en ese momento), pero hay sectores donde ni siquiera pasan estos camiones, como es el caso de la comunidad Fundo El Carmen. 

Gasolina y transporte público

Desde hace cuatro años el despacho de gasolina y el transporte público es un problema agudizado en todo el estado Zulia, por lo que en La Guajira no son ajenos a esta realidad.

Según el informe de Codhez, en abril de 2021 los pescadores de varios municipios del estado, entre ellos la Guajira, denunciaban que por cada 35 litros de gasolina debían entregar 6 kilos de pescado a los encargados de las estaciones de servicio para luego venderles el combustible.

Salud

Uno de los temas más preocupantes es  la propagación de COVID-19 en la región Guajira.

A mediados del mes de marzo, la alcaldesa del municipio anunció el arribo de apenas 156 dosis de la vacuna Sinopharm a distribuirse en dos centros de diagnóstico integral (CDI) en Sinamaica y Paraguaipoa, mientras que para ese entonces se reportaba que el personal médico del hospital centinela del municipio no había recibido ningún tipo de inmunización.

Asimismo, en abril ya se reportaba el ingreso al Zulia de la variante brasileña por la zona limítrofe con la Guajira.

Educación

Al igual que el año pasado, el derecho a la educación en esta zona del se encuentra desatendido, sobre todo luego de la declaratoria de la cuarentena social y la sustitución de las clases presenciales por clases a distancia mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Con respecto a lo anterior, el Inso Encovi 2020 reportó que solo el 2,7% de los hogares en la Guajira poseen computadoras, mientras que 1,1% tiene acceso a internet.

Alimentación

La poca disponibilidad y el bajo acceso a los alimentos entre las familias de esta región es uno de los mayores problemas. Dicha situación se ve ensombrecida ante la falta de políticas reales y sustentables que permitan rescatar los índices de seguridad alimentaria, que contribuyan a restablecer niveles óptimos de nutrición y calidad de vida de las personas.

Además, en abril de 2021, a más de un año desde del inicio de la cuarentena, las familias del municipio Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes.

Seguridad

La seguridad en la zona fronteriza de La Guajira siempre se ha considerado en alerta roja. Es un espacio por donde se trafica todo tipo de mercancía, lo cual ha generado la proliferación de mafias y delincuencia organizada.

Con respecto a lo anterior, denuncias apuntan que estos grupos actúan bajo la anuencia de los órganos del Estado quienes, o bien participan activamente en las actividades ilícitas, «o reciben sobornos para garantizar el silencio y no averiguación de hechos delictivos».

Perijá

Habitantes indígenas de la Sierra de Perijá presentan las mismas calamidades en cuanto a la prestación de servicios públicos como electricidad, agua potable o gas doméstico.

Salud

Codhez señala que existe una «indolencia gubernamental» ante la ausencia de los más elementales requerimientos sanitarios y médicos transciende en el tiempo.

En ese sentido, el informe señala que no existen condiciones  mínimas de infraestructura hospitalaria, ni insumos, ni medicamentos para atacar enfermedades que incluso se estimaban erradicadas de la región, como es el caso de la tuberculosis, y mucho menos para atender el impacto de la pandemia en estas comunidades.

Educación

Las comunidades del pueblo yukpa han sufrido desatención por parte del Estado en materia educativa.

Sin embargo, a principios de este año, el Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas anunció la realización de unas jornadas de atención integral dirigida a la comunidad indígena Yukpa del Kilómetro 22, que incluía asistencia en materia de salud, alimentación, servicios públicos, vivienda y educación, para lo cual se organizaron mesas de trabajo con los voceros de la comunidad y así abordar a las familias yukpas.

Alimentación

En las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, uno de los mayores problemas es la desnutrición, que ha ido en crecimiento y se asocia directamente al deterioro del poder adquisitivo, lo cual impide la adquisición de alimentos con alto contenido proteico y nutricional.

Antes de la pandemia, el comercio informal permitía solventar por lo menos una de las tres comidas diarias, pero con la hiperinflación, la crisis de gasolina y de transporte, «es casi imposible».

Gasolina y transporte público

La escasez de combustible sigue causando estragos en todo Zulia, especialmente en zonas rurales como la Sierra de Perijá. Consecuencia de esta escasez es la indisponibilidad de transporte para trasladar los pocos alimentos cosechados, o  para atender emergencias de salud.

Seguridad

Un ejemplo de la deteriorada seguridad en esta zona es que en febrero de 2021, unos yukpas permanecían en las instalaciones de una unidad de producción en Machiques (finca Araguaney) que, al parecer, invadieron el 29 de enero como exigencia y forma de presión para que el gobierno termine la demaración de las tierras indígenas de las cuencas de El Tukuko y Yaza que inició en 2006.

El Ejército venezolano custodiaba las instalaciones tomadas y los trabajadores cumplían su jornada laboral.

Hallazgos generales

  • Según el Inso Encovi 2020, el 71% de los hogares del municipio Guajira viven por debajo de la línea de la pobreza extrema.
  • 66% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni tienen empleo.
  • 100% de los hogares presenta inseguridad alimentaria.
  • 94,3% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o severa.
  • Solo el 5,4% pudo pagar por atención médica.
  • 80% de la población de La Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes.
  • Solo 2,7% de los hogares en la Guajira poseen computadoras, mientras que 1,1% tiene acceso a internet.
9 de cada 10 adultos mayores asistidos por Convite tienen dificultad en el acceso a alimentos
En cuanto al área de salud, 91% tiene, al menos, una enfermedad crónica y sus ingresos, en la mayoría de los casos, no les permiten adquirir los medicamentos indicados

 

Entre julio de 2020 y julio de 2021, la Asociación Civil Convite adelantó un proyecto de asistencia humanitaria para contribuir a mejorar la salud y la protección de las poblaciones más vulnerables, incluida la prevención de la propagación de la Covid-19, en varios estados de Venezuela.

En el proyecto, Convite evaluó cuán afectados están los adultos mayores y las personas con discapacidad en cinco municipios de la capital, por la inseguridad alimentaria, la vulnerabilidad y dependencia económica, las interrupciones en servicios básicos, la presencia de enfermedades y las múltiples barreras al acceso a servicios de salud. 

Entre los hallazgos más importantes que pudo determinar el proyecto sobre la situación de 1216 personas vulnerables en Baruta, Chacao, Sucre, Páez y Libertador destacan: 

Alimentación

88% manifestó que se ha visto en la necesidad de disminuir la cantidad de alimentos y la calidad de los mismos.

83% de las personas mayores dependen de otros para cubrir sus necesidades básicas y 21% son completamente dependientes de otros para sus actividades de la vida diaria.

48% de los adultos mayores hacen menos de 3 comidas por día, y 92% tienen dificultades en el acceso a los alimentos.

Salud

En cuanto al área de salud, 91% tiene, al menos, una enfermedad crónica y sus ingresos, en la mayoría de los casos, no les permiten adquirir los medicamentos indicados y tampoco tienen acceso a consultas médicas periódicas.

49% de estos adultos mayores no tiene acceso a los insumos para prevenir la COVID-19 y 16% ha perdido a un familiar o amigo por esta causa.

93% de estas personas depende de una pensión de vejez menor a $2 al mes y sumando otros ingresos no llegan a $5.

18% de las personas mayores viven solas y 61% se sienten preocupadas o ansiosas con frecuencia.

63% de las personas mayores tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales 63% tiene al menos discapacidad visual.

28% indicó que la actividad de la vida diaria más afectada es la movilidad, seguida de vestirse y realizar la higiene personal.

Servicios básicos

92% de las personas mayores reportan interrupciones frecuentes de los servicios básicos.

78% de los entrevistados requieren uno o más dispositivos de asistencia. 

Resultados 

La atención humanitaria que realizó Convite permitió que 357 beneficiarios recibierAn cuidados domiciliarios, 608 beneficiarios recibieron uno o más dispositivos de asistencia (lentes), 589 beneficiarios fueron referidos a otros servicios de salud, 1092 beneficiarios recibieron 1 kit de higiene, 155 personas recibieron medicamentos y 485 recibieron comidas preparadas durante 14 semanas.

“En Convite centramos la atención humanitaria en las necesidades específicas de las personas más vulnerables, por eso antes de brindar asistencia hacemos un estudio previo para dar respuesta personalizada y posteriormente monitoreamos el cambio en su condición de vida y conocemos sus opiniones sobre la asistencia recibida”, resaltó Luis Francisco Cabezas, director general de la organización.

*Puede leer el informe completo AQUÍ