Por primera vez, asociaciones civiles venezolanas de distintos ámbitos se unen para exigir cambios en el alto Gobierno. Trascienden a sus propósitos originales asumiendo el rol de actores políticos. Analistas justificar su accionar  por el quiebre institucional. «El rescate de la Constitución es un objetivo unificador de la sociedad»

Lisseth Boon | @Boonbar

Gitanjali Wolfermann | @GitiW

MÁS DE CIEN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES con intereses tan disímiles como la defensa de derechos campesinos y ambientales, la provisión de medicamentos para pacientes con VIH, la libertad de expresión, los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT, firmaron el martes 4 de abril de 2017 un comunicado pidiendo la destitución del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por no cumplir con su trabajo.

Tres días antes, también 51 organizaciones exigieron mediante un documento la renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el golpe de Estado que implicaron las sentencias 155 y 156, las cuales anularon la Inmunidad Parlamentaria y traspasaron todas las funciones de la Asamblea Nacional al TSJ y el Ejecutivo.

Rafael Uzcátegui, director de la organización de DD.HH. Provea, explica que el factor aglutinador del tipo de demandas es el debilitamiento de las instituciones. “Anteriormente, los planes operativos de muchas ONG solo tenían requerimientos en derechos sociales, pero las sucesivas rupturas del orden democrático las han llevado a incluir exigencias de orden político y civil”.

“Desde el 20 de octubre Venezuela entró en dictadura”, se lee en el banner que encabeza la cuenta de Twitter de Provea. “La suspensión de las elecciones fue cruzar una frontera, había que salir en defensa de la democracia pues solo en un contexto democrático se garantizan los derechos humanos”, argumenta Uzcátegui.

«Las ONG están haciendo lo que les corresponde: exigir respeto a la Constitución», considera la psicólogo social Colette Capriles. «Se trata de una acción política correcta porque busca la restitución de la Carta Magna, pacto base de la convivencia social».

Del coto social, al político

No siempre fue así. Tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas las organizaciones sociales tenían una presencia menos activa en la vida política nacional. Feliciano Reyna, activista de DDHH y director de la organización Acción Solidaria, argumenta que en períodos de fragilidades sociales en el país, por ejemplo, el incremento de la pobreza a finales de la década de los 80, las ONG abogaban principalmente por derechos sociales. De hecho, recuerda que eran conocidas como organizaciones de desarrollo social.

“Con el aumento de las detenciones masivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las restricciones a la libertad de expresión e información, las ONG empezaron a exigir el respeto a derechos civiles y políticos, ambos amparados por los derechos humanos”, dice Reyna, quien agrega que la defensa de la dignidad humana ha sido un cohesionador del trabajo de ONG de distintos ámbitos.

En el campo internacional también ha sido evidente el incremento en la presencia de ONG venezolanas en espacios como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, ha trabajado durante los últimos 16 años en Ginebra -sede el organismo de la ONU-, y confirma que las ONG no solo han crecido en número, sino en nivel de profesionalización.

“Al inicio del gobierno de Chávez había poca presencia de ONG de Venezuela y el país no era un foco de atención privilegiado por tratarse de una nación en paz. Sin embargo, al concretarse la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013), las ONG venezolanas comenzaron a sentir que se quedaron sin espacios para elevar las denuncias y comenzaron a acudir al Consejo de DD.HH de la ONU de manera más consistente y sistemática. La explosión de la crisis venezolana produjo la reacción. Cuando una sociedad se ve acorralada busca una válvula de escape en la esfera internacional”, describe Muñoz Castro.

Comparar la actuación de las ONG venezolanas con la de otros países es difícil, admite el director de la RIDH. “Desde que Venezuela presentó su primer Examen Periódico Universal en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se convirtió en el espacio para denunciar las violaciones graves a los derechos humanos”, dice Muñoz Castro.

Desde la llegada del chavismo, las organizaciones de la sociedad civil -grupos de interés sectorial-  han tenido que asumir acciones de interés colectivo dentro de la dinámica política ante la debilidad de los partidos, observa Capriles. «En tiempos de la Coordinadora Democrática, por ejemplo, la debilidad de los partidos era tal que las organizaciones sin fines políticos tomaron el liderazgo más allá de sus objetivos específicos».

Capriles encuentra que en Venezuela, «la sociedad civil siempre ha sido muy díscola, al no comprometerse con la visión de la política, lo cual es lógico si se pretende ser una ONG y al mismo tiempo influir en la política». Aunque considera que la conducción en momentos de cambio o agitación política tiene que recaer en los políticos, la también profesora de la USB sostiene que la articulación entre las ONG y partidos es fundamental para la restitución del hilo constitucional. «El rescate de la Constitución es un objetivo unificador de la sociedad».

¿Actores políticos o partidistas?

Reyna argumenta que todos los ciudadanos son actores de la vida política del país: gremios, sindicatos, academias y organizaciones sociales. “Todos formamos parte de la vida política del país y nos ampara el artículo 132 de la Constitución, según el cual, toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

“Cuando la vida democrática es débil, los gobiernos buscan la vía de la descalificación llamándonos actores políticos, pero el error está en confundirnos con actores partidistas, que son aquellos que aspiran al poder. Fijar posición política en defensa de la Constitución y las leyes es un deber de todos los ciudadanos. Se ha intentado criminalizar la participación ciudadana y eso es algo con lo que hay que seguir luchando a través de denuncias basadas en hechos, documentadas rigurosamente”, afirma el director de la ONG Acción Solidaria en VIH/Sida.

El director de la RIDH reconoce que el tema de la politización de las ONG es muy delicado. “Hay de todo y no se puede generalizar. Puede que haya una que otra ONG que tenga esa visión partidista, pero se reconocen por la información que presentan. Ahora, el tema es el siguiente, un gobierno podrá acusar a las ONG de pertenecer a un complot, pero la defensa de los derechos humanos es un tema político en el sentido más amplio de la palabra. Hablar de derechos humanos es hablar de la independencia de los poderes públicos, también de la libertad de expresión e información. Siempre hay elementos políticos mezclados con la defensa de los derechos humanos”.

Muñoz Castro sostiene que como las ONG exigen transparencia a los Estados y critican las acciones que violan la legislación nacional e internacional, el discurso de algunos gobiernos es decir que las ONG quieren tumbarlos, “pero se trata de un argumento falaz que esgrimen cuando no quieren dar vía libre a la crítica y las llaman “supuestas ONG”.

¿ONG enemigas del chavismo?

«El chavismo apunta que la declaración de las organizaciones está dirigida a darle un golpe a las autoridades para tomar el poder. Pero ese argumento se desmonta en el caso del Defensor del Pueblo y de los magistrados del TSJ porque no cumplieron sus funciones en la defensa a la Constitución y el pueblo. Hay una falla estructural del Defensor al avalar la sentencia del TSJ que viola la Carta Magna y también de los magistrados al dictarla y luego rectificarlas, porque la rectificación es admisión de culpabilidad», afirma Capriles.

Para la analista, la Constitución no tiene partido político. «Defenderla es deber de todo ciudadano. En este sentido, la posición de las ONG dirigida a restituir la Constitución refleja la de todos los actores de la sociedad, incluidos ciudadanos y partidos políticos», concluye.

La politización de la acción de las ONG es un riesgo que Uzcátegui asume: “La única polarización que es aceptable para una ONG es la de víctima y violador de derechos humanos. En 2002 denunciamos el Golpe de Estado y pedimos la aplicación de la Carta Democrática ante la OEA, ahora, también nos toca asumir frontalmente la defensa de la Constitución”.