#MonitorDeVíctimas | FAES, el grupo de exterminio de la PNB

Entre mayo y noviembre de 2017, 31% de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en el Área Metropolitana de Caracas, fueron responsabilidad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad perteneciente a la PNB que fue creada en medio de las protestas políticas

El fin de este grupo, según el presidente Nicolás Maduro, era atacar el crimen y las “bandas terroristas” apoyadas por la derecha. Pero su actuación lo acerca más a las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por las Operaciones de Liberación del Pueblo en los últimos dos años

Monitor de Víctimas

Dos semanas después de su muerte, el carro de Eduard Alejandro Tovar Tovar, de 28 años de edad, estaba en la misma calle de La Bandera, en la parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, donde lo había dejado. Todavía le faltaba el caucho que le habían robado y por el cual él había decidido ir hasta la calle Los Cocuyos del barrio El Cañao, ubicada en el mismo sector, a unas cuantas cuadras de su casa, cerro arriba, en un intento por recuperarlo. Quería pedirle a una banda de “robacauchos” que le devolvieran el suyo para seguir con su trabajo de taxista. Fue por eso que subió a la barriada aquel mediodía del martes, 28 de noviembre. Pero en el camino, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que hacía un operativo antisecuestro en la zona, le disparó y lo golpeó hasta matarlo.

“A Eduard lo agarró la policía allá arriba y le pusieron una capucha y unas esposas”. Eso fue lo que dijo un vecino que pudo llamar a la vivienda del joven y contar lo que acababa de ver. De inmediato, la familia se movilizó hasta el sitio. Su esposa, sus tías, sus hermanos, sus primos, todos intentaron llegar hasta el lugar exacto donde lo tenían, pero el perímetro estaba cerrado por los uniformados. Cuando pedían información a los funcionarios, estos les decían que Eduard no estaba allí. Pero ellos sabían que no era así y temían lo peor.

El caso de Eduard no es único. Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra las FAES. Un día antes, Oliver José Plaza Rodríguez, de 24 años de edad, supuestamente cayó tras haberse enfrentado a tiros a los miembros de esta misma división cuando estos hacían un operativo por la calle La Raiza de El Valle. Información policial indica que le incautaron un revólver marca Colt, calibre .38, un vehículo y varias panelas de presunta cocaína. Sin embargo, otras versiones apuntan que Rodríguez Plaza fue sacado de su casa desarmado y asesinado a pocos metros de esta. Su hermano y una mujer fueron detenidos.

De acuerdo con cifras recabadas por Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de este año, en el Área Metropolitana de Caracas, se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil principal de estos casos es el de “resistencia a la autoridad”, según reportes oficiales, con 88 casos. Pero también hay 31 ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por testigos y familiares de las víctimas; 4 por causas a determinar y una víctima que quedó en la línea de fuego.

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Las acciones de la FAES ocurren en un año en el que hubo un incremento de la violencia ejercida por el Estado, tal como lo reporta el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Allí se señala que aquellos “dados de baja” por resistir a la autoridad pueden ser interpretados como ejecuciones extrajudiciales debido a las denuncias que han hecho desde parientes de las víctimas hasta la propia Fiscal General de la República, hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

“Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad”, apunta el informe.

Un par de zapatos y una media ensangrentada

Policías con rostros cubiertos, vestimenta negra, otros de civil, y disparos, muchos disparos. Ráfagas que no paraban por largos ratos. Eso recuerdan los parientes de Edaurd que aguardaron durante horas en las adyacencias de la calle Los Cocuyos, cerca de La Bandera, para tener noticias del muchacho. “Ahí lo que hay es poco de ratas que venden drogas”, les contestó un PNB cuando le dieron la descripción del muchacho. El sonido de los tiros siguió y a este se sumó el de la detonación de dos granadas que, supuestamente, habían hecho explotar los presuntos delincuentes que perseguían.

Los familiares se mantuvieron en el sitio hasta las 6:00 pm, cuando vieron que metieron en una camioneta el cuerpo de un hombre y que tres personas más entraron esposadas por una de las puertas del vehículo. La oscuridad les impidió reconocer a Eduard entre las personas que habían visto de lejos, aunque sí se toparon con dos malas señales: un pariente había visto que un policía llevaba en las manos los zapatos de su Eduard y que los había metido en un carro. Otro se topó con una media ensangrentada de la víctima.

“Le echaron unos tiros y lo dejaron desangrar como se va a hacer ver en Fiscalía con los testigos que vamos a llevar. Todos vieron cuando le dispararon. A ninguno de la banda que estaban buscando lo agarraron. Simplemente les zumbaron una granada y no los hirieron”, explicó José Gregorio Hernández Tovar, tío de la víctima, en la morgue de Bello Monte, apenas dos días después del asesinato de Eduard. Para entonces, la muerte del joven –de acuerdo con una minuta policial– había sido el resultado de una operación dirigida a la banda de “El Viejo”, dedicada al secuestro, la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes de la zona. Al muchacho lo señalaron como miembro del grupo delictivo y le inventaron un apodo: “El Guácharo”. También, según sus familiares, le “sembraron” un arma de fuego: un revólver Smith & Wesson, calibre .38.

“¿Tú crees que si yo soy jefe de banda, o un garitero, voy a cargar un pedazo de .38? O si yo estoy montado por allá, voy a dejar que ellos me lleguen tan cerca. Ellos (los uniformados) dicen que hubo un enfrentamiento con la banda”, comentó Hernández Tovar, quien formó parte de la extinta Policía Metropolitana (PM).

La parroquia Santa Rosalía, donde ocurrió el crimen de Eduard, es la tercera zona del Área Metropolitana de Caracas donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes perpetradas por las FAES. Entre mayo y noviembre, según Monitor de Víctimas, este cuerpo cometió allí 16 homicidios, principalmente en los sectores adyacentes a El Cementerio. Solo la supera El Valle, con 21 decesos, y El Paraíso, con 17, donde están las barriadas que bordean la Cota 905 (declarada “zona de paz” en agosto pasado). En los tres sitios operan numerosas bandas y megabandas dedicadas a delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el secuestro y la extorsión.

San Juan, donde está ubicado el barrio El Guarataro, es otra de las parroquias azotadas por las FAES, que dejaron allí 14 muertes entre mayo y noviembre. En estos cuatro sectores del municipio Libertador se produjeron 54% de los homicidios a manos de este grupo policial.

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De las OLP a las FAES

Eduard llegó desnudo y muerto al Hospital Leopoldo Manrique Terrero, también conocido como Periférico de Coche, la noche de ese 28 de noviembre. El relato que testigos y vecinos dieron a sus familiares indica que el primer balazo lo recibió 6 horas antes, alrededor de las 2:00 pm, y que aunque tanto los residentes de la zona como el mismo Eduard le explicaron al uniformado que estaban atacando a un inocente, estos continuaron su arremetida contra la víctima en un callejón de la zona, donde lo golpearon y le dispararon repetidas veces hasta deformarle la cara. Lo que permitió reconocer el cadáver fue un par de tatuajes que el joven llevaba en ambos brazos y en los que se leía “Domini” y “Angelina”, los nombres de sus dos hijos.

El ex funcionario y tío de Eduard aseveró que el nombre de su sobrino fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) ese 28 de noviembre y que se comprobó que no tenía ningún tipo de antecedentes criminales. Sin embargo, 48 horas después, apareció una denuncia en su contra.

“O sea, después de muerto, él empieza a delinquir. Ahí podemos dejar claro lo que es un buen procedimiento, cuándo de verdad se da con los autores de los hechos que están delinquiendo y azotando los barrios y cuándo se entra sin medir, sin hacer una previa investigación. Entran echándole tiros a todo el mundo y, cuando ven que la persona es sana y que no tiene nada que ver, entonces terminan matándolo y cuadrando el enfrentamiento”, argumentó. Según él, los miembros del FAES simularon un enfrentamiento y apuntaron hacia las casas de los vecinos de las zonas para que estos no se asomaran por la ventana a ver lo que hacían.

La minuta policial de ese día apunta que, junto a Eduard, cayeron otras dos personas. Sin embargo, estos cuerpos nunca llegaron al Hospital y tampoco se tuvo acceso a sus familiares en la morgue de Bello Monte. Sus identidades, aún hoy, se desconocen.

“Esas dos personas no eran de por allí. Parece que los trajeron de El Cementerio y de Caricuao. Como era un operativo antisecuestro, parece que tenían que montar su teatro bueno allí”, añadió un familiar de Eduard que pidió que no se revelara su identidad.

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Historias como las de Eduard tienen puntos en común con las de otras víctimas de las FAES. Su cuerpo se desangró en un lugar que estuvo acordonado por la policía durante horas, tal como ocurrió con Guillermo José Rueda, de 20 años de edad, quien fue sorprendido por los funcionarios la madrugada del pasado 12 de diciembre, mientras dormía con su madre, de 47 años, en su casa en el sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Analis Sosa, suegra de la víctima, contó que los uniformados le dijeron a Guillermo que solo querían hablar con él y que era un operativo de rutina, luego sacaron a su madre y a él le propinaron un tiro en el pecho. Seguidamente, el perímetro se mantuvo cerrado por 9 horas y se simuló un enfrentamiento. Mientras, la víctima agonizaba y perdía sangre. Los policías lo llevaron muerto al Periférico de Catia.

Parientes de Guillermo denunciaron que, durante el hecho, los funcionarios se llevaron varios objetos de valor de la vivienda. Alegaron que el difunto nunca estuvo preso ni solicitado. Llevaba varios años laborando como vendedor informal.

El enfrentamiento en el que supuestamente murió Édgar Alexander Ibarra Ruiz, de 27 años de edad, también fue simulado, según sus familiares. Ocurrió en el caserío Caicaguana de El Hatillo, en el estado Miranda, alrededor de las 9:00 am del 27 de noviembre. Hasta su vivienda llegaron las FAES, quienes sacaron a la víctima de su casa y la asesinaron a pocos metros. Todo el lugar estuvo acordonado hasta después del mediodía, cuando se llevaron el cadáver en una furgoneta que había llegado cuando apenas comenzaba el operativo.

Los procedimientos de estas fuerzas especiales coinciden con los implantados por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), entre julio de 2015 e inicios de 2017, en los que murieron 560 personas en todo el país, de acuerdo con una investigación de Runrun.es

Pese a que en estos operativos del FAES no participan otros cuerpos policiales, el actuar de los uniformados es similar y tan violatorio de los derechos humanos como resultaron ser las OLP: toman zonas populares durante varias horas y evitan que los habitantes salgan o entren a estos territorios, arriban con pasamontañas y vestimenta oscura, sacan a las víctimas de sus casas para ejecutarlas o lo hacen dentro de sus viviendas, agreden a los familiares y los amenazan o torturan, roban las pertenencias de los hogares, simulan enfrentamientos y les siembran armas a las víctimas para justificar los homicidios.

El director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, Marco Antonio Ponce, dijo en septiembre de 2016 a El Nuevo Herald que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de las OLP,  “institucionalizó” este tipo de procedimientos irregulares que desde hace algún tiempo habían sido practicados por los cuerpos policiales venezolanos.

“Estos son comandos armados que principalmente asesinan a personas pobres en los sectores populares, que han realizado masacres en los barrios de Caracas”, afirmó Ponce. “En esas masacres han sido asesinados presuntos delincuentes y también vecinos”.

Jhon Hernández (nombre ficticio para proteger su identidad) pudo vivir para contarlo. El pasado 12 de octubre, alrededor de las 8:00 am, fue víctima del exceso policial implementado por este cuerpo de seguridad. Jhon, quien presenta una discapacidad, se encontraba en Caricuao en la casa de una tía arreglando una moto cuando llegaron los uniformados del FAES.

La víctima contó que los funcionarios propinaron varios disparos al aire para asustar a los vecinos que se encontraban asomados en las ventanas de la zona y obligaron a Hernández a ingresar a una vivienda. Dentro de la propiedad lo sometieron a torturas psicológicas y físicas.

“Ellos me decían que me iban a matar, que les dijera si era malandro o no. Y yo les decía que no era de la zona y que solo estaba arreglando una moto, pero seguían atacándome. Me dieron varios golpes y estuve desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde dentro de esa vivienda sometido a toda clase de torturas por parte de estos funcionarios que dicen ser la ley”, contó.

Luego de aquel momento, la víctima reveló que su cédula desapareció, pero logró sobrevivir a las torturas de los uniformados. “Ellos ni respetaron que estaba mocho de una pierna”, expresó.

“Estos grupos siempre son más de lo mismo. Mientras no se mantengan acciones puntuales y no se toque la coyuntura, no hay estructuración, no se van a manifestar cambios y en algunos casos, dependiendo de la situación, se reflejarán los excesos policiales”, expresó Miguel Dao, ex director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al tiempo que señaló que se debería realizar un análisis de cada caso en los que han actuado las FAES.

Hombres jóvenes como objetivo

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La mayoría de las víctimas del FAES son principalmente jóvenes de entre 16 y 25 años. Algunos de ellos, al menos 40 (32%) de los 124 casos, han estado en algún momento detenidos por robo, secuestro u otro delito por el que pagaron una condena.

Tras salir de prisión, estas personas son el objetivo de este grupo policial. Son varias las familias que han informado que su pariente estaba bajo presentación o que estuvo detenido en algún momento y que murió en manos de la FAES, algo que pareciera ser una estrategia que aplicó este año tanto este cuerpo policial como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El 80%  de las personas que han muerto por este grupo han laborado como albañiles, comerciantes informales y mototaxistas, según lo informado por sus familiares.

El accionar de estos funcionarios-principalmente- es sorprender a sus víctimas cuando están desprevenidos, ya sea dentro de sus hogares o fuera de ellos, cuando realizan alguna actividad diaria.  

Las horas de incursión de los uniformados son, primordialmente, en la madrugada cuando la persona está durmiendo o se encuentra impróvido.

Los disparos que profieren los funcionarios contra los infortunados se efectúan a quemarropa. El 90% en áreas del pecho, en los costados y espalda. Luego de cometer aquel acto, en algunos casos,  frente a sus familiares y niños, propinan varios disparos al aire para simular un enfrentamiento y acordonan todo el lugar, impidiendo el paso de familiares y residentes de la zona.

En otro aspecto, se dice dentro de los estatutos de la fuerza policial que un buen uniformado no debería actuar fuera de la ley y mucho menos cometer robos, un hecho que está desvirtuado.  

En todos los casos de ajusticiamientos y supuestos enfrentamientos los familiares denunciaron robos en sus viviendas por parte de funcionarios cuando llevaban a cabo los procedimientos en las zonas caraqueñas.  

“La pesadilla de los delincuentes”

Aunque sus acciones comenzaron meses antes, la FAES fue presentada oficialmente durante una alocución presidencial el 14 de julio de 2017, dos días antes de la consulta nacional que realizó la oposición para medir el rechazo contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en medio de un clima de conflictividad social que se había prolongado por casi 4 meses. Su misión, de acuerdo con las palabras del propio primer mandatario, era la de combatir la inseguridad y actuar “contra el crimen y el terrorismo”.

Aunque fueron ideadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, la presentación del cuerpo corrió a cargo del viceministro de Seguridad Ciudadana, Alexis Escalona Marrero, quien aseguró que los 641 uniformados que ese día aparecían en las pantallas de televisión habían sido “adiestrados, equipados”, y trabajaban “con mística”.

“Día a día salen a la calle con el fin de defender al pueblo, siempre apegado al respeto y a la garantía de los derechos humanos”, afirmó Escalona Marrero. Sin embargo, para esta época las FAES ya habían sido señalada por dos masacres ocurridas en mayo: una en la Cota 905, en la que murieron 5 personas, y otra en Artigas, donde se registraron 7 caídos. En ambos casos, los familiares de las víctimas denunciaron que algunos de los fallecidos habían sido sacados de sus viviendas, que se llevaron cosas de sus casas y que fueron ejecutados extrajudicialmente.

En ese mismo acto se mostraron los 35 vehículos, 180 motos y unidades antimotines (Vene-4, Jacks, ballenas y barreras) que les fueron adjudicadas para sus operaciones y se anunció que el equipo tendría 1.000 miembros para finales de año. “Tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más de 100 días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones Especiales”, dijo Maduro para despedir el contacto.

Las minutas policiales del FAES los muestran como una especie de justicieros. Al pie de cada una se pueden leer párrafos como este: “¿QUIÉNES SOMOS?… LOS QUE NO DESMAYAN… LOS QUE NO DESCANSAN… LOS PROTECTORES DEL PUEBLO… LA PESADILLA DE LOS DELINCUENTES… SOMOS PROFESIONALES… SOMOS EFICIENTES… SOMOS  IMPLACABLES… SOMOS  F.A.E.S”.

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En estos mismos escritos se utilizan términos como “neutralizar” o “dar de baja”, para referirse a las personas que resultan muertas en los operativos. También se habla de “fallecidos”, cuando en realidad lo que ocurrió fue una muerte violenta. Subrayan también que los uniformados disparan cuando se ven en la “imperiosa necesidad” o para “repeler una acción ilegítima”. En las incautaciones son frecuentes los hallazgos de revólveres, calibre .38, con seriales destruidos. Los caídos, la mayoría de las veces, son identificados por sobrenombres. Sin embargo, cuando se denuncian ejecuciones extrajudiciales, los familiares suelen señalar que a las víctimas no tenían estos alias.   

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Hernández Tovar, tío de Eduard y ex PM, criticó que los funcionarios del FAES no sean juzgados por crímenes como el que cometieron contra su sobrino.

¿Eliminan la Policía Metropolitana y meten a esta basura? Porque yo no voy a decir que en la PM éramos buenos, pero por lo menos hacíamos el trabajo. A nosotros sí nos caía todo el peso de la ley. Aquí, como esto es mandado por el gobierno, hay que taparlo (…) Ya está bueno de que aquí todos los días estén matando gente sana y lo quieran cuadrar como si fuera un delincuente. A mí no me van a venir a echar cuento. Porque lo que ellos están aprendiendo lo que a mí se me está olvidando. Andan vuelto locos para ver a quién le dan un tiro”, sentenció.

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