¿A quién denunciar cuando la policía se convierte en persecutor e incita a la delación? Runrun.es responde, a través de las voces de expertos, los pasos a seguir:
@loremelendez
“CON EL FIN DE GARANTIZAR la paz en Venezuela, si tiene información sobre este generador de violencia, notifique de manera anónima al @0800Cicpc24”.
Con esas palabras, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), inició una campaña en Twitter a través de una de sus cuentas, @PrensaCicpc, que durante un par de días expuso al odio y a la persecución política a varios venezolanos que habían participado en las manifestaciones de Caracas.
Aunque la difusión comenzó el viernes, 7 de abril, el aumento de estos señalamientos, la aparición de nuevas cuentas con el mismo tipo de mensajes y la inclusión de más rostros en las horas siguientes, desató las críticas en las redes sociales el sábado pasado.
El mote “generadores de violencia” no solo fue aplicado a ciudadanos, sino también a legisladores elegidos por voto popular y a defensores de derechos humanos que estaban en las marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia que hace dos semanas disolvieron el Parlamento de mayoría opositora. Entre los acusados están el concejal José Gregorio Cáribas, presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad del Cabildo Metropolitano; la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa, María Beatriz Martínez; y la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
Ante el hecho, varias organizaciones civiles como Foro Penal Venezolano, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, responsabilizaron al Estado por la integridad de las personas a quienes se etiquetaba como violentas.
La cuenta de @PRENSACICPC dio el «ejemplo» ayer. Hoy se han sumado nuevas cuentas en campaña de odio#VzlaDeGolpe https://t.co/eX24p8FvnU
— Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) 8 de abril de 2017
Denunciamos infame campaña de criminalización contra nuestro concejal @goyocaribash . Hacemos responsable al gobierno por su integridad
— Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) 7 de abril de 2017
Si alguien conoce a las personas criminalizadas por CICPC, estamos a la orden para acompañarlos en denuncia pic.twitter.com/Dc8OmXIzQ2
— Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) 8 de abril de 2017
@PRENSACICPC @0800CICPC24 Soy Maria Beatriz Martínez Diputada de Portuguesa y NO me amedrenta esta sucia campaña! soy una luchadora sin rabo de paja por Venezuela
— Ma Beatriz Martínez (@MBMartinezR) 8 de abril de 2017
«Estas personas son señaladas públicamente como violentos por una cuenta que es institucional y de allí la gravedad del hecho, porque eso es terrorismo de Estado», sentenció el abogado penalista Eliécer Jiménez, quien alertó que en las fotografías difundidas, a ninguno de los señalados se les ve con armas o en una actitud que realmente evidencie que promueven la violencia.
«En ninguno de los casos hay pruebas, tampoco tienen abierto un procedimiento previo, ni siquiera les hicieron una notificación. Este es un organismo policial que se está dando a la tarea es una instigar, de manera directa, al odio porque le solicita a la ciudadanía que de información sobre estas personas, pone en tela de juicio su reputación, pudieran resultar agredidas», advirtió.
Un buen primer paso, para el especialista, sería acudir a una ONG que defienda los derechos humanos y que pueda contar documentar el caso de cada uno de los afectados.
«Lo más grave es guardar silencio, porque si estas personas se quedan calladas, podrían ser golpeadas o detenidas arbitrariamente. Al hacer algo al respecto, se salvaguardan», apuntó.
Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmó que los acusados pueden ejercer tres acciones: la primera de estas es reportar ante Twitter los mensajes que fueron enviados a través de estas cuentas. La compañía podría sancionar al usuario con el bloqueo y eliminar lo difundido.
La segunda acción es penal, explicó Rodríguez, «porque se les juzga anticipadamente, se les califica como terroristas y generadores de violencia y quedan sometidos a una campaña de descrédito». Por esas razones, las víctimas pueden denunciar la situación de riesgo en que los ponen estos mensajes y responsabilizar ante el Ministerio Público tanto al director del Cicpc, Douglas Rico, como al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
La tercera acción también se ejerce ante la Fiscalía. Los afectados pueden solicitar medidas cautelares de protección en caso de sentirse amenazadas por los tuits emitidos por el cuerpo policial.
«Desde Provea, se hizo una llamado tanto a la relatoría de Naciones Unidas, así como a la Comisión de Derechos Humanos del mismo organismo. Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, fue señalada en esta campaña, y por eso estamos advirtiendo a los demás defensores de derechos humanos que puede haber mayores situaciones de riesgo para nosotros», apuntó Rodríguez.
Jiménez respaldó que estas denuncias deban hacerse en el Ministerio Público y añadió que lo mismo debe hacerse ante la Defensoría del Pueblo. «Esto, como requisito de mero trámite, porque sabemos que ambas instituciones lamentablemente responden a ideas partidistas», dijo.
En ambos casos, los señalados deben acudir acompañados por un abogado, con un documento que relate por escrito la situación y con una copia que sirva para hacer acuse de recibo. «Sabemos que hay mucho miedo, pero lo que viene detrás de esto pudiera ser mucho peor», advirtió.
