EL COMUNICADO QUE EMITIÓ el Tribunal Supremo de Justicia el pasado viernes, que por cierto no aparece aún en su página oficial, deja ver el odio con el que el máximo poder del país, léase Hugo Chávez, dirige sus ataques a quienes osan discrepar o se atreven a cuestionar las políticas públicas de su régimen. La amenaza de una demanda al Cardenal Urosa Sabino y a los demás miembros de la cúpula eclesiástica venezolana trasluce en el texto. “Quebrantamientos estos que desconocen tanto la normativa vigente entre el Estado Venezolano y la Santa Sede como los que regulan las propias competencias, potestades y modos de proceder de quienes, con su actuar, comprometen a la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público”.

La amenaza se deja ver además en las reseñas que sobre el comunicado hacen los medios públicos rojos rojitos donde señalan a Urosa  como “quien se cree embajador de Jesucristo”.

Destacan que  el máximo tribunal de la República considera que” los juicios de valor con evidente contenido político, que incluyen cuestionamientos sobre la labor de las ramas del Poder Público, formulados por estos representantes del clero, constituyen un desacato a la propia doctrina católica”. Siguen manifestando “su preocupación porque el Cardenal Urosa Savino junto a la jerarquía de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) han asumido un auténtico rol de interlocutores políticos, y en contravención del convenio entre la Santa Sede y la República, así como de otras normativas, y en desconocimiento de los principios y valores de la Iglesia Católica”. Acusándolos de estar politizados arremeten así: “Queda en evidencia que la actuación del Cardenal y los firmantes de los comunicados de la Conferencia Episcopal Venezolana, no se compadecen con los intereses propios de la actividad pastoral, sino que revelan un aprovechamiento de su alta investidura para adoptar posiciones políticas”.

Ante este soterrado intento de criminalizar a la Iglesia el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el ex magistrado Román Duque Corredor, salió al paso al TSJ señalando que ninguna norma le impide al episcopado expresar sus opiniones sobre el país.

“Tendrán que prohibir el culto católico como lo han hecho otras dictaduras globales. No es cierto que el Concordato entre el Vaticano y Venezuela le impida a la Iglesia expresar su opinión sobre atentados a los derechos humanos y a la propia Constitución”.

El engaño que pretende el TSJ es alarmante al decir que el acuerdo entre los dos Estados le permite al Presidente vetar a los altos funcionarios de la Iglesia. Según Duque es una lectura tergiversada pues el veto se puede hacer antes de la designación de obispos y arzobispos.”La de Cardenal es una distinción interna que concede la Iglesia. El gobierno no tiene ninguna competencia ahí”.