Gústele o no a Nelson José Merentes Díaz, él mismo tendrá que dar información que se le exige, conminatoriamente, a algunas incómodas preguntas relacionadas con la masacre de al menos 28 mineros en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

Finalmente, el desvergonzado general Francisco Gómez Rangel, gobernador del estado, que todavía no ha tenido la decencia de apersonarse en Tumeremo, ya va admitiendo que algo grave pudo haber pasado, aunque fuere lo que fuere, achaque la culpa de todo a Andrés Velásquez, precandidato a sucederle en las próximas elecciones de gobernadores; a Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Bolívar, y a Carlos Chancellor, alcalde de Sifontes, cuyos huesos ya han conocido la “justicia revolucionaria”.

Mientras se mantiene en la memoria el nombre de estos tres líderes democráticos a nivel de Nación, Estado y Municipio, a modo de escudo protector contra los abusos y del “alto gobierno, “fuerzas de seguridad” e “incontrolados”, el «gobierno» hace su montaje para presentarles como asociados a las mafias; el intento es inútil para él y útil para los demás por cuanto ayuda a ver la pequeñez «revolucionaria»

También ha asomado algo el acólito “Defensor del Pueblo” Tarek Willians Saab Halabi y la no menos condescendiente Luisa Marvelia Ortega Díaz, cuyos dos fiscales representantes inauguraron la acción de la vindicta pública revelando, contra lo pactado, el nombre de los testigos de la masacre.

No hace falta esperar a confirmaciones oficiales de que la masacre existió, así se llegue al extremo de la destrucción de las pruebas. Con lo dicho hasta ahora ya es más que suficiente para exigir a Merentes respuesta a una pregunta muy simple: ¿Y cuánto fue el oro de producción nacional que compró el BCV?

Como si algo funciona todavía son las áreas técnicas del BCV nada costaría elaborar una serie histórica que podría iniciarse cuando se implantó la obligación de venderle toda la producción. Y después de dar esta respuesta puntual, no estaría nada mal que incluyese regularmente esta información entre los datos que, una vez restituida la Ley del Banco Central de Venezuela.

Conocer este dato tiene dos facetas; una muy importante y otra, importantísima. La muy importante es conocer la habilidad y capacidad de constituir reservas. Si ni habilidad ni capacidad, ¿para qué el Arco Minero del Orinoco? ¿Para enriquecer a Gold Reserve Inc.? ¿A la compañía en cuyo reporte del tercer trimestre de 2015 expresa su propia “duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha”? Tanta insistencia desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en “meter a juro” a Gold Reserve recuerda al fresco episodio del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil metiendo a la empreteira Odebrecht en Petróleo Brasileiro SA (Petrobras). ¿Quién será el “Lula” venezolano? Nicolás Maduro Moros ha hecho punto de honor en llevar el memorándum de entendimiento a contrato definitivo sin pasarlo por la Asamblea Nacional (AN). Una advertencia formal a Gold Reserve de que debe atenerse a las consecuencias de suscribir un contrato ilegal, no estaría de más.

La otra faceta, importantísima, es establecer una relación entre la población de la zona minera y la cantidad de oro comprada por el BCV. La regla de tres es muy sencilla: a más compras legales, menos corrupción; por el contrario, con compras en cero, la corrupción es total… que es, más o menos, lo que se tiene en el Estado Bolívar.

El Arco Minero del Orinoco no parece ser la cura, sino el curare; es como magnificar, institucionalizar y eternizar la corrupción. No es solo oro; también tierras raras, diamantes, coltán,…

@vjlosarcosayape