Avanza peligrosamente la represión en el país. Bajo la doctrina de la Seguridad Nacional se pasa del discurso a la norma y de la norma a la acción. El resultado, se viene elaborando un marco jurídico amplio que restringe cada vez más las libertades democráticas y es mayor el número de personas imputadas por diversos delitos que se suman a la lista de presos políticos o perseguidos políticos.
Pero lo más peligroso es que se avanza hacia un Estado policial que pretende enfrentar pueblo contra pueblo, tratando de involucrar en labores de policía a un sector de la población. El sapeo como política de Estado.
Veamos desde distintas perspectivas este progreso de la represión.
El comportamiento del gobierno es cada vez más preocupante y se incrementan los riegos en materia de derechos humanos:
Penalización del derecho a la huelga: Hoy en día es un riesgo para los sindicalistas principalmente del sector público convocar y realizar huelgas. Tanto la Ley de Seguridad de la Nación como la Ley para la Defensa de las Personas en Acceso a los Bienes y Servicios establecen penas de prisión por paralizar la producción. Un caso emblemático lo constituyó en encarcelamiento por más de un año del dirigente sindical Rubén González. Se le privó de libertad por dirigir una huelga en la empresa del Estado Ferrominera del Orinoco para exigir cumplimiento de la convención colectiva. Más de un centenar de sindicalistas tienen procesos penales en curso.
Pasos iniciales hacia la justicia sin rostro: La justicia sin rostro fue implementada por Fujimori en Perú, se aplicó en Colombia, se aplica en Chile y México actualmente. Se trata de usar policías y testigos a quienes no se conoce ninguna identidad. Ellos en juicio te acusarán sin tener oportunidad de recusarlos, ni interrogarlos. Bajo esa modalidad, en esos países, se ha enjuiciado a miles de inocentes con abierta violación del derecho a la defensa. En Venezuela con la creación de la Policía Nacional Anticorrupción en noviembre de 2014 se dio el primer paso hacia esa justicia sin rostro al establecerse que los policías no podrán ser identificados.
El sapeo como política de Estado. En el año 2008 el para entonces presidente de la República derogó luego de intensas críticas de organizaciones de derechos humanos la denominada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia bautizada como Ley Sapo. El ex presidente Chávez afirmó que nadie podía ser obligado a delatar a otro. Con el presidente Nicolás Maduro se revivió esta ley difuminando sus normas en varios instrumentos jurídicos. Mediante reforma a la Ley de Seguridad de la Nación en noviembre de 2014 se creó el denominado Sistema de Protección para la Paz. Según el Decreto 1471 que lo desarrolla el llamado subsistema popular no es más que incorporar a la población a través de las organizaciones sociales a realizar labores de inteligencia contra quienes adversen al gobierno.
Se suma a ello los llamados Comando populares Antigolpe, con el cual se pretende que la población enfrente a quienes disienten del gobierno. Tanto en el discurso de los altos jerarcas del gobierno como en las normas se indica que se debe derrotar al enemigo interno. Y todo disidente es visto como un conspirador y por lo tanto como un enemigo.
Así, un sector de la población es el bueno, aquel que simpatiza con el gobierno. Otro sector de la población es malo, aquel que cuestiona la gestión de gobierno incluso desde las propias filas chavistas. Contra ese sector de la población que es malo actuará el Sistema de Protección para la Paz, los Comandos Antigolpe y la recién creada Fuerza de Choque y la Brigada Contra los Grupos Generadores de Violencia.
Y para completar se elabora la inconstitucional Resolución 8610. Así además de la represión selectiva con un Sebin cada vez más laborioso, se crean condiciones para la represión masiva a la protesta social. El comportamiento del gobierno es cada vez más preocupante y se incrementan los riegos en materia de derechos humanos.
