Por Antonio José Monagas
En el marco de la crisis política que sacude a Venezuela, resulta pertinente y necesario destacar lo que ha tenido lugar en sus calles y avenidas de las principales ciudades y poblaciones. Particularmente, en lo que va del mes de abril de 2017. La efervescencia política alcanzó límites sin precedente. Esto hace pensar que estas contingencias pudieran ser expresión de lo que en teoría política se denomina: la construcción político-social de ciudadanía. Sin embargo, por otro lado, los hechos dejan ver rasgos que bien pudieran advertir procesos de concienciación política determinados, desde luego, por las actuales circunstancias. Más, cuando lo que está ocurriendo puede traducirse también como protestas que resumen un comportamiento propio del funcionamiento de una cultura política “democrática”.
Desde un principio, el Poder Ejecutivo, comenzó a actuar sin mayores contemplaciones en contra de aspiraciones que formaron parte del abanico de expectativas anunciadas desde la oferta electoral que configuró el programa de gobierno del cual se valió un equipo político para consolidar su arribo al poder. No sólo en 1998. También, en 2006 y 2013. Ese Ejecutivo Nacional, actuó exento de consideraciones que enfocaran los problemas que padecía la ciudadanía desde un enfoque debidamente centrado en la comprensión cabal de todo aquello que la afectaba social y culturalmente. Pero también, económica y políticamente.
Fue así como el país político comenzó a vivir aireados y descarnados reclamos elevados a lo largo de marchas convocadas por actores políticos y factores de la oposición política cuyos llamados fueron claras demostraciones de su fuerza de convocatoria. Así se dio, desde el mismo momento en que se estrenaba el gobierno militarista. Pudiera decirse que desde entonces, comenzó a perfilarse una categoría política formada por ciudadanos no conformes con las medidas gubernamentales desproporcionadamente distanciadas de los compromisos adquiridos. Sobre todo, por adoptarse bajo la premura de criterios improvisados. Y ello devino en graves contrariedades que se transformaron en razón de desencuentros y conflictos de acentuada reciedumbre.
Indudablemente, fue umbral de decepciones, agobios e indignaciones. Cada sexenio se asumió sin que el gobernante se compadeciera de las ingentes carencias que daban cuenta de las cuestionadas situaciones que mellaban la calidad de vida del venezolano. Además, hablaban del retraso político lo que dio paso a que se acumularan problemas y se distorsionaran condiciones que terminaron ahondando la crisis de Estado que ya venía forjándose desde la última década del siglo XX. Así se desdibujo todo el cifrado de promesas electorales disfrazadas de “democracia participativa y protagónica” por la novel Constitución de 1999.
En medio de tan críticos escenarios, fue emergiendo un repudio generalizado hacia un gobierno que comenzó a desconocer su propia letra. Más, cuando la figura de “gobierno cívico-militar” desencadenó una serie de ilegalidades que traspasaron los límites del civismo, del respeto y la tolerancia. Su comportamiento mostraba un perfil de arbitrariedades, hostilidades y de un despotismo azuzado por la más cruel injusticia. Fueron causas para irritar a toda una población cuya heterogeneidad social, cultural, económica y política no tuvo parangón con lo que hasta ahora había podido enervarse. El hartazgo de grupos y comunidades excluidos de los beneficios a los que invitaba un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” afanado de regirse por valores de vida, de libertad, de igualdad y de solidaridad y, en general, “por la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, exasperó más aún las ya caldeadas masas populares.
Fue motivo para demostrar la inconformidad de la sociedad venezolana ante un régimen que permitió, con la más grosera impunidad, la concentración de la riqueza en las manos de gobernantes, colaboradores pusilánimes y aduladores descarados, así como de serviles y delincuentes de “cabeza roja”. Sumado a esto, se vio la complicidad de un alto mando militar cuyo sentido del “pretorianismo” le indujo actuar a la orden de intereses políticos que habrían determinado el aprovechamiento de todo cuanto engrosara apetencias de todo género.
Precisamente, en el fragor de tanta consternación, la moral colectiva de un pueblo defraudado optó por reconquistar los espacios políticos en los que la democracia se crece ante trascendentes reivindicaciones. Todo, para gloria de libertades y derechos humanos cuya esencia impulsa la abolición de los desgarros y encierros a los que ha conducido una gestión gubernamental como la tiene confinado el desarrollo del país. De una gestión que en aras de sus patrañas, cayó en el plano de cual atrevida e insolente tiranía. Por eso, la rebeldía de la sociedad venezolana es señal del cansancio que le he generado soportar tanta impudicia, desvergüenza y corrupción del gobierno central. Por tanto cabe inferir la naturaleza de la reacción asumida por una población razonadamente exacerbada. Es lo que en Sociología Política pudiera asentirse como la rebelión de los indignados.
