Informe Otálvora: Diplomáticos extranjeros deben solicitar permiso al gobierno de Maduro para reunirse con opositores

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La canciller Delcy Rodríguez el 07ENE16 en una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Foto: Cancillería de Venezuela

Los diplomáticos extranjeros acreditados en Venezuela deben solicitar permiso al gobierno de Nicolás Maduro para sostener reuniones con dirigentes de la Oposición, incluyendo a las autoridades de la Asamblea Nacional.

El 07ENE15, la canciller de Maduro, Delcy Rodríguez, convocó a los jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Caracas para una reunión colectiva en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los diplomáticos citados a la Casa Amarilla suponían que el encuentro tendría como objeto recibir un saludo amistoso por el inicio del nuevo año. Para sorpresa de los invitados, la convocatoria no fue hecha con fines sociales sino para que la ministra Rodríguez emitiera una reprimenda a los embajadores extranjeros. Rodríguez exigió “no inmiscuirse en la vida política nacional, Venezuela es hoy víctima de una guerra no convencional, por lo tanto hacemos un llamado a los funcionarios diplomáticos acreditados en Venezuela que no se involucren en la vida política de Venezuela, no les corresponde, no les compete…”

 

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Dos días antes, el 05ENE16, se había producido la instalación de la nueva Asamblea Nacional ahora bajo control de la oposición. La usual presencia de embajadores extranjeros en una ceremonia de este tipo en el Palacio Legislativo, generó gran molestia entre los altos jerarcas del régimen chavista. Pocas horas después el co-mandatario Diosdado Cabello, en su programa semanal en la Tv estatal, atacó al embajador de Colombia en Venezuela Ricardo Lozano Forero a quien acusó de estar “haciendo reuniones”. Lozano fue uno de los diplomáticos que atendió la invitación de la Asamblea Nacional.

El chavismo, como los antiguos gobiernos de la Unión Soviética y sus países satélites o de la Cuba actual, viola la libertad que los diplomáticos extranjeros cuentan para realizar su trabajo el cual incluye contactos con todos los sectores políticos del país. Por cierto, el gobierno Maduro vetó la presencia de periodistas de “medios internacionales colombianos” durante una rueda de prensa de la ministra Rodríguez en la Casa Amarilla el 04MAR16.

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04MAR16 

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Según el diario Folha de São Paulo, la embajada de Brasil en Caracas para atender la renovada exigencia del régimen venezolano, habría remitido a mediados del mes de febrero una comunicación escrita a la ministra Rodríguez solicitándole autorización para sostener reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional y con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputados Henry Ramos Allup y Luis Florido. Dos semanas después la embajada brasileña aún esperaba respuesta oficial a su pedido. Otras misiones diplomáticas incluyendo a gobiernos supuestamente incondicionales con el chavismo, han hecho caso omiso de las advertencias de la canciller de Maduro y, abierta o discretamente, estarían manteniendo usuales encuentros con representantes parlamentarios y líderes opositores venezolanos.

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La cancillería venezolana, que funciona básicamente como un aparato de propaganda del chavismo, ha sido incorporada al aparato del régimen para neutralizar a la Asamblea Nacional, mediante una campaña internacional de desprestigio al parlamento venezolano. La canciller de Maduro viajó a Ginebra, Suiza, para realizar encuentros con “sectores sociales” e intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el 02MAR16 dedicó su intervención a atacar el proyecto de Ley de Amnistía que corre en el parlamento venezolano y que permitiría la liberación de decenas de presos políticos. La ministro de Maduro, en un acto que no dejó de causar sorpresa entre diplomáticos acreditados en la ONU, pidió que ese organismo se pronuncie contra una ley que debate el parlamento venezolano.

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 Marisa Leticia Lula da Silva, Dilma Rousseff y Lula, el 05MAR16 en la residencia del expresidente en São Bernardo do Campo. Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

La crisis política que vive Brasil alcanzó altos niveles el viernes 04MAR16, cuando unidades élites de la Policía Federal allanaron decenas de residencias y oficinas relacionadas con el expresidente Lula da Silva, sus hijos y colaboradores más inmediatos en el Instituto Lula. El Ministerio Público Federal MPF de Brasil afirma contar con decenas de evidencias que vinculan a Lula como facilitador y beneficiario en un esquema de transferencia de recursos desde empresas constructoras contratistas de la petrolera estatal Petrobras. Se trata sólo de parte de los procesos que la justicia brasileña investiga y en los cuales el líder de la izquierda brasileña aparece comprometido.

El MPF solicitó al juez federal brasileño Sérgio Fernando Moro, con sede en la ciudad sureña de Curitiba y quien encabeza el proceso de investigaciones denominado “Lava Jato”, autorización para el traslado obligatorio de Lula y su esposa dona Marisa Leticia hasta una sede de la Policía Federal de São Paulo  para ser interrogados. Moro permitió el traslado forzado pero sin esposas de Lula, “en caso que el expresidente se niegue a acompañar voluntariamente a la autoridad policial”, pero “garantizando el derecho al silencio y la presencia del abogado defensor”. Lula no sería fotografiado o filmado durante el operativo ordenó Moro, quien no autorizó la “conducción coercitiva” para la esposa de Lula.

Durante las tres largas horas en que Lula fue interrogado en la sede policial del aeropuerto de Congonhas, allí estuvo acompañado de tres abogados y del diputado del PT Paulo Teixeira. Luego de abandonar el lugar, Lula se dirigió a la sede del Directorio Nacional de su partido donde emitió declaraciones acusando a la prensa por lo que calificó como “enjuiciamiento mediático”, se declaró “ultrajado” y dijo merecer “más respeto en este país”.

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En el documento entregado por el MPF al juez Moro se señala elementos que podrían demostrar los pagos a Lula por diversas empresas, entre ellas las constructoras Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Calvão, todas comprometidas en el esquema de corrupción de Petrobras. Compras y costosas remodelaciones de un apartamento playero y de una propiedad vacacional rural, transferencias al Instituto Lula por concepto de donaciones y pago de supuestas conferencias, traslado de ese dinero del Instituto Lula a hijos de Lula, pago por empresas constructoras de los servicio de transporte y almacenaje de bienes de Lula tras su mudanza de Brasilia a São Paulo y ocultamiento de propiedades son parte de la lista.

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La conexión entre Lula y compañías constructoras  habría quedado patente tras las investigaciones policiales y judiciales alrededor del publicista João Santana y su esposa Mônica Cunha, detenidos el 25FEB16 como parte de las investigaciones seguidas por el juez Moro. Santana, fue el responsables de las campañas electorales de Lula (2006) y de Dilma Rousseff (2010 y 2014), asesora a ambos en materia de imagen pública, además de haber diseñado campañas electorales para diversos aliados extranjeros de Lula cuyos gobiernos mantenían relaciones de negocios con la empresa Odebrecht. Según las investigaciones seguidas por el Ministerio Público Federal brasileño, en los últimos años se constituyó una triangulación entre gobiernos extranjeros que otorgaban contratos a contratistas brasileños para los cuales Lula actuaba como facilitador de negocios, lo que se habría repetido con los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba, Danilo Medina en República Dominicana, amén de operaciones análogas en Angola. El asesor Santana, ya detenido en Brasil, continúa actuando como responsable por la campaña electoral para la reelección de Medina en las elecciones previstas para el 15MAY16. En una carta dirigida el 02MAR16 por los abogados de Santana al juez Moro aseguran que “todo un equipo de profesionales continúa trabajando en la campaña para la reelección de Danilo Medina”

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La conexión entre Panamá, la empresa Odebrecht y el asesor electoral de Lula también ha sido resaltada en las investigaciones que adelantan autoridades brasileñas. Un cable emitido el 19NOV14 por la embajada de Brasil en Panamá destinado a la Cancillería brasileña y divulgado por la revista Época, da cuenta de la relación de Odebrecht y el asesor electoral de Lula con el gobierno panameño encabezado por Ricardo Martinelli.  La  empresa brasileña, según la cancillería de ese país, era “la más importante contratista del gobierno del expresidente Martinelli”. El cable oficial agrega: “se comenta que la contratación del publicista Joao Santana para actuar en la campaña del candidato del partido del expresidente Martinelli, José Domingo Arias, derrotado por el actual presidente, habría sido efectuada por indicación de la Odebrecht”.

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La apertura de un juicio político con vistas a la destitución (impeachment) de la presidente Dilma Rousseff ganó fuerzas tras la acción policial contra Lula. Dos días antes, el 02MAR16, la revista Istoé publicó documentos filtrados del proceso Lava Jato, en los cuales se asegura que el senador petista Delcídio do Amaral, preso acusado de formar parte del esquema Petrobras, habría confesado que Lula y Rousseff formaron parte del sistema de corrupción de la petrolera. La filtración de las delaciones de Amaral movió al presidente del principal partido opositor PSDB, Aécio Neves, para llamar a sus partidarios y aliados a adelantar el impeachment contra Rousseff, el cual ya fue introducido en la cámara de diputados. El PSDB se ha sumado a decenas de organizaciones civiles para convocan a una protesta nacional el 13MAR16 para exigir la salida de Rousseff de la Presidencia.

En tanto, Dilma Rousseff viajó al estado de São Paulo el 05MAR16 para almorzar y dejarse fotografiar en la casa de Lula en São Bernardo do Campo para así mantener una posición pública de apoyo a su mentor. Pero, simultáneamente, Dilma se ha ido distanciando del partido PT. La suerte de Lula y Rousseff no necesariamente están unidas: la mandataria pudiera maniobrar para sobrevivir a la crisis y llegar al 2018, año de elecciones. Por su parte, Lula pareciera pretende utilizar la figura de víctima como excusa para iniciar una campaña política a su favor por todo el país. En tanto, el juez Moro continúa sumando  pruebas y declaraciones contra el exmandatario…

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Amércias

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