Los venezolanos estamos empezando a descubrir, al sufrir en carne propia sus efectos, como la corrupción es un delito que nos afecta a todos y cuyo impacto deteriora directamente nuestra calidad de vida.
Durante demasiado tiempo, cuando el dinero alcanzaba, existió cierta tolerancia social hacia el corrupto. Era el vivo, el pícaro, el “pájaro bravo” que sabía aprovechar la oportunidad. El famosos “a mi no me den, pónganme dónde haiga...” era aceptado como un chiste simpático… Total, al meterle la mano a la hacienda pública no se afectaba a nadie en particular. Pero, la crisis en la que nos ha metido el chavismo, agravada a extremos nunca antes vistos con Maduro, han hecho que en las interminables colas para acceder a los productos regulados, o al sacar la billetera del bolsillo y constatar que el dinero no alcanza para nada, y menos para pagar los inaccesibles precios que cobran los bachaqueros y otros proveedores, comenzamos, tardíamente, pero con sobradas razones, a hacernos preguntas, exigir respuestas y establecer responsabilidades.
La corrupción generalizada y sobre toda la que desde el Alto Gobierno ha generado la inflación, desabastecimiento e inseguridad, está logrando que el venezolano reaccione indignado hacia los causantes y responsables de la lamentable situación que hoy padecemos.
Un factor adicional que impacta especialmente al ciudadano, tanto en la confianza que pueda tener hacia las instituciones, como cuando requiere de apoyo o servicio policial, bien sea en una situación de emergencia o de otro tipo, es el problema de la corrupción policial.
A diario vemos en los medios de comunicación como funcionarios policiales, guardias nacionales o militares están involucrados en delitos, bien sea directa o indirectamente. El nivel de desconfianza del venezolano en sus cuerpos de seguridad, salvo contadas excepciones, es muy alto y parecieran existir elevados niveles de corrupción en ellos. Un especialista en la materia, el peruano Mauricio García Mejía, señala al respecto:
“La democracia efectiva implica el que los funcionarios públicos usan el poder de maneras en que no privan a los ciudadanos comunes de sus derechos como ciudadanos. En este sentido, la corrupción es particularmente grave, pues significa que los funcionarios públicos no están prestando los servicios en la manera en que la ley los obliga a hacerlo. Por el contrario, proveen los servicios solo a un grupo privilegiado de personas que pueden darse el lujo de comprar estos servicios a cambio de favores o pagos extras. Como la corrupción distribuye los privilegios de una manera altamente discriminatoria y selectiva, afecta al ciudadano quitándole el poder y por tanto también afecta la efectividad de la democracia. Es decir, atenta contra la igualdad política y contra la soberanía del pueblo.”
Traducido en términos más sencillos, esto significa que la corrupción imperante en las policías es altamente discriminatoria. Es una forma ilegal y criminal de privatizar un servicio público del Estado. Sólo aquellos que tienen el poder o capacidad económica para pagar a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado serán atendidos, y seguramente favorecidos, alterando los procedimientos ordinarios y regulares en su favor, y generando, por tanto, esquemas de funcionamiento que desvirtúan la esencia del servicio que todos los ciudadanos deberían recibir por igual.
Como podemos ver, la corrupción en general, y la corrupción policial en particular, son males que afectan muy directamente nuestra calidad de vidad y que debemos comenzar a enfrentar con firmeza, inteligencia y asertividad, para lograr mejorar nuestros cuerpos policiales, el servicio que prestan y el nivel de confianza de la gente hacia ellos.
@marcostarre
