El 23 de junio del año pasado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó ante el Consejo Permanente de ese organismo un primer informe sobre la crisis de la institucionalidad democrática, económica y social que existe en Venezuela. Ese informe fue actualizado el día 14 de este mes en el que se dice que ha habido una “agudización” de dicha crisis y que las gestiones diplomáticas realizadas por el Secretario General de Unasur y tres ex-presidentes (de España, República Dominicana y Panamá, con posterior participación de un representante de la Santa Sede), “no han dado por resultado ningún progreso” y “los reiterados intentos de diálogo han fracasado”.
El Consejo Permanente fue convocado a reunirse el 28 de marzo para analizar la situación venezolana, teniendo como referentes los informes de Almagro, la declaración de 14 países publicada el 23 de este mes y la presentación de la canciller Delcy Rodríguez el día lunes 27. En la declaración de los 14 (después se sumaron cuatro países más) se considera urgente “la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas” y, sólo como “último recurso”, la suspensión de la participación de Venezuela en la OEA, lo que requeriría el voto favorable de de los dos tercios de los Estados Miembros. Escribo este artículo después de escuchar la intervención del lunes 27 de la canciller venezolana en la OEA, en la que agredió a Almagro, confirmando la observación de éste de que el gobierno de Maduro “no rebate nuestros informes, solo amenaza”.
En la reunión de ayer, el Consejo Permanente de la OEA tenía dos alternativas. La primera, declarar, como lo prevé el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que en Venezuela se ha producido “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”, para lo cual se necesita el voto favorable de al menos 18 países, pasándose así a la aplicación de los pasos contemplados en los artículos 20 y 21 de la CDI (la Carta ya estaba activada desde el 23 de junio). La segunda, sería no votar por la aplicación de la CDI, sino que se aprobaría un Acuerdo o Resolución solicitando el calendario electoral pendiente y la liberación de los presos políticos, para lo que se precisa mayoría simple, es decir, el voto de 18 países.
Tal vez fue esto último lo que decidió ayer martes 28 el Consejo Permanente. Pero pienso también que si transcurre un plazo razonable sin que se atiendan esos dos pedidos del Consejo Permanente, podría abrirse una nueva etapa en la que se haría irresistible la aplicación de la ya activada CDI, por cambios de posición de algunos de los países del Caribe que se benefician con el petróleo subsidiado que les han suministrado los gobiernos de Chávez, primero, y de Maduro, ahora.
El tiempo también se agota.
