El pasado jueves, los manifestantes que desde hace semanas protestan en toda Venezuela tomaron calles y avenidas del centro de Caracas y estuvieron a punto de llegar hasta las puertas del Palacio de Miraflores. Fue necesario que las fuerzas represivas del régimen, Policía Nacional, Guardia Nacional y colectivos paramilitares rojos rojitos, intervinieran masivamente y con violencia para frenar la amenaza.
Por supuesto, no se trata de nada nuevo. La turbulencia en el escenario político-callejero de estos tiempos ha pasado a ser una forma habitual de la vida venezolana. Tanto como la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad personal o la falta de agua y electricidad. Tampoco el clamor de “tenemos hambre” es nuevo. La novedad en esta ocasión fue la intensidad de ese furor como respuesta al brusco y escalofriante disparate oficial de comenzar a aplicar ese día la decisión de centralizar en manos de los consejos comunales la distribución de alimentos con precios regulados, ese es el mecanismo llamado CLAP, que en el fondo, además de no satisfacer las demandas de consumo ciudadano, puede ser un ensayo general para reproducir en Venezuela la siniestra experiencia cubana de los Comités de Defensa de la Revolución.
Nadie sabe con exactitud cuáles pueden ser las razones o los objetivos que impulsan a Maduro a tomar este camino de puro delirio. Como si a estas alturas del incierto proceso político venezolano él hubiera decidido hacer suya aquella irracional frase, que se le atribuye a Luis XV, de que “después de mí el diluvio”. Locura agravada porque, hasta el día de hoy, los partidos de la oposición, agrupados en la MUD, no dan pie con bola a la hora de organizar un frente efectivo de lucha ciudadana para salir de Maduro, restaurar la democracia perdida y devolverle a la conducción del Estado un mínimo de cordura.
De este modo, mientras las arrebatadas decisiones que se toman a diario en Miraflores hunden al país en un abismo cada día más insondable, lo único que la dirigencia política de la oposición les ofrece a los venezolanos es confusión. Desde su satisfacción inexplicable porque la Asamblea Nacional no para de aprobar leyes a pesar de que ninguna de ellas ha producido el menor resultado real, hasta la reciente e igualmente inexplicable escapada de fin de semana a Punta Cana, solo para caer en la trampa Maduro-Samper-Rodríguez Zapatero, diseñada probablemente en La Habana con la intención de neutralizar la acción de Luis Almagro en la OEA, maniobra que luce haber tenido éxito, y por otra parte darle largas al dichoso referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro, todo ello dentro de un nuevo y enigmático marco estratégico para sustituir de nuevo la legítima confrontación de los ciudadanos con el gobierno, recurriendo a aquella política de apaciguamiento que salvó a Chávez en sus momentos más complicados, después del 11 de abril y en vísperas del referéndum revocatorio, y a Maduro el días después de su controvertida elección en abril de 2013 y más tarde, en 2014, cuando las protestas universitarias y la tesis de “la salida” lo colocaron contra la pared.
Ante estas contradicciones, cuya última sorpresa ha sido escuchar a Henrique Capriles acusando a Jesús Chúo Torrealba de ser algo así como un comeflor suicida y planteando la necesidad de constituir un comando de oposición distinto al de la MUD, el fuerte enfrentamiento del delirio de gobernantes que no dan pie con bola y de venezolanos indignados que se han cansado de seguir viendo a sus hijos pasar hambre y morirse por falta de medicamentos, lo que puede ocurrir en el país a muy corto plazo es que el ímpetu irracional de la desesperación ciudadana, al no tener quien asuma su conducción política, rompa finalmente los diques que todavía la frenan. Y ocurra entonces el temido y espontáneo estallido social, con todas sus imprevisibles consecuencias, que ciertamente expulsará a Maduro y compañía del terreno de juego, pero también, téngalo por seguro, a los abanderados de una oposición que por ahora no demuestra estar a la altura de las circunstancias.
