La revista «The Economist», en su edición de la primera semana de agosto, acaba de publicar un artículo realmente muy interesante. Bajo el título «Liberty’s lost decade» se hace un análisis de la política de seguridad de los Estados Unidos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. No solo eso. Se afirma que desde la administración Bush, periodo en el cual dio inicio a nivel internacional la «guerra contra el terror», e incluso después con el presidente Barack Obama, las prioridades se han enfocado en garantizar más la seguridad que las propias libertades consagradas en la Constitución.
Esto se presta para el análisis y el debate cuando vemos que uno de los países que más ha defendido los derechos y las libertades como elemento fundamental de la democracia han sido los Estados Unidos.
Sin embargo, la actuación norteamericana en Iraq y Afganistán, la permanencia de Guantánamo y las filtraciones hechas por Bradley Manning y Edward Snowden ponen en entredicho una política que durante mucho tiempo fue inspiración para otras naciones. Como dice la revista, los valores norteamericanos no deberían convertirse en bajas (casualties) de la guerra contra el terror.
Es cierto que Manning y Snowden infringieron la ley. Es cierto también que los dos no son embajadores de la libertad de expresión. Ello no les libra de que el sistema de justicia tenga que actuar como se establece en estos casos. No obstante, ¿hasta qué punto es legítimo que llamadas telefónicas y correos de email sean interceptados por parte del Estado? ¿La salvaguardia de la seguridad lleva a mantener un sistema judicial que al momento de aplicarla no usa la báscula sino un gran martillo que lo destroza todo? ¿Cuál es el límite que permita establecer un equilibrio entre seguridad y libertad? Lo dicho tiene la intención de cuestionar en esencia al sistema que opera en los Estados Unidos. Busca plantear ciertos aspectos que pueden ser mejorados. Para ello el análisis y la crítica son indispensables. Si no fuese así no podríamos decir lo que pensamos. Considero que así como es necesario que un Estado genere y mantenga información que puede ser reservada, es importante también mencionar que esto no puede ser motivo para tapar o cubrir los abusos de poder. A la democracia, hasta cierto punto, le hacen bien las filtraciones, mucho más cuando estas destapan corrupción o violación de los derechos humanos.
Sirva esto de ejemplo para debatir en el caso de nuestros países el papel del Estado frente a las libertades. ¿Hasta qué punto somos libres de decir las cosas? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a pensar distinto? ¿Hasta qué punto son conscientes nuestros gobernantes de los límites que debería tener el poder?
Fuente: El Comercio (Ecuador)
