Los últimos anuncios presidenciales, unidos a otros datos no tan conocidos, ponen de manifiesto la realidad de un Gobierno que ya no cuenta con la institución militar
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El lunes 17 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció en un acto con integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana que entregaría medio millón de fusiles con la finalidad de que los soldados de ese componente puedan “defender su barrio, su estado, las costas, los ríos, la selva y las ciudades”, de lo que describe como “las agresiones imperialistas”.
La realidad está allí: a dos días de la marcha opositora del miércoles 19 de abril, el jefe del Estado se ve obligado a poner la vista en las filas de unas turbas con nulo entrenamiento, sin convicción ni disciplina, armadas con fusiles FN descontinuados para que salgan a las calles a defender a su gobierno.
Es el mismo Presidente que una semana atrás tuvo que salir de emergencia del estado Bolívar, cubierto por el paraguas de la Guardia de Honor para protegerse de una lluvia de huevos, tomates e insultos.
La figura de un mandatario disminuido y con claros visos autoritarios también es desaprobada por la mayoría de las fuerzas militares regulares. Por eso Maduro se ve obligado a exigir la lealtad de los milicianos, definidos precisamente como “pueblo en armas”.
En el Ejecutivo hay la sospecha de que, a la hora de las chiquitas, las tropas profesionales y la oficialidad le darán la espalda a Maduro. Ya lo sugirió el general retirado Clíver Alcalá en una entrevista para el rotativo español ABC.
Es posible que amanezca el jueves y Maduro siga en el poder. Sin embargo, ese día el mandatario deberá afrontar la realidad de una institución militar menguada y poco ganada para sus propósitos.
Esta no es una situación nueva. Pero no es del conocimiento general. El primer indicio al respecto surgió en febrero, cuando el ministro Padrino distribuyó entre el generalato la Guía de Planeamiento del año 2017. En el lineamiento 12, el titular de Defensa instruyó a los jefes de unidades para que cumplan con las cuotas de selección de personal, diseñen políticas “para incentivar la permanencia en la FANB y la MB, atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del personal militar”. En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas a efectivos de tropa profesional.
Posteriormente han surgido nuevas pistas del deslave en la FAN. El 11 de abril, la Región Estratégicas de Defensa Integral de Los Llanos ordenó a todas las unidades bajo su mando la ejecución del plan Guaicaipuro 2016, cuyo objetivo es “capacitar, adiestrar y preparar” a integrantes de todos los componentes en la preservación del orden público. La lógica detrás de esto es que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, y por ende habría que incrementarlo mediante la incorporación de soldados de la Policía Militar del Ejército, así como sus equivalentes en la Armada y la Aviación.
Y todavía esto no es suficiente. Las deserciones y “permanencias arbitrarias fuera del cuartel” por parte de los efectivos de tropa son cada vez más frecuentes. Ya ni siquiera salen a buscarlos. Simplemente se hace una notificación administrativa y judicial. Hay unidades en Vargas, por ejemplo, que ver mermadas sus filas hasta en 40% como consecuencia de esta situación.
Para evitar sorpresas, el lunes enviaron a unidades de orden público de la GN la notificación sobre la restricción de los permisos “y mantener el máximo personal disponible”. Esta fuerza eventualmente tendría que incorporarse en apoyo “a labores de inteligencia”.
Lo que hay en la FAN no es suficiente para el Gobierno. Y cada vez con más frecuencia va contra los propósitos de la “revolución”. Hay que poner atención en los expedientes que está instruyendo la Dirección de Contrainteligencia Militar. Desde marzo están siendo ventilados ante los juzgados militares de Caracas dos grandes casos que involucran a oficiales activos del Ejército, la fuerza clave en el soporte al proceso político. Ya no son generales o coroneles. Son oficiales subalternos. El último caso involucra a más de veinte. Básicamente tenientes y primeros tenientes. Les imputan rebelión militar y traición a la Patria. Es el mismo expediente en el que aparece investigado el general de brigada retirado Angel Vivas. Tres de los señalados habrían desertado, e incluso se investiga si salieron del país. Los demás permanecen recluidos en la cárcel de Ramo Verde.
Breves
*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz adelanta la adquisición de 22 aeronaves no tripuladas o drones con la supuesta finalidad de complementar los trabajos de vigilancia en seguridad ciudadana para el Distrito Capital. La planificación correspondiente indica que estos aparatos solo serán usados en el municipio Liberador, a razón de uno por cada parroquia. Cada dron deberá tener en tierra un personal especializado en su manejo, así como también en la lectura de las imágenes que arrojen las cámaras y, desde luego, en el mantenimiento. Los municipios mirandinos de la capital (Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) quedaron excluidos de esta planificación.
*Ante el incremento de la conflictividad política, el jefe del Estado activó en Miraflores un Puesto de Comando Presidencial. Allí convergen delegados o representantes de la Fuerza Armada Nacional, el MRI, el Sebin y demás cuerpos de seguridad oficialistas, incluida la dirección de Tránsito de la Policía Nacional. La coordinación de este dispositivo es responsabilidad del titular de Defensa y del Ceofanb Vladimir Padrino. La idea es lograr mayor fluidez y rapidez en la transmisión y cumplimiento de las órdenes.
*La desmovilización de las FARC y la ocupación de los espacios que antes dominaba este grupo por elementos del ELN y nuevas bandas criminales (algunas compuestas por guerrilleros que se negaron a entregar sus armas) sería uno de los factores que incide en el alza de los homicidios en el estado Apure. En los primeros tres meses del año estos crímenes han repuntado 70% con respecto al mismo período de 2016. También se han incrementado las muertes por “resistencia a la autoridad” en 14%. Esto hace que Apure sea, en términos de incremento porcentual, el estado más violento de Venezuela en la actualidad. Un representante de los ganaderos de la zona indicó que a los antiguos miembros de las FARC les pagaron una especie de liquidación. Ahora, al no tener el paraguas de la guerrilla colombiana, supuestamente han formado nuevos grupos o se han aliado a los elenos. Además, Apure sigue siendo el punto de despegue preferido para los vuelos clandestinos que salen hacia los países de Centroamérica y el Caribe, cargados con drogas. Los municipios más violentos han sido San Fernando, Achaguas, Biruaca y Páez.
*La Policía Nacional Bolivariana continúa en franco deterioro. El cuerpo civil armado más importante del país da todos los días pruebas de la incorporación de sus agentes al delito. Antes eran oficiales rasos, y los expertos atribuían sus “desviaciones” a la escasa formación y problemas de supervisión derivados del incremento explosivo en el pie de fuerza de la institución. Ahora se ve a funcionarios del nivel más alto de la jerarquía de ese cuerpo implicados en casos que indican a todas luces la existencia de poderosas redes criminales. Los últimos ejemplos son claros: en Apure una comisión del Ejército apresó el 6 de abril a diez oficiales de la PNB, 2 de Poliaragua, un empleado de MinSalud y 2 civiles por estar incursos en el supuesto tráfico de 298 panelas de marihuana. Entre los implicados figura una supervisora agregada y dos oficiales jefes. El lunes 17 de abril la GN apresó en Lara a cinco agentes que supuestamente exigían Bs 1 millón a un comerciante para no implicarlo en un expediente penal. Entre los detenidos está un supervisor agregado de 44 años de edad. La reestructuración de este cuerpo, anunciada por el presidente Maduro, hasta ahora no es más que un canto a la bandera.
