La victimización del chavismo ante un escenario internacional sin precedentes por lo adverso hacia él en ocasiones alcanza niveles de comicidad. Es una verdadera caricatura de la idiotez disecada por Montaner, Mendoza y Vargas Llosa aquella manera mecánica de culpar al “imperio” por todo mal que el movimiento revolucionario padezca. Así, la lluvia de críticas y exhortos contra la mal llamada constituyente por parte de diversos gobiernos siempre es identificada como una expresión de obediencia a Washington. El absurdo es tal que se llegó a afirmar que la posición de la Unión Europea, una de las más duras en su lenguaje, revela la sumisión de este organismo a los intereses norteamericanos. En realidad, el chavismo hizo un milagro al conseguir que en algo estén de acuerdo la UE y el Gobierno de Estados Unidos, cuyas relaciones atraviesan un momento bastante frío desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.
De todas maneras, con o sin fantasías conspirativas de la ñangarada gobernante, la advertencia sobre sanciones en caso de que se instale la “constituyente” está ahí, al parecer más cercana que nunca a su concreción. Trump fue el más enfático de todos: en un comunicado de su propio despacho afirmó que las acciones serían “robustas y rápidas”. La información sobre qué se traería el Ejecutivo estadounidense entre manos se ha mantenido reservada, pero ha trascendido que las penas incluirían adiciones a la lista de funcionarios y jerarcas del chavismo vetados del sistema económico norteamericano e, incluso, la suspensión de las importaciones de petróleo venezolano. Si esto último llegase a ocurrir, tendría razón el canciller Samuel Moncada cuando dijo que se está pasando a otro nivel, más allá de los castigos individuales del pasado (lo cual, por cierto, implicaría que el propio Gobierno sabía que su campaña contra las sanciones ordenadas por Obama tergiversó los hechos).
Que Estados Unidos deje de comprar crudo criollo supondría una situación tan complicada, que es difícil visualizar el tamaño de sus consecuencias. La comprensible ansia de los venezolanos por un cambio político que desaloje al PSUV de Miraflores puede llevar a que cualquier impacto que sea percibido como fuerte contra el Gobierno sea deseable, sin una mínima consideración sobre el posible daño colateral que ello implique para la colectividad. Incluso el argumento de que es necesario pasar roncha por un tiempo como sacrificio por el bien a mediano o largo plazo puede sucumbir ante el hecho de que sanciones impuestas por un país a otro más débil no siempre logran el efecto esperado.
Para muestra está ni más ni menos que Cuba, la máxima referencia ideológica del chavismo. Allá van para seis décadas con un embargo estadounidense que no ha podido sacar a la gerontocracia habanera. Todo comenzó en 1960, un año antes de que Fidel Castro declarara el carácter marxista-leninista de su régimen. No obstante, los yankees, que no tienen un pelo de tontos, ya se olían lo que el barbudo tramaba y actuaron de acuerdo con la lógica de la Guerra Fría. Primero, redujeron las importaciones de azúcar (principal producto cubano, del que EE.UU. era el mayor comprador) y la venta de petróleo a la isla. Castro respondió exportando el azúcar a la Unión Soviética, y comprándole a esta el hidrocarburo. Las refinerías en Cuba eran propiedad de estadounidenses, que se negaron a procesar petróleo del enemigo rojo. Como resultado, el gobierno [Gobierno] las estatizó, sin compensación alguna. Luego vino un toma y dame entre Washington y La Habana, con mayores restricciones al comercio por un lado y nuevas expropiaciones por el otro. En pocos años quedó establecida una prohibición total al trato con Cuba para ciudadanos estadounidenses.
El régimen de Castro se blindó estableciendo la enorme mayoría de sus relaciones comerciales con la Unión Soviética y sus satélites de Europa Oriental. Tras la caída de estas dictaduras comunistas, se acabaron los sponsors eslavos y la economía cubana entró en el llamado Período Especial, una etapa de colapso económico total, con una drástica caída en el producto interno bruto, escasez dura de fuentes de energía (los apagones eran constantes y la falta de gasolina obligó a miles de personas a recurrir al caballo como medio de transporte) y hambre por doquier. La situación fue tal que produjo las que tal vez hayan sido las protestas masivas más grandes contra el Gobierno desde el triunfo de la revolución: el “Maleconazo” de 1994. Sin embargo, la represión logró disolverlas rápidamente.
Aunque antes de que terminara el milenio la economía cubana ya estaba relativamente estabilizada (en el 99 llegó Chávez al poder, y ya saben qué significó eso para isla), la década oscura coincidió con un endurecimiento del embargo norteamericano. Lo que hasta ahora habían [había] sido medidas dictadas por el Ejecutivo fue reforzado con dos leyes emanadas por el Congreso, ambas conocidas informalmente por los nombres de sus promotores. La primera fue la Ley Torricelli de 1992. Además de reafirmar la prohibición a los estadounidenses de interactuar con el sistema financiero cubano, se estableció que cualquier embarcación que comerciara bienes y servicios con la isla no podrá [podría] tocar puertos norteamericanos en seis meses. La segunda, la Ley Helms-Burton de 1996, dispuso que las empresas (estadounidenses o no) que traten con Cuba puedan ser sancionadas en EE.UU., con la posibilidad de impedir la entrada de sus ejecutivos a territorio norteamericano. La idea es obligar a las compañías a elegir entre los dos mercados, uno de los cuales es [era] desde luego mucho más lucrativo.
Como puede verse, el conjunto de sanciones a Cuba no es poca cosa. Pero, a pesar del daño significativo a la economía de la isla, nunca han llevado a una mejora de la situación política. Tengan esto en cuenta quienes claman sin mayor reflexión por una réplica de estas medidas para la nación.
A pesar de la verborrea antiimperialista, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, y casi lo único que nos compra es oro negro. Es más, ellos y la India son los únicos importadores relevantes de crudo venezolano que pagan al contado. A China se le vende para cancelar deudas, y a Petrocaribe, en condiciones casi de regalo. ¿Qué pasaría si la principal fuente de divisas del país se esfumara de la noche a la mañana? ¿De dónde saldrán los dólares para importar, en un país donde no se produce nada y la escasez ya es gigantesca? ¿Cómo un gobierno asfixiado por deudas que contrajo irresponsablemente evita el default? Es sumamente difícil que Venezuela encuentre una fuente alterna de ingresos. Rusia y China, únicos amigos geopolíticos de peso, no estarán dispuestas a asumir ese papel.
Aunque claro, en Washington hay mucho más que las buenas intenciones de no perjudicar al pueblo venezolano. Obviamente [Es obvio que] las consecuencias de dejar de importar nuestro petróleo son infinitamente más severas para nosotros, pero eso no significa que ellos queden sin inmutarse. Venezuela es el tercer mayor proveedor de crudo de EE.UU. El efecto inmediato de una interrupción en el mercado interno de derivados del petróleo se haría sentir.
En conclusión, un embargo estadounidense a Venezuela puede no terminar como muchos lo desearían. Pareciera que los asesores de Trump son conscientes de ello, lo que pudiera explicar la renuencia a dar el paso definitivo. Además, durante su intervención ante el Congreso de EE.UU., Luis Almagro pidió que las eventuales sanciones no sean nocivas a la colectividad venezolana. Como sea, los acontecimientos se precipitan a un ritmo cada vez más rápido, tanto dentro de nuestras fronteras como afuera. Amanecerá y veremos.
@AAAD25
