El CNE validó 409.313 firmas que superaban con creces las 194.708 necesarias para llamar a la recolección del 20% exigido para el Referendo Revocatorio convocado para los días 26 al 28 de octubre.

Como todas las encuestas mostraban claramente que ese 20% sería ampliamente superado, el CNE decidió limitar el número de capta huellas y el número de centros que en cada municipio se destinarían al acto de captación de voluntades, además de imponer 4 huellas dactilares para hacer más lento el proceso. La idea era hacerle cuesta arriba el cumplimiento de la meta.

Pero como aún así la MUD no se amilanaba, continuó el oficialismo agregando obstáculos al vía crucis. A través de una artimaña de la Sala Electoral y olvidándose de que conforme a lo establecido en la Pirámide de Kelsen unos instrumentos jurídicos privan sobre otros  y de que en la cúspide de esa Pirámide está la Constitución, tuvieron la osadía, sin argumento ni razonamiento alguno, de sentenciar que una simple norma de procedimientos priva sobre la Constitución:

«La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial»

Resulta que tal sentencia ignora descaradamente lo establecido textualmente en el Art 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece:

«Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato»

Le informo a los «señores» magistrados que la circunscripción en la cual resultó electo el presidente es nacional. Por lo tanto, no pueden Uds contradecir la Carta Magna. Casi les faltó sentenciar que había también que recabar ese 20% en todas las juntas de condominio.

Pero ni aún así lograron que la MUD se retirase.

Continúa entonces la trama vergonzosa. Valiéndose de unos Tribunales Penales -que conforme a la Constitución son ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTES para decidir en temas electorales- y de un grupo de jueces provisorios manipulados por el régimen, se toma al unísono en varios estados (evidenciando la conspiración) la decisión de aplicar una medida cautelar ilegal para suspender la recolección del 20% de las firmas alegando un supuesto fraude.

Como se dijo al principio, ya el CNE había validado el 1% de las firmas que se requerían.  Todos los extremos legales se habían cumplido. No pueden otras circunstancias  invalidar las firmas lícitamente estampadas. Por lo demás, si algún fraude existió, quien lo cometió fue el CNE al invalidar más de 607.727 firmas sin justificación alguna en la inmensa mayoría de los casos.

Después de haber amenazado con despido a los funcionarios públicos que hubiesen firmado, el CNE abrió un link para que quienes se sintiesen intimidados pudieran anular sus firmas. En cambio no abrió un link para que aquellos ciudadanos cuya manifestación había sido invalidada, pudiesen ratificar su voluntad.

A mis hijos, hermanos, sobrinos, incontables amigos, así como a bien conocidas personalidades de la vida nacional, el CNE les robó sus firmas -junto con más de 607.627 venezolanos víctimas de esta conspiración-  para después alegar que habían sido estampadas fraudulentamente y usar ese argumento para secuestrarle a los venezolanos el derecho constitucional del Referendo.

Resulta insólito que el CNE «se acogiera» a una medida cautelar «sine die»  (sin plazo, sin fecha), írrita, de unos Tribunales Penales, para frustrar la recolección del 20% de las voluntades requeridas para convocar el revocatorio. Una decisión ilícita de unos jueces INCOMPETENTES no puede ser acogida por un Poder Público sin transformarse en cómplice de una fechoría.

Unos Poderes Públicos agavillados asestaron un golpe de estado y terminaron de dar muerte a la democracia en nuestro país.

Art 333 de la Constitución:

«Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia».

Almagro ha dicho:  «Nicolás Maduro, perdió toda su legitimidad de origen tras dejar al pueblo de Venezuela sin derechos electorales y,  por lo tanto, será suya la responsabilidad ante la inestabilidad política que se genere» y agregó: «sólo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos”