por Antonio José Monagas
Cada decisión gubernamental, pareciera estar seguida de otra igualmente preñada de la más absoluta insensatez de la que puede valerse un insulso o cualquiera con un importante faltante de inteligencia. Aunque si se analiza a fondo la situación de crisis política, económica y social que en los últimos años ha arreciado en Venezuela, no es difícil inferir que el desarreglo, cual inundación de efluvios de albañal, viene anegando el terreno donde pretendió cultivarse valores e ideales democráticos. Y ello, tiene características que definen intenciones bastante precisas. Es decir, no es azaroso.
Basta con darse una detenida lectura de los instructivos o doctrinarios en forma de leyes, decretos, resoluciones o simplemente medidas inconsultas u órdenes de militarista carácter, para concluir con respuestas que ya venían suponiéndose, sin temor a equivocaciones. Más por cuanto las tendencias, giraban alrededor de lo sospechado. O sea, terrenos sembrados de trampas, expropiaciones, acusaciones y aprensiones de toda naturaleza. Nada escaparía del acecho y asedio de un régimen cuyo estilo de gobierno, desde un principio, bien evidenciaba la verticalidad que precisa el comando de una horda de mercenarios y sicarios. Quizás, es por eso el exagerado gusto de llamar “comandantes” a cuanto personaje de marras tenga el mando de cuanta conglomeración pueda inventarse en nombre de la “revolución bolivariana”. (Triste recuerdo del Libertador).
Fue así como el gobierno central encargó a furibundos asesores y colaboradores serviles, a armar el modelo operativo de cómo su socialismo sería aplicado. Sin siquiera dignarse en comprenderlo en términos de su motivación. Ni tampoco enunciarlo en su definición. Pero así se hizo. El país fue lanzado al terreno experimental de lo que presumió llamarse “socialismo del siglo XXI”. Sólo que su acepción se redujo a exponer un estado del arte de lo que grosso modo pudo utilizarse más para emocionar ilusos, que para persuadir a una población. Ello, fundamentado en reflexiones y juicios ajustados a las coyunturas que vinieron configurando el desorden que alentó una gestión que se apoyó más en lo mediático, que en lo metódico y razonado.
En consecuencia, el Ejecutivo Nacional quiso entonces partir su tarea, desde entroncamiento de poderes públicos entendido como recurso para asegurar la uniformidad de criterios necesarios para asegurar su anquilosamiento. Tal intención la llevó adelante auxiliándose en la convergencia de concepciones político-jurídicas de gobierno que colisionaron con el concepto de “separación de poderes”. Así se generó el grave conflicto que sepultó lo que venía quedando de democracia. Aunque debe reconocerse que tan atrevida decisión, entorpecería el equilibrio de poderes públicos nacionales establecido, desde el siglo XVIII, como principio que soporta el Estado de Derecho junto a la consagración de los derechos fundamentales. Se desconocieron modos de control y de contrapeso requerido ante la necesidad de evitar que una rama del Poder se insubordine sobre otra pues la idea era, precisamente, lo contrario. La subordinación de todos los poderes públicos, al Poder Ejecutivo. Así se procuraría una única línea de mando.
El pronunciamiento del alto gobierno de “refundar la República” (Del Preámbulo de la Constitución Nacional, 1999), incitó a abordar un proceso de elaboración y toma de decisiones alevosamente calculado en función de intereses que, coincidentes con un pensamiento “revolucionario” obtuso, desatinado y ajeno de principios democráticos por causa del presidencialismo reivindicado constitucionalmente, circunscribió a Venezuela en un contexto de crisis calculada. Aunque dicho cálculo, no consideró variables que la dinámica política y el comportamiento aleatorio de una economía “socialista”, impuso a consecuencia de entornos imposibles de predecir. Mucho menos, de conocer con antelación por ser factores de incertidumbre.
El diseño constitucional elaborado y sancionado por miembros de una Asamblea Constituyente prestados, comprados o ganados a la causa político-ideológica que sustentaba la oferta electoral del entonces candidato triunfador (1998), logró asentir razones suficientes que convencieron a un país político a requerir del apoyo comicial que sancionaría el texto constitucional que luego avaló importantes descarrilamientos del sistema democrático. Fue así como fueron aprobadas leyes y decreto-leyes que desbordaron los límites de la administración pública.
Aunque lo peor de todo, fue la pérdida del valor del ciudadano que ello ocasionó. Así se dio, toda vez que la impunidad de encubiertas acciones gubernamentales, permitieron excesos que terminaron afectando prácticas de respeto, justicia, igualdad y de pluralismo político, por actos abusivos cometidos por quienes se arrogan militancia con el partido de gobierno o posturas “revolucionarias”. Tal género de arbitrariedades, se desató en traidora complicidad con fuerzas policiales y militares obedientes a órdenes de agentes de la política gubernamental. Así se convirtieron en verdugos de protestas populares y legítimas. Lo mismo ocurrió a través de sentencias preparadas desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de (in)Justicia que desaforaron el concepto de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia prescrito por la Constitución. Sus efectos, desarticularon el ordenamiento jurídico situándolo a merced de conveniencias, coyunturas y ligeras interpretaciones, con la intención deliberada de darle razones al alto gobierno que permitieran sus ejecutorias a desdén de toda limitación.
Así puede asentirse que debajo de tales decisiones, no ha habido otra intención que la que sus actuaciones han evidenciado a la luz pública. Todas ellas tienen un propósito astutamente marcado y perversamente definido. Para el alto gobierno, nada sucede fuera de lo planeado bajo la óptica de la avaricia y el egoísmo que sus dirigentes dejan ver ante cada una de las disposiciones ordenadas y ante cada discurso pronunciado. Aunque podría pensarse que en todo ello habría visos de ¿estupidez o inmadurez?
