@luisizquiel
El informe presentaron Provea y Human Rights Watch ante la CIDH, titulado «Poder sin Límites», evidencia que las fuerzas de seguridad que actúan en las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) han cometido distintos atropellos que incluyen «ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación ilegal de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con paramilitares». Este operativo, que claramente no ha servido para disminuir los índices criminales del país, sÍ ha sido muy efectivo para conculcar masivamente los DD.HH.
El Ministerio Público destacó en su informe 2015 que las fuerzas de seguridad mataron a 245 personas en el marco de las OLP. La mayoría de estos casos fueron determinados oficialmente como «enfrentamientos». Sin embargo, Provea y HRW lograron registrar, a través de entrevistas directas y testimonios escritos, al menos 20 ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos «los testigos relataron que agentes de seguridad dispararon a las víctimas a quemarropa. En otros, indicaron haber visto por última vez a las víctimas cuando estaban bajo custodia de agentes de seguridad». Distintos testimonios, detallados en el informe, dan cuenta de muchas escenas dantescas.
El documento de las ONG señala también que en el desarrollo de las OLP se aprehendieron alrededor de 14.000 personas, pero solo 100 fueron finalmente llevadas ante fiscales para ser acusadas formalmente por la comisión de un delito. Varios testigos señalaron que los agentes de seguridad practicaron estas detenciones masivas sin órdenes judiciales. Asimismo, distintos residentes indicaron que, mientras las personas estaban bajo custodia, «los agentes de seguridad se apropiaron de teléfonos celulares, computadoras portátiles y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales que hallaron en las viviendas».
Diversas también son las denuncias sobre desalojos forzosos y destrucción de viviendas durante las OLP. Destaca el caso ocurrido el 17 de agosto de 2015 en una zona popular de Valencia conocida como «Brisas del Hipódromo», en la cual, con la excusa de «detectar hampa paramilitar», se destruyeron las viviendas de 400 humildes familias. Asimismo, el 27 de julio del año pasado, en un sector de la carretera Panamericana, 1.447 agentes de seguridad (mientras cantaban el himno «Patria Querida», según los relatos) derribaron más de 400 casas. El gobierno dejó a todos los habitantes en la calle.
Provea y HRW señalan que un denominador común en estos casos de violaciones de DD.HH. en las OLP, es que las víctimas y sus familiares «se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales». Estas son las consecuencias del secuestro de las instituciones del sistema de justicia por un partido político.
La mayoría de los acciones de la OLP documentadas en el informe se desplegaron en «zonas donde vivían comunidades vulnerables de bajos ingresos». De alguna manera, con estos operativos el gobierno está criminalizando la pobreza.
Venezuela necesita salir de esta situación de criminalidad desbordada a través de planes serios y estructurales que aborden con profundidad la prevención del delito, el fortalecimiento de las policías, la reestructuración del sistema de justicia y la transformación del sistema carcelario. Con operativos improvisados, violatorios de los DD.HH., solo se profundizará el problema.
