El país democrático se debate entre apoyar o no la participación en las elecciones regionales pautadas para finales de año. El abultamiento desvergonzado de los datos de participación correspondientes a los ilegítimos comicios constituyentes, confirmado por fuentes diversas, ha generado desaliento y ha acrecentado la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación merece un doble comentario.

Por un lado, ya había apuntado en esta columna que la desmoralización era el verdadero objetivo y el mayor peligro de la propuesta seudoconstituyente. No tanto los inmensos poderes que la Constituyente querría acumular, en un Estado en el cual la idea de los límites jurídicos al gobernante hace tiempo que ya fue aniquilada, sino la construcción artificial de una victoria electoral, es decir, de una derrota de la oposición, basada en el asalto de sus espacios institucionales y de la simbología del triunfo. Es un grave error no elevar la mirada, por encima de la trama psicológica oficial, hacia el horizonte que muestra un futuro democrático.

Supuestos radicalismos

Por otra parte, se extiende el escepticismo frente a los procesos electorales como vía para el cambio político o se considera una traición pensar en la inscripción de candidaturas en las elecciones regionales. Son comprensibles muchas de estas reservas, pero debemos cuidarnos del error de caer en supuestos radicalismos que alimenten la opresión. En el sector opositor, ¿alguien ha tenido en los últimos años confianza en el CNE? ¿Es ahora que ha salido a relucir alguna condición que antes no hubiera sido apreciada? ¿Se ha roto en algunos una visión idealizada del órgano rector? A diferencia de lo que se aduce desde el oficialismo, no se trata de que haya que reconocer en la actualidad al CNE porque fue ese mismo organismo, con idéntica integración, el que proclamó a los candidatos opositores victoriosos en la jornada del 6 de diciembre de 2015. Por el contrario; no confiábamos en el CNE en el 2015 y ahora menos, y está pendiente la designación por la Asamblea Nacional de al menos dos de sus miembros. Pero hay que estar conscientes de que si queremos democracia deben utilizarse los cauces o pasillos electorales, por estrechos que sean, ensanchándolos gracias a la protesta ciudadana, la vigilancia y organización electoral desde los partidos políticos para lograr la recuperación institucional que se reclama. Ante nuevos desmanes, mayor ingenio y cohesión. No se olvide, además, que el oficialismo corrió solo y a sus anchas en estos fraudulentos comicios.

Interrogante

No obstante, seguirá en pie la pregunta de si tiene sentido concurrir a procesos probablemente amañados, en un marco institucional autoritario o dictatorial. Esta interrogante puede admitir distintas respuestas plausibles según las circunstancias. Creo que fue correcto no participar en las elecciones a la pretendida Constituyente porque sus reglas de integración y la forma en que se adoptaron fueron antidemocráticas. Pero la cuestión se plantea en otros términos con las elecciones regionales. Exigidas por la oposición de manera insistente y siendo constitucionalmente necesarias, sería contradictorio eludirlas. Sin embargo, lo decisivo es que, si existe algún margen para que el triunfo en las urnas se traduzca en resultados oficialmente aceptados, sería irresponsable ignorar la convocatoria. Y hay razones para sostener que ese margen existe o es posible lograrlo. Experiencias exitosas de transición, como la chilena, no hubieran sido posibles si se hubieran soslayado contiendas electorales desventajosas pero que daban alguna oportunidad para el despertar democrático. Evidentemente, sería desatinado concurrir inocentemente a esos comicios, sin garantías suficientes de verificación, auditabilidad y en general transparencia que permitan acreditar un eventual fraude. Adicionalmente, ha de prestarse atención al desarrollo del fraude constituyente y su posible impacto sobre la significación real de la elección de gobernadores y diputados regionales.

Muy riesgosa

La alternativa de abstenerse de participar para deslegitimar o no convalidar es muy riesgosa cuando el marco institucional no es democrático, porque lo que para el demócrata es un ataque certero desde la ética política de la soberanía popular, es una tabla de salvación para un régimen que solo puede sostenerse con el respaldo de la desesperación o la división del adversario.

No hay soluciones mágicas, está claro, pero las elecciones regionales, siendo poco en comparación con el objetivo político al que se aspira, pueden contribuir a aproximarnos a la conquista democrática, como parte de una lucha de mayor alcance sustentada en la movilización ciudadana y la resistencia ante la arbitrariedad del poder.

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